Nadia Madros Ceballos, autor en Runrun

Nadia Madros Ceballos

OVCS: Trabajadores siguen liderando las protestas en exigencia de salarios dolarizados y suficientes
La exigencia de mejores salarios, la falla de los servicios públicos y el irrespeto a los derechos políticos son las principales razones por las que se protesta en Venezuela

Foto: @el_pais

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 762 protestas durante el mes de febrero pasado es decir, unas 25 protestas diarias. Lo que representa un aumento del 25% en comparación con el mes de febrero del año pasado. 

Desde el año 2014, las protestas en Venezuela han sido una respuesta a la profunda crisis económica, social y política del país. 

Las personas han decidido salir a las calles, para expresar su descontento ante la inflación, la inseguridad, los bajos salarios, la escasez de alimentos y medicinas, entre otros aspectos. 

Todo esto ha generado frustración y descontento en la población, incluyendo las profundas tensiones políticas y sociales que existen en el país.

Estas manifestaciones han sido protagonizadas por una amplia variedad de grupos, desde estudiantes hasta líderes políticos de oposición. 

Los hechos mencionados se exponen detalladamente en el informe “Conflictividad Social”, en el que se enumeran las situaciones que han causado cada manifestación, las cuales se han podido clasificar de la siguiente manera:

Los trabajadores lideran las protestas, exigiendo salarios dolarizados y suficientes. Asimismo, no han parado las protestas por servicios básicos.

Las concentraciones se mantienen como la principal forma de protesta, seguida de marchas y cierres de calles. 

Los jubilados y pensionados no se quedan atrás, exigiendo pensiones dignas y respeto a los derechos laborales, junto con los trabajadores y empleados públicos en algunas jornadas.

Igualmente, los conductores de transporte público, a nivel nacional, protestaron para exigir tarifas de pasaje ajustadas con el precio dolarizado de combustibles y demás productos y servicios.

En el estado Bolívar destacaron las protestas de vecinos y comerciantes, debido a los cobros excesivos y amedrentamientos por parte de la empresa privada de recolección de basura Fospuca.

Los estudiantes y opositores al gobierno exigieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la habilitación de puntos de registro electoral en cada municipio y universidad del país.

Padres y representantes han manifestado en rechazo a la amenaza de los entes gubernamentales de sustituir a maestros en las escuelas por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), integrantes del Programa Chamba Juvenil, y de las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBCH).

Defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil denunciaron amenazas y amedrentamiento contra los participantes de las manifestaciones pacíficas. Documentándose 13 protestas reprimidas en 9 estados.

Protestas por regiones

Por otra parte, en el informe se expone la cantidad de protestas documentadas según la región o zona del país. Las cifras se detallan a continuación.

Se registraron 676 protestas en febrero de 2023 por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, es decir, un 89% de la cifra total. Adicionalmente, el 11% restante corresponde a 86 protestas por Derechos civiles y Políticos.

Geográficamente hablando, el estado Anzoátegui lideró el índice de protestas con 76 de ellas, seguido de 66 en Portuguesa, 59 en Bolívar, 55 en Lara y 54 en Mérida. Siendo estas las 5 entidades con más registros. 

De las 1.262 manifestaciones documentadas durante el mes de enero, 401 fueron combinadas, es decir, los ciudadanos exigían más de un derecho.

De las 762 protestas documentadas en febrero, en 577 se exigieron derechos laborales, lo que equivale a un promedio de 19 diarias (76% del total). Lo que representa un aumento de 146% en comparación con febrero de 2022, cuando fueron 235.

De las 577 exigencias laborales documentadas durante el mes de febrero, en al menos 478 participaron docentes de todos los niveles educativos, acompañados de personal administrativo y obreros, lo que equivale al 86%. En comparación con el año anterior, aumentaron un 939%.

En febrero se registraron 29 protestas para rechazar y denunciar las fallas en el sistema de abastecimiento de agua potable. Además de 13 protestas en reclamo a las faltas de energía eléctrica y 6 protestas por gas doméstico.

Siguiendo con los servicios básicos, se documentaron 12 protestas exigiendo la recolección eficiente de residuos sólidos, 9 protestas exigiendo a las autoridades la reparación de vialidad y 7 protestas para pedir la limpieza de canales de aguas servidas. Todo esto con la finalidad de mitigar problemas de salud y medioambientales.

