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Utopix contabiliza 157 femicidios en Venezuela de enero a agosto de 2021
De un total de 29 femicidas, 14 están presos y 5 están fugados, señala el monitoreo de Utopix

Utopix, comunidad de trabajo colaborativo para la producción y difusión de una comunicación alternativa, contabilizó 157 femicidios en Venezuela entre enero y agosto de 2021.

De acuerdo con una publicación de Utopix, durante el 2020, los femicidios se incrementaron a uno cada 34 horas, en comparación al año 2016 en el que ocurría uno cada 72 horas.

En el caso de agosto de 2021, la media es de un femicidio cada 37 horas, según Utopix.

Solo en el mes de agosto, se contabilizaron 26 femicidios, además, se registraron la mayor cantidad de transfemicidios y de feminicidios obstétricos del 2021.

En cuanto a la distribución geográfica, el estado Miranda tuvo la mayor cantidad de femicidios registrados en agosto con 5. Le siguen Bolívar, Carabobo y Lara con 3 casos cada uno; Aragua, Trujillo y Táchira con 2 cada uno; y 1 caso en los estados Anzoátegui, Guárico, Distrito Capital, Falcón, Mérida y Cojedes, respectivamente.

Tipos de muerte

De acuerdo con el monitoreo, 5 de los femicidios se ejecutaron con armas de fuego.

Asimismo, 6 se perpetraron con armas blancas, 5 casos fueron por asfixia mecánica; hubo 4 casos en los que las víctimas fueron golpeadas hasta la muerte, 3 casos en los que la causa fue la violencia obstétrica, 1 caso en el que la víctima fue lanzada de un vehículo en movimiento y 2 casos en los que el tipo de muerte no se especificó.

Agravantes en torno al femicidio

Del total de 26 casos, Utopix reportó que en 9 de ellos abandonaron el cuerpo de las víctimas en la vía pública. En otros 3 casos las mujeres estaban desaparecidas y en 8 casos las víctimas sufrieron torturas.

Estatus de los femicidas

De un total de 29 femicidas, 14 están presos y 5 están fugados de acuerdo con el monitoreo de Utopix.

Características de las víctimas

Un total de 13 víctimas eran madres, 19 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos; y 10 mujeres sufrían maltratos según familiares.

Tipos de femicidios

Según el conteo, 13 femicidios fueron íntimos, 5 ocurrieron a manos de bandas, 2 fueron transfemicidios, 3 feminicidios obstétricos, 2 femicidios sexuales y 1 femicidio indeterminado.

#MonitorDeVíctimas | Dos muertos por dos balas perdidas en un mismo día
Las víctimas fueron un hombre y una mujer. En ambos casos los proyectiles provinieron de enfrentamientos entre bandas

Sandra Guerrero

Guillermo José Belisario, de 50 años de edad, murió a la 1:00 pm del lunes 14 de este mes al ser impactado en la cabeza por una bala perdida. El hecho ocurrió cuando el comerciante se encontraba en un establecimiento comercial ubicado frente al bloque 1 de la parroquia La Vega, municipio Libertador, en el Distrito Capital.

La bala por la que murió Belisario provino de un enfrentamiento que sostenían dos grupos delictivos en adyacencias del lugar. Al momento en el que lo impactó el proyectil, el hombre estaba con otros clientes del negocio.

Ese mismo día y también por una bala perdida falleció Yoraima Margarita Díaz Araujo, de 47 años de edad. La herida, que terminó siendo mortal, fue en la cabeza.

El proyectil provino del tiroteo que sostenían integrantes de dos bandas delincuenciales. El deceso de la mujer se produjo dentro del vehículo que la trasladaba al Hospital Miguel Pérez Carreño.

Monitor de Víctimas - Cintillo

 

 

 

 

NáufragosDeGüiria | Amedrentamiento policial no impide homenaje a las víctimas

 

La gente se fue acercando a la plaza Bolívar para sumarse a la jornada que comenzó a las 3:30 pm del domingo 20 de diciembre. En un mural escribieron, “Güiria”, seguido de la frase “Prohibido olvidar” y trazaron una bandera de la que salen gotas de sangre en la franja roja que caen al mar

ARI

La plaza Bolívar de Güiria se vistió de tricolor para rendirle honor a las víctimas del naufragio en las costas del municipio Valdez, estado Sucre. Las familias, unidas por el dolor, se concentraron en la plaza y a las 3:30 pm del domingo 20 comenzaron a pintar un mural en el que escribieron, “Güiria”, seguido de la frase “Prohibido olvidar”. Además trazaron una bandera de la que salen gotas de sangre en la franja roja que caen al mar.

