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Expertos coinciden en que la justicia transicional debe tener como foco a la víctima
Investigadores consideran que la instalación de una comisión de la verdad debe nacer de un acuerdo nacional
Las víctimas esperan una reparación que vaya más allá de lo económico

Foto: @UKinVenezuela

 

Expertos en materia de Derechos Humanos concuerdan en que en un proceso de Justicia Transicional es importante mantener el foco en la víctima y en lo que puede necesitar en un corto plazo. 

En el Foro Chevening de Justicia Transicional organizado por la Embajada Británica y la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, distintos investigadores fijaron postura sobre las consideraciones que se deben tomar en Venezuela, para el momento en el que se empiece a aplicar este tipo de justicia.

Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa aseguró que lo central debe ser la víctima y cómo atenderla. “El gran reto es no perder la memoria ahora, reconocer y documentar a las víctimas”.

Igualmente señaló como otro punto importante la definición que se debe hacer sobre qué víctimas o qué tipo de casos entrarán en el proceso de justicia transicional. Para el sociólogo las víctimas no solo esperan una compensación económica, sino otro tipo de beneficios que los puedan ayudar a seguir adelante.

La investigadora de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, Noemí Pérez, también abordó este punto sobre la reparación a las víctimas, señalando que en muchos casos esto es dejado a un lado.

Pérez explicó que en otros casos de justicia transicional como en Timor Oriental, ubicado en Asia, las víctimas, pedían mejores condiciones de trabajo o de estudios, más que alguna compensación económica. 

Además recomendó que los procesos de este tipo de justicia sean flexibles, para no excluir a algún grupo vulnerable como las mujeres. Para la investigadora es vital estudiar primero los casos que serán incluidos, las víctimas que se entrevistarán e incluso el tipo de preguntas que se harán. 

Otro punto a destacar para Noemí Pérez es la instalación de una comisión de la verdad, pues a su juicio, debe nacer de un acuerdo nacional y no debe ser manejada por partidos políticos. “Porque podemos ver el ejemplo de Colombia, donde le redujeron el presupuesto a la Comisión de la Verdad, luego de la llegada de Iván Duque a la presidencia”. 

Comisionado de Guaidó plantea crear ley que proteja a las víctimas de violaciones de DD HH

HUMBERTO PRADO, COMISIONADO PARA la Defensa de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas informó este miércoles las líneas de acción que llevará a cabo su despacho para garantizar el respeto a los DD. HH. y la protección a las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. 

Prado, quien es el comisionado de Juan Guaidó afirmó que la medida garantizará el acompañamiento y el tratamiento psicológico de las víctimas. También que los perjudicados contarán en todo momento con compresión, respeto y recibirán la atención con garantías para que estas situaciones irregulares no se repitan nuevamente.

El comisionado habló de una organización plural que abordará la complejidad de los casos de torturas, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales.

“Hay que documentar para que la víctima vea que de verdad la están atendiendo. En nuestro país debe existir una respuesta inmediata y conforme a cada una de las partes”, agregó.

Sobre los ataques que han sufrido los venezolanos en Perú, Humberto Prado pidió a los defensores del pueblo de la región impulsar una política para evitar la xenofobia. 

«Creo que los defensores deben impulsar una política de educación al país para que al venezolano lo vean como un hermano que huye por la situación del país», dijo.

 

 

*Con información de EN Y NTN24

HRW: Desde 2016 casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL Human Rights Wacht (HRW) aseveró que en Venezuela casi 18.000 personas murieron por acción de las fuerzas de seguridad desde 2016, en supuestas acciones de “resistencia a la autoridad” que pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales.

En su informe “Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos”, HRW destacó que aunque no se ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) concluyó que “la información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016 y 4.998 en 2017.

Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de siete mil personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, según cifras del Ministerio de Interior.

Además, la ONG destaca que la Oficina del Acnudh realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos.

El organismo de la ONU concluyó que “el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

En los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros de ese cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos.

Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

Además, Human Rights Watch destacó que en todos los casos que investigaron hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia para sugerir que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.

Las FAES han cometido ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, afirmó la ONG.

“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.

 

*Vea el informe completo en HRW

Terremoto de magnitud 6.8 en norte de Japón causa alerta de tsunami

 UN TERREMOTO CON UNA MAGNITUD  de 6,8 en la escala de Richter se registró hoy en la región japonesa de Nigata, en el norte del país, y motivó una alerta de tsunami, según fuentes oficiales.

El temblor se produjo a las 22.22 hora local (13.22 GMT) y el epicentro se situó a diez kilómetros de profundidad, sin que de momento se haya informado sobre posibles víctimas o daños materiales graves.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento sísmico tuvo una intensidad de 6 grados (rango superior) en la escala japonesa (de 12 grados) en la región de Nigata y se sintió con fuerza en la mitad norte de Japón.

