Human Rights Watch, autor en Runrun

Human Rights Watch

HRW: Desde 2016 casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL Human Rights Wacht (HRW) aseveró que en Venezuela casi 18.000 personas murieron por acción de las fuerzas de seguridad desde 2016, en supuestas acciones de “resistencia a la autoridad” que pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales.

En su informe “Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos”, HRW destacó que aunque no se ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) concluyó que “la información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016 y 4.998 en 2017.

Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de siete mil personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según cifras del Ministerio de Interior.

Además, la ONG destaca que la Oficina del Acnudh realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos.

El organismo de la ONU concluyó que “el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

En los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros de ese cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos.

Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

Además, Human Rights Watch destacó que en todos los casos que investigaron hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia para sugerir que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.

Las FAES han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, afirmó la ONG.

“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.

 

*Vea el informe completo en HRW

Colombia y Venezuela: Ataques a civiles en zona fronteriza

GRUPOS ARMADOS HAN COMETIDO abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. 

El informe de 69 páginas, “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamiento forzado cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los grupos armados intentan controlar a la población a través de amenazas, incluso contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Varios de ellos han sido asesinados. Las víctimas de estos aberrantes abusos incluyen a venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria en su país.

“Mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las FARC en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado en el medio de un conflicto brutal”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país”.

La violencia y los abusos han aumentado en el Catatumbo desde que las FARC se desmovilizaron en 2017 como parte de su acuerdo de paz con el gobierno. Las autoridades colombianas no han tomado medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia.

En abril de 2019, Human Rights Watch adelantó una investigación en terreno en el Catatumbo. En total, recogimos testimonios de más de 80 personas, incluidas víctimas y familiares de víctimas, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona. 

Human Rights Watch también tuvo acceso a informes y estadísticas oficiales, publicaciones de organizaciones no gubernamentales e internacionales, y testimonios tomados por funcionarios públicos a aproximadamente 500 víctimas de abusos cometidos por grupos armados. Es altamente probable que la cantidad total de casos sea incluso mayor a la registrada por las autoridades, debido al temor de las víctimas a sufrir represalias de grupos armados si denuncian los abusos y al temor de las víctimas venezolanas a ser deportadas.

“Los que están en el conflicto no están sufriendo lo que nosotros, como campesinos…, estamos sufriendo”, dijo a Human Rights Watch un maestro de escuela rural que perdió un pie cuando una mina antipersonal explotó a pocos metros de su escuela. “Nosotros somos los que estamos pagando un conflicto que iniciaron ellos”. 

Los escasos controles migratorios y la posibilidad de trabajos mejor pagos atraen a los venezolanos a la zona fronteriza del Catatumbo. Al menos 25.000 venezolanos viven en esta región, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Varios venezolanos vulnerables y a menudo indocumentados han sido víctimas de desplazamiento forzado, asesinato y reclutamiento de menores por parte de grupos armados. 

En el Catatumbo, más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2017, la mayoría durante 2018, según estadísticas gubernamentales. Muchos han sufrido abusos que constituyen desplazamiento forzado con arreglo al derecho internacional humanitario. Muchos civiles debieron desplazarse luego de que grupos armados los amenazaran tras acusarlos de haber cooperado con otros grupos armados o con el gobierno. Otros han huido tras haber sido amenazados por negarse a unirse a un grupo armado. 

OCHA reportó que 109 personas que consideraba civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo en 2018. Los grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos en la zona desde 2017, según la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

“Los líderes sociales desempeñan un rol fundamental al ser la voz víctimas de graves vulneraciones y abusos y contribuir a instaurar el estado de derecho en zonas remotas de Colombia”, expresó Vivanco. “El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para protegerlos y asegurarse de que los responsables de estos homicidios rindan cuentas ante la justicia”.

Los grupos armados en el Catatumbo también han cometido secuestros, desapariciones y crímenes sexuales.

Los grupos han obligado, con amenazas, a niños de apenas 12 años a sumarse a sus filas. En algunos casos los niños se unieron a los grupos por promesas de dinero. Human Rights Watch tuvo acceso a testimonios sobre una decena de casos de familias que se desplazaron después de que un grupo armado intentara reclutar a uno de sus hijos o amenazara con hacerlo. 

