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Lenín Moreno: La región está obligada a exigir que cese la violencia en Venezuela

EL PRESIDENTE DE ECUADOR, LENÍN MORENO, asegura que la situación de Venezuela debería convocar a los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a nunca permanecer impasibles o callados ante la conculcación de la democracia y la violación sistemática de los derechos humanos.

Según reseña el diario El Universo el mandatario ecuatoriano sostuvo que los países de la región están en la obligación de exigir “el cese de la violencia en contra de la población civil en cualquier lugar que esto ocurra, así como el juicio de los responsables, la reparación integral y la realización de justicia para las víctimas y sus familiares”.

Asimismo, aprovechó su intervención en la instancia para hablar sobre la crisis migratoria que vive la nación petrolera.

Moreno detalló, que de acuerdo a los postulados de la Carta de Conducta o Doctrina Roldós contenida en la Carta de Riobamba, es obligación para Ecuador la defensa internacional de los derechos humanos.

“La acción conjunta, ejercida en protección de esos derechos, no viola, bajo ninguna circunstancia el principio de la no intervención… en ese marco se inscribe la posición que Ecuador observa para Venezuela, Nicaragua o cualquier país en el que se violen o se conculque los derechos humanos”, agregó.

Por ello, solicitó ante la OEA aplicar la Doctrina Roldós de 1980 a Venezuela y Nicaragua. Esta fue suscrita por el Grupo Andino de Naciones, en la que se establece que la defensa de los DDHH debe ser un compromiso y una obligación de todos los países.

“Los estados debemos tener decisión y pedir el cese de la violencia en contra de la sociedad civil (…) en política exterior, esa carta establece que el respeto por los derechos humanos constituye una norma fundamental y que es obligación la defensa internacional de esos derechos”, dijo el mandatario ecuatoriano.

#MonitorDeVíctimas | “Stefany corrió, pero los del FAES le dispararon en la espalda”

PARA LLEGAR A LA CASA DE LA FAMILIA JAJOY hay que atravesar a pie la mitad del barrio El Amparo. En voz baja, los vecinos advierten que los “colectivos” están atentos a la presencia de cualquier extraño. Pero el dolor de los familiares de Stefany Maholi Jajoy Natera es más fuerte que el terror que imponen los grupos armados afectos al oficialismo y aseguran que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son los responsables de la muerte de la joven de 20 años de edad, que fue abaleada en medio de las protestas contra Nicolás Maduro.

Stefany recibió cuatro impactos de bala en la espalda y cayó en la calle Oriental de El Amparo. Los demás manifestantes la socorrieron, pero la muchacha murió casi inmediatamente. Su madre, Yusmary Natera, y sus otros dos hijos, cargaron el cadáver hasta su casa.

La familia resguardó el cuerpo sin vida de Stefany desde las 2:00 am, cuando fue herida y murió, hasta las 8:00 am del 23 de enero, cuando llegaron al lugar funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para hacer el “levantamiento del cadáver”, la planimetría y el primer informe forense antes de la autopsia oficial. “Recuerdo que un funcionario del Cicpc lo primero que dijo fue: ‘Dios mío, se ensañaron con esta niña’, porque tenía cuatro disparos en la espalda”, asegura la madre de Stefany .

Para sorpresa de los familiares, en el informe correspondiente a la autopsia, que realizaron en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Bello Monte, se indica que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, ocasionado por el impacto de un único proyectil en el tórax.

Esa noche no hubo minuta policial. En un reporte hecho en la morgue de Bello Monte —al que Proiuris tuvo acceso— se lee que  la víctima procedía del hospital Dr. Ricardo Baquero González, conocido como el Periférico de Catia, lo cual fue desmentido por los familiares. Sin embargo, en dicho reporte inicial sí se dejó constancia de que Stefany recibió cuatro disparos en la espalada.

El reporte “oficial” del Cicpc no detalla las circunstancias de la muerte de la joven, no menciona que hubo una protesta en El Amparo, ni que funcionarios de las FAES llegaron a reprimir a los manifestantes. “Ese fue el papel que nos dieron en la comandancia para retirar el cadáver de mi hija. No dice nada de lo que pasó”, sostiene la madre.

 

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Sueños truncados

Yusmary Natera, tiene 45 años de edad, tres hijos y dos nietas. La primogénita fue Stefany. Robusta y sencilla, la mujer ofrece su versión de los hechos en las escaleras que conducen a su casa, en la parte alta del barrio El Amparo.

Recordó que la noche del 22 de enero se acostó temprano. “Un poco antes de las 11:00 pm, mi nieta menor se levantó llorando porque su mamá no estaba. Me imaginé que estaba en la casa de su tía, un poco más abajo del sector. Cuando me asomé, escuché el alboroto de la protesta”, detalló.

Relató que esa madrugada no pudo dormir. A las 2:00 am manifestantes del sector tocaron el timbre de su casa mientras gritaban pidiendo auxilio.

“¡Bajen, bajen qué mataron a Maholy!, gritó uno de los muchachos”, cuenta Yusmary. Apenas vio la sangre en las manos de esos muchachos levantó a sus demás hijos y corrió hasta el sitio. La escena que imaginó no se compara a lo que vio cuando halló a su hija tirada en el suelo boca arriba y sin vida.