Durante febrero, habitantes de 12 estados del país protestaron para denunciar la falta de combustible. Miranda, con 4 protestas, seguido de Anzoátegui con 3, fueron los estados que lideraron el índice de las 20 protestas por falta de combustible.

Los derechos Civiles y Políticos más exigidos en febrero fueron: derecho a la participación política (51), derecho a la justicia (40), y derecho a la manifestación pacífica (12).

Ida y Vuelta, arte para generar memoria sobre la violencia y resistencia en Venezuela
Ida y Vuelta utiliza diferentes formas de arte para generar huellas en la memoria colectiva del país y cuenta con miembros de diferentes disciplinas
Varias organizaciones apoyan este proyecto que  promueve la sana convivencia y el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela
Durante la reunión, los participantes compartieron sus experiencias adquiridas en el programa y cómo estas han repercutido en sus vidas

 

Foto: @Reacin_Vzla

El jueves 9 de marzo del 2023 a las 5:00 p.m. la Red de Activismo en Investigación por la Convivencia (REACIN) presentó su proyecto más reciente, Ida y Vuelta. 

A través de la plataforma Zoom los participantes, Manuel Llorens, Verónica Zubillaga, Héctor Torres, Xiomara Jiménez, Lucas García, Eduardo Burger y Ryan Lynus conversaron acerca de la iniciativa.

Ida y Vuelta es una red compuesta por artistas, activistas comunitarios e investigadores sociales, que se enfoca en reflexionar y ofrecer herramientas para producir testimonios, registros históricos y visibilización de experiencias de violencia y resistencia en Venezuela

Este proyecto utiliza distintas formas de arte, como la escritura, las artes plásticas, el cine, el cómic, la fotografía y la radio, para generar huellas en la memoria colectiva del país. Asimismo, cuenta con miembros de diferentes disciplinas, como narradores, artistas plásticos, ilustradores, guionistas, músicos, psicólogos clínicos y sociólogos. 

Además, ha realizado alianzas con organizaciones como la Embajada de Canadá, La Vida de Nos, Plano Creativo, Crea Música y Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela, quienes apoyan a Ida y Vuelta en su labor de promover la sana convivencia y el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela.

Aprovechando la ocasión para presentar el proyecto que, llevaba más de una década y media ideado, sus integrantes compartieron algunas experiencias adquiridas en el programa y cómo estas han repercutido en sus vidas

El proceso de aprender juntos

El seminario web inició con las palabras de Verónica Zubillaga, socióloga, quien comentó que la idea nace frente a la violencia del Estado venezolano. Mencionó que el año 2014 fue un punto de inflexión para la organización, dadas las condiciones a las que se enfrentaba Venezuela. 

Por consiguiente, Manuel Llorens, psicólogo clínico, expresó gratitud por formar parte de un equipo de artistas activistas, trabajadores sociales y, por supuesto, los afectados, quienes son los protagonistas y principales beneficiados del proyecto.

Continuó agregando lo significativo que ha sido para él observar a las víctimas compartiendo sus experiencias de violencia, ya sean presos por razones políticas o mujeres con hijos asesinados. Todo esto acompañado con imágenes que demostraban el trabajo artístico, las cuales Llorens describió como “significativas y hermosas”.

De manera anecdótica, comentó que en uno de los talleres que Xiomara Jiménez, artista plástica,  impartía a las personas de tercera edad, se les pidió que buscaran como arqueólogos algo representativo para ellos.

Posteriormente, una de las “abuelas” mostró una tarjeta de débito, explicando que su hija la había dejado antes de emigrar y dejar a sus hijos con ella, para enviarle el dinero necesario. Sin embargo, su hija no pudo regresar, pues murió durante la pandemia.

A este hilo de intervenciones se sumaron las palabras de Lucas García, ilustrador y encargado de hacer los documentales basados en las situaciones de los niños vulnerables, quien agregaba que sus métodos se basaban en “distanciarnos de lo visual para escucharnos”.

Igualmente, las del activista y gestor cultural Héctor Torres. En su intervención mostró un video en el que los jóvenes describían los retratos que habían hecho de sus compañeros y comentó que es importante llevar herramientas a los jóvenes que “han pasado por un camino oscuro y necesitan esperanza”, puesto que no solo han encontrado habilidades maravillosas, sino también ternura, esperanza y fe en la vida. 