Los grupos armados también han sembrado minas antipersonales en zonas rurales del Catatumbo, donde las FARC habían usado minas en el pasado. Cuatro personas han muerto y 65 resultaron heridas debido a minas terrestres antipersonales en el Catatumbo desde 2017.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han logrado que se investiguen y castiguen los abusos cometidos por grupos armados. Hasta abril de 2019, la Fiscalía tenía más de 770 procesos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017. Por estos casos, había 61 condenas. Solo dos miembros de grupos armados fueron imputados de homicidio, según la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía no ha imputado a nadie por amenazas, reclutamiento de menores o desapariciones cometidas en el Catatumbo desde 2017. Dos miembros de grupos armados han sido imputados por desplazamiento forzado, pero ninguno ha sido condenado, y hay más de 480 procesos abiertos por este delito.

La asistencia a los desplazados, contemplada en el derecho colombiano, ha sido lenta e insuficiente, según actores humanitarios en la región. Cientos de civiles han vivido en albergues temporarios improvisados por las comunidades. Algunos albergues no tenían muebles ni agua corriente. Las autoridades tampoco han abordado adecuadamente los riesgos y amenazas a los derechos humanos identificados por la Defensoría del Pueblo en sus “alertas tempranas”. 

En octubre de 2018, el gobierno colombiano creó una Fuerza de Despliegue Rápido con el fin de llevar 5.600 militares más al Catatumbo. Residentes, funcionarios de derechos humanos y actores humanitarios han denunciado comportamientos abusivos por parte de la fuerza pública en la zona. Los soldados acusan a los civiles de ser cómplices de guerrillas y los interrogan en retenes militares. Estas situaciones exponen a los civiles a represalias por parte de grupos armados. En abril de 2019, un soldado mató a un exmiembro de las FARC desmovilizado.

Para cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional y al derecho colombiano, las autoridades colombianas deberían adoptar estrategias de seguridad respetuosas de los derechos humanos que estén destinadas a proteger a la población civil. También deberían aumentar los esfuerzos y capacidades para investigar abusos cometidos por grupos armados y procurar obtener asistencia internacional para los desplazados. Asimismo, el gobierno debería llevar a cabo una evaluación exhaustiva para determinar el número de venezolanos que viven en el Catatumbo y sus necesidades, y asegurarse de que todos los venezolanos puedan trabajar legalmente en Colombia, incluso en zonas más seguras del país.

“Las medidas del gobierno para aumentar la presencia de la fuerza pública en el Catatumbo deben estar acompañadas de acciones más integrales para proteger y defender los derechos de los campesinos y venezolanos que viven allí”, expresó Vivanco. “Estas medidas deberían incluir aumentar las capacidades para adelantar investigaciones penales y redoblar la asistencia humanitaria para las víctimas”. 

Human Rights Watch exige la liberación del periodista Jesús Medina

LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS DEBERÍAN LIBERAR inmediatamente a Jesús Medina, quien se encuentra arbitrariamente detenido desde hace casi nueve meses por su trabajo periodístico, señalaron hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ) y Human Rights Watch.

Está previsto que Medina sea llevado ante un juez para su audiencia preliminar, que se ha postergado ocho veces, el 23 de mayo de 2019. El 29 de agosto de 2018, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Medina, que ejercía como fotoperiodista para varios medios. Formaba parte de un equipo de periodistas que trabajaba en un proyecto de investigación en el hospital de Caracas, señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Se encuentra detenido en la prisión militar Ramo Verde. (El único otro periodista detenido actualmente en Venezuela cumple arresto domiciliario, según investigaciones del CPJ).

“Las autoridades venezolanas deberían desistir de inmediato de los cargos absurdos contra Jesús Medina y dejar de buscar pretextos para prolongar su detención preventiva”, expresó Natalie Southwick, coordinadora para América Central y del Sur del CPJ. “Encarcelar a periodistas y criminalizar al periodismo no pondrá fin a la profunda crisis que atraviesa Venezuela, ni la ocultará del mundo”.

El 31 de agosto, Medina fue acusado de varios delitos, incluidos los de incitación al odio, lucro ilegal en actos de la administración pública y asociación para delinquir, señaló un abogado que integra el equipo que asumió su defensa y pertenece a la organización de derechos humanos venezolana Foro Penal. El abogado manifestó que el expediente penal no incluye ningún análisis legal ni fáctico que fundamente estas acusaciones. Conforme a los imprecisos términos de la ley contra el odio de Venezuela, el delito de “incitación al odio” se pena con hasta 20 años de cárcel. La ley fue promulgada en noviembre de 2017 por la Asamblea Constituyente, conformada por miembros leales a Maduro y creada para arrogarse las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría opositora.

