violencia en venezuela

A Gustavo Peña Rondón, la víctima, lo golpearon y luego le dispararon. Sus familiares tenían dos días buscándolo

Sandra Guerrero

Gustavo Peña Rondón desapareció el pasado miércoles 2 de junio y no fue sino hasta el viernes 4, cuando su papá, Gustavo Peña y un tío lo hallaron en la morgue de Bello Monte. Al hombre, de 28 años de edad, lo mataron a golpes y disparos, según le informaron a los familiares en la medicatura forense.

Peña Rondón vendía helados en un negocio ubicado en el kilómetro 7 de la carretera El Junquito y residía en un refugio del kilómetro 4 de esa misma vía. El padre de la víctima rompió en llanto cuando le informaron que el cadáver del joven estaba en la morgue.

En torno a la muerte de Peña Rondón se maneja la hipótesis, pues su moto no ha sido localizada, aunque también se presume que el homicidio tenga que ver con una relación amorosa que la víctima estaba sosteniendo con una mujer.

Murió en presunto enfrentamiento

César Alexander Julio Martínez, de 34 años de edad, murió en la emergencia del Hospital Domingo Luciani de El Llanito, adonde fue trasladado por una comisión de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el 24 de mayo pasado.

De acuerdo con la versión policial, Julio Martínez, apodado el Pitufo, se habría enfrentado a los  investigadores de la División contra Bandas, en un sector de la parroquia Petare.

El hombre estaba solicitado por el delito de homicidio y presuntamente era integrante de un grupo delictivo conocido como Los Pitufos, indicaron fuentes policiales.

El libro «Dicen que están matando gente en Venezuela» es una de las iniciativas de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin)

Verónica Zubillaga y Manuel Llorens son los editores del libro y los responsables de haber reunido a una serie de investigadores para que el proyecto viera la luz. 

José Luis Fernández-Shaw, John Souto, Keymer Ávila, Andrés Antillano, Chelina Sepúlveda y Francisco Sánchez son los investigadores que, tras años de estudiar de cerca la violencia en Venezuela, reúnen su trabajo, experiencias y análisis en torno a la violencia

Cristina estaba lavando cuando policías entraron a su casa y mataron a su hijo; 10 meses después, asesinaron al segundo. Vecinos de Los Ruices que, desgastados por la delincuencia en la zona y la desprotección de las instituciones, hacían guardias para salir a linchar. Rafael, a quién le mataron a su hermano y él mismo fue secuestrado, mató a dos mesoneros que intentaron robarle dinero. Yarelis y Orlanda se unieron para apoyar a otras víctimas de operativos policiales, como ellas.

Todas estas personas tienen algo en común: sus vidas están atravesadas por la violencia que se vive en Venezuela. Un país que era la excepción de Latinoamérica y que actualmente es considerado de los más peligrosos del mundo. Sin guerras, pero con la llegada al poder del chavismo 

“Dicen que están matando gente en Venezuela. Violencia armada y políticas de seguridad ciudadana” de la Editorial Dahbar es el libro de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin) que recoge estas historias para, desde una mirada amplia, profunda y variada, contar la violencia armada que ha marcado el país desde hace años. 

¿Un país violento? 

Todos lo dicen y las cifras lo confirman: Venezuela es un país violento. Pero desde Reacin no quisieron quedarse en las expresiones institucionales del fenómeno, sino profundizar en cómo la violencia ha marcado las relaciones, los espacios, la cotidianidad, la individualidad. 

“Quisimos poner la mirada sobre cómo pensar esa violencia desde otros lugares, cómo la viven y la subjetivan las personas que están formando parte de ese círculo. Esa es una aproximación que también nos hace ver no solo la violencia en sí misma, sino nos hace ver otro tipos de expresiones. Por ejemplo: cómo hace la gente para sobreponerse a la violencia”, cuenta Sánchez. 

“Dicen que están matando gente en Venezuela” no es una alegoría a la violencia, sino un texto que busca rescatar la humanidad de las personas que han construido sus vidas en medios violentos. 

Para Sánchez, la perspectiva desde la que se analiza Venezuela como país violento cambia. En donde no hay una sola violencia, sino distintas violencias, heterogéneas pero parte de un mismo lugar. 