Stefany nunca culminó sus estudios universitarios como tenía previsto para este año. Ella quería ser docente. Su madre explicó que la joven postergó su formación profesional luego de tener a su segunda hija, a los 18 años. Apenas tenía dos semestres en la universidad.

“A ella la conocía todo el mundo”, dijo uno de los muchachos que protestó junto a Jajoy. Y agrega que Stefany era muy popular por su personalidad extrovertida. En 2017 fue despedida de su trabajo en una pollera del sector, luego que anunciaran el aumento de salario mínimo. Ante la imposibilidad de pagar la universidad donde estudiaba Stefany se dedicó a ser ama de casa y trabajar con su madre.

Las otras heridas

Los informes que documentan las heridas sufridas por Stefany discrepan entre sí. La familia asegura que vio y palpó los cuatro impactos de bala que recibió por la espalda, como parte de la arremetida de los funcionarios de las FAES, que presuntamente iban acompañados con “colectivos” que operan en la zona.

“Los muchachos me dijeron que fueron las FAES y no lo dudo. Ellos actúan así”, detalló Natera, quien describió que los oficiales estaban vestidos completamente de negro y usaban máscaras. “Stefany corrió, pero los del FAES le dispararon en la espalda”, asegura Yusmary Natera.

Unas horas antes de que asesinaran a Stefany, uno de los jóvenes que también participaba en la protesta contra Maduro fue herido de bala, justo cuando los funcionarios del FAES irrumpieron en el barrio y arremetieron contra los manifestantes. Pero ese joven no falleció.

Después de que Stefany fue abaleada, aseguran testigos consultados por Proiuris que accedieron a suministrar información bajo reserva de su identidad, las FAES se replegaron por varios minutos, los necesarios para que sus familiares llegaran al lugar y cargaran con el cadáver hasta su casa.

 

Videos de lo ocurrido en El Amparo, difundidos por  redes sociales, evidencian que había funcionarios de las FAES reprimiendo a los manifestantes. Los oficiales tenían armas largas y estaban, en su mayoría, encapuchados.

Yusmary Natera da cuenta de otras heridas y teme que no sanaran pronto: “Ahora tengo que cuidar a mis dos nietas. No creo que se vaya hacer mucho, porque los que mataron a mi hija son los mismos policías. En el Cicpc, la última vez que mi esposo fue averiguar cómo iba el caso solo le dijeron: se está investigando. Solo creo en la justicia divina”.

#MonitorDeVíctimas | Faes mató a tres jóvenes señalados de quemar casa de la alcaldesa de El Tocuyo

 

 

ERAN LAS 2:00 DE LA TARDE DEL VIERNES 25 DE ENERO. Cristian Alejandro Ramos, de 17 años, jugaba en su computadora Canaima, esperaba a su tío para trabajar en el piso del cuarto que construían juntos, en el mismo terreno donde está la casa de su madre, ubicada en el sector El Bosque de El Tocuyo, municipio Morán del estado Lara.

A Ramos lo acusan desde el gobierno municipal, de haber intentado quemar la casa de Gisela Rodríguez, la alcaldesa de El Tocuyo, junto a los hermanos José Alfredo (24 años) y a Anderson Torres Cortez (17 años), durante las protestas del 23 de enero en la noche que se presentaron en varios puntos de la ciudad morandina, señalamiento que desmienten sus familiares y vecinos.

“A Cristian lo sacaron de su cuarto, su mamá gritaba y él también. Lo llevaron a la casa de los hermanos [Torres Cortez]. Allí los torturaron y los mataron. Eran demasiados funcionarios, nos apuntaban por las ventanas y nos mandaban a encerrarnos en los cuartos. Fue una especie de toque de queda que impusieron mientras los mataban”, cuenta una de las vecinas del sector.

En el terreno de los Torres Cortez hay dos casas, en “la de abajo” como ellos la describen, era donde estaban los hermanos cuando llegaron los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), con pasamontañas, armados y apuntando a todas las personas que veían en su camino.

“Ellos acaban de hacer el porche de la casa… lo hicieron para que los velaran ahí”, dijo entre lágrimas la viuda de José Alfredo y madre de un niño de cuatro años.

La mamá de Cristian escuchaba que los muchachos gritaban, pero no podía salir porque los funcionarios que tenían la zona rodeada se lo impedían y le decían: “Vete para allá vieja chismosa … en vez de estar pendiente de los choros cuando están robando …”.

Vecinos aterrorizados

En la comunidad El Bosque, todos sus habitantes querían hablar al mismo tiempo, cada uno relataba lo que vivió, lo que conocían de los tres jóvenes asesinados y sobre el miedo que ahora tienen por lo que ocurrió.

“Igualmente vamos a denunciar todo esto, porque no podemos esperar que se repita una masacre”, declararon.

Los habitantes de la comunidad tienen temor por la vida de sus hijos, porque han observado durante el día y la noche a patrullas de la policía y a funcionarios del Faes rondando las calles de tierra de esta humilde barriada.

