La ONG advierte que datos personales solo deben tener fines médicos y asistenciales
La organización pro derechos humanos, Defiende Venezuela, emitió un comunicado ante el posible riesgo que representa la obtención de información personal de los ciudadanos por parte del régimen de Maduro, a partir de la pandemia.
La ONG, que denuncia las violaciones de los derechos humanos ante organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, calificó de amenazante esta situación.
Explicó que, como parte del programa de salud pública, se le solicita a la población información con los datos de los contagiados tales como: edad, nombre, domicilio, tanto de ellos, como de familiares que se encuentran en cuarentena por precaución médica.
¿Qué señala la ley al respecto?
De acuerdo con la ONG, la rendición de cuentas es el principio básico para que los ciudadanos puedan saber el estatus de la situación en el país, ser conscientes de la pandemia y así tomar las precauciones adecuadas.
Sin embargo, la información personal debe ser de uso exclusivo para las autoridades. Además, solo puede utilizarse con el objetivo de realizar un seguimiento de localización del avance del COVID-19 en el país. Esto de acuerdo con lo señalado en el decreto número 4.160 en su artículo 27.
Asimismo, destaca que no debe utilizarse la información que se obtenga con otros fines distintos a los previstos en el artículo.
«Desde Defiende Venezuela vemos con preocupación que el Estado venezolano no respete y garantice lo señalado en dicho decreto. Cada vez es más frecuente la divulgación mediante redes sociales de datos personales de la población afectada por el virus. Sus nombres, apellidos, ubicación y síntomas de personas, se publican sin su consentimiento, lo que afecta el derecho a la privacidad», reza el comunicado.
¿Se puede tener confianza en los entes encargados?
Defiende Venezuela explicó que casos como los de los periodistas Darvinson Rojas, y Rosalí Hernández, dejan evidencia de lo poco confiable que son las actuaciones de las autoridades gubernamentales. En el caso de Rojas, funcionarios de las FAES lo detuvieron sin una orden judicial y bajo la excusa de haber recibido una llamada por un caso de COVID-19.
Por su parte, a Hernández la detuvieron hasta en tres oportunidades para forzarla a eliminar el material audiovisual documentado.
A juicio de la ONG, ambos casos dejan claro que en Venezuela no se respeta ni garantiza la protección a periodistas.
¿La pandemia es un recurso mediático del régimen?
También, como parte de las actuaciones en las que el Estado no resguarda la información privada conforme dicta el decreto mencionado, la ONG resalta el caso de un sospecho de coronavirus en el estado Lara quien fue víctima de amenazas. Considerando que se expone a las personas a la persecución y discriminación, violando sus derechos humanos.
«Las cadenas de información no oficial en las que se señalan a personas sospechosas del virus, amenazan la seguridad de los datos personales. Este es el caso de Trino Velazco, una persona que era sospechosa del virus en Barquisimeto, estado Lara. Al ser, presuntamente, el único caso sospechoso en la región, recibió amenazas y hostigamiento».
Por Defiende Venezuela
