Human Rights Watch, autor en Runrun

Human Rights Watch

Organizaciones piden a Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renueve Misión de Determinación de los Hechos
La Misión de Determinación de los Hechos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos

Hoy, 84 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han formulado una petición a los Estados del Consejo de Derechos Humanos para que, durante el próximo periodo de sesiones del Consejo, en septiembre, renueven y fortalezcan el importante mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Los Estados deben garantizar que la Misión de Determinación de los Hechos cuenta con financiación suficiente y está capacitada para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas para futuros procesamientos u otros fines de rendición de cuentas, incluidos los mecanismos de justicia internacionales, con el fin de evitar la impunidad por crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela.

La Misión de Determinación de los Hechos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos mediante la resolución 42/25 el 27 de septiembre de 2019, con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con vistas a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Aunque la Misión no ha recibido permiso para entrar en Venezuela, presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2020, cuando concluye su actual mandato.

La necesidad de que este mecanismo internacional siga investigando y denunciando crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela está clara en un contexto en el que estas prácticas continúan imparables, a pesar del aumento del escrutinio internacional, y la impunidad por estos crímenes es la norma imperante a nivel nacional.

En Venezuela, millones de personas siguen sufriendo violaciones del derecho a la vida, la libertad, la integridad física y mental o el acceso a la justicia. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que agravar y empeorar la emergencia humanitaria en el país, donde muchas personas tienen dificultades para acceder a servicios de atención a la salud, agua, alimento, combustible, electricidad y gas, todo lo cual obstaculiza su capacidad de protegerse frente a la pandemia. Más de 5,2 millones de personas venezolanas han huido del país a causa de la crisis humanitaria, política, económica y de derechos humanos que lo azota. Mientras tanto, la pandemia también ha servido como una justificación retorcida del gobierno de Nicolás Maduro para mantener y aumentar su represión de la disidencia, incluyendo a personal sanitario y periodistas.

Estas graves violaciones de derechos humanos y estos crímenes de derecho internacional se ven facilitados por la impunidad generalizada que reina en el país. Tal como han informado muchas organizaciones, y tal como ha dejado claro un reciente informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el sistema de justicia de Venezuela carece de independencia y deja sistemáticamente de proporcionar justicia imparcial a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En lugar de eso, el gobierno de Maduro está utilizándolo para criminalizar y controlar a la población.

La publicación en septiembre del primer informe de la Misión de Determinación de los Hechos marcará un importante primer paso en la senda de la rendición de cuentas en Venezuela mediante la documentación de la participación de aquellas personas de las que se sospecha que son penalmente responsables. Es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos responda de manera significativa a las conclusiones y recomendaciones del informe. Los Estados deben garantizar la total renovación y el fortalecimiento del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos, y deben asegurarse de que la misión cuenta con recursos adecuados para continuar con sus investigaciones fundamentales.

A.C. Reforma Judicial
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Alerta Venezuela
Alianza de Familiares de Víctimas del 2017 (ALFAVIC2017)
Amnistía Internacional
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Asociación Civil Mujeres en Línea
Asociación Gremial Pensionados y Jubilados en Venezuela residentes en Chile
Asociación Venezolana en Chile
Aula Abierta
Caleidoscopio Humano
Canada Venezuela Democracy Forum
Cátedra de Derechos Humanos de la Univerisidad Centrooocidental Lisandro Alvarado
Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons Oscar Arnulfo Romero de la Universidad de los Andes
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet)
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Formación para la Democracia CFD
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR)
CISFEM (Centro de Invetig. Soc. Formación y Estudios de las Mujeres.
Civilis Derechos Humanos
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
Clínica Jurídica para Migrantes y Centro de Estudios en Migración, Universidad de los Andes
Codhez
COFAVIC
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Conectas Direitos Humanos
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Convite AC
Defensa en Acción
Defiende Venezuela
EPIKEIA. Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
Foro Penal
FH
FUNCAMAMA
Fundación Aguaclara
Fundación Apure Lidera
Fundación colombo venezolana Nueva Ilusión
Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
Fundación Ramón Devia
Fundamujer
Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)
GobiérnaTec
Gritemos con Brío
Human Rights Institute World Jurist Association
Human Rights Watch
International Commission of Jurists
International Service for Human Rights 
Justicia Capítulo Venezuela
Monitor de Derechos Humanos 
Monitor Social A.C.
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Movimiento Vinotinto
Mujeres Con Voluntad
Observatorio de derechos humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia (OGCD)
Observatorio Penal Mérida OPEM-DDHH
Observatorio Venezolano de derechos humanos de las Mujeres
Observatorio Venezolano de la Salud
Observatorio Venezolano de Prisiones
OPEM- DDHH
Prepara Familia
PROMEDEHUM
Provea
Red Jesuita con Migrantes América Latina y el Caribe (RJM LAC)
Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe
Sin Mordaza
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
StopVIH
Unión Afirmativa
Venezuelans and Immigrants Aid (VIA)
Voto Joven
With and for the Friends the Fernando Alban
Women’s Link Worldwide

Human Rights Watch: Niños y niñas venezolanos huyen solos de la devastadora crisis
Entre el 1° de mayo y el 21 de noviembre de 2019, 529 niños y niñas venezolanos no acompañados cruzaron la frontera hacia el estado brasileño de Roraima

Las autoridades brasileñas no están brindando protección adecuada a los cientos de niñas y niños venezolanos que huyen solos hacia Brasil, señaló hoy Human Rights Watch.