El homenaje se completó con las fotos de 24 de los 33 fallecidos, una cinta negra y un ala blanca, simulando la de un ángel. El trabajo les tomó cuatro horas. Lo hicieron con paciencia, amor y sin importarle el contingente de efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía estadal que las autoridades municipales enviaron cuando se dieron cuenta de la concentración en la plaza.

“Se nos acercaron dos guardias nacionales y nos preguntaron qué hacíamos y por qué íbamos a tapar el nombre de la Alcaldía de Valdez. Les dijimos que esa plaza era del pueblo y no de la alcaldía. Entonces comenzamos a trazar la bandera y la gente se sumó. Algunos llevaron pintura blanca y otros, negra. Así hicimos el mural”, contó una habitante de Güiria quien prefirió resguardar su identidad por seguridad.

Los habitantes aseguran que esta es una forma genuina de tenerlos presentes todos los días. Esperan que los demás familiares se sumen y coloquen las fotos de sus seres queridos. Creen que son héroes, porque salieron de sus casas buscando un mejor futuro para ellos y sus seres queridos.

Otra asamblea

La tarde de este lunes, 21 de diciembre, los residentes de Güiria se reunieron en una nueva asamblea de ciudadanos. La hicieron en la plaza Bolívar, donde se concentran desde hace cuatro días para exigir a las autoridades gubernamentales y de seguridad que esclarezcan las causas del naufragio. Hasta la tarde del día de hoy no habían dado con el paradero de nuevas víctimas del naufragio.

A esa reunión también enviaron un contingente de funcionarios policiales. Los habitantes afirmaron que el alcalde del municipio Valdez, Ander Charles, dio la orden. Pese a la intimidación, los residentes hicieron su asamblea en la que insisten en pedir la destitución del alcalde y de los efectivos militares que están a cargo de la custodia de la estación de servicio.

Los habitantes también exigen la destitución de la directora del hospital, Carmen Maestre, por ser la organizadora de una jornada médica a la que asistirían funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. “Tenían planeada la visita de varios ministros a esa jornada médica cuando en el hospital no hay nada para atender a los pacientes”, aseguró un habitante de Güiria, quien pidió resguardar su identidad por seguridad.

El sábado 19 de diciembre, los residentes de Güiria rechazaron la presencia del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, en un operativo de entrega de alimentos y de canaimitas a los maestros del municipio Valdez. Las personas denunciaron que el gobierno de Maduro pretendía callar sus exigencias con comida y computadoras.

 

Con información de Yesenia García y redacción de Jesymar Áñez Nava. Foto: habitantes de Güiria   

 

DDHH olvidados | “Me quedé sin mi único hijo y poco después sin mi esposa”
Daniel Queliz fue asesinado en las protestas de 2017 por funcionarios de la Policía de Carabobo. Tres años después, su caso sigue impune

@ValeriaPedicini

La última vez que los padres de Daniel Queliz vieron a su hijo fue el 9 de abril de 2017. La familia tenía pensado viajar a Chichiriviche para tomarse unos días de descanso por Semana Santa, pero el joven decidió quedarse en casa para cumplir con sus obligaciones laborales y estudiantiles en su tercer año de derecho en la Universidad Arturo Michelena. Sus padres se despidieron con un “Dios te bendiga, hijo” y el plan era que él los alcanzara tres días después. No pudo.

La Mesa de la Unidad Democrática había convocado una marcha para el 10 de abril para exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por usurpar las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Venezuela llevaba días con las calles encendidas en protestas y represión, ese día no fue la excepción. 

La situación de represión de los cuerpos de seguridad del Estado se recrudeció hasta horas de la noche en la capital del estado Carabobo, específicamente en la urbanización Los Parques de la parroquia Miguel Peña, donde vecinos salieron a protestar. Daniel Queliz se unió a ellos alrededor de las 11:30 pm. 

Una patrulla que se encontraba en el lugar comenzó a disparar a los manifestantes, según testigos, con intención de causar daño más allá de disuadir la protesta pacífica. La angustia y confusión se apoderaron de todos. 