Otro mensaje significativo fue el del guionista Eduardo Burger, quien expresó los sentimientos que causan en él cada una de las actividades que realizan. Dijo que es “una experiencia increíble, inolvidable y llena de asombro”, en la que llevan la posibilidad de una búsqueda, de desarrollar capacidades y de contar lo que se está viviendo.

“Ante la desolación y devastación, ellos tienen tanto que decir”, enfatizó el guionista. 

Seguidamente, la videoconferencia culminó con la participación de la artista plástica Xiomara Jiménez, que no pudo estar presente en dicho encuentro, pero su participación fue reproducida en un audio, y el músico Ryan Lynus. Hablaron desde el entusiasmo, la gratitud y la existencia de “un mundo de posibilidades”.

Al concluir esta actividad, se mostró un video musical que presentaba una canción escrita por dos jóvenes, titulada: “Anciano en su silla”.

 

Informe expone las estrategias del chavismo para restringir la libertad de expresión durante 24 años
En un informe publicado en febrero de 2023 Transparencia Venezuela muestra los principales hitos en la implementación de la hegemonía comunicacional en el país 
El gobierno venezolano se ha encargado de ocultar tras la frase “Venezuela se arregló” una gran cantidad de problemas en el país, comenzando por la desinformación, el agravio a los medios de comunicación y el hostigamiento a quienes trabajan en ellos

El informe “Un silencio a la fuerza”, realizado por Transparencia Venezuela con apoyo de Canadá y publicado en febrero del 2023 expone las estrategias a las que ha apelado el chavismo durante 24 años para cercenar la libertad de expresión en Venezuela.  

Entre las medidas que han tomado los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se encuentran el cierre de estaciones de radio y televisión, la emisión de leyes que limitan la libertad de expresión y la creación de medios de comunicación estatales para difundir los mensajes que ellos quieren que sean escuchados

Además, se ha intimidado a los periodistas y se ha llevado a cabo la persecución y encarcelamiento de aquellos que han informado sobre temas que no están alineados con los intereses del gobierno. 

Todo esto ha tenido un impacto negativo en el desempeño de los medios de comunicación para informar de manera independiente y objetiva sobre los acontecimientos del país, lo que ha llevado a una mayor dificultad para obtener información precisa y completa, reseña la investigación. 

El informe esta dividido en 2 capítulos y 17 apartados que explican los principales hitos de la censura en Venezuela, que se resumen a continuación.

 

El uso de la violencia: paraestatal y estatal

A partir de 2001, el presidente Hugo Chávez comenzó a considerar a los medios de comunicación como adversarios en una batalla histórica de fuerzas. 

Los eventos de abril de 2002, cuando se produjo un golpe de Estado contra el mandatario, representaron un punto de inflexión en la relación, ya que los medios jugaron un papel importante en la convocatoria y la cobertura de las manifestaciones en contra del presidente, reseña el informe.

Desde entonces, la violencia contra periodistas y medios se volvió más frecuente y se registraron 142 casos de agresiones o inhibitorios contra la acción periodística en 2002. 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señala que algunos grupos organizados y financiados por el chavismo, como los Círculos Bolivarianos, actuaron como grupos de choque para agredir a periodistas y trabajadores de la comunicación social.

Leyes al servicio de la censura

El uso de instrumentos legales, específicamente las leyes de desacato, han servido para  instaurar la censura y autocensura en Venezuela.

Por ello, estas leyes han sido cuestionadas por organizaciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, quienes han expresado la necesidad de abolirlas, ya que violan el derecho a la libertad de expresión. 

Un ejemplo de esta situación se reflejó cuando el presidente del canal noticias Globovisión fue acusado de difamación por expresar su opinión sobre la responsabilidad del presidente Chávez en los sucesos de abril de 2002.

Cierre de medios y sanciones

En Venezuela, se han aplicado sanciones a los medios de comunicación, con el objetivo de silenciar las voces críticas y consolidar la hegemonía comunicacional estatal. 

En octubre de 2022, Espacio Público difundió una investigación que señala que entre 2003 y septiembre de 2022, se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a nivel nacional, lo cual representa el 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años. 