Entre el 1° de mayo y el 21 de noviembre de 2019, 529 niños y niñas venezolanos no acompañados cruzaron la frontera hacia el estado brasileño de Roraima, según datos de la Defensoría Pública Federal de Brasil, que los entrevistó en la frontera. Casi el 90 % de ellos tiene entre 13 y 17 años. Habían viajado solos o con un adulto que no era un familiar ni su tutor legal.

Es muy probable que la cantidad total sea mayor, ya que algunos niños y niñas posiblemente no se detengan en el puesto fronterizo donde los defensores públicos realizan las entrevistas. No existe ningún sistema para dar seguimiento y asistencia a los niños y niñas no acompañados después de la entrevista de ingreso.

“La emergencia humanitaria está haciendo que niños y niñas abandonen solos Venezuela, en muchos casos para conseguir comida o recibir atención médica”, explicó César Muñoz, investigador sénior sobre Brasil de Human Rights Watch. “Si bien las autoridades brasileñas están haciendo un enorme esfuerzo para acoger a los cientos de venezolanos que cruzan hacia Brasil a diario, no brindan a estos niños y niñas que llegan solos la protección urgente que necesitan”.

Algunos niños y niñas no acompañados terminan viviendo en las calles, donde quedan especialmente vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por pandillas delictivas brasileñas, concluyó Human Rights Watch. Sin un tutor legal, no pueden inscribirse en la escuela ni recibir atención médica, indicaron a Human Rights Watch defensores públicos federales y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Los servicios de protección infantil de Roraima, conocidos como consejos tutelares, anteriormente asignaban algunos niños y niñas venezolanos no acompañados a albergues estatales, que tienen capacidad para alojar hasta 15 niños y 13 niñas adolescentes. En estos casos, el director del albergue actúa como tutor, y de esta forma pueden ir a la escuela y conseguir documentos de identidad que les permiten acceder al sistema de salud pública.

Sin embargo, los dos albergues públicos para menores de entre 12 y 17 años que hay en Roraima estaban tan desbordados que, el 13 de septiembre, un juez del estado dispuso que ya no reciban a más niños o niñas.

Desde entonces, los consejos tutelares en Boa Vista, la capital de Roraima, y en la ciudad fronteriza de Pacaraima han procurado obtener autorización judicial para enviar a algunos niños y niñas venezolanos no acompañados a albergues para refugiados de las Naciones Unidas que fueron creados para acoger a venezolanos adultos y familias con hijos. Los albergues se crearon como parte de la “Operación Acogida” (Operação Acolhida), una iniciativa del gobierno federal brasileño —con apoyo de organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales— para responder a la llegada masiva de venezolanos. Sin embargo, representantes de la ONU dijeron a Human Rights Watch que esos albergues no cuentan con los servicios ni la asistencia necesarios para los niños y las niñas no acompañados.

Un administrador de un albergue que acoge a algunos de ellos dijo en octubre que los menores no acompañados que vivían allí no asistían a la escuela porque no había ningún adulto que pudiera asumir la responsabilidad de llevarlos y traerlos.

El 8 de octubre de 2019, Jesús Alisandro Sarmerón Pérez, un joven venezolano de 16 años, fue hallado estrangulado en una calle cercana al albergue de la ONU en Boa Vista donde vivía. Su cuerpo había sido introducido en una bolsa plástica y presentaba marcas de haber sufrido torturas. Había llegado solo a Brasil en junio y, tras un breve paso por un albergue estatal, vivió en las calles de Boa Vista. Fue asignado a un albergue de la Operación Acogida luego de la decisión judicial del 13 de septiembre, según dijo una funcionaria de Protección de la Niñez en Emergencias de UNICEF a Human Rights Watch. Representantes de la ONU creen que podría haber sido asesinado por una pandilla delictiva. “Los adolescentes venezolanos son presa fácil para las pandillas que quieren reclutarlos”, expresó la funcionaria.

UNICEF prevé abrir dos hogares transitorios para 10 niños y niñas no acompañados cada uno en diciembre, así como proporcionar fondos para su funcionamiento durante los seis primeros meses, conforme a un acuerdo suscrito con autoridades federales y del estado de Roraima. Sin embargo, para que el proyecto resulte sostenible las autoridades federales y estatales brasileñas deben asumir su coordinación luego de la primera etapa y contribuir a su financiación, sostuvo Human Rights Watch. UNICEF también quisiera ubicar temporalmente a niños y niñas no acompañados con familias venezolanas y brasileñas. Para esto, las autoridades brasileñas tendrían que crear un programa de familias de acogida en Roraima y comprometerse a asignar los fondos necesarios para que sea sostenible.