Al principio pensaron que las detonaciones eran por las armas de bombas lacrimógenas. Pero unos gritos dieron la mala noticia: “¡Le dieron a Daniel, le dieron”. El joven había intentado protegerse, pero fue alcanzado por dos proyectiles: uno que impactó en su mano izquierda y el otro en la nuca. 

A medianoche los vecinos llamaron a los padres de Daniel Queliz para decirles que su hijo había sufrido un accidente y que se encontraba en el Hospital Central de Valencia Doctor Enrique Tejera. “Nos devolvimos, mi esposa tenía una crisis de nervios. En el trayecto pedí hablar con mi hermano y le exigí que me dijera lo que estaba pasando. Él me dijo la verdad. Mi hijo estaba muerto. Mantuve la calma sin decirle nada a mi esposa hasta que llegamos directamente a la morgue del hospital”, expresó Alexander Queliz, padre del muchacho. 

Daniel Queliz fue el primer fallecido del estado Carabobo durante las protestas de 2017. Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las manifestaciones de ese año. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de 2017, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio, comenzaron a tratar heridas de bala. 

Alexander Queliz afirmó que la respuesta del Ministerio Público y de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue inmediata. Habían designado al Fiscal 28° del estado Carabobo José Antonio López para las investigaciones del asesinato. “Fue tanto así que el asesinato de Daniel se esclareció en menos de 48 horas”, dice.

Cinco funcionarios de la Policía de Carabobo fueron señalados por los vecinos como los autores del asesinato. La fiscal Luisa Ortega Díaz informó que dos efectivos habían sido detenidos: Marcos Ojeda y Edwin Romero. Fueron acusados por delitos de homicidio intencional, uso de armas orgánicas y alevosía. 

“Quiero que sepa el país que nuestro equipo de médicos y expertos fueron quienes practicaron las autopsias para determinar las causas de las muertes (…) Apenas estamos comenzando las investigaciones, estamos trabajando para que se sancione a los responsables para que no haya impunidad, para que haya respuesta y justicia”, dijo Ortega Díaz en rueda de prensa. 

Daniel Queliz

Todo eso fue dejado atrás con la designación de Tarek William Saab. “Debo decir responsablemente que una vez que el señor Tarek William Saab asumió el mando como Fiscal designado por la asamblea nacional constituyente el caso de Daniel comenzó a tener retardos”, contó el padre del joven.

“Al momento de la autopsia a Daniel tuvieron que hacerle rayos X porque el proyectil estaba en una zona muy complicada para extraerlo, pero cuando hacen la comparación balística comprueban que efectivamente salió de un armamento asignado al supervisor jefe Marco Ojeda, que es el autor material de la muerte de mi hijo. A pesar de las pruebas, siguen retrasando el juicio”, afirmó Queliz.

Pero el dolor por haber perdido al muchacho fue un duro golpe para Glenis Araca, madre de Daniel Queliz: producto de la depresión por el asesinato de su hijo, se quitó la vida. El 1 de mayo de 2018 fue encontrada en su residencia. 

“Destruyeron a mi familia directa, mi continuidad, apagaron los sueños de Daniel. Acabaron con mi hogar, con lo que mi esposa y yo construimos. Éramos una familia feliz, pero ese momento marcó un antes y un después. No es fácil. Me quedé sin mi único hijo y un poco después sin mi esposa. Los pedazos de mi vida han quedado esparcidos en el piso y tengo que ver qué hago con ellos”, declaró Alexander Queliz en julio de 2018. 

A pesar de que las audiencias han sido diferidas y que no se ha hecho justicia, Alexander Queliz no deja de luchar por todo el daño que le hicieron a su familia. “A lo último que nosotros debemos renunciar en cualquier parte del mundo es a nuestros derechos. El día que renunciemos a nuestros derechos como ciudadanos, ese día estamos perdidos”.

N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

Expertos coinciden en que la justicia transicional debe tener como foco a la víctima
Investigadores consideran que la instalación de una comisión de la verdad debe nacer de un acuerdo nacional
Las víctimas esperan una reparación que vaya más allá de lo económico

Foto: @UKinVenezuela

 

Expertos en materia de Derechos Humanos concuerdan en que en un proceso de Justicia Transicional es importante mantener el foco en la víctima y en lo que puede necesitar en un corto plazo. 