John Souto, por su parte, considera que el tema de la violencia permite conjugar muchos aspectos de lo que le sucede a la sociedad venezolana. “Nos permite conjugar el sufrimiento que se genera más individual en cada uno de nosotros y a la vez en lo social. Es un fenómeno social que permite hablar desde lo más privado y lo más íntimo hasta lo más público o lo externo”. 

El libro no se centra en decir que Venezuela es violenta. Permite, a pesar del carácter crudo y desgarrador de la violencia, hacer un análisis más amplio con otros conceptos sociales. 

El psicólogo explica que no quedarse en la simplificación del país violento permite hacer una memoria y registro más justo de lo que sucede en Venezuela. Además de que esa mirada permite romper con los moldes que la polarización ha generado. “Es comprender que no están sucediendo cosas porque dos o tres personas sean malas, sino que hay unas dinámicas que nos han acompañado por mucho tiempo y que no van a retirarse de nuestras vidas al retirar dos o tres personas malas señaladas, como a veces pensamos cuando se piensa en soluciones”.

El lado humano de la violencia 

Jóvenes, madres, vecinos, maestros, niños. ¿Cómo viven la violencia y a pesar de ella? ¿Cómo los ha afectado, individual y colectivamente? ¿Cómo resisten y buscan salidas al horror?

Ahí la diferencia y una de las particularidades de “Dicen que están matando gente en Venezuela”: las historias humanas. En cada capítulo, los investigadores cuentan cómo se aproximaron de forma metodológica a la violencia en los distintos grupos y comunidades. Estos registros, documentación y estudio han llevado años de trabajo de los investigadores.

“En la mayoría de los trabajos hay mucho acercamiento etnográfico. Es decir, estamos con la gente”, explica Sánchez. “Hacemos parte de la cotidianidad de las personas, intentamos acceder a cómo se vive el fenómeno desde ahí para poder pensar justamente sus implicaciones o las posibles alternativas”. 

Sánchez, quien trabajó con madres que habían perdido a sus hijos en operativos policiales violentos, cuenta cómo para él también las investigaciones fueron un proceso de transformación individual. 

“Yo soy psicólogo clínico comunitario e inicialmente los primeros acercamientos que tuve en mis primeras experiencias estaba muy vinculado al consultorio”. Una vez que se acercó al fenómeno, las cuatro paredes fueron insuficiente para comprender la realidad en la que se estaba involucrando”. 

Souto, quien estuvo por meses en La Vega, San Agustín o Los Valles del Tuy, define la experiencia más importante de toda su carrera como psicólogo e investigador: cambió su mirada del trabajo en comunidad. 

“Apenas llegamos a La Vega ocurrió un evento que fue como lo previo a la instauración de las OLP, la comunidad fue tomada como dos meses entre luchas de dos bandas y cuerpos de seguridad. Fue un momento complicado y después continuamos ahí y los adolescentes nos contaban los daños que hicieron, las personas que fueron eliminadas, los que fueron detenidos injustamente”.

Resistir y buscar salidas a la violencia

Yarelis y Orlanda se organizaron para apoyar a otras víctimas de los operativos extrajudiciales en Venezuela. Sabían de qué se trataba porque cada una perdió a sus hijos de esa forma. “¿Cómo hacen para buscar justicia en medio de todo lo que han vivido?”, se pregunta Sánchez en el libro. 

Esa pregunta lo llevó a enfocar su investigación para contestar esa pregunta. Y descubrió que esa resistencia a vivir en la violencia y a pesar de la violencia se manifestaban en sus rutinas, en sus luchas y sus vivencias familiares. 

“Dicen que están matando gente en Venezuela” no solo se plantea contar las múltiples miradas de la violencia, sus defectos o su destructividad. Sino las soluciones que permitan salir de ese círculo. 

Convivir con ellas y su dolor de la pérdida también sirvió para conocer cómo podían resistir. Desde las alianzas, asociaciones. 

En sus años de investigaciones en las comunidades, Souto cuenta cómo la gente no solo sufría la violencia, sino que buscaban vías de salida o para conseguir recursos.