En su decisión del 13 de septiembre sobre la sobrepoblación en los albergues estatales, el juez otorgó al estado de Roraima un plazo de 10 días para presentar un plan para albergar a niñas y niños venezolanos no acompañados. En respuesta, Roraima elaboró un plan que prevé algunas mejoras en los albergues y la apertura de dos hogares transitorios por parte de UNICEF. El gobierno del estado de Roraima no respondió a varios pedidos de reunión e información enviados por Human Rights Watch para tratar este tema.

Si bien el plan que solicita el juez es un paso crucial, la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños y niñas venezolanos no acompañados no debería recaer únicamente en el estado de Roraima, y debería abarcar otros aspectos además del alojamiento, dijo Human Rights Watch. El gobierno federal de Brasil debería trabajar junto con las autoridades municipales y estatales de Roraima, así como con funcionarios del sistema de justicia a nivel federal y estatal, para establecer un sistema con fondos adecuados para la identificación, el seguimiento y la asistencia de niñas y niños venezolanos no acompañados. En esta tarea deberían colaborar organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales que trabajan allí. También deberían garantizar que estos niños y niñas tengan acceso a educación, atención médica y documentos legales.

Sigue leyendo este trabajo en HRW

HRW: Desde 2016 casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL Human Rights Wacht (HRW) aseveró que en Venezuela casi 18.000 personas murieron por acción de las fuerzas de seguridad desde 2016, en supuestas acciones de «resistencia a la autoridad» que pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales.

En su informe «Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos», HRW destacó que aunque no se ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) concluyó que “la información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016 y 4.998 en 2017.

Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de siete mil personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según cifras del Ministerio de Interior.

Además, la ONG destaca que la Oficina del Acnudh realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos.

El organismo de la ONU concluyó que “el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

En los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros de ese cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos.

Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

Además, Human Rights Watch destacó que en todos los casos que investigaron hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia para sugerir que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.

Las FAES han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, afirmó la ONG.

“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.

 

*Vea el informe completo en HRW

Colombia y Venezuela: Ataques a civiles en zona fronteriza

GRUPOS ARMADOS HAN COMETIDO abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. 

El informe de 69 páginas, “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamiento forzado cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los grupos armados intentan controlar a la población a través de amenazas, incluso contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Varios de ellos han sido asesinados. Las víctimas de estos aberrantes abusos incluyen a venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria en su país.

“Mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las FARC en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado en el medio de un conflicto brutal”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país”.

La violencia y los abusos han aumentado en el Catatumbo desde que las FARC se desmovilizaron en 2017 como parte de su acuerdo de paz con el gobierno. Las autoridades colombianas no han tomado medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia.

En abril de 2019, Human Rights Watch adelantó una investigación en terreno en el Catatumbo. En total, recogimos testimonios de más de 80 personas, incluidas víctimas y familiares de víctimas, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona. 

Human Rights Watch también tuvo acceso a informes y estadísticas oficiales, publicaciones de organizaciones no gubernamentales e internacionales, y testimonios tomados por funcionarios públicos a aproximadamente 500 víctimas de abusos cometidos por grupos armados. Es altamente probable que la cantidad total de casos sea incluso mayor a la registrada por las autoridades, debido al temor de las víctimas a sufrir represalias de grupos armados si denuncian los abusos y al temor de las víctimas venezolanas a ser deportadas.

“Los que están en el conflicto no están sufriendo lo que nosotros, como campesinos…, estamos sufriendo”, dijo a Human Rights Watch un maestro de escuela rural que perdió un pie cuando una mina antipersonal explotó a pocos metros de su escuela. “Nosotros somos los que estamos pagando un conflicto que iniciaron ellos”. 

Los escasos controles migratorios y la posibilidad de trabajos mejor pagos atraen a los venezolanos a la zona fronteriza del Catatumbo. Al menos 25.000 venezolanos viven en esta región, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Varios venezolanos vulnerables y a menudo indocumentados han sido víctimas de desplazamiento forzado, asesinato y reclutamiento de menores por parte de grupos armados. 

En el Catatumbo, más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2017, la mayoría durante 2018, según estadísticas gubernamentales. Muchos han sufrido abusos que constituyen desplazamiento forzado con arreglo al derecho internacional humanitario. Muchos civiles debieron desplazarse luego de que grupos armados los amenazaran tras acusarlos de haber cooperado con otros grupos armados o con el gobierno. Otros han huido tras haber sido amenazados por negarse a unirse a un grupo armado. 

OCHA reportó que 109 personas que consideraba civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo en 2018. Los grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos en la zona desde 2017, según la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

“Los líderes sociales desempeñan un rol fundamental al ser la voz víctimas de graves vulneraciones y abusos y contribuir a instaurar el estado de derecho en zonas remotas de Colombia”, expresó Vivanco. “El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para protegerlos y asegurarse de que los responsables de estos homicidios rindan cuentas ante la justicia”.

Los grupos armados en el Catatumbo también han cometido secuestros, desapariciones y crímenes sexuales.