“Esta vez fueron a ellos -señalando a los familiares de los asesinados- pero mañana podría ser en contra de nuestros hijos. Ahora hay que tenerle más miedo a ellos que a los malandros”, dijo un vecino que relataba lo que vivió esa tarde.

La tarde del suceso mandaron a desalojar a quienes vivían en un perímetro aproximado de 30 metros a la redonda de la casa de los hermanos Torres Cortez. A las personas que caminaban por las calles las devolvían y no las dejaban pasar.

Durante nueve horas, los habitantes de El Bosque sufrieron porque no sabían a quiénes habían matado ni a cuántos.

Casi a las 11:00 de la noche los vecinos pudieron volver a sus casas y saber qué había pasado. En el caso de las personas que los funcionarios mantuvieron encerradas desde las 2:00 de la tarde, sin agua y sin alimentos, en cuartos calientes, al fin pudieron salir.

Resistencia a la autoridad

En la reseña del cuerpo policial donde detallan el hecho donde murieron los tres jóvenes de El Bosque, se lee que hubo resistencia a la autoridad y posterior enfrentamiento con los funcionarios del Faes y del Cicpc que los acompañaban. Se indica que incautaron dos escopetas y un escopetín.

“Eso es mentira. Esos muchachos no eran ningunos azotes como han intentado hacer creer, que muestren esos supuestos antecedentes por homicidio y droga, no existen… muestren también el vídeo donde supuestamente estaban protestando alrededor de la casa de la alcaldesa, que lo muestren”, expresaban los vecinos con indignación.

Los habitantes de la zona señalaron a los funcionarios del Cicpc apodados “El Bomba” y “El Nariz”, como los funcionarios que guiaron a los del Faes hasta la casa de los Torres Cortez.

Dos pensaban en emigrar

Cristian Alejandro, próximo a graduarse de bachiller, tenía el cabello rojizo, por eso le decían “el ruso”. Le había dicho a su familia que quería emigrar a Perú, para trabajar y ayudarlos a todos. Mientras tanto, terminaba de construir una pieza en el terreno donde vive su madre.

“Cada platica que agarraba cuando iba a la finca a trabajar con el papá o limpiando solares, la invertía para su cuarto, ese día íbamos a echar el piso. Él tenía visión de futuro, le gustaba ser ordenado y yo puedo dar fe que el 23 en la noche estaba con nosotros y se acostó a dormir como a las 11:00”, relata uno de los tíos quien exigió a las autoridades que mostraran los antecedentes del niño.

José Alfredo, el mayor de los tres, había ido con su mamá al banco ese día, más temprano, porque estaba juntando efectivo para irse a trabajar a Colombia, debido a que la situación económica no era favorable para la familia Torres Cortez.

Ninguno de los dos pudo cumplir su meta de emigrar para ayudar a sus familias.

“Esto no es posible, no puede ser que porque seamos humildes nos tengan pisoteados. El vandalismo está de lado del gobierno. Esto duele, yo no estoy defendiendo a ningunos delincuentes ¿por qué el gobierno más bien nos le dio una oportunidad de trabajo, una beca de estudios y los apartaban de la pobreza en vez de perseguirlos como criminales?”, dijo entre sollozos otro tío de los jóvenes.

Alcaldía les regala una bolsa Clap

El sábado, un día después de la masacre, dos funcionarios de la alcaldía fueron a las casas de los familiares de Ramos y de los hermanos Torres Cortez, para entregarles unas bolsas de comida Clap y a preguntarles si necesitaban dinero para el pago de los entierros.

Ambas familias rechazaron lo que consideraban un soborno.

“Ellos creen que la vida de nuestros hijos vale una bolsa de comida. Lo que queremos es justicia”, insistieron.

Un representante del consejo comunal rechazó lo que consideró actos vandálicos de los funcionarios del Faes y del Cicpc, quienes después de los asesinatos robaron la bombona, comida, las pilas de las computadoras Canaima y unos zapatos rotos del hermano menor, según su mamá, los únicos que tenía para salir.

“Si cometieron un delito tenían el derecho a tener un abogado, la presencia de un fiscal y lo más importante: el derecho a la vida”, acentúo con sus palabras.

Observatorio Venezolano de Violencia: Hay estados donde la policía mata más que la delincuencia

El OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA presentó su informe anual sobre criminalidad en el país. La ONG califica la situación nacional como una “epidemia de violencia”.

El informe precisa que hubo 10.422 homicidios, 7.523 muertes calificadas como “resistencia a la autoridad” (32,6%), y otras 5.102 muertes en averiguación para un total de 23.047 personas fallecidas por causas violentas durante el año. El número equivale a una tasa de 81,4 por cada cien mil habitantes.

En la lista de los estados más violentos figura Aragua como el primero, con una tasa de 168, seguido de Miranda (124), Bolívar (107), Distrito capital (100) y Sucre (97).

“La violencia presenta nuevos rostros, el empobrecimiento y la letalidad policial, marcadas por las acciones extrajudiciales. Además, surge con fuerza el delito en las zonas rurales, allí donde hay comida”, explicó el director del OVV, Roberto Briceño León. Los números posicionan a Venezuela como el país más violento del mundo en 2018., con una tasa de homicidios muy por encima de Honduras y El Salvador, con los cuales ha disputado el tope de las listas desde hace un lustro.