“Esa parte del impacto que tenía la violencia, pero al mismo tiempo no desgarraba totalmente las relaciones sino que también era un esfuerzo por continuar viviendo, cambió mucho mi mirada sobre cómo gestionan estas poblaciones la violencia. 

Estos acercamientos a los grupos de ambos investigadores también permitió conocer la relación de escepticismo que tienen con la justicia. La idea de que todos los cuerpos policiales son delincuentes o mujeres que no denuncian la violencia de los efectivos de seguridad porque no creen que sirva de algo. 

Asimismo, el libro también muestra el camino de búsqueda de reparación por lo que estas personas han sufrido en entornos violentos; así como la ausencia de justicia, reconocimiento o memoria. 

“Es imposible que un grupo de mujeres o un grupo de una comunidad puedan parar el nivel de violencia que desde el Estado se está articulando. Esa es una batalla que siempre se va a perder. Ves como las víctimas quedan entre la espera y la esperanza, y esa es una combinación letal”, reflexiona Sánchez. “Pensar la reparación es una tarea muy compleja pero yo creo que una de las enseñanzas que estas mujeres empezaron a mostrar es que a pesar de ser una tarea compleja es una tarea que hay que hacer”.

Acerca del libro

El libro es una de las iniciativas de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin), fundada hace cuatro años. Si bien el fenómeno de la violencia ha sido una problemática de investigación, también ha sido la oportunidad de profundizar sobre un drama que afecta, de una forma u otra, directa o indirectamente, a los venezolanos. 

De cómo los venezolanos han sido sufrientes y también practicantes de violencia. 

Verónica Zubillaga -doctora en Sociología, profesora e investigadora- y Manuel Llorens -psicólogo, magíster en psicología comunitaria, profesor e investigador- son los editores del libro y los responsables de haber reunido a una serie de investigadores para que el proyecto viera la luz. 

José Luis Fernández-Shaw, John Souto, Keymer Ávila, Andrés Antillano, Chelina Sepúlveda y Francisco Sánchez son los investigadores que, tras años de estudiar de cerca la violencia en Venezuela, reúnen su trabajo, experiencias y análisis en torno a la violencia en este libro. 

Francisco Sánchez cuenta cómo “Dicen que están matando gente en Venezuela” no se concibió como un proyecto consecuencia de las investigaciones en Reacin, sino una expresión de todo el trabajo que han hecho desde la organización desde hace años. 

Este libro reúne materiales hasta la fecha nunca publicados sobre las políticas represivas del estado venezolano y se propone develar la diversidad de expresiones que ha adquirido la violencia armada en el país en los últimos años. 

Todo desde las herramientas que tienen como investigadores: el registro, el análisis, la reflexión y la denuncia. 

La víctima fue identificada como Carlina Esmeralda Zambrano Díaz de 14 años de edad. Cuando salió de su casa por última vez dijo que iba para una fiesta

@franzambrano

La tarde del 24 de octubre fue la última vez que Carlina Esmeralda Zambrano Díaz, de 14 años de edad, fue vista por sus familiares.

La adolescente salió de su casa en el barrio San José de Petare, junto a unas amigas rumbo a una supuesta fiesta.

El cadáver de la menor de edad fue identificado por miembros de su familia en la morgue de Bello Monte, en Caracas, 15 días después. El cuerpo no tenía impactos de bala ni heridas de arma blanca. Sus parientes aseguran que fue estrangulada.

“No la golpearon ni la violaron, solo le cortaron el pelo como un varón”, dijo uno de los integrantes de la familia de Zambrano, quien indicó que el cuerpo de Carlina fue hallado en la carretera Petare-Guarenas.

Parientes de la víctima creen que grupos delictivos de Petare podrían haber sido responsables del asesinato. “En el barrio dicen que Carlina le informaba a la policía sobre las operaciones de los delincuentes”, sostuvo uno de ellos.

La menor de edad estudiaba segundo año de educación básica y era la mayor de tres hermanos.

Feminicidios

De acuerdo con la base de datos de Monitor de Víctimas, en el área metropolitana de Caracas se habían cometido 41 feminicidios de enero a octubre de este año.

De ese total, 16 fueron cometidos con arma de fuego, 11 ocurrieron mediante asfixia o fuerza física, 9 fueron perpetrados mediante arma blanca y 5, con objetos contundentes.