Los grupos han obligado, con amenazas, a niños de apenas 12 años a sumarse a sus filas. En algunos casos los niños se unieron a los grupos por promesas de dinero. Human Rights Watch tuvo acceso a testimonios sobre una decena de casos de familias que se desplazaron después de que un grupo armado intentara reclutar a uno de sus hijos o amenazara con hacerlo. 

Los grupos armados también han sembrado minas antipersonales en zonas rurales del Catatumbo, donde las FARC habían usado minas en el pasado. Cuatro personas han muerto y 65 resultaron heridas debido a minas terrestres antipersonales en el Catatumbo desde 2017.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han logrado que se investiguen y castiguen los abusos cometidos por grupos armados. Hasta abril de 2019, la Fiscalía tenía más de 770 procesos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017. Por estos casos, había 61 condenas. Solo dos miembros de grupos armados fueron imputados de homicidio, según la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía no ha imputado a nadie por amenazas, reclutamiento de menores o desapariciones cometidas en el Catatumbo desde 2017. Dos miembros de grupos armados han sido imputados por desplazamiento forzado, pero ninguno ha sido condenado, y hay más de 480 procesos abiertos por este delito.

La asistencia a los desplazados, contemplada en el derecho colombiano, ha sido lenta e insuficiente, según actores humanitarios en la región. Cientos de civiles han vivido en albergues temporarios improvisados por las comunidades. Algunos albergues no tenían muebles ni agua corriente. Las autoridades tampoco han abordado adecuadamente los riesgos y amenazas a los derechos humanos identificados por la Defensoría del Pueblo en sus “alertas tempranas”. 

En octubre de 2018, el gobierno colombiano creó una Fuerza de Despliegue Rápido con el fin de llevar 5.600 militares más al Catatumbo. Residentes, funcionarios de derechos humanos y actores humanitarios han denunciado comportamientos abusivos por parte de la fuerza pública en la zona. Los soldados acusan a los civiles de ser cómplices de guerrillas y los interrogan en retenes militares. Estas situaciones exponen a los civiles a represalias por parte de grupos armados. En abril de 2019, un soldado mató a un exmiembro de las FARC desmovilizado.

Para cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional y al derecho colombiano, las autoridades colombianas deberían adoptar estrategias de seguridad respetuosas de los derechos humanos que estén destinadas a proteger a la población civil. También deberían aumentar los esfuerzos y capacidades para investigar abusos cometidos por grupos armados y procurar obtener asistencia internacional para los desplazados. Asimismo, el gobierno debería llevar a cabo una evaluación exhaustiva para determinar el número de venezolanos que viven en el Catatumbo y sus necesidades, y asegurarse de que todos los venezolanos puedan trabajar legalmente en Colombia, incluso en zonas más seguras del país.

“Las medidas del gobierno para aumentar la presencia de la fuerza pública en el Catatumbo deben estar acompañadas de acciones más integrales para proteger y defender los derechos de los campesinos y venezolanos que viven allí”, expresó Vivanco. “Estas medidas deberían incluir aumentar las capacidades para adelantar investigaciones penales y redoblar la asistencia humanitaria para las víctimas”. 

Human Rights Watch exige la liberación del periodista Jesús Medina

LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS DEBERÍAN LIBERAR inmediatamente a Jesús Medina, quien se encuentra arbitrariamente detenido desde hace casi nueve meses por su trabajo periodístico, señalaron hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ) y Human Rights Watch.

Está previsto que Medina sea llevado ante un juez para su audiencia preliminar, que se ha postergado ocho veces, el 23 de mayo de 2019. El 29 de agosto de 2018, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Medina, que ejercía como fotoperiodista para varios medios. Formaba parte de un equipo de periodistas que trabajaba en un proyecto de investigación en el hospital de Caracas, señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Se encuentra detenido en la prisión militar Ramo Verde. (El único otro periodista detenido actualmente en Venezuela cumple arresto domiciliario, según investigaciones del CPJ).

“Las autoridades venezolanas deberían desistir de inmediato de los cargos absurdos contra Jesús Medina y dejar de buscar pretextos para prolongar su detención preventiva”, expresó Natalie Southwick, coordinadora para América Central y del Sur del CPJ. “Encarcelar a periodistas y criminalizar al periodismo no pondrá fin a la profunda crisis que atraviesa Venezuela, ni la ocultará del mundo”.

El 31 de agosto, Medina fue acusado de varios delitos, incluidos los de incitación al odio, lucro ilegal en actos de la administración pública y asociación para delinquir, señaló un abogado que integra el equipo que asumió su defensa y pertenece a la organización de derechos humanos venezolana Foro Penal. El abogado manifestó que el expediente penal no incluye ningún análisis legal ni fáctico que fundamente estas acusaciones. Conforme a los imprecisos términos de la ley contra el odio de Venezuela, el delito de “incitación al odio” se pena con hasta 20 años de cárcel. La ley fue promulgada en noviembre de 2017 por la Asamblea Constituyente, conformada por miembros leales a Maduro y creada para arrogarse las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría opositora.