Conforme al derecho venezolano, la audiencia preliminar de Medina —en la cual el ministerio público debe justificar los cargos formales— debería haberse realizado dentro de los primeros 45 días. Ha sido postergada ocho veces, más recientemente el 2 de mayo. En seis ocasiones, la postergación se debió a que el tribunal no había emitido la orden para que Medina fuera trasladado a tiempo desde la cárcel hasta el tribunal, y la audiencia no pudo realizarse sin su presencia, indicó otra de los abogados de Medina del Foro Penal. En las otras dos instancias, el tribunal no había pedido el expediente a la sala de apelaciones, donde se encontraba, y esto también impidió que se realizara la audiencia.

Medina había sido detenido previamente por las autoridades venezolanas en octubre de 2017, mientras realizaba trabajo periodístico desde una prisión en el norte de Venezuela, junto a dos periodistas internacionales, según trascendió en la prensa. El mes siguiente, se desconoció su paradero por dos días. Fue hallado en una autopista en las afueras de Caracas, y afirmó que quienes lo secuestraron, lo habían torturado y amenazado con matarlo, conforme informaron distintas fuentes.

La organización venezolana por la libertad de expresión Espacio Público informó que, entre enero y abril de este año, se detuvo a 37 periodistas, 4 fotoperiodistas y otros 10 trabajadores de medios, incluidos camarógrafos, técnicos y conductores. Esta cifra prácticamente duplica a la del mismo período en 2018.

Algunos casos recientes son la detención del periodista y activista de derechos humanos venezolano Luis Carlos Díaz en marzo, la detención y deportación del periodista independiente estadounidense Cody Weddle, ocurrida una semana antes, y un incidente que tuvo lugar en febrero, cuando miembros de un equipo periodístico de Univisión, encabezado por Jorge Ramos, estuvieron detenidos por varias horas dentro del palacio presidencial de Miraflores antes de ser expulsados del país.

“La detención de Jesús Medina coincide con un patrón de detenciones arbitrarias y hostigamiento de opositores, críticos y cualquiera que se atreva a decir la verdad sobre lo que sucede en Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes de la región y de Europa a quienes les preocupa la falta de independencia judicial y Estado de derecho en Venezuela deberían apoyar nuestro reclamo de que Medina sea liberado en forma inmediata”.

Venezuela debe reformar proyecto de Ley de Amnistía

LA ASAMBLEA NACIONAL DEBERÍA REFORMAR su proyecto de ley de amnistía para asegurar que cumpla con estándares internacionales de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch.

El 22 de enero de 2019, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de ley de amnistía que se aplicaría a aquellas personas que están siendo procesadas penalmente por motivos políticos, así como a funcionarios civiles y militares que “colaboren en la restitución del orden constitucional en Venezuela”. La Asamblea propuso esta norma para generar incentivos que permitan que militares y civiles apoyen a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que se juramentó como presidente encargado y pidió al pueblo venezolano que se movilizara en su apoyo.

“Las disposiciones imprecisas y vagas que contiene el proyecto de ley de amnistía podrían permitir que se garantice la impunidad a agentes del estado responsables por graves abusos”, destacó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Cualquier amnistía que impida investigar y procesar a funcionarios públicos y militares responsables por graves violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Venezuela”, añadió Vivanco.

El 23 de enero, Guaidó anunció que asumía el poder como presidente interino de Venezuela para convocar a elecciones libres y justas. Guaidó ha recibido un amplio apoyo de gobiernos que rechazan la legitimidad de Nicolás Maduro debido a que consideran fraudulentas las elecciones presidenciales de mayo de 2018.

La ley de amnistía propuesta tiene términos muy amplios y no especifica qué delitos quedarían cobijados por la amnistía, ni explica tampoco cuál es el proceso para su implementación. Solamente establece que será administrada por jueces venezolanos, que serían sancionados si se niegan a cumplirla.

Uno de los artículos del proyecto de ley, relativo a la amnistía de presos políticos, menciona el artículo 29 de la Constitución venezolana, que prohíbe las amnistías por delitos de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Este lenguaje no aparece en los artículos que se refieren a las amnistías en favor de actuales funcionarios civiles y militares que retiren su apoyo a Maduro. La ley debería reformarse para establecer claramente que las mismas reglas constitucionales también se aplican a estos casos, señaló Human Rights Watch.

