En un informe publicado en febrero de 2023 Transparencia Venezuela muestra los principales hitos en la implementación de la hegemonía comunicacional en el país
El gobierno venezolano se ha encargado de ocultar tras la frase “Venezuela se arregló” una gran cantidad de problemas en el país, comenzando por la desinformación, el agravio a los medios de comunicación y el hostigamiento a quienes trabajan en ellos
El informe “Un silencio a la fuerza”, realizado por Transparencia Venezuela con apoyo de Canadá y publicado en febrero del 2023 expone las estrategias a las que ha apelado el chavismo durante 24 años para cercenar la libertad de expresión en Venezuela.
Entre las medidas que han tomado los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se encuentran el cierre de estaciones de radio y televisión, la emisión de leyes que limitan la libertad de expresión y la creación de medios de comunicación estatales para difundir los mensajes que ellos quieren que sean escuchados.
Además, se ha intimidado a los periodistas y se ha llevado a cabo la persecución y encarcelamiento de aquellos que han informado sobre temas que no están alineados con los intereses del gobierno.
Todo esto ha tenido un impacto negativo en el desempeño de los medios de comunicación para informar de manera independiente y objetiva sobre los acontecimientos del país, lo que ha llevado a una mayor dificultad para obtener información precisa y completa, reseña la investigación.
El informe esta dividido en 2 capítulos y 17 apartados que explican los principales hitos de la censura en Venezuela, que se resumen a continuación.
El uso de la violencia: paraestatal y estatal
A partir de 2001, el presidente Hugo Chávez comenzó a considerar a los medios de comunicación como adversarios en una batalla histórica de fuerzas.
Los eventos de abril de 2002, cuando se produjo un golpe de Estado contra el mandatario, representaron un punto de inflexión en la relación, ya que los medios jugaron un papel importante en la convocatoria y la cobertura de las manifestaciones en contra del presidente, reseña el informe.
Desde entonces, la violencia contra periodistas y medios se volvió más frecuente y se registraron 142 casos de agresiones o inhibitorios contra la acción periodística en 2002.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señala que algunos grupos organizados y financiados por el chavismo, como los Círculos Bolivarianos, actuaron como grupos de choque para agredir a periodistas y trabajadores de la comunicación social.
Leyes al servicio de la censura
El uso de instrumentos legales, específicamente las leyes de desacato, han servido para instaurar la censura y autocensura en Venezuela.
Por ello, estas leyes han sido cuestionadas por organizaciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, quienes han expresado la necesidad de abolirlas, ya que violan el derecho a la libertad de expresión.
Un ejemplo de esta situación se reflejó cuando el presidente del canal noticias Globovisión fue acusado de difamación por expresar su opinión sobre la responsabilidad del presidente Chávez en los sucesos de abril de 2002.
Cierre de medios y sanciones
En Venezuela, se han aplicado sanciones a los medios de comunicación, con el objetivo de silenciar las voces críticas y consolidar la hegemonía comunicacional estatal.
En octubre de 2022, Espacio Público difundió una investigación que señala que entre 2003 y septiembre de 2022, se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a nivel nacional, lo cual representa el 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años.
La mayoría de estas medidas se dieron en medio de procedimientos administrativos adelantados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en compañía de funcionarios de cuerpos de seguridad.
Sin dejar de lado el cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, líder en sintonía nacional y con una programación variada, pero que en el plano informativo y de opinión criticaba el gobierno de Hugo Chávez.
A pesar de que en septiembre de 2015 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió un fallo a favor de RCTV y exigió el restablecimiento de su señal, el mismo no fue acatado por el Estado.
El monopolio informativo estatal
El chavismo en Venezuela reorganizó los medios de comunicación públicos, después del golpe de Estado en abril del 2002 y en 2006 se puso en marcha el Sistema Nacional de Medios Públicos, con un objetivo adoctrinador e ideológico, para formar la conciencia socialista y silenciar voces críticas, se afirma en el documento.
El sistema estaba integrado por siete canales de televisión y cinco emisoras de radio, junto con la Agencia Venezolana de Noticias. Asimismo, 244 emisoras comunitarias de radio y 32 estaciones de televisión contribuyeron a difundir y amplificar las voces oficialistas.
En 2013, el Sistema Nacional de Medios Públicos dio paso al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI) con el objetivo de planificar, coordinar, supervisar, evaluar, asesorar y proponer las campañas informativas, comunicacionales y publicitarias de los órganos y entes del gobierno.