Conforme al derecho venezolano, la audiencia preliminar de Medina —en la cual el ministerio público debe justificar los cargos formales— debería haberse realizado dentro de los primeros 45 días. Ha sido postergada ocho veces, más recientemente el 2 de mayo. En seis ocasiones, la postergación se debió a que el tribunal no había emitido la orden para que Medina fuera trasladado a tiempo desde la cárcel hasta el tribunal, y la audiencia no pudo realizarse sin su presencia, indicó otra de los abogados de Medina del Foro Penal. En las otras dos instancias, el tribunal no había pedido el expediente a la sala de apelaciones, donde se encontraba, y esto también impidió que se realizara la audiencia.

Medina había sido detenido previamente por las autoridades venezolanas en octubre de 2017, mientras realizaba trabajo periodístico desde una prisión en el norte de Venezuela, junto a dos periodistas internacionales, según trascendió en la prensa. El mes siguiente, se desconoció su paradero por dos días. Fue hallado en una autopista en las afueras de Caracas, y afirmó que quienes lo secuestraron, lo habían torturado y amenazado con matarlo, conforme informaron distintas fuentes.

La organización venezolana por la libertad de expresión Espacio Público informó que, entre enero y abril de este año, se detuvo a 37 periodistas, 4 fotoperiodistas y otros 10 trabajadores de medios, incluidos camarógrafos, técnicos y conductores. Esta cifra prácticamente duplica a la del mismo período en 2018.

Algunos casos recientes son la detención del periodista y activista de derechos humanos venezolano Luis Carlos Díaz en marzo, la detención y deportación del periodista independiente estadounidense Cody Weddle, ocurrida una semana antes, y un incidente que tuvo lugar en febrero, cuando miembros de un equipo periodístico de Univisión, encabezado por Jorge Ramos, estuvieron detenidos por varias horas dentro del palacio presidencial de Miraflores antes de ser expulsados del país.

“La detención de Jesús Medina coincide con un patrón de detenciones arbitrarias y hostigamiento de opositores, críticos y cualquiera que se atreva a decir la verdad sobre lo que sucede en Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes de la región y de Europa a quienes les preocupa la falta de independencia judicial y Estado de derecho en Venezuela deberían apoyar nuestro reclamo de que Medina sea liberado en forma inmediata”.

Venezuela debe reformar proyecto de Ley de Amnistía

LA ASAMBLEA NACIONAL DEBERÍA REFORMAR su proyecto de ley de amnistía para asegurar que cumpla con estándares internacionales de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch.

El 22 de enero de 2019, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de ley de amnistía que se aplicaría a aquellas personas que están siendo procesadas penalmente por motivos políticos, así como a funcionarios civiles y militares que “colaboren en la restitución del orden constitucional en Venezuela”. La Asamblea propuso esta norma para generar incentivos que permitan que militares y civiles apoyen a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que se juramentó como presidente encargado y pidió al pueblo venezolano que se movilizara en su apoyo.

“Las disposiciones imprecisas y vagas que contiene el proyecto de ley de amnistía podrían permitir que se garantice la impunidad a agentes del estado responsables por graves abusos”, destacó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Cualquier amnistía que impida investigar y procesar a funcionarios públicos y militares responsables por graves violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Venezuela”, añadió Vivanco.

El 23 de enero, Guaidó anunció que asumía el poder como presidente interino de Venezuela para convocar a elecciones libres y justas. Guaidó ha recibido un amplio apoyo de gobiernos que rechazan la legitimidad de Nicolás Maduro debido a que consideran fraudulentas las elecciones presidenciales de mayo de 2018.

La ley de amnistía propuesta tiene términos muy amplios y no especifica qué delitos quedarían cobijados por la amnistía, ni explica tampoco cuál es el proceso para su implementación. Solamente establece que será administrada por jueces venezolanos, que serían sancionados si se niegan a cumplirla.

Uno de los artículos del proyecto de ley, relativo a la amnistía de presos políticos, menciona el artículo 29 de la Constitución venezolana, que prohíbe las amnistías por delitos de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Este lenguaje no aparece en los artículos que se refieren a las amnistías en favor de actuales funcionarios civiles y militares que retiren su apoyo a Maduro. La ley debería reformarse para establecer claramente que las mismas reglas constitucionales también se aplican a estos casos, señaló Human Rights Watch.

Las disposiciones sobre amnistía que otorgan impunidad a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos contravienen la obligación jurídica de los Estados de asegurar que se haga justicia por esos abusos.

Human Rights Watch condena que dos activistas venezolanos con boleta de excarcelación sigan presos

Los servicios de inteligencia de Venezuela deberían liberar inmediatamente a Gregory Hinds, de 32 años, y Geraldine Chacón, de 24, ambos directores de la organización no gubernamental venezolana Embajadores Comunitarios, señaló hoy Human Rights Watch. Los dos están detenidos a pesar de contar con una boleta de excarcelación que dispuso su liberación. Human Rights Watch analizó el expediente judicial y no encontró pruebas que los impliquen en la comisión de ningún delito.