Las disposiciones sobre amnistía que otorgan impunidad a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos contravienen la obligación jurídica de los Estados de asegurar que se haga justicia por esos abusos.

Human Rights Watch condena que dos activistas venezolanos con boleta de excarcelación sigan presos

Los servicios de inteligencia de Venezuela deberían liberar inmediatamente a Gregory Hinds, de 32 años, y Geraldine Chacón, de 24, ambos directores de la organización no gubernamental venezolana Embajadores Comunitarios, señaló hoy Human Rights Watch. Los dos están detenidos a pesar de contar con una boleta de excarcelación que dispuso su liberación. Human Rights Watch analizó el expediente judicial y no encontró pruebas que los impliquen en la comisión de ningún delito.

“Hinds y Chacón se encuentran detenidos arbitrariamente por los servicios de inteligencia de Venezuela y deberían ser inmediatamente liberados”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes regionales y europeos deberían ejercer fuerte presión sobre el gobierno de Maduro para que permita que actores independientes, incluidos representantes de la Iglesia católica de Venezuela, visiten a personas detenidas en el Helicoide para constatar su estado de salud y su integridad física”.

Hinds y Chacón se encuentran presos desde hace más de tres meses y medio. El 16 de mayo de 2018, varios detenidos en el Helicoide, un centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas donde hay muchos presos políticos, llevaron a cabo una protesta pacífica. Los presos contaron a sus familiares que se atrincheraron en un sector de los pabellones y pidieron la mediación de voces independientes, incluida la Iglesia católica. Entre otras cuestiones, quienes participaron en la protesta pidieron que se liberara a detenidos que cuentan con boleta de excarcelación, como Hinds y Chacón.

Luego de que las autoridades sofocaran la protesta, el 18 de mayo un grupo de 18 mujeres, entre ellas Chacón, iniciaron una huelga de hambre. Las mujeres habrían sido objeto de una exhaustiva requisa por agentes del SEBIN, que las obligaron a desvestirse, según una fuente confiable. Chacón todavía se estaría negando a recibir alimentos. Las autoridades no han brindado información sobre la situación de estos u otros detenidos desde la protesta.

Agentes del SEBIN arrestaron a Hinds el 31 de enero en la sede de Embajadores Comunitarios tras afirmar que tenían que entrevistarlo en el marco de una investigación en curso sobre esa organización. Embajadores Comunitarios brinda capacitación a jóvenes de bajos recursos para que participen en un modelo de Naciones Unidas.

Los agentes del SEBIN no presentaron órdenes judiciales de registro de las oficinas ni de detención, indicó la abogada de Hinds. Le pidieron a Hinds que condujera hasta la sede del SEBIN para una entrevista, según él le informó posteriormente a un juez, y él cumplió con lo que le indicaron. Nunca regresó a su casa.

El 1 de febrero, a la 1:30 a.m., un grupo de agentes del SEBIN se presentó en la vivienda de Chacón y su madre les permitió que ingresaran. Los agentes dijeron a Chacón que necesitaban entrevistarla, según ella manifestó ante el juez en la audiencia, y le aseguraron que regresaría en unas pocas horas. Desde entonces, se encuentra detenida.

Los abogados de Hinds y Chacón solamente han podido verlos durante la audiencia ante el tribunal. La primera audiencia de ambos se postergó del 2 al 5 de febrero. Nunca se ha permitido que los familiares los visitaran.

Agentes del SEBIN también fueron a las viviendas de otros directores de Embajadores Comunitarios, pero no los encontraron allí. Desde entonces, seis han huido del país.

En la audiencia de Hinds y Chacón que tuvo lugar el 5 de febrero, el Ministerio Público los acusó de “agavillamiento” e “incitación pública” a delinquir. El informe de inteligencia que dio origen a las acusaciones indicaba que Embajadores Comunitarios “capta a jóvenes para aprovecharse de su situación de bajos recursos” y “los financi[a] con dinero en efectivo, alimentación, alojamiento [y] vestimenta” aportados por “dirigentes políticos de oposición, organizaciones no gubernamentales, así como también empresas transnacionales opuestas al gobierno”. El informe de inteligencia señalaba que su objetivo era “crear focos de violencia”. Chacón indicó que agentes del SEBIN le habían preguntado si conocía a la líder opositora María Corina Machado.

El informe de inteligencia, que Human Rights Watch revisó, supuestamente se basa en datos aportados por un informante no identificado, denominado una “fuente viva de información”.