En el Foro Chevening de Justicia Transicional organizado por la Embajada Británica y la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, distintos investigadores fijaron postura sobre las consideraciones que se deben tomar en Venezuela, para el momento en el que se empiece a aplicar este tipo de justicia.

Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa aseguró que lo central debe ser la víctima y cómo atenderla. «El gran reto es no perder la memoria ahora, reconocer y documentar a las víctimas».

Igualmente señaló como otro punto importante la definición que se debe hacer sobre qué víctimas o qué tipo de casos entrarán en el proceso de justicia transicional. Para el sociólogo las víctimas no solo esperan una compensación económica, sino otro tipo de beneficios que los puedan ayudar a seguir adelante.

La investigadora de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, Noemí Pérez, también abordó este punto sobre la reparación a las víctimas, señalando que en muchos casos esto es dejado a un lado.

Pérez explicó que en otros casos de justicia transicional como en Timor Oriental, ubicado en Asia, las víctimas, pedían mejores condiciones de trabajo o de estudios, más que alguna compensación económica. 

Además recomendó que los procesos de este tipo de justicia sean flexibles, para no excluir a algún grupo vulnerable como las mujeres. Para la investigadora es vital estudiar primero los casos que serán incluidos, las víctimas que se entrevistarán e incluso el tipo de preguntas que se harán. 

Otro punto a destacar para Noemí Pérez es la instalación de una comisión de la verdad, pues a su juicio, debe nacer de un acuerdo nacional y no debe ser manejada por partidos políticos. «Porque podemos ver el ejemplo de Colombia, donde le redujeron el presupuesto a la Comisión de la Verdad, luego de la llegada de Iván Duque a la presidencia». 

Comisionado de Guaidó plantea crear ley que proteja a las víctimas de violaciones de DD HH

HUMBERTO PRADO, COMISIONADO PARA la Defensa de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas informó este miércoles las líneas de acción que llevará a cabo su despacho para garantizar el respeto a los DD. HH. y la protección a las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. 

Prado, quien es el comisionado de Juan Guaidó afirmó que la medida garantizará el acompañamiento y el tratamiento psicológico de las víctimas. También que los perjudicados contarán en todo momento con compresión, respeto y recibirán la atención con garantías para que estas situaciones irregulares no se repitan nuevamente.

El comisionado habló de una organización plural que abordará la complejidad de los casos de torturas, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales.

«Hay que documentar para que la víctima vea que de verdad la están atendiendo. En nuestro país debe existir una respuesta inmediata y conforme a cada una de las partes», agregó.

Sobre los ataques que han sufrido los venezolanos en Perú, Humberto Prado pidió a los defensores del pueblo de la región impulsar una política para evitar la xenofobia. 

«Creo que los defensores deben impulsar una política de educación al país para que al venezolano lo vean como un hermano que huye por la situación del país», dijo.

 

 

*Con información de EN Y NTN24

HRW: Desde 2016 casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL Human Rights Wacht (HRW) aseveró que en Venezuela casi 18.000 personas murieron por acción de las fuerzas de seguridad desde 2016, en supuestas acciones de «resistencia a la autoridad» que pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales.

En su informe «Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos», HRW destacó que aunque no se ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) concluyó que “la información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016 y 4.998 en 2017.

Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de siete mil personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según cifras del Ministerio de Interior.

Además, la ONG destaca que la Oficina del Acnudh realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos.

El organismo de la ONU concluyó que “el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

En los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros de ese cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos.

Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

Además, Human Rights Watch destacó que en todos los casos que investigaron hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia para sugerir que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.

Las FAES han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, afirmó la ONG.

“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.

 

*Vea el informe completo en HRW

Terremoto de magnitud 6.8 en norte de Japón causa alerta de tsunami

 UN TERREMOTO CON UNA MAGNITUD  de 6,8 en la escala de Richter se registró hoy en la región japonesa de Nigata, en el norte del país, y motivó una alerta de tsunami, según fuentes oficiales.

El temblor se produjo a las 22.22 hora local (13.22 GMT) y el epicentro se situó a diez kilómetros de profundidad, sin que de momento se haya informado sobre posibles víctimas o daños materiales graves.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento sísmico tuvo una intensidad de 6 grados (rango superior) en la escala japonesa (de 12 grados) en la región de Nigata y se sintió con fuerza en la mitad norte de Japón.