Cuando la ONG afirma que la violencia ha mutado y que tiene nuevos actores, no solo se refiere a la accción policial sino al crimen organizado. En los cinco estados con mayor cantidad de muertes hay megabandas. Aragua, por ejemplo, está controlado por grupos delictivos que controlan vías de acceso, actividades económicas y hasta espacios públicos. “Han logrado sustituir las funciones del Estado”, apuntó Briceño.

Sigue leyendo esta nota de Víctor Amaya en TalCual

8 países de la región

 

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Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay emitiern un comunicado en el que fijan posición sobre los últimos acontecimientos en Venezuela.

A continuación, reproducimos parte del comunicado:

“Deploramos el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela, que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos.

Condenan el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes.

Hacemos un llamado enérgico al Gobierno venezolano para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos, como lo contempla su Constitución.

Como actual miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados internacionales que sobre el tema ha suscrito y ratificado.

En el marco del apego irrestricto al Estado de Derecho y para lograr la estabilización de la situación en Venezuela, reiteramos la importancia de cumplir el calendario electoral, liberar los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de poderes.

Por último, hacemos un llamado a todos los sectores para no avalar acciones que generen más violencia y manifestamos nuestra convicción de que ha llegado la hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que provea una solución duradera a la crítica situación que se vive en Venezuela”.

11 países de la región piden al gobierno impedir cualquier acción violenta contra manifestantes

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Los Gobiernos de once países de América Latina rechazaron hoy la muerte de seis personas en las protestas que han sacudido Venezuela en los últimos días y pidieron evitar “cualquier acción de violencia” en la jornada de manifestaciones convocada para este miércoles, informó la Cancillería colombiana.

“Manifestamos nuestro profundo pesar y rechazo por la muerte de seis ciudadanos en el marco de las jornadas de protesta que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela en los últimos días y expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares”, reza el comunidad conjunto difundido en Bogotá.

En la declaración, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay reiteran “su rechazo a la violencia”.

Y a propósito de las marchas convocadas para el próximo miércoles por el oficialismo y la oposición, llaman al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a “que garantice el derecho a la manifestación pacífica, tal como lo consagra la Constitución” venezolana.

Además, reclaman a Maduro que “impida cualquier acción de violencia en contra de los manifestantes”.

Mientras que a la oposición le hacen un llamado para que “ejerza con responsabilidad su derecho a manifestarse y así lograr una jornada pacífica donde la gente se exprese con tranquilidad”.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para este miércoles a manifestaciones en contra lo que consideran un “golpe de Estado” y una “ruptura del hilo constitucional” en Venezuela, llamado al que varios gremios y asociaciones civiles han anunciado que se sumarán.

Por su parte, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció hoy que en la “marcha histórica” del chavismo del próximo miércoles se movilizarán unos 60.000 motoristas.

Esta movilización oficialista fue convocada el pasado sábado por el vicepresidente ejecutivo, Tareck el Aissami, para el mismo día en que la oposición ya había anunciado que irá hacia el centro de la capital partiendo desde 26 puntos distintos.

Claves para entender la violencia de 2014
La investigación del Observatorio Venezolano de Violencia no solo reveló que en Venezuela ocurrieron 24.980 homicidios en 2014. El estudio sorprendió con algunos hallazgos: únicamente los pobres extremos están libres de secuestro, ya no queda en el país un pueblito donde se pueda dormir con la puerta abierta, la gente trabajadora ahora se rebusca delinquiendo, ni lo chavistas creen que Nicolás Maduro pueda resolver el problema de la inseguridad y “las condiciones económicas y la pobreza no son las causas de la delincuencia”

@ronnarisquez

MIENTRAS EVALUABAN LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA que asfixia al país, investigadores de siete universidades identificaron algunas tendencias significativas y preocupantes para muchos. Roberto Briceño León, sociólogo y líder del OVV, explicó algunas mutaciones y nuevas modalidades de delitos que debutaron en 2014, y además plantea debates sobre algunos mitos como la vinculación entre la agudización de la violencia del venezolano, la crisis económica y la escasez.

1. Expansión del delitos hacia pueblos antes apacibles

En Venezuela ya no queda un pueblo seguro, de esos donde la gente dormía con la puerta de la casa abierta. Esos cuentos ahora sí son historia. “Básicamente se observa que en ciudades medianas y pequeñas como Río Caribe y Cumanacoa, por ejemplo, se está registrando una actividad delictiva similar a la que ocurría en Cumaná. Igual ocurre en Lara ,el delito ya no se concentra en Barquisimeto sino que ahora se ha expandido hacia Sanare y Quibor. Sucede lo mismo en Miranda, la inseguridad no es solo en la Gran Caracas sino que pueblos como Caucagua son azotados por la criminalidad”, explicó Briceño León.