La mayoría de estas medidas se dieron en medio de procedimientos administrativos adelantados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en compañía de funcionarios de cuerpos de seguridad

Sin dejar de lado el cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, líder en sintonía nacional y con una programación variada, pero que en el plano informativo y de opinión criticaba el gobierno de Hugo Chávez.

A pesar de que en septiembre de 2015 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió un fallo a favor de RCTV y exigió el restablecimiento de su señal, el mismo no fue acatado por el Estado.

El monopolio informativo estatal

El chavismo en Venezuela reorganizó los medios de comunicación públicos, después del golpe de Estado en abril del 2002 y en 2006 se puso en marcha el Sistema Nacional de Medios Públicos, con un objetivo adoctrinador e ideológico, para formar la conciencia socialista y silenciar voces críticas, se afirma en el documento. 

El sistema estaba integrado por siete canales de televisión y cinco emisoras de radio, junto con la Agencia Venezolana de Noticias. Asimismo, 244 emisoras comunitarias de radio y 32 estaciones de televisión contribuyeron a difundir y amplificar las voces oficialistas. 

En 2013, el Sistema Nacional de Medios Públicos dio paso al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI) con el objetivo de planificar, coordinar, supervisar, evaluar, asesorar y proponer las campañas informativas, comunicacionales y publicitarias de los órganos y entes del gobierno. 

Según la investigadora Paola Bautista, citada en el informe, la Revolución Bolivariana ha logrado configurar un monopolio comunicacional que sirve a los objetivos político-ideológicos del régimen, sin dejar de lado el secuestro del mensaje real de los medios, con fines propagandísticos.

La censura en la red

El periodismo en Venezuela ha tenido que refugiarse en Internet para informar a los ciudadanos, debido al cierre o control gubernamental de los medios de comunicación tradicionales. 

Sin embargo, también se ha aplicado la censura en este recurso, a través del uso de la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), el ente regulador y las fuerzas de seguridad del estado. 

Se ha utilizado el bloqueo DNS con la finalidad de ocultar algunas páginas de la web. Dicho esto, en febrero de 2014, se bloquearon cerca de 500 sitios web para el acceso desde Venezuela. 

En general, se ha manipulado la velocidad del tráfico de datos hacia ciertos sitios web y redes sociales, para obstaculizar la difusión de imágenes de manifestaciones y acciones represivas.

RRSS como campo de batalla mediática

Las redes sociales han sido utilizadas por el régimen venezolano para amplificar su narrativa, desinformar, publicar noticias falsas y mensajes estigmatizadores hacia sectores opositores.

La mayoría de las tendencias en Twitter del oficialismo se promovieron a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MIPPCI), con el respaldo de millones de tuits, muchos de los cuales fueron generados por cuentas con características de robot.

Además, según un informe de la Universidad de Oxford, Venezuela es uno de los países en los que se ha detectado acción organizada desde el poder gubernamental para desinformar. 

Se sofistica la censura

La profesora Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explica en el informe que en Venezuela los mecanismos de censura y autocensura se han agudizado y sofisticado en el país, para el año 2022.

La intimidación del régimen a las emisoras de radio operaba, anteriormente, a través de exhortos por escrito, pero ahora se hacen llamadas telefónicas, lo que dificulta el registro de las restricciones impuestas. 

La autocensura se produce cuando los medios se abstienen de difundir información sobre temas prohibidos, como las filas para surtir gasolina, la escasez de alimentos y el dólar paralelo.

Balance digital en el último año

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela publicó un informe en el que se evidencian las principales violaciones a los derechos informativos en el entorno digital en Venezuela, durante el año 2021. 

El informe señala que hubo bloqueos de 38 medios de comunicación y 2 organizaciones no gubernamentales, así como 51 agresiones, bajo la categoría de discurso estigmatizante.

También, se registraron incidentes de suplantación de identidad, vulneraciones de la seguridad personal, suspensiones arbitrarias de cuentas en redes sociales y vulneraciones de la seguridad de portales web. 

Aunado a esto, se denunciaron 115 restricciones de acceso a internet, por fallas en el suministro eléctrico y en los servicios de telecomunicaciones. 

El estudio destaca que Venezuela tiene el internet menos libre de la región, según la organización Freedom House. 

Posicionando falsas narrativas

El gobierno de Venezuela ha impulsado diversas narrativas, basadas en la desinformación, incluyendo la popular idea de «Venezuela se arregló».  Todo esto aunque las cifras de inflación siguen siendo altas. 