“Hinds y Chacón se encuentran detenidos arbitrariamente por los servicios de inteligencia de Venezuela y deberían ser inmediatamente liberados”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes regionales y europeos deberían ejercer fuerte presión sobre el gobierno de Maduro para que permita que actores independientes, incluidos representantes de la Iglesia católica de Venezuela, visiten a personas detenidas en el Helicoide para constatar su estado de salud y su integridad física”.

Hinds y Chacón se encuentran presos desde hace más de tres meses y medio. El 16 de mayo de 2018, varios detenidos en el Helicoide, un centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas donde hay muchos presos políticos, llevaron a cabo una protesta pacífica. Los presos contaron a sus familiares que se atrincheraron en un sector de los pabellones y pidieron la mediación de voces independientes, incluida la Iglesia católica. Entre otras cuestiones, quienes participaron en la protesta pidieron que se liberara a detenidos que cuentan con boleta de excarcelación, como Hinds y Chacón.

Luego de que las autoridades sofocaran la protesta, el 18 de mayo un grupo de 18 mujeres, entre ellas Chacón, iniciaron una huelga de hambre. Las mujeres habrían sido objeto de una exhaustiva requisa por agentes del SEBIN, que las obligaron a desvestirse, según una fuente confiable. Chacón todavía se estaría negando a recibir alimentos. Las autoridades no han brindado información sobre la situación de estos u otros detenidos desde la protesta.

Agentes del SEBIN arrestaron a Hinds el 31 de enero en la sede de Embajadores Comunitarios tras afirmar que tenían que entrevistarlo en el marco de una investigación en curso sobre esa organización. Embajadores Comunitarios brinda capacitación a jóvenes de bajos recursos para que participen en un modelo de Naciones Unidas.

Los agentes del SEBIN no presentaron órdenes judiciales de registro de las oficinas ni de detención, indicó la abogada de Hinds. Le pidieron a Hinds que condujera hasta la sede del SEBIN para una entrevista, según él le informó posteriormente a un juez, y él cumplió con lo que le indicaron. Nunca regresó a su casa.

El 1 de febrero, a la 1:30 a.m., un grupo de agentes del SEBIN se presentó en la vivienda de Chacón y su madre les permitió que ingresaran. Los agentes dijeron a Chacón que necesitaban entrevistarla, según ella manifestó ante el juez en la audiencia, y le aseguraron que regresaría en unas pocas horas. Desde entonces, se encuentra detenida.

Los abogados de Hinds y Chacón solamente han podido verlos durante la audiencia ante el tribunal. La primera audiencia de ambos se postergó del 2 al 5 de febrero. Nunca se ha permitido que los familiares los visitaran.

Agentes del SEBIN también fueron a las viviendas de otros directores de Embajadores Comunitarios, pero no los encontraron allí. Desde entonces, seis han huido del país.

En la audiencia de Hinds y Chacón que tuvo lugar el 5 de febrero, el Ministerio Público los acusó de “agavillamiento” e “incitación pública” a delinquir. El informe de inteligencia que dio origen a las acusaciones indicaba que Embajadores Comunitarios “capta a jóvenes para aprovecharse de su situación de bajos recursos” y “los financi[a] con dinero en efectivo, alimentación, alojamiento [y] vestimenta” aportados por “dirigentes políticos de oposición, organizaciones no gubernamentales, así como también empresas transnacionales opuestas al gobierno”. El informe de inteligencia señalaba que su objetivo era “crear focos de violencia”. Chacón indicó que agentes del SEBIN le habían preguntado si conocía a la líder opositora María Corina Machado.

El informe de inteligencia, que Human Rights Watch revisó, supuestamente se basa en datos aportados por un informante no identificado, denominado una “fuente viva de información”.

Según el documento, este informante acusó a Embajadores Comunitarios de tener nexos con un miembro de la organización no gubernamental Corazón Valiente, que presta servicios a jóvenes de sectores desfavorecidos. Este miembro de Corazón Valiente había sido detenido días antes, y había mencionado en su perfil de Facebook que colaboraba con Embajadores Comunitarios.

El informe de inteligencia se refiere a Corazón Valiente como “una organización terrorista” que pretende desestabilizar a Venezuela con el apoyo de Estados Unidos. El poderoso político oficialista Diosdado Cabello realizó señalamientos similares el 24 de enero en su programa de televisión.

La única prueba adicional que citó el Ministerio Público contra Hinds y Chacón fueron informes del SEBIN sobre su detención y fotografías de sus teléfonos celulares, que se confiscaron al momento de la detención. El juez dispuso que permanecieran detenidos hasta que presentaran la documentación exigida para ser liberados bajo fianza. Algunos días después, Hinds y Chacón presentaron esa documentación, pero no fueron liberados.

