Un ejemplo es el caso de la PNB que hasta el momento se desconocen cambios concretos en la reestructuración que fueron sugeridos hace un año
La reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el paquete de reformas legales aprobado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 a finales del año y el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en curso «abren nuevas oportunidades» para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela, según la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Sin embargo, la visión optimista de la Alta Comisionada contrasta con las reservas de otros organismos internacionales, en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según advierte la ONG Acceso a la Justicia.
Como ejemplo, citan que, en el caso de la PNB, «hasta el momento se desconocen cambios concretos en la reestructuración que fueron sugeridos hace un año».
En relación con el TSJ, la ONG Acceso a la Justicia reseña que a la funcionaria parece no preocuparle el hecho de que la AN electa en 2020 abrió las puertas a la reelección de los actuales magistrados, algo no previsto en la Constitución y que el Comité de Postulaciones Judiciales «sigue secuestrado» por funcionarios públicos a pesar de que la Constitución señala que solo deber constituida por miembros de la sociedad civil.
Otro caso es que el Código Orgánico de Justicia Militar, que ahora prohíbe el juicio de civiles en tribunales castrenses. Resaltan que, sobre este punto, la Alta Comisionada no consideró la sentencia de la Sala Constitucional, dictada con posterioridad a ese cambio legal, en la que esa instancia judicial señaló que cuando un juez militar quiera juzgar a un civil lo puede hacer siempre que motive su decisión, sin mencionar el artículo del Código que expresamente prohíbe esto.
«Es una grosera muestra de cómo persiste la intención de juzgar a civiles a pesar del cambio legal realizado», afirmó la ONG.
Bachelet, sin embargo, dejó en claro que los cambios en el papel no son suficientes. «Estas reformas policiales y judiciales deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de Derechos Humanos del pasado y evitar que se repitan», dijo.
En su informe oral, Bachelet admitió que los ataques por parte de actores estatales contra las voces disidentes continúan. Expresó gran preocupación por la situación del director de Fundaredes, Javier Tarazona, cuya salud, afirmó, estaría afectada.
La ONG opina que Bachelet «intentó realizar un complicado juego de equilibrismo, no solo se limitó a exponer la persistencia de los graves peligros que enfrentan los venezolanos, en especial aquellos que disienten del Gobierno, sino que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos la batería de medidas y anuncios que en los últimos meses han realizado las autoridades, posiblemente con la intención de comprometerlas a ejecutarlas, lo que todos esperamos sea el caso», concluyen.