Sobran víctimas y hechos para ilustrar sus ejemplos. El domingo 20 julio fue asesinado el alcalde de Río Caribe, Enrique Franceschi. La semana pasada fue herido de bala el alcalde de Cumanacoa, Jesús Aníbal Velásquez. El móvil de ambos  hechos fue el robo, según versiones oficiales.

Adicionalmente el pasado viernes 26 de diciembre decenas de temporadistas fueron víctimas de un asalto colectivo en la tranquila y hermosa playa de Arapito (en la frontera entre Sucre y Anzoátegui). Un grupo de siete hombres con fusiles AR-15, que llegó en un peñero, despojó a los turistas de todas sus pertenencias.

Otra manifestación de esta novedosa realidad la viven a diario los moradores y visitantes de los pueblos que están en la frontera de Aragua y Guárico. Allí opera una poderosa organización delictiva, liderada por José Antonio Tovar Colina, alías “El Picure”. En noviembre de este año ese grupo protagonizó la matanza de 11 personas en la finca San Juan de Dios, en la localidad de El Sombrero. Extorsiones, secuestro de vehículos, cobro de vacuna y robo de camiones son algunos de los delitos a los que se dedica esta banda.

“La propensión general observada por los distintos equipos de investigación es hacia la expansión del delito violento en todo el territorio nacional. Zonas que hasta hace poco tiempo eran seguras, se han convertido en territorio de las bandas armadas que agreden y extorsionan a sus habitantes”, señala el informe de la OVV.

2. El delito como rebusque

“Se trata del rebusque del individuo que puede tener un trabajo y que en medio del trabajo puede cometer un delito. Un motorizado que trabaja de 9:00 am a 5:00 pm, que en su ruta al trabajo le roba el celular a una mujer y luego sigue a su trabajo. Ese no es un delincuente profesional pero comete delitos. La gente que entra a los supermercados y tiendas y va sacando mercancía. Eso empieza a existir de una maner más generalizadas: delitos cometidos por no delincuentes. Estas acciones se ampara en la gran impunidad”, señaló el especialista.

Los investigadores tienen su visión del asunto. “No creemos que las condiciones económicas y la pobreza sean la causa de la delincuencia. Este país ha tenido una gran bonanza económica y la criminalidad no ha dejado de crecer. El problema aquí son las políticas públicas equivocadas, el quiebre de la normativa y la impunidad. Eso es lo que explica para nosotros el incremento de la violencia”, aseguró con convicción Roberto Briceño León.

El contrabando (bachaqueo) y la reventa de productos regulados son otras actividades al margen de la ley que cada vez ganan más adeptos entre los venezolanos que pertenecen al mercado laboral formal.

En el Zulia, los taxistas han dejado sus trabajos para vivir de la venta de gasolina en la frontera, mientras que las domésticas dejaron ir a trabajar porque ganan más haciendo colas para las mafias de bachaqueros que negocian productos regulados.

3. El secuestro para todos

“Históricamente es un delito que había afectado a los sectores de más altos ingresos y allí se siguen cometiendo. Sin embargo se ha generalizado el secuestro donde las víctimas son de la clase media y la clase trabajadora. Los únicos que no son víctimas del secuestro son las personas que están en pobreza extrema. Hay casos de mototaxista que tienen que vender la moto para pagar el rescate por algún familiar. Lo que se puede ver en las encuestas de victimización es que en la mitad de los secuestro las víctimas son gente de la clase D”, indicó el sociólogo Briceño León, quien agregó que la mayoría son plagios express y que los delincuentes esperan recibir el recate en efectivo.

Hacia esa nueva práctica delictiva han migrado asaltantes de quintas y ladrones de banco. El delito es rentable y con una alta tasa de impunidad. Aunque la política tácita en los cuerpos de seguridad es: “muerte a los secuestradores”. Algunas ONG comienzan a documentar la ejecución generalizada de plagiarios cuando son cercados por la policía.

En 2014 ocurrió un presunto secuestro que marcó una diferencia con respecto a los plagios habituales. La periodistas Nairobi Pinto, vinculada a la líder de un movimiento político de oposición Gaby Arellano, estuvo desaparecida durante más de una semana. Aunque el hecho se manejó y fue denunciado como un secuestro, los supuestos plagiarios nunca exigieron pago de rescate ni hicieron contacto con los familiares de la víctima. Sin ninguna negociación la joven fue liberada. Se manejó la tesis del plagio por motivaciones políticas.

4. Policías que buscan “justicia” y aplican pena de muerte

“El año que concluyó ha visto también un incremento en el asesinato de funcionarios policiales… Hay una desmoralización cada día mayor en los cuerpos policiales, quienes además de ser victimizados se sienten sin autoridad y sin apoyo. Hay un abandono de la carrera policial por muchos funcionarios honestos quienes opinan que no tienen ni la remuneración ni el respeto que su profesión merece”, dice el estudio.

Las autoridades calculan que la menos 250 murieron a manos del hampa en todo el país el año pasado. En Caracas durante el 2014 fueron asesinados más de dos policías por semana, 132 en total. La mayoría de estos casos permanecen impunes, lo que genera impotencia y resentimiento en el grupo afectado.