De las 41 mujeres asesinadas, 4 eran menores de edad.

EL PRESIDENTE DE ECUADOR, LENÍN MORENO, asegura que la situación de Venezuela debería convocar a los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a nunca permanecer impasibles o callados ante la conculcación de la democracia y la violación sistemática de los derechos humanos.

Según reseña el diario El Universo el mandatario ecuatoriano sostuvo que los países de la región están en la obligación de exigir “el cese de la violencia en contra de la población civil en cualquier lugar que esto ocurra, así como el juicio de los responsables, la reparación integral y la realización de justicia para las víctimas y sus familiares”.

Asimismo, aprovechó su intervención en la instancia para hablar sobre la crisis migratoria que vive la nación petrolera.

Moreno detalló, que de acuerdo a los postulados de la Carta de Conducta o Doctrina Roldós contenida en la Carta de Riobamba, es obligación para Ecuador la defensa internacional de los derechos humanos.

“La acción conjunta, ejercida en protección de esos derechos, no viola, bajo ninguna circunstancia el principio de la no intervención… en ese marco se inscribe la posición que Ecuador observa para Venezuela, Nicaragua o cualquier país en el que se violen o se conculque los derechos humanos”, agregó.

Por ello, solicitó ante la OEA aplicar la Doctrina Roldós de 1980 a Venezuela y Nicaragua. Esta fue suscrita por el Grupo Andino de Naciones, en la que se establece que la defensa de los DDHH debe ser un compromiso y una obligación de todos los países.

“Los estados debemos tener decisión y pedir el cese de la violencia en contra de la sociedad civil (…) en política exterior, esa carta establece que el respeto por los derechos humanos constituye una norma fundamental y que es obligación la defensa internacional de esos derechos”, dijo el mandatario ecuatoriano.

PARA LLEGAR A LA CASA DE LA FAMILIA JAJOY hay que atravesar a pie la mitad del barrio El Amparo. En voz baja, los vecinos advierten que los “colectivos” están atentos a la presencia de cualquier extraño. Pero el dolor de los familiares de Stefany Maholi Jajoy Natera es más fuerte que el terror que imponen los grupos armados afectos al oficialismo y aseguran que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son los responsables de la muerte de la joven de 20 años de edad, que fue abaleada en medio de las protestas contra Nicolás Maduro.

Stefany recibió cuatro impactos de bala en la espalda y cayó en la calle Oriental de El Amparo. Los demás manifestantes la socorrieron, pero la muchacha murió casi inmediatamente. Su madre, Yusmary Natera, y sus otros dos hijos, cargaron el cadáver hasta su casa.

La familia resguardó el cuerpo sin vida de Stefany desde las 2:00 am, cuando fue herida y murió, hasta las 8:00 am del 23 de enero, cuando llegaron al lugar funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para hacer el “levantamiento del cadáver”, la planimetría y el primer informe forense antes de la autopsia oficial. “Recuerdo que un funcionario del Cicpc lo primero que dijo fue: ‘Dios mío, se ensañaron con esta niña’, porque tenía cuatro disparos en la espalda”, asegura la madre de Stefany .

Para sorpresa de los familiares, en el informe correspondiente a la autopsia, que realizaron en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Bello Monte, se indica que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, ocasionado por el impacto de un único proyectil en el tórax.

Esa noche no hubo minuta policial. En un reporte hecho en la morgue de Bello Monte —al que Proiuris tuvo acceso— se lee que  la víctima procedía del hospital Dr. Ricardo Baquero González, conocido como el Periférico de Catia, lo cual fue desmentido por los familiares. Sin embargo, en dicho reporte inicial sí se dejó constancia de que Stefany recibió cuatro disparos en la espalada.

El reporte “oficial” del Cicpc no detalla las circunstancias de la muerte de la joven, no menciona que hubo una protesta en El Amparo, ni que funcionarios de las FAES llegaron a reprimir a los manifestantes. “Ese fue el papel que nos dieron en la comandancia para retirar el cadáver de mi hija. No dice nada de lo que pasó”, sostiene la madre.