El 2 de abril, un juez venezolano ordenó al SEBIN que liberara a Hinds y Chacón, dado que el Ministerio Público no había presentado cargos formales en el plazo de 45 días, conforme lo exige el derecho venezolano cuando hay personas presuntamente implicadas en delitos y se encuentran detenidas. El juez dispuso que Hinds y Chacón debían presentarse ante el tribunal cada 15 días y no podían salir de Venezuela. Sin embargo, los agentes de inteligencia se han negado a liberarlos. La abogada de Hinds dijo a Human Rights Watch que los funcionarios afirmaron en un primer momento que el “sistema” no funcionaba y no podían “recibir” los oficios judiciales. Más tarde, aseveraron no haber recibido “órdenes de arriba” para procesar los oficios.

HRW pide medidas de la Unión Europea ante abusos en Venezuela

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Federica Mogherini
Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad /
Vicepresidenta de la Comisión Europea

Bruselas, 11 de septiembre de 2017

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el honor de dirigirnos a Ud. en representación de Human Rights Watch con el propósito de instarla respetuosamente a liderar una iniciativa de la Unión Europea que ejerza presión sustancial sobre el gobierno venezolano para que aborde la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela.

Actualmente no quedan en Venezuela instituciones independientes que puedan poner freno al poder ejecutivo. El gobierno acalla el disenso a través de la represión violenta en las calles, el encarcelamiento de opositores y el procesamiento de civiles en la justicia militar. Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos, muchísimos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis humanitaria y de derechos humanos, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.

Human Rights Watch considera positivas las declaraciones recientes de la Unión Europea, en las cuales manifiesta preocupación por los abusos que se cometen en Venezuela y los intentos del gobierno de Maduro de usurpar los poderes de la legislatura y debilitar el estado de derecho. Estas declaraciones se expresan en un momento en que gobiernos clave han incluido a Venezuela entre sus principales prioridades regionales, más recientemente con la adopción, por 12 gobiernos —de 11 países latinoamericanos y Canadá— de la Declaración de Lima, un documento integral en el que se exponen las cuestiones más preocupantes de la situación en el país.

A medida que se profundiza la crisis, instamos a la Unión Europea y a sus estados miembros a acordar un plan estratégico de incentivos positivos y medidas punitivas dirigidas a personas específicas para acrecentar la presión colectiva de la UE sobre el gobierno venezolano. Una acción estratégica y colectiva de estas características por parte de la UE debería, en nuestra opinión, incluir la adopción urgente de Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, que sean contundentes y basadas en principios de derechos humanos, así como manifestaciones de consternación de la UE y de sus estados miembros expresadas en foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas. La UE debería expresar claramente que, ante las evasivas continuas del gobierno de Maduro, está preparada para aplicar medidas punitivas específicas dirigidas contra funcionarios y altos mandos venezolanos responsables por la persistencia de violaciones graves de derechos humanos. También instamos a la UE a identificar formas de aumentar la asistencia humanitaria que contribuyan a mitigar la devastadora crisis de alimentos y salud en Venezuela.

Concentración de poder

La concentración absoluta de poder en Venezuela ha permitido que el régimen de Maduro incurra en una multiplicidad de graves abusos sin ningún tipo de freno a nivel interno. Desde el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por el ex Presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional en 2004, el poder judicial dejó de actuar como rama independiente del gobierno. A partir de que, en enero de 2016, asumió una mayoría opositora en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo ha despojado a la legislatura de sus poderes más fundamentales. El gobierno también controla al Consejo Nacional Electoral, que consiguió frenar un referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro en 2016 y no llevó a cabo las elecciones de gobernadores, que según lo estipulado en la Constitución debían celebrarse en 2016.

En agosto de 2017, el gobierno venezolano avanzó en la implementación de una Asamblea Nacional Constituyente convocada en mayo de este año a través de un decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige la consulta popular previa. Está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar el 30 de julio y que la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados determinó posteriormente que había sido fraudulenta.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes de una amplitud alarmante que van mucho más allá de redactar la constitución. De hecho, la primera medida de la Asamblea Nacional Constituyente fue destituir a la fiscal general, que anteriormente había sido leal al gobierno y, a fines de marzo, empezó a criticarlo abiertamente. Luego designó en el cargo a un partidario del gobierno y, a continuación, se arrogó las facultades legislativas de la Asamblea Nacional. Actualmente, la Asamblea Constituyente está debatiendo la adopción de una “ley contra la violencia política” que condenaría a las personas que “convoquen a acciones violentas y que generen caos y zozobra en la población” a penas de hasta 25 años de prisión, y llamó a realizar un “juicio histórico” de opositores a quienes acusó de “traición a la patria” por haber presuntamente apoyado las sanciones internacionales contra el régimen.

Represión del disenso

Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, han reprimido brutalmente manifestaciones masivas contra el gobierno, desde que las personas salieron a las calles a protestar a principios de abril. Han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia, irrumpido en las viviendas de presuntos opositores y atacado zonas residenciales enteras, edificios y clínicas. Miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados partidarios del gobierno han irrumpido en zonas residenciales luego de protestas, destruido puertas y automóviles, y robado, golpeado y detenido a residentes. El 5 de julio, grupos armados partidarios del gobierno atacaron el edificio de la Asamblea Nacional e hirieron a legisladores, actuando en colaboración con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

Según el Ministerio Público, más de 120 personas han muerto durante incidentes relacionados con las protestas. A fines de julio, antes de que la Fiscal General Ortega Díaz fuera destituida, la fiscalía estaba investigando violaciones de derechos fundamentales en más de la mitad de las casi 2.000 investigaciones de lesiones ocurridas durante las protestas. Según estadísticas extraoficiales, el número de víctimas fatales y heridos sería mucho mayor.