“La respuesta de los funcionarios policiales que han visto fallecer a sus compañeros ha sido igualmente violenta. Muchos policías tampoco creen en la justicia de los tribunales y han decidido tomar justicia por mano propia. Todo lo cual ha redundado en un ambiente de mayor violencia y agresividad en el país muy marcado y fuerte. Lo que termina ocurriendo es que esos policías están matando a quienes los matan”, indicó Briceño León.

Según el experto esto se convirtió en círculo donde la pena de muerte parece ser la fórmula para dirimir todo. Los delincuentes matan a los policías para robarle las armas y las motos, y porque son policías. Y los policías matan a los delincuentes porque son delincuentes y no confían en el sistema de justicia.

Esto además deriva en un incremento en la ejecuciones extrajudiciales. “No hay manera de detener eso porque no se cree en la justicia y la justicia lo que hace es pacificar a la sociedad. En estos caso, se da un interaccion de más violencia. Los policias matan, los delincuentes matan y la sociedad se hace más violenta”, agregó el experto.

Amparados también en la impunidad los policías aplican estas prácticas violatorias de los Derechos Humanos, como el incidente ocurrido el pasado 7 de octubre en el edificio Centro Manfredir Quinta Crespo. Allí fueron presuntamente ajusticiados 5 miembros del Frente 5 de Marzo durante un procedimiento realizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Entre los argumentos ofrecidos por el director del Cicpc, comisarios José Sierralta, para explicar la acción destaca que las 5 personas fallecidas (entre ellas José Miguel Odremán, líder del grupo cercano al gobierno revolucionario) estaban involucradas en una serie de homicidios. Una de las víctimas de estos presuntos crímenes cometidos por el colectivo fue Francisco Antonio Viloria, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, asesinado en Cotiza el 9 de enero de 2014.

Pese a que la acción generó una fuerte presión de estos grupos, denominados colectivos y el Ministerio Público emitió órdenes de captura para 8 funcionarios del Cicpc, el caso sigue impune. Los policías lograron evadirse. Solo el ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, pagó con su cargo por el exceso cometido.

5. Privatización de la seguridad y de la justicia

“Es la expansión también peligrosa de grupos armados que se sienten con autoridad para aplicar la ley. Es como si en tu vecindario contrataras a un grupo de gente para cumplir funciones de seguridad ciudadana, en lugar de la policía. Ese es un proceso incivilizado. Para nosotros eso es la privatización de las seguridad y es contrario al estado de derecho y al proceso civilizatorio”, explicó Roberto Briceño, refiriéndose, sin nombrarlos, a los colectivos armados que en teoría defienden la revolución bolivariana.

“Muchos han limpiado la venta de drogas de sus barrios, pero luego se encargan ellos del negocio de la droga. Esto es una irregularidad. El gobierno es quien debe tener el monopolio de las armas y no grupos privados”, apuntó.

Incluso en las declaraciones de algunos miembros del Frente 5 de Marzo queda claro que el enfrentamiento entre este colectivo y el Cicpc está relacionado con una disputas por el tráfico de drogas. Según explicó uno de los líderes de esta organización, funcionarios del Cicpc protegían a un traficante del barrio José Gregorio Hernández de Cotiza, que ellos obligaron a salir del lugar.

Por ejemplo, estos grupos colaboraron con las autoridades en el desalojo de la Torre de David y el Centro Comercial Sambil de la Candelaria, que habían sido tomados por invasores y damnificados.

“La presencia de grupos que hacen ostensivo su carácter armado, retando el monopolio de la fuerza y de las armas del Estado, ha tenido durante este año un efecto en la sociedad mucho mayor que el restringido a sus zonas de actividad. Sus amenazas a los funcionarios y la destitución de las autoridades que intentaron aplicarles la ley, enviaron un mensaje profundamente negativo al país”, refiere la investigación del OVV.

6. Ni los chavistas creen que Nicolás Maduro pueda frenar la inseguridad

“Más de 90% de la gente no confía en la capacidad del gobierno de responder al problema de la inseguridad y de controlar el delito. Con Hugo Chávez la gente pensaba que él no era responsable de la inseguridad y que sí podía resolver el problema. Ahora aproximadamente 90% de los consultados piensan que Maduro no puede combatir la delincuencia, esto incluye a un grueso importante del chavismo que no confía en la capacidad del Presidente para atender esta materia”.

Lo que en algún momento los líderes del gobierno calificaron como una “sensación de inseguridad” tiene cada vez más víctimas y casos concretos. En 2014 ocurrieron 24.980 asesinatos, con una tasa de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes y Venezuela se ubicó como el segundo país del mundo con más homicidios, según un ranking de la Organización Mundial de la Salud.

En la lista de víctimas están los nombres de una ex Miss Venezuela, un alcalde, un concejal y un diputado del oficialismo.

El año pasado arrancó con el asesinato de la ex miss Venezuela, Mónica Spear. La joven actriz fue atacada por delincuentes armados el 6 de enero, cuando viajaba por una carretera del estado Carabobo junto a su esposo Tomás Berry y su hija Maya. Ella y su pareja murieron al recibir varias heridas de bala, mientras que la niña sobrevivió.