Según el documento, este informante acusó a Embajadores Comunitarios de tener nexos con un miembro de la organización no gubernamental Corazón Valiente, que presta servicios a jóvenes de sectores desfavorecidos. Este miembro de Corazón Valiente había sido detenido días antes, y había mencionado en su perfil de Facebook que colaboraba con Embajadores Comunitarios.

El informe de inteligencia se refiere a Corazón Valiente como “una organización terrorista” que pretende desestabilizar a Venezuela con el apoyo de Estados Unidos. El poderoso político oficialista Diosdado Cabello realizó señalamientos similares el 24 de enero en su programa de televisión.

La única prueba adicional que citó el Ministerio Público contra Hinds y Chacón fueron informes del SEBIN sobre su detención y fotografías de sus teléfonos celulares, que se confiscaron al momento de la detención. El juez dispuso que permanecieran detenidos hasta que presentaran la documentación exigida para ser liberados bajo fianza. Algunos días después, Hinds y Chacón presentaron esa documentación, pero no fueron liberados.

El 2 de abril, un juez venezolano ordenó al SEBIN que liberara a Hinds y Chacón, dado que el Ministerio Público no había presentado cargos formales en el plazo de 45 días, conforme lo exige el derecho venezolano cuando hay personas presuntamente implicadas en delitos y se encuentran detenidas. El juez dispuso que Hinds y Chacón debían presentarse ante el tribunal cada 15 días y no podían salir de Venezuela. Sin embargo, los agentes de inteligencia se han negado a liberarlos. La abogada de Hinds dijo a Human Rights Watch que los funcionarios afirmaron en un primer momento que el “sistema” no funcionaba y no podían “recibir” los oficios judiciales. Más tarde, aseveraron no haber recibido “órdenes de arriba” para procesar los oficios.

HRW pide medidas de la Unión Europea ante abusos en Venezuela

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Federica Mogherini
Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad /
Vicepresidenta de la Comisión Europea

Bruselas, 11 de septiembre de 2017

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el honor de dirigirnos a Ud. en representación de Human Rights Watch con el propósito de instarla respetuosamente a liderar una iniciativa de la Unión Europea que ejerza presión sustancial sobre el gobierno venezolano para que aborde la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela.

Actualmente no quedan en Venezuela instituciones independientes que puedan poner freno al poder ejecutivo. El gobierno acalla el disenso a través de la represión violenta en las calles, el encarcelamiento de opositores y el procesamiento de civiles en la justicia militar. Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos, muchísimos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis humanitaria y de derechos humanos, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.

Human Rights Watch considera positivas las declaraciones recientes de la Unión Europea, en las cuales manifiesta preocupación por los abusos que se cometen en Venezuela y los intentos del gobierno de Maduro de usurpar los poderes de la legislatura y debilitar el estado de derecho. Estas declaraciones se expresan en un momento en que gobiernos clave han incluido a Venezuela entre sus principales prioridades regionales, más recientemente con la adopción, por 12 gobiernos —de 11 países latinoamericanos y Canadá— de la Declaración de Lima, un documento integral en el que se exponen las cuestiones más preocupantes de la situación en el país.

A medida que se profundiza la crisis, instamos a la Unión Europea y a sus estados miembros a acordar un plan estratégico de incentivos positivos y medidas punitivas dirigidas a personas específicas para acrecentar la presión colectiva de la UE sobre el gobierno venezolano. Una acción estratégica y colectiva de estas características por parte de la UE debería, en nuestra opinión, incluir la adopción urgente de Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, que sean contundentes y basadas en principios de derechos humanos, así como manifestaciones de consternación de la UE y de sus estados miembros expresadas en foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas. La UE debería expresar claramente que, ante las evasivas continuas del gobierno de Maduro, está preparada para aplicar medidas punitivas específicas dirigidas contra funcionarios y altos mandos venezolanos responsables por la persistencia de violaciones graves de derechos humanos. También instamos a la UE a identificar formas de aumentar la asistencia humanitaria que contribuyan a mitigar la devastadora crisis de alimentos y salud en Venezuela.

Concentración de poder

La concentración absoluta de poder en Venezuela ha permitido que el régimen de Maduro incurra en una multiplicidad de graves abusos sin ningún tipo de freno a nivel interno. Desde el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por el ex Presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional en 2004, el poder judicial dejó de actuar como rama independiente del gobierno. A partir de que, en enero de 2016, asumió una mayoría opositora en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo ha despojado a la legislatura de sus poderes más fundamentales. El gobierno también controla al Consejo Nacional Electoral, que consiguió frenar un referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro en 2016 y no llevó a cabo las elecciones de gobernadores, que según lo estipulado en la Constitución debían celebrarse en 2016.