Aproximadamente 5.300 personas han sido detenidas en el contexto de manifestaciones, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente, según el Foro Penal Venezolano, una red local de abogados penalistas que trabajan ad honórem. Cerca de 1.000 siguen encarceladas. Human Rights Watch ha documentado señalamientos de graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituirían tortura, como violentas golpizas, descargas eléctricas y obligar a detenidos a ingerir excrementos. Más de 700 civiles han sido juzgados por tribunales militares, lo cual constituye una violación del derecho venezolano y el derecho internacional.

El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Hay más de 640 presos políticos en Venezuela, según el Foro Penal Venezolano. En las últimas semanas, el Tribunal Supremo ha condenado arbitrariamente a cinco alcaldes, en procedimientos sumarios que violan las garantías de debido proceso, a 15 meses de prisión y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al menos nueve más están alcanzados por una medida cautelar del Tribunal Supremo que podría dar lugar a que se les impongan sanciones a través de ese mismo procedimiento.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe a fines de agosto, en el cual concluyó que se habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno en Venezuela, que indica la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. El informe señala que el “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”. También manifestó que algunas detenciones podrían haber constituido desapariciones forzadas, en los casos en que las autoridades se negaron a reconocer, por un período inicial, el destino o el paradero de los detenidos. A su vez, el informe concluyó que más de la mitad de las muertes ocurridas en el contexto de manifestaciones habían sido causadas por agentes de seguridad o colectivos, y que cuatro personas murieron después de ataques perpetrados por grupos contrarios al gobierno. El gobierno sostiene que nueve agentes de seguridad perdieron la vida.

La crisis humanitaria

Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30% y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida. Los casos de desnutrición aguda global de niños menores de 5 años aumentaron del 8,9 % en el último trimestre de 2016 al 10,2 % en los dos primeros meses de 2017, un dato que sitúa a Venezuela por encima del límite de lo que, a criterio de la Organización Mundial de la Salud, constituye una crisis, según Cáritas Venezuela.

El gobierno venezolano sigue negado que haya una crisis humanitaria. Por ende, la ayuda internacional humanitaria que podría estar disponible inmediatamente y que mitigaría el sufrimiento de los muchísimos venezolanos que tienen dificultades para alimentar adecuadamente a sus familias y acceder a la atención de la salud más básica no está llegando al pueblo venezolano.

Medidas que deberían adoptarse

Con el fin de abordar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, Human Rights Watch insta a los gobiernos a nivel global y a los organismos internacionales a enviar un mensaje contundente al gobierno venezolano de que estas violaciones claras del derecho internacional y la persistencia del avasallamiento de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas tendrán consecuencias, y que los responsables de graves abusos deberán necesariamente ser llevados ante la justicia.

En conclusión, la instamos a incluir a Venezuela en el temario del próximo Consejo de Asuntos Exteriores y facilitar la adopción de un plan colectivo de políticas de la Unión Europea que incrementen la presión internacional —que es urgentemente necesaria— para que el gobierno de Maduro ponga fin a la represión, libere a todos los presos políticos, fije una fecha para la celebración de elecciones libres y justas con supervisión independiente adecuada, restablezca la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional y permita en forma inmediata la llegada de suficiente asistencia humanitaria internacional al país. La UE debería dejar en claro que está preparada para lo siguiente:

  • Adoptar medidas punitivas específicas dirigidas contra funcionarios venezolanos que se consideren responsables de la persistencia de violaciones aberrantes de derechos humanos, incluido el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, el ministro de Defensa (de quien depende el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana), el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia (de quien depende el jefe de la Policía Nacional Bolivariana), el titular del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el fiscal general militar.
  • Ofrecer al gobierno venezolano asistencia humanitaria que podría contribuir a mitigar la severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos. Además de apoyar el trabajo de organizaciones no gubernamentales que reciben donaciones y distribuyen alimentos y medicamentos en el país —y que solo pueden brindar asistencia limitada y temporaria a los venezolanos cuyos derechos a la salud y la alimentación están siendo cercenados—, la UE debería ofrecer asistencia humanitaria adicional a instituciones estatales destinada específicamente a servicios sociales y de atención de la salud que beneficien a personas que necesitan ayuda y asistencia.
  • Manifestar profunda preocupación por el rápido deterioro de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, a través de Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores y declaraciones de la UE, que sean contundentes, estén basadas en principios de derechos humanos, y sean emitidas ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.

No dude en comunicarse con nosotros si necesita más información sobre Venezuela. Aprovechamos la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

Lotte Leicht
Directora para la Unión Europea
Human Rights Watch

José Miguel Vivanco
Director para las Américas
Human Rights Watch