En 26 de abril fue asesinado Eliécer Otoaiza, presidente del Concejo Municipal de Libertador y dirigente del oficialismo. El también ex director de la Disip recibió cuatro disparos y su cuerpo fue encontrado en Turgua, municipio El Hatillo. Presuntamente fue sometido pode delincuentes, la mayoría adolescentes, que lo mataron para robarle el vehículo y sus pertenencias.

El 1ro de octubre fueron localizados en su residencia de La Pastora, los cadáveres del diputado del Psuv, Robert Serra y su asistente María Herrera. Ambos fueron asesinados con armas blancas y amarrados ya amordazados con tirro. Los presuntos homicidas se llevaron del lugar armas y dinero en efectivo. Aunque el Gobierno insistió en demostrar que se trataba de un crimen por encargo planificado por paramilitares Colombianos y el ex presidente Alvaro Uribe. Pero hasta la fecha no hay ningún elemento que permita demostrar esta tesis. Hay 11 personas detenidas, entre ellas uno de los escoltas del parlamentario que era funcionario de la Policía de Caracas. Versiones policiales indican que móvil del crimen fue el robo.

A esta lista de personalidades víctimas del hampa se sumó recientemente el ex jugador de la NBA, Carl Herrera, quien fue herido de bala por asaltantes que lo despojaron de sus prendas. El incidente ocurrió el sábado 20 de diciembre en un restaurante en la vía de Playa El Agua, en la isla de Margarita. El primer NBA venezolano (solo hay tres) se recupera de la lesión ocasionada por el proyectil.

7. La que hay que cambiar

El mensaje. “Para nosotros hay que enviar mensajes, y cambiar los mensajes. No es lo mismo ser un delincuente que un trabajador honesto, no es lo mismo quien cumple la ley que quien la infringe y eso es algo que hay que reforzar en la gente”, explicó Roberto Briceño León.

Más policías. “Es necesario aumentar la protección de las personas. Combinar la labor de las policías y la seguridad privada para la gente, no solo para las personalidades, como escuche que pretenden hacer”, apuntó.

Aplicar la ley. “Es necesario disminuir la impunidad y aumentar el castigo. Hacer cumplir la ley. No se gana nada aumentado la severidad de las penas, se gana aumentando la severidad de la ley”, recomendó el experto.

Venezuela es el segundo país con más homicidios en el mundo

@ronnarisquez

sucesos 13/07/12 foto:ricardo marapacuto

 

El estudio realizado cada año por Observatorio Venezolano de Violencia revela que la tasa de homicidios en el país aumentó a 82 por cada 100 mil habitantes y coloca a Venezuela como la segunda nación del mundo en la que ocurren más asesinatos, cierra 2014 con 24.980 descesos violentos. La mitad de las víctimas de secuestro pertenecen a la clase “D” y 90% de la población no cree que el Gobierno de Nicolás Maduro pueda resolver el problema de la inseguridad

 

Ni Patria Segura, ni los Cuadrantes de Seguridad ni la Gestión Perfecta de la ministra Carmen Meléndez han logrado frenar la acción del hampa en el país. Venezuela cerrará 2014 con 24.980 homicidios, según proyecciones de los investigadores del Observatorio Venezolano de Violencia. Esta cifra supera por 217 asesinatos a los 24.763 crímenes registrados en 2013 y ubica a Venezuela como el segundo país más violento del mundo con una tasa de 82 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Esta tasa muestra un leve incremento con relación a la reportada para el año 2013, una vez ajustada la base poblacional del cálculo, lo cual indica que no han existido avances en el control del delito y la violencia en el país, a pesar de los importantes anuncios y planes desarrollados por las autoridades”. dice el informe del equipo liderado por el sociólogo Roberto Briceño León.

El estudio explica que con esta tasa, o con otra todavía más conservadora calculada por la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO, 2014), “Venezuela está ubicado como el segundo país con la más alta tasa de homicidios del mundo, sólo superado en su magnitud por Honduras (con una tasa de 104 por 100mil/hab.), que ocupa el primer lugar. En Venezuela se cometen muchos más asesinatos que en países considerados tradicionalmente violentos como Jamaica (con una tasa de 45 por 100mil/hab.), El Salvador (con 44 por 100mil/hab. ), Colombia (44 por 100mil/hab. ), Brasil (32 por 100mil/hab.) o México (22 por 100mil/hab.)”, indica el documento, que fundamente esta clasificación en el último informe de la Organización Mundial de la Salud.

La evaluación realizada por el OVV en todo el país alerta sobre “la propensión general observada por los distintos equipos de investigación es hacia la expansión del delito violento en todo el territorio nacional. Zonas que hasta hace poco tiempo eran seguras, se han convertido en territorio de las bandas armadas que agreden y extorsionan a sus habitantes”.

“La censura oficial a los datos de criminalidad y violencia que por once años ha tenido el país, nos obliga nuevamente a los investigadores de las siete universidades nacionales que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia a ofrecerle al país nuestras estimaciones de muertes violentas en el año que está próximo a concluir”, indica el informe.