Sin embargo, Venezuela se ha convertido en uno de los países más desiguales de América Latina, puesto que algunas personas tienen acceso a artículos de lujo o importados, mientras que la mayoría de la población sigue sufriendo. 

Aunque Maduro ha dicho que el país está mejorando, todavía hay mucho por hacer.

Expectativas en el mundo digital para 2023

El régimen en Venezuela ha incrementado su control sobre internet en 2022, no solo enfocándose en portales informativos, sino también judicializando a ciudadanos por emitir sus opiniones en redes sociales. 

Dos personas fueron detenidas y judicializadas por hacer críticas en Twitter contra el presidente del Instituto Nacional de Hipódromos y una señora de 72 años fue detenida por un video humorístico en Tiktok, en el que hacía referencia a Nicolás Maduro. 

La profesora Raisa Uribarrí de la Universidad de Los Andes advierte que la Ley contra el Odio, promulgada en 2017, es utilizada para criminalizar las opiniones, establecer penas y sanciones desmesuradas.

Se espera que en 2023, un año preelectoral, se incrementen los hechos que afecten el derecho de información y expresión en el entorno digital en Venezuela. 

Piden conocer a qué se destinan los recursos que ingresan al país para sincerar debate sobre salarios
La profesora universitaria, Keta Stephany, señaló que el gobierno debe financiar adecuadamente el sector educativo y respetar los derechos de los trabajadores públicos, para garantizar la educación en el país

Foto: @_Provea

 

El 28 de febrero del 2023, en el programa «Diálogo con Román», Keta Stephany, integrante de FAPUV,  PH.D. en estudios del desarrollo, profesora universitaria y miembro del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, y Raúl López Sayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), aseguraron que se deben conocer las perspectivas de ingreso y en qué se está jerarquizando el dinero de los recursos que entran en el país para sincerar el debate sobre salarios dignos.

En Venezuela, los docentes se han mantenido en las calles protestando, en reclamo de un sueldo que esté acorde con el de la canasta básica. El sueldo de un profesor venezolano puede llegar a un máximo de 18 dólares, mientras que la canasta básica se ubica en los 486,87 dólares para el mes de febrero de 2023. 

Han pasado meses desde que los educadores comenzaron a exigir un salario digno y buenas condiciones laborales. Específicamente, plantean tres exigencias: un salario digno indexado al dólar, una negociación colectiva y libertad sindical.

Sin embargo, no se ha llegado a un consenso con los entes gubernamentales, por ello, planean mantenerse en las calles.

Stephany señaló que la remuneración del sector público en Venezuela es un tema complicado, ya que el Estado no difunde las cifras exactas del presupuesto nacional, lo que dificulta la posibilidad de que los docentes tengan un salario justo.

“Se tiene que resolver. No es un asunto solamente de los trabajadores, es un asunto de la sociedad y del Estado. El Estado debe garantizar la educación, debe financiar la educación”, afirmaba la entrevistada.

Además, aseguraba que el principal problema es que el gobierno ha estado muy cerrado y no ha permitido que se conozca cómo se jerarquiza el dinero que entra al país, por lo tanto, los economistas no pueden hacer un estimado de lo que deberían cobrar, en realidad, los profesores.

“El problema es que se necesita tener los datos exactos, las cifras del banco central, el presupuesto nacional o la frecuencia de cargos en la administración pública, para uno poder sentarse con sus economistas y analizar cuál es, efectivamente, la posibilidad de remuneración del trabajo”, enfatizó Keta Stephany.

Igualmente, agregó que ha habido persecuciones, medidas cautelares, hostigamiento y apropiación de las cotizaciones que hacen los trabajadores a sus sindicatos, por lo que también exigen la negociación colectiva y la libertad sindical.

La calidad de la educación se ve gravemente afectada

Por su parte, López aseveró que los trabajadores del sector educativo, tanto universitarios como de educación básica, no están recibiendo un salario justo, por lo que se ha visto afectada la calidad de la educación en el país.

Asimismo, comentó que esto resulta preocupante y riesgoso, pues la educación es el factor fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad.

Este conflicto no se terminará pronto, tomando en cuenta que no se puede asistir al trabajo cinco días a la semana con la precariedad de salario y ausencia de seguridad social”, concluyó Raúl López Sayago.