En agosto de 2017, el gobierno venezolano avanzó en la implementación de una Asamblea Nacional Constituyente convocada en mayo de este año a través de un decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige la consulta popular previa. Está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar el 30 de julio y que la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados determinó posteriormente que había sido fraudulenta.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes de una amplitud alarmante que van mucho más allá de redactar la constitución. De hecho, la primera medida de la Asamblea Nacional Constituyente fue destituir a la fiscal general, que anteriormente había sido leal al gobierno y, a fines de marzo, empezó a criticarlo abiertamente. Luego designó en el cargo a un partidario del gobierno y, a continuación, se arrogó las facultades legislativas de la Asamblea Nacional. Actualmente, la Asamblea Constituyente está debatiendo la adopción de una “ley contra la violencia política” que condenaría a las personas que “convoquen a acciones violentas y que generen caos y zozobra en la población” a penas de hasta 25 años de prisión, y llamó a realizar un “juicio histórico” de opositores a quienes acusó de “traición a la patria” por haber presuntamente apoyado las sanciones internacionales contra el régimen.

Represión del disenso

Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, han reprimido brutalmente manifestaciones masivas contra el gobierno, desde que las personas salieron a las calles a protestar a principios de abril. Han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia, irrumpido en las viviendas de presuntos opositores y atacado zonas residenciales enteras, edificios y clínicas. Miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados partidarios del gobierno han irrumpido en zonas residenciales luego de protestas, destruido puertas y automóviles, y robado, golpeado y detenido a residentes. El 5 de julio, grupos armados partidarios del gobierno atacaron el edificio de la Asamblea Nacional e hirieron a legisladores, actuando en colaboración con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

Según el Ministerio Público, más de 120 personas han muerto durante incidentes relacionados con las protestas. A fines de julio, antes de que la Fiscal General Ortega Díaz fuera destituida, la fiscalía estaba investigando violaciones de derechos fundamentales en más de la mitad de las casi 2.000 investigaciones de lesiones ocurridas durante las protestas. Según estadísticas extraoficiales, el número de víctimas fatales y heridos sería mucho mayor.

Aproximadamente 5.300 personas han sido detenidas en el contexto de manifestaciones, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente, según el Foro Penal Venezolano, una red local de abogados penalistas que trabajan ad honórem. Cerca de 1.000 siguen encarceladas. Human Rights Watch ha documentado señalamientos de graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituirían tortura, como violentas golpizas, descargas eléctricas y obligar a detenidos a ingerir excrementos. Más de 700 civiles han sido juzgados por tribunales militares, lo cual constituye una violación del derecho venezolano y el derecho internacional.

El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Hay más de 640 presos políticos en Venezuela, según el Foro Penal Venezolano. En las últimas semanas, el Tribunal Supremo ha condenado arbitrariamente a cinco alcaldes, en procedimientos sumarios que violan las garantías de debido proceso, a 15 meses de prisión y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al menos nueve más están alcanzados por una medida cautelar del Tribunal Supremo que podría dar lugar a que se les impongan sanciones a través de ese mismo procedimiento.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe a fines de agosto, en el cual concluyó que se habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno en Venezuela, que indica la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. El informe señala que el “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”. También manifestó que algunas detenciones podrían haber constituido desapariciones forzadas, en los casos en que las autoridades se negaron a reconocer, por un período inicial, el destino o el paradero de los detenidos. A su vez, el informe concluyó que más de la mitad de las muertes ocurridas en el contexto de manifestaciones habían sido causadas por agentes de seguridad o colectivos, y que cuatro personas murieron después de ataques perpetrados por grupos contrarios al gobierno. El gobierno sostiene que nueve agentes de seguridad perdieron la vida.

La crisis humanitaria

Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30% y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida. Los casos de desnutrición aguda global de niños menores de 5 años aumentaron del 8,9 % en el último trimestre de 2016 al 10,2 % en los dos primeros meses de 2017, un dato que sitúa a Venezuela por encima del límite de lo que, a criterio de la Organización Mundial de la Salud, constituye una crisis, según Cáritas Venezuela.