Luego describe los parámetros que tomaron en consideración para el levantamiento de la data. “A partir de las informaciones parciales a las cuales tuvimos acceso en distintos lugares del país y del análisis del comportamiento violento y de las políticas públicas en materia de seguridad, procedimos a realizar la estimación de: (1) las muertes violentas de los casos de homicidios,  (2) las averiguaciones de muerte y  (3) las víctimas por resistencia a la autoridad, de manera separada”.

 

El rebusque como delito y la popularización del secuestro

El documento explica que  los investigadores  han observado “un incremento del hurto y el robo cometidos por delincuentes no profesionales. Amparados en la impunidad, en la desesperanza de la población que no denuncia a las autoridades los delitos de los cuales ha sido víctima y en la falta de respuesta de las policías, se ha generalizado en una parte de la población un comportamiento delictivo amateur como modo de vida, como un medio aceptado del “rebusque” para completar los ingresos o adquirir un bien de consumo deseado”.

Roberto Briceño León explica que se trata de personas que forman parte del mercado laboral formal y que en paralelo se “rebuscan” cometiendo delitos. “Por ejemplo, el motorizado que tiene su trabajo de 8:00 am a 5:00 pm y que caminó a sus labores le arrebata el celular o la cartera a una mujer”.

El secuestro y la extorsión son otros delitos que se han popularizado. Ahora afectan a cualquier personas de cualquier estrato social.  “Se han generalizado en los distintos sectores sociales. El secuestro pasó de ser un delito que golpeaba a los grupos de altos ingresos a ser mayoritariamente un delito que afecta a la clase media y los trabajadores. La extorsión de los transportistas, comerciantes y constructores por grupos violentos que exigen un pago regular para poder permitir la actividad se ha generalizado a los medianos y pequeños actores económicos”, indica el informe.

Pero la situación es tan crítica que Briceño León asegura que las víctimas de la mitad de los secuestros que ocurren en el país pertenece a la clase “D”. “Solo las personas en pobreza extrema no son víctimas de secuestros en estos momentos en Venezuela”, dijo el experto.

 

Policías, exterminio y colectivos

El estudio realizado por expertos de siete universidades del país también se refiere al asesinato de policías. “El año que concluye ha visto también un incremento en el asesinato de funcionarios policiales. En Caracas durante el 2014 fueron asesinados más de dos policías por semana, en Carabobo poco más de uno, en Aragua poco menos de uno. Hay una desmoralización cada día mayor en los cuerpos policiales, quienes además de ser  victimizados se sienten sin autoridad y sin apoyo. Hay un abandono de la carrera policial por muchos funcionarios honestos quienes opinan que no tienen ni la remuneración ni el respeto que su profesión merece. Al salir muchos se dedican a la seguridad y protección privada”.

Según los investigadores la respuesta de los funcionarios policiales que han visto fallecer a sus compañeros ha sido igualmente violenta. “Muchos policías  tampoco creen en la justicia de los tribunales y han decidido tomar justicia por mano propia. Todo lo cual ha redundado en un ambiente de mayor violencia y agresividad en el país”, dice el documento.

Al abordar el tema de la violencia en Venezuela es imposible obviar a los colectivos armados o grupos paramilitares que operan en las ciudades. “La presencia de grupos que hacen ostensivo su carácter armado, retando el monopolio de la fuerza y de las armas del Estado, ha tenido durante este año un efecto en la sociedad mucho mayor que el restringido a sus zonas de actividad. Sus amenazas a los funcionarios y la destitución de las autoridades que intentaron aplicarles la ley, enviaron un mensaje profundamente negativo al país y a los propios funcionarios policiales quienes se sintieron una vez más desamparados por quien debía apoyarlos y reforzar su autoridad”.

Adicionalmente, el informe indica que “se ha dado un proceso de mayor estructuración del delito organizado y de mayor ampliación de sus actividades. Venezuela continúa siendo una plataforma privilegiada para el transporte de droga hacia Europa y Estados Unidos y para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En su paso por el país una parte de la droga se queda en el territorio y debe buscar nuevos compradores. En los centros de salud se ha observado una presencia creciente de consumidores no solo de la cocaína, sino también de la heroína”. El consumo siempre ha sido considerado un marcador del trádfico por expertos.

 

90% de la gente no confía en el Gobierno

La investigación del OVV se fundamenta, entre otros instrumentos, en encuestas de victimización, que revelan que más de 90% de los venezolanos no cree que el gobierno de Nicolás Maduro sea capaz de resolver el problema de la inseguridad. “En los estudios de opinión realizados empleando encuestas por muestreo, hemos encontrado que hay un incremento en el miedo de las personas. Estas dejan de realizar actividades, regresan a casa y se encierran más temprano y confían más en la protección de sus vecinos que en la policía. Las personas no se sienten protegidas por las autoridades y perciben que no hay justicia ni castigo. Menos del 10% de la población confía en la capacidad del gobierno para enfrentar eficientemente el delito y restaurar la seguridad”.

Ante estos resultados,  Roberto Briceño asegura que: “El país necesita ser pacificado y reconciliado, para ello es necesario devolverle a la norma social y la ley su capacidad de regular las relaciones sociales, solucionar conflictos y propiciar el encuentro de la población”.