Según la investigadora Paola Bautista, citada en el informe, la Revolución Bolivariana ha logrado configurar un monopolio comunicacional que sirve a los objetivos político-ideológicos del régimen, sin dejar de lado el secuestro del mensaje real de los medios, con fines propagandísticos.
La censura en la red
El periodismo en Venezuela ha tenido que refugiarse en Internet para informar a los ciudadanos, debido al cierre o control gubernamental de los medios de comunicación tradicionales.
Sin embargo, también se ha aplicado la censura en este recurso, a través del uso de la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), el ente regulador y las fuerzas de seguridad del estado.
Se ha utilizado el bloqueo DNS con la finalidad de ocultar algunas páginas de la web. Dicho esto, en febrero de 2014, se bloquearon cerca de 500 sitios web para el acceso desde Venezuela.
En general, se ha manipulado la velocidad del tráfico de datos hacia ciertos sitios web y redes sociales, para obstaculizar la difusión de imágenes de manifestaciones y acciones represivas.
RRSS como campo de batalla mediática
Las redes sociales han sido utilizadas por el régimen venezolano para amplificar su narrativa, desinformar, publicar noticias falsas y mensajes estigmatizadores hacia sectores opositores.
La mayoría de las tendencias en Twitter del oficialismo se promovieron a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MIPPCI), con el respaldo de millones de tuits, muchos de los cuales fueron generados por cuentas con características de robot.
Además, según un informe de la Universidad de Oxford, Venezuela es uno de los países en los que se ha detectado acción organizada desde el poder gubernamental para desinformar.
Se sofistica la censura
La profesora Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explica en el informe que en Venezuela los mecanismos de censura y autocensura se han agudizado y sofisticado en el país, para el año 2022.
La intimidación del régimen a las emisoras de radio operaba, anteriormente, a través de exhortos por escrito, pero ahora se hacen llamadas telefónicas, lo que dificulta el registro de las restricciones impuestas.
La autocensura se produce cuando los medios se abstienen de difundir información sobre temas prohibidos, como las filas para surtir gasolina, la escasez de alimentos y el dólar paralelo.
Balance digital en el último año
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela publicó un informe en el que se evidencian las principales violaciones a los derechos informativos en el entorno digital en Venezuela, durante el año 2021.
El informe señala que hubo bloqueos de 38 medios de comunicación y 2 organizaciones no gubernamentales, así como 51 agresiones, bajo la categoría de discurso estigmatizante.
También, se registraron incidentes de suplantación de identidad, vulneraciones de la seguridad personal, suspensiones arbitrarias de cuentas en redes sociales y vulneraciones de la seguridad de portales web.
Aunado a esto, se denunciaron 115 restricciones de acceso a internet, por fallas en el suministro eléctrico y en los servicios de telecomunicaciones.
El estudio destaca que Venezuela tiene el internet menos libre de la región, según la organización Freedom House.
Posicionando falsas narrativas
El gobierno de Venezuela ha impulsado diversas narrativas, basadas en la desinformación, incluyendo la popular idea de «Venezuela se arregló». Todo esto aunque las cifras de inflación siguen siendo altas.
Sin embargo, Venezuela se ha convertido en uno de los países más desiguales de América Latina, puesto que algunas personas tienen acceso a artículos de lujo o importados, mientras que la mayoría de la población sigue sufriendo.
Aunque Maduro ha dicho que el país está mejorando, todavía hay mucho por hacer.
Expectativas en el mundo digital para 2023
El régimen en Venezuela ha incrementado su control sobre internet en 2022, no solo enfocándose en portales informativos, sino también judicializando a ciudadanos por emitir sus opiniones en redes sociales.
Dos personas fueron detenidas y judicializadas por hacer críticas en Twitter contra el presidente del Instituto Nacional de Hipódromos y una señora de 72 años fue detenida por un video humorístico en Tiktok, en el que hacía referencia a Nicolás Maduro.
La profesora Raisa Uribarrí de la Universidad de Los Andes advierte que la Ley contra el Odio, promulgada en 2017, es utilizada para criminalizar las opiniones, establecer penas y sanciones desmesuradas.
Se espera que en 2023, un año preelectoral, se incrementen los hechos que afecten el derecho de información y expresión en el entorno digital en Venezuela.