El gobierno venezolano sigue negado que haya una crisis humanitaria. Por ende, la ayuda internacional humanitaria que podría estar disponible inmediatamente y que mitigaría el sufrimiento de los muchísimos venezolanos que tienen dificultades para alimentar adecuadamente a sus familias y acceder a la atención de la salud más básica no está llegando al pueblo venezolano.

Medidas que deberían adoptarse

Con el fin de abordar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, Human Rights Watch insta a los gobiernos a nivel global y a los organismos internacionales a enviar un mensaje contundente al gobierno venezolano de que estas violaciones claras del derecho internacional y la persistencia del avasallamiento de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas tendrán consecuencias, y que los responsables de graves abusos deberán necesariamente ser llevados ante la justicia.

En conclusión, la instamos a incluir a Venezuela en el temario del próximo Consejo de Asuntos Exteriores y facilitar la adopción de un plan colectivo de políticas de la Unión Europea que incrementen la presión internacional —que es urgentemente necesaria— para que el gobierno de Maduro ponga fin a la represión, libere a todos los presos políticos, fije una fecha para la celebración de elecciones libres y justas con supervisión independiente adecuada, restablezca la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional y permita en forma inmediata la llegada de suficiente asistencia humanitaria internacional al país. La UE debería dejar en claro que está preparada para lo siguiente:

  • Adoptar medidas punitivas específicas dirigidas contra funcionarios venezolanos que se consideren responsables de la persistencia de violaciones aberrantes de derechos humanos, incluido el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, el ministro de Defensa (de quien depende el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana), el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia (de quien depende el jefe de la Policía Nacional Bolivariana), el titular del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el fiscal general militar.
  • Ofrecer al gobierno venezolano asistencia humanitaria que podría contribuir a mitigar la severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos. Además de apoyar el trabajo de organizaciones no gubernamentales que reciben donaciones y distribuyen alimentos y medicamentos en el país —y que solo pueden brindar asistencia limitada y temporaria a los venezolanos cuyos derechos a la salud y la alimentación están siendo cercenados—, la UE debería ofrecer asistencia humanitaria adicional a instituciones estatales destinada específicamente a servicios sociales y de atención de la salud que beneficien a personas que necesitan ayuda y asistencia.
  • Manifestar profunda preocupación por el rápido deterioro de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, a través de Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores y declaraciones de la UE, que sean contundentes, estén basadas en principios de derechos humanos, y sean emitidas ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.

No dude en comunicarse con nosotros si necesita más información sobre Venezuela. Aprovechamos la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

Lotte Leicht
Directora para la Unión Europea
Human Rights Watch

José Miguel Vivanco
Director para las Américas
Human Rights Watch

Cómo evitar un baño de sangre en Venezuela, por José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson

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FOTO: Ivan Alvarado / Reuters

 

Cada vez parece más probable que el gobierno autoritario de Nicolás Maduro termine antes de lo que él quisiera. Pero es difícil prever cómo terminará. Es de esperar que haya una transición pacífica hacia un sistema democrático. Pero también podría correr mucha sangre.

Hoy en Cancún los cancilleres del hemisferio se reunirán para definir una respuesta común a las prácticas represivas del gobierno venezolano. Dada la intransigencia de Maduro, deberían centrar su atención en los responsables de la represión. Que haya una transición pacífica podría depender de hasta dónde están dispuestos a llegar los funcionarios del régimen para mantener a Maduro en el poder.

El mes pasado, varios medios de comunicación difundieron una grabación secreta en la cual un grupo de generales venezolanos discutían sobre el uso eventual de francotiradores contra manifestantes. Un general dice que estaría dispuesto a cumplir con las órdenes que reciba. Pero luego expresa su temor de que en el futuro el Ministerio Público no los vaya a “amparar”. “Mañana puede caer cualquiera de nosotros preso.”

Hasta hace poco, estos oficiales no tenían motivos para preocuparse. La última vez que el gobierno de Maduro reprimió fuertemente manifestaciones opositoras, en 2014, la fiscal general Luisa Ortega no impulsó mayores investigaciones sobre los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad. Por el contrario, los fiscales bajo su autoridad fueron cómplices de la represión e incluso manipularon causas penales contra víctimas.

Sin embargo, la misma fiscal general ahora ha empezado a pronunciarse en defensa de los derechos de los manifestantes. En el último mes, repudió detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, pidió que la justicia libere a decenas de detenidos, anunció que imputaría a funcionarios de seguridad responsables de abusos e incluso cuestionó la reforma constitucional que impulsa Maduro. 

