Unas 17 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento sobre la instalación de la oficina descentralizada de la Fiscalía de la CPI en Caracas
«Nos preocupa la falta de claridad del rumbo de la investigación en Venezuela, incluyendo los potenciales casos y presuntos responsables a ser investigados por la Fiscalía de la CPI», advierten en el documento
Las ONG firmantes también recordaron que el sistema judicial de Venezuela está «severamente cuestionado» y que, por tanto, «carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes frente a crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DDHH», como parece asumirlo la CPI
«La oficina de la CPI debe constituir un espacio de diálogo «genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes, así como con la sociedad civil», indican
Unas 17 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento conjunto este 12 de abril en el que saludaron el reciente anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el establecimiento de una oficina descentralizada en Caracas.
Pero también, advirtieron sus preocupaciones sobre la falta de claridad en el rumbo de la investigación, la poca interacción con organizaciones de la sociedad civil durante las visitas del fiscal Karim Khan y el sistema judicial venezolano y su capacidad para investigar de forma independiente los crímenes de lesa humanidad denunciados.
En el documento, Acceso a la Justicia, Alerta Venezuela, Amnistía Internacional, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz,) el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic,) la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Justicia y Proceso Venezuela (Juyproven), el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Robert F. Kennedy Human Rights, la Vicaria de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y Women´s Link Worldwide consideraron necesario enfatizar aspectos esenciales sobre el alcance, funcionamiento y garantías de seguridad de esta oficina.
A continuación, las claves más relevantes del documento dirigido a los medios.
La oficina debe tener un presupuesto necesario
Señalan que es importante que la oficina pueda cumplir con su mandato a cabalidad, para lo cual, consideran necesario que esté dotada del presupuesto necesario «para poder tener un impacto real y significativo».
Asimismo, esperan que la oficina esté «debidamente representada por un personal de alto nivel, con la experticia y el conocimiento de la situación sobre el terreno».
Y aunque saludan los anuncios en cuanto a la cooperación de las autoridades nacionales para la instalación de dicha oficina, así como para la entrada al país y libre circulación de su personal, advierten que les preocupa «el reducido presupuesto y personal de otras oficinas descentralizadas de la CPI en el pasado, por lo que alertamos sobre tales riesgos y pedimos se hagan todos los esfuerzos para asegurar una oficina que pueda trabajar de modo oportuno, seguro, efectivo, e independiente».
Es indispensable que trabaje con todos los actores clave
Las organizaciones firmantes creen que, además de estrechar lazos de cooperación con otros actores internacionales claves en el marco de la investigación en Venezuela, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la oficina de la CPI en Venezuela debe establecer una relación de trabajo y una cooperación efectiva con otros actores, tales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (“MII”), «la cual ha documentado fehacientemente los crímenes internacionales cometidos en Venezuela, así como el estado actual del poder judicial».
Piden más interacción con la sociedad civil
La oficina de la CPI debe constituir un espacio de diálogo «genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes, así como con la sociedad civil».
Las ONG que suscribieron el documento expresaron su inquietud por los pocos espacios de interacción con la sociedad civil en las dos visitas del fiscal Khan a Venezuela
La interacción de la Fiscalía con la sociedad civil venezolana, pero, sobre todo, con las víctimas, sobrevivientes, sus familiares, y sus representantes, es un asunto de enorme relevancia. En este sentido, manifestamos nuestra preocupación por los pocos espacios de interacción con la sociedad civil que se han suscitado por parte de la gestión del Fiscal Khan en el marco de sus dos visitas a Venezuela. Hacemos un llamado a que la Oficina de la Fiscalía pueda generar espacios seguros y transparentes de diálogo con las víctimas y la sociedad civil en Venezuela, con las debidas garantías ofrecidas por parte del gobierno de que no se ejercerán represalias en contra de quienes se acerquen y cooperen con dicha oficina. Asimismo, reiteramos a la Oficina de la Fiscalía nuestro firme interés de continuar un diálogo fluido en todos los espacios de interacción posibles, incluyendo en La Haya», explican.
Preocupación frente al trabajo con el sistema judicial venezolano
En este punto, las ONG manifestaron su «profunda preocupación» sobre la forma en que la Fiscalía de la CPI vislumbra su trabajo con el actual sistema judicial venezolano.
«De acuerdo con lo expresado en sus comunicados, parece asumir que el actual sistema judicial venezolano podrá llevar a cabo, de modo independiente, y con voluntad genuina, investigaciones en torno a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Como es de su conocimiento, y como lo ha destacado la MII, el actual sistema judicial está severamente cuestionado, no solamente porque su conformación incumple los estándares mínimos de imparcialidad e independencia, sino que además ha sido una pieza clave en la política de represión y afianzamiento de la impunidad», se lee textualmente en el documento.
En este sentido, se refirieron al segundo informe de la MII, del 16 de septiembre de 2021, en el que concluyó que “los actores judiciales y fiscales no previnieron las violaciones y delitos cometidos por otros actores del Estado contra opositores reales o aparentes (…) Estos incumplimientos contribuyeron directamente a la impunidad de los delitos y las violaciones de derechos humanos e impidieron que las víctimas de las violaciones perpetuadas por los órganos de seguridad e inteligencia del Estado accedieran a recursos legales y judiciales efectivos”.
Recuerdan que esta información fue corroborada también desde la Oacnudh en su informe anual de 2019, en el que resalta que ‘[l]a falta de independencia del poder judicial y la corrupción en su seno constituyen importantes obstáculos a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación’, preocupación que se mantiene en otros informes más recientes».
«Por lo anterior, si bien valoramos las referencias realizadas por la Fiscalía de la CPI en el Memorando de Entendimiento celebrado con el gobierno de Nicolas Maduro en torno a reconocer las reformas al sistema judicial que se realicen en Venezuela y consideramos importante que la Fiscalía incluya dentro de su mandato medidas de complementariedad positiva con el fin de fortalecer la capacidad de los operadores judiciales de investigar crímenes de esta naturaleza, nos preocupan las escasas garantías existentes en el actual sistema de justicia para poder investigar de modo genuino, efectivo e independiente. Consideramos por lo tanto que, a pesar de las actuales reformas iniciadas por el Estado, el sistema judicial venezolano carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos», alertan.
Preocupación por el rumbo de la investigación
Es así como las organizaciones concluyen ratificando que les preocupa la falta de claridad en torno a la investigación sobre violaciones a DDHH y crímenes de lesa humanidad en el país.
Así mismo, recomiendan a la Fiscalía de la CPI que adopte un «enfoque de género necesario» no solo al momento del análisis de los crímenes realizados, sino también en su interacción con víctimas, familiares y representantes.
«Desde el seguimiento de varios organismos internacionales, se ha evidenciado que las víctimas siguen enfrentándose a obstáculos jurídicos para acceder a una justicia eficaz, en especial las mujeres, quienes experimentan dificultades específicas por motivos de género y son quienes suelen estar en primera línea de la lucha por la verdad, la justicia y la reparación», añaden.