En este sentido, ambos expertos instaron al gobierno a establecer una negociación colectiva con las organizaciones representativas de los trabajadores, con la finalidad de fijar salarios justos y construir las tablas salariales para el resto de los cargos.

Asimismo, hicieron un llamado a respetar la libertad sindical y a mejorar la seguridad social para los trabajadores del sector educativo.

Comisión Nacional de Primaria ratifica que no cederá el control de sus elecciones al CNE
A pesar de solicitar apoyo técnico al CNE, la Comisión Nacional de Primaria ha dejado claro que  no está dispuesta a ceder en la vulnerabilidad de la identidad del elector y que, para ellos, este es un principio innegociable.
El proceso de postulaciones de candidatos para las primarias opositoras estará abierto hasta el 6 de junio

 

La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcátegui, declaró el 20 de febrero del 2023 a El Pitazo que la oposición no cederá el control de las elecciones primarias al Consejo Nacional Electoral (CNE) y enumeró una serie de condiciones que se establecieron para llevar a cabo el proceso.

En Venezuela, las elecciones primarias son un proceso interno que realizan los partidos políticos, con la finalidad de seleccionar a un candidato a la presidencia de la República.

El proceso del próximo 22 de octubre es organizado por la Comisión Nacional de Primaria, que es un órgano adscrito a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la principal coalición opositora del país.

Para las próximas elecciones primarias del año 2023, la Comisión Nacional de Primarias estableció un cronograma, el cual comienza el 28 de febrero con la designación y juramentación de las juntas regionales y que finalizará el 22 de octubre con la elección del nuevo presidente del país.

Además, dicho proceso incluye varias etapas, como la inscripción de los candidatos, la publicación de reglamentos e instructivos, la postulación de candidatos, la campaña electoral, entre otras.

La Comisión Nacional de Primaria ha solicitado el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la organización del proceso y, según afirma Uzcátegui, ya se ha designado una comisión técnica para trabajar en la discusión y revisión de los aspectos de las condiciones que habría que cumplir para poder realizar la elección con su apoyo.

Se conoció que hasta el viernes 24 de febrero aún el CNE no había convocado a la Comisión Nacional de Primaria para hablar sobre los temas de la apertura de centros electorales y del registro electoral, tanto para venezolanos dentro del país como en el exterior. 

Los candidatos tendrán hasta junio para inscribirse, sin dejar de lado los debates que tendrán para mostrar sus propuestas y la acostumbrada campaña política, todo esto sobre la base del reglamento establecido.

“Vamos a hacer del 2023 la gran fiesta electoral de la oposición donde nosotros tengamos como resultado, no solamente importa el haber seleccionado entre todos los venezolanos a un candidato que nos represente en las elecciones presidenciales del 2024, sino que además volvamos a restituir la confianza en el voto como elemento de cambio. Volvamos a trabajar lo que es la movilización de todos los venezolanos” enfatizó.

 

La oposición también ha asegurado que para las inscripciones no tiene relevancia que sea una organización política reconocida o independiente.

Protección de la identidad del lector

En las primarias se permitirá la postulación de dirigentes políticos que hayan sido inhabilitados por la Contraloría General de la República y, en el hipotético caso de que alguno sea elegido, existirá una decisión netamente política, basada en negociaciones entre el gobierno y la oposición, según informó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria.

Por otra parte, Uzcátegui aseveró que la Comisión Nacional de Primaria ha dejado claro que no está dispuesta a ceder en la vulnerabilidad de la identidad del elector y que, para ellos, este es un principio innegociable.

También,  destacó que han solicitado que se  abran jornadas especiales de inscripción en el registro electoral para garantizar la participación de los venezolanos en el proceso electoral, para lo cual el gobierno está evaluando costos y presupuestos.

Comentó que el principal objetivo es recuperar la confianza de los venezolanos en su voto, es por ello que se han negado a escenarios en los que el CNE ofrezca el uso del captahuellas  o la petición de controlar alguna etapa del proceso.

“Nosotros hemos trabajado en pos de ser transparentes, de trabajar esa confianza, de que nadie se sienta ni excluido ni no escuchado. Quienes no están es porque no quisieron estar, porque no se han querido acercar, porque no se han querido reunir. Nosotros tenemos las puertas abiertas”, enfatizó la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias para concluir la declaración.