¿A qué se debe este repentino interés de la fiscal Ortega por el Estado de Derecho? Muchas cosas han cambiado. Primero y principal, el rechazo de los venezolanos al gobierno actual es cada vez más abrumador.

Además, los gobiernos de la región finalmente han comenzado a alzar la voz contra Maduro. Tras la represión de 2014, el presidente Obama aplicó sanciones a ciertos funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos. En marzo pasado, 14 gobiernos firmaron una declaración conjunta instando al gobierno de Maduro a adoptar tres medidas para restaurar el orden democrático: liberar a los presos políticos, celebrar elecciones y restablecer la separación de poderes.

Este nuevo contexto regional aparentemente ha afectado el cálculo costo-beneficio de ciertos funcionarios que podrían terminar siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. No sorprende, entonces, que la fiscal general haya empezado a distanciarse de la represión ni que los generales teman terminar en la cárcel.

En Cancún, los gobiernos que firmaron la reciente declaración conjunta intentarán persuadir al resto de que apoyen sus tres demandas. Para evitar un baño de sangre, deberían añadir una nueva: que los funcionarios militares o civiles responsables de graves abusos tarde o temprano serán llevados a la justicia. Un mensaje contundente de la comunidad internacional advirtiendo que los responsables de abusos deberán rendir cuentas podría intensificar la preocupación de los generales que podrían ser castigados eventualmente si se involucran en hechos atroces.

En pasadas crisis políticas en América latina era usual que algunos abogaran por amnistías sosteniendo que las demandas por justicia dificultan la transición democrática. Dado que Maduro parece estar resuelto a aferrarse al poder a cualquier costo, la máxima prioridad para la comunidad internacional debería ser impedir que Maduro intensifique la represión. Cualquier gobierno que necesite recurrir a francotiradores para contener el descontento popular acabará el día que sus oficiales desobedezcan la orden de disparar.

 

@JMVivancoHRW

@DWilkinsonNYC

Miles protestan por crisis de derechos humanos en Venezuela, por Tamara Taraciuk Broner
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La oposición venezolana convocó a lo que han denominado la “madre de todas las marchas”, que movilizó a miles de personas a las calles en reclamo de elecciones, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y de que se permita que llegue ayuda humanitaria suficiente al país.
La participación fue masiva. Sin embargo, nunca nos enteraríamos si fuera por la información difundida por fuentes oficiales venezolanas, incluidos el vicepresidente, Telesur y VTV, que informan únicamente sobre mítines a favor del gobierno en los cuales participaron bastantes personas y se ven a algunos que cantan y bailan “en defensa de la paz”.
Sin embargo, hoy no hay en Venezuela demasiados motivos para cantar y bailar. Dejemos de lado, por un instante, la crisis política, económica, de derechos humanos y humanitaria que llevó a miles de personas a las calles en señal de protesta. Hoy las fuerzas de seguridad usaron la fuerza y gases lacrimógenos contra manifestantes, y decenas de personas fueron detenidas. Periodistas que daban cobertura a las protestas fueron hostigados, tanto por miembros de las fuerzas de seguridad como por partidarios del gobierno, y un canal de televisión por cable que cubrió las protestas fue sacado del aire. Al menos una persona perdió la vida: un joven de 17 años que no estaba participando en las manifestaciones murió luego de recibir un disparo en la cabeza.
Lo que sucedió era totalmente previsible. Las protestas de hoy se dieron en el marco de tensiones explosivas, y en un país en el cual las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente manifestaciones de opositores, a veces en colaboración con grupos armados partidarios del gobierno. Antes de la manifestación de hoy, el Presidente Nicolás Maduro —invocando su slogan de “defender la paz”— acusó a la oposición de ir por “el camino de la violencia, de la conspiración, del golpismo [y] del intervencionismo”. También anunció que multiplicaría la cantidad de milicias afines al gobierno y les proporcionaría fusiles, y organizó manifestaciones paralelas en apoyo al gobierno para contrarrestar la protesta de la oposición.
Anticipándose a las manifestaciones de hoy, la mirada de la región ya estaba puesta en Venezuela. Lo que está sucediendo hoy debería ser otra prueba más de lo importante que es que haya una firme presión internacional para que se reestablezcan los derechos humanos y la democracia en Venezuela, y de que el costo y el riesgo de no ejercer tal presión son cada vez más altos.

 

@TamaraTaraciuk

HRW