Minuta Del Senamecf by on Scribd

Sueños truncados

Yusmary Natera, tiene 45 años de edad, tres hijos y dos nietas. La primogénita fue Stefany. Robusta y sencilla, la mujer ofrece su versión de los hechos en las escaleras que conducen a su casa, en la parte alta del barrio El Amparo.

Recordó que la noche del 22 de enero se acostó temprano. “Un poco antes de las 11:00 pm, mi nieta menor se levantó llorando porque su mamá no estaba. Me imaginé que estaba en la casa de su tía, un poco más abajo del sector. Cuando me asomé, escuché el alboroto de la protesta”, detalló.

Relató que esa madrugada no pudo dormir. A las 2:00 am manifestantes del sector tocaron el timbre de su casa mientras gritaban pidiendo auxilio.

“¡Bajen, bajen qué mataron a Maholy!, gritó uno de los muchachos”, cuenta Yusmary. Apenas vio la sangre en las manos de esos muchachos levantó a sus demás hijos y corrió hasta el sitio. La escena que imaginó no se compara a lo que vio cuando halló a su hija tirada en el suelo boca arriba y sin vida.

Stefany nunca culminó sus estudios universitarios como tenía previsto para este año. Ella quería ser docente. Su madre explicó que la joven postergó su formación profesional luego de tener a su segunda hija, a los 18 años. Apenas tenía dos semestres en la universidad.

“A ella la conocía todo el mundo”, dijo uno de los muchachos que protestó junto a Jajoy. Y agrega que Stefany era muy popular por su personalidad extrovertida. En 2017 fue despedida de su trabajo en una pollera del sector, luego que anunciaran el aumento de salario mínimo. Ante la imposibilidad de pagar la universidad donde estudiaba Stefany se dedicó a ser ama de casa y trabajar con su madre.

Las otras heridas

Los informes que documentan las heridas sufridas por Stefany discrepan entre sí. La familia asegura que vio y palpó los cuatro impactos de bala que recibió por la espalda, como parte de la arremetida de los funcionarios de las FAES, que presuntamente iban acompañados con “colectivos” que operan en la zona.

“Los muchachos me dijeron que fueron las FAES y no lo dudo. Ellos actúan así”, detalló Natera, quien describió que los oficiales estaban vestidos completamente de negro y usaban máscaras. “Stefany corrió, pero los del FAES le dispararon en la espalda”, asegura Yusmary Natera.

Unas horas antes de que asesinaran a Stefany, uno de los jóvenes que también participaba en la protesta contra Maduro fue herido de bala, justo cuando los funcionarios del FAES irrumpieron en el barrio y arremetieron contra los manifestantes. Pero ese joven no falleció.

Después de que Stefany fue abaleada, aseguran testigos consultados por Proiuris que accedieron a suministrar información bajo reserva de su identidad, las FAES se replegaron por varios minutos, los necesarios para que sus familiares llegaran al lugar y cargaran con el cadáver hasta su casa.

#23ene Así llegó el FAES esta noche al barrio El Amparo en Catia. Residentes reportaron disparos contra viviendas y manifestantes pic.twitter.com/QKByx8KNAg

— PROVEA (@_Provea) 24 de enero de 2019

Videos de lo ocurrido en El Amparo, difundidos por  redes sociales, evidencian que había funcionarios de las FAES reprimiendo a los manifestantes. Los oficiales tenían armas largas y estaban, en su mayoría, encapuchados.

Yusmary Natera da cuenta de otras heridas y teme que no sanaran pronto: “Ahora tengo que cuidar a mis dos nietas. No creo que se vaya hacer mucho, porque los que mataron a mi hija son los mismos policías. En el Cicpc, la última vez que mi esposo fue averiguar cómo iba el caso solo le dijeron: se está investigando. Solo creo en la justicia divina”.

ERAN LAS 2:00 DE LA TARDE DEL VIERNES 25 DE ENERO. Cristian Alejandro Ramos, de 17 años, jugaba en su computadora Canaima, esperaba a su tío para trabajar en el piso del cuarto que construían juntos, en el mismo terreno donde está la casa de su madre, ubicada en el sector El Bosque de El Tocuyo, municipio Morán del estado Lara.

A Ramos lo acusan desde el gobierno municipal, de haber intentado quemar la casa de Gisela Rodríguez, la alcaldesa de El Tocuyo, junto a los hermanos José Alfredo (24 años) y a Anderson Torres Cortez (17 años), durante las protestas del 23 de enero en la noche que se presentaron en varios puntos de la ciudad morandina, señalamiento que desmienten sus familiares y vecinos.

“A Cristian lo sacaron de su cuarto, su mamá gritaba y él también. Lo llevaron a la casa de los hermanos [Torres Cortez]. Allí los torturaron y los mataron. Eran demasiados funcionarios, nos apuntaban por las ventanas y nos mandaban a encerrarnos en los cuartos. Fue una especie de toque de queda que impusieron mientras los mataban”, cuenta una de las vecinas del sector.

En el terreno de los Torres Cortez hay dos casas, en “la de abajo” como ellos la describen, era donde estaban los hermanos cuando llegaron los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), con pasamontañas, armados y apuntando a todas las personas que veían en su camino.

“Ellos acaban de hacer el porche de la casa… lo hicieron para que los velaran ahí”, dijo entre lágrimas la viuda de José Alfredo y madre de un niño de cuatro años.

La mamá de Cristian escuchaba que los muchachos gritaban, pero no podía salir porque los funcionarios que tenían la zona rodeada se lo impedían y le decían: “Vete para allá vieja chismosa … en vez de estar pendiente de los choros cuando están robando …”.

Vecinos aterrorizados

En la comunidad El Bosque, todos sus habitantes querían hablar al mismo tiempo, cada uno relataba lo que vivió, lo que conocían de los tres jóvenes asesinados y sobre el miedo que ahora tienen por lo que ocurrió.

“Igualmente vamos a denunciar todo esto, porque no podemos esperar que se repita una masacre”, declararon.

Los habitantes de la comunidad tienen temor por la vida de sus hijos, porque han observado durante el día y la noche a patrullas de la policía y a funcionarios del Faes rondando las calles de tierra de esta humilde barriada.

“Esta vez fueron a ellos -señalando a los familiares de los asesinados- pero mañana podría ser en contra de nuestros hijos. Ahora hay que tenerle más miedo a ellos que a los malandros”, dijo un vecino que relataba lo que vivió esa tarde.

La tarde del suceso mandaron a desalojar a quienes vivían en un perímetro aproximado de 30 metros a la redonda de la casa de los hermanos Torres Cortez. A las personas que caminaban por las calles las devolvían y no las dejaban pasar.

Durante nueve horas, los habitantes de El Bosque sufrieron porque no sabían a quiénes habían matado ni a cuántos.

Casi a las 11:00 de la noche los vecinos pudieron volver a sus casas y saber qué había pasado. En el caso de las personas que los funcionarios mantuvieron encerradas desde las 2:00 de la tarde, sin agua y sin alimentos, en cuartos calientes, al fin pudieron salir.

Resistencia a la autoridad

En la reseña del cuerpo policial donde detallan el hecho donde murieron los tres jóvenes de El Bosque, se lee que hubo resistencia a la autoridad y posterior enfrentamiento con los funcionarios del Faes y del Cicpc que los acompañaban. Se indica que incautaron dos escopetas y un escopetín.

“Eso es mentira. Esos muchachos no eran ningunos azotes como han intentado hacer creer, que muestren esos supuestos antecedentes por homicidio y droga, no existen… muestren también el vídeo donde supuestamente estaban protestando alrededor de la casa de la alcaldesa, que lo muestren”, expresaban los vecinos con indignación.

Los habitantes de la zona señalaron a los funcionarios del Cicpc apodados “El Bomba” y “El Nariz”, como los funcionarios que guiaron a los del Faes hasta la casa de los Torres Cortez.

Dos pensaban en emigrar

Cristian Alejandro, próximo a graduarse de bachiller, tenía el cabello rojizo, por eso le decían “el ruso”. Le había dicho a su familia que quería emigrar a Perú, para trabajar y ayudarlos a todos. Mientras tanto, terminaba de construir una pieza en el terreno donde vive su madre.

“Cada platica que agarraba cuando iba a la finca a trabajar con el papá o limpiando solares, la invertía para su cuarto, ese día íbamos a echar el piso. Él tenía visión de futuro, le gustaba ser ordenado y yo puedo dar fe que el 23 en la noche estaba con nosotros y se acostó a dormir como a las 11:00”, relata uno de los tíos quien exigió a las autoridades que mostraran los antecedentes del niño.

José Alfredo, el mayor de los tres, había ido con su mamá al banco ese día, más temprano, porque estaba juntando efectivo para irse a trabajar a Colombia, debido a que la situación económica no era favorable para la familia Torres Cortez.

Ninguno de los dos pudo cumplir su meta de emigrar para ayudar a sus familias.

“Esto no es posible, no puede ser que porque seamos humildes nos tengan pisoteados. El vandalismo está de lado del gobierno. Esto duele, yo no estoy defendiendo a ningunos delincuentes ¿por qué el gobierno más bien nos le dio una oportunidad de trabajo, una beca de estudios y los apartaban de la pobreza en vez de perseguirlos como criminales?”, dijo entre sollozos otro tío de los jóvenes.

Alcaldía les regala una bolsa Clap

El sábado, un día después de la masacre, dos funcionarios de la alcaldía fueron a las casas de los familiares de Ramos y de los hermanos Torres Cortez, para entregarles unas bolsas de comida Clap y a preguntarles si necesitaban dinero para el pago de los entierros.

Ambas familias rechazaron lo que consideraban un soborno.

“Ellos creen que la vida de nuestros hijos vale una bolsa de comida. Lo que queremos es justicia”, insistieron.

Un representante del consejo comunal rechazó lo que consideró actos vandálicos de los funcionarios del Faes y del Cicpc, quienes después de los asesinatos robaron la bombona, comida, las pilas de las computadoras Canaima y unos zapatos rotos del hermano menor, según su mamá, los únicos que tenía para salir.

“Si cometieron un delito tenían el derecho a tener un abogado, la presencia de un fiscal y lo más importante: el derecho a la vida”, acentúo con sus palabras.

El OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA presentó su informe anual sobre criminalidad en el país. La ONG califica la situación nacional como una “epidemia de violencia”.

El informe precisa que hubo 10.422 homicidios, 7.523 muertes calificadas como “resistencia a la autoridad” (32,6%), y otras 5.102 muertes en averiguación para un total de 23.047 personas fallecidas por causas violentas durante el año. El número equivale a una tasa de 81,4 por cada cien mil habitantes.

En la lista de los estados más violentos figura Aragua como el primero, con una tasa de 168, seguido de Miranda (124), Bolívar (107), Distrito capital (100) y Sucre (97).

“La violencia presenta nuevos rostros, el empobrecimiento y la letalidad policial, marcadas por las acciones extrajudiciales. Además, surge con fuerza el delito en las zonas rurales, allí donde hay comida”, explicó el director del OVV, Roberto Briceño León. Los números posicionan a Venezuela como el país más violento del mundo en 2018., con una tasa de homicidios muy por encima de Honduras y El Salvador, con los cuales ha disputado el tope de las listas desde hace un lustro.

Cuando la ONG afirma que la violencia ha mutado y que tiene nuevos actores, no solo se refiere a la accción policial sino al crimen organizado. En los cinco estados con mayor cantidad de muertes hay megabandas. Aragua, por ejemplo, está controlado por grupos delictivos que controlan vías de acceso, actividades económicas y hasta espacios públicos. “Han logrado sustituir las funciones del Estado”, apuntó Briceño.

Sigue leyendo esta nota de Víctor Amaya en TalCual

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay emitiern un comunicado en el que fijan posición sobre los últimos acontecimientos en Venezuela.

A continuación, reproducimos parte del comunicado:

«Deploramos el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela, que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos.

Condenan el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes.

Hacemos un llamado enérgico al Gobierno venezolano para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos, como lo contempla su Constitución.

Como actual miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados internacionales que sobre el tema ha suscrito y ratificado.

En el marco del apego irrestricto al Estado de Derecho y para lograr la estabilización de la situación en Venezuela, reiteramos la importancia de cumplir el calendario electoral, liberar los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de poderes.

Por último, hacemos un llamado a todos los sectores para no avalar acciones que generen más violencia y manifestamos nuestra convicción de que ha llegado la hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que provea una solución duradera a la crítica situación que se vive en Venezuela».