El día que las FAES mató a 9 personas y trató de ocultarlo
El 18 de febrero de 2019, el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana ejecutó razzias policiales en siete barrios de Caracas, pero solo reportaron un procedimiento. Los familiares aseguraron que las algunas de las víctimas fueron asesinadas de varios impactos de balas, pero en todos los casos se reseñó un disparo mortal y una misma causa de muerte de forma genérica

 

LA MAÑANA DEL 19 DE FEBRERO de 2019 decenas de familiares se agolparon en la morgue de Bello Monte para dar testimonio de la brutal actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana el día anterior. En menos de 24 horas, durante razzias  realizadas en varios barrios de Caracas, el grupo élite de la PNB habría acabado con la vida de nueve personas.

Esta vez, las FAES solo reportaron un procedimiento: el caso de Deivis Ramsés Brito, a quien estigmatizaron como un delincuente apodado “el chino”, quien habría muerto por “resistencia a la autoridad” en un operativo realizado en San Agustín del Sur. Una vez más se usó el eufemismo “neutralizado” que pudiera enmascarar una ejecución extrajudicial.

Las irrupciones de las FAES en El Junquito, Petare, Mariche, Carapita, Las Mayas y Los Jardines de El Valle el lunes 18 de febrero no fueron informados, ni por reportes policiales ni por notas de prensa.

Frente al intento de invisibilidad la brutalidad policial, los familiares aportaron información sobre irregularidades y contradicciones en las informes de autopsias y certificados de defunción, las cuales indican que las FAES también se esfuerzan por mantener la impunidad de los excesos que se les atribuyen.

Además de Deivis Ramsés Brito, fueron asesinados Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años de edad; Michael José Atencio López, de 22 años; Yorman Allende Figueroa, de 22 años; Samuel Velazco de 31 años; Wilkis Alberto Sevilla Milia, de 34 años; Richard Gerardo Avilán Campos, de 26 años; Alí Antonio Carrillo Linares, de 26 años, y Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años de edad.

Todos los certificados de defunción reseñan como causa de muerte “shock hipovolémico, hemorragia interna, causada por arma de fuego por el imparto de un único proyectil”. No obstante, familiares de las víctimas aseguran que los cadáveres de sus allegados tenían más de dos impactos de balas.

 

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En los certificados de defunción de ocho de las víctimas les colocaron la misma causa de muerte | Foto: Erick González 

Otro hijo asesinado

Milagros López estaba atribulada por la muerte de su hijo mayor Michael José Atencio López, de 22 años. Junto a sus demás familiares, llenaba la planilla que le dieron los funcionarios de la morgue para retirar el cadáver del joven asesinado por las FAES.

Lloraba en cada intento de precisar lo que ocurrió la mañana del lunes, en el sector Las Terrazas, de la parte alta de Los Jardines de El Valle. Relató que los oficiales llegaron a su casa a las 9:00 am, minutos después de que ella saliera a trabajar. “Mi hijo estaba durmiendo en su cuarto, todavía estaba en bóxer cuando llegaron los policías. En la casa estaban sus tres hermanos menores de 12, 14 y 18 años. A todos los sacaron y dejaron a mi hijo en la cama, allí lo mataron”, aseguró la madre.

Contó que ella no estaba en la casa y regresó tan pronto le avisaron de la incursión de las FAES. Pero, para entonces, ya el cadáver de su hijo lo habían trasladado al hospital Periférico de Catia. “Llegue y le pedí a los policías que me dejaran pasar y buscar a mi muchacho, pero uno salió y me dijo que lo fuera a buscar al Periférico de Catia, que todavía estaba herido. No era así, cuando fuimos a ese hospital nos dijeron que llegó sin vida” narró.

El joven, que trabajaba como carretillero en el mercado municipal de Coche, fue el segundo miembro de la familia en fallecer a manos de las FAES, el primero fue su cuñado, Luismar Sánchez Bermudes, de 18 años, a quien asesinaron siete meses antes, en similares circunstancias.

En el acta de defunción se escribió como causa de muerte: shock hipovolémico por arma de fuego causado por el imparto de un único proyectil. Pero sus familiares aseguran que el hombre fue asesinado por el impacto de tres balas, todas en el tórax. “Ahora mi nieto está huérfano de padre. ¿Para qué voy a denunciar, si no me van a devolver a mi hijo?”, dijo Milagros López.

En el informe de autopsia, los médicos forenses tampoco describieron que Michael tenía tres disparos en su cuerpo | Foto: Erick S. González 

“Mi muchacho me pedía ayuda, pero no pude evitar que lo mataran”

Familiares de Yorman Allende Figueroa, de 22 años de edad, tampoco dudaron en señalar a las FAES como responsables del asesinato del joven, cometido durante un operativo en el sector Santa Ana de Carapita. Su madre, que prefirió no ser identificada por miedo a represalias, relató que cuando llegaron los funcionarios la sacaron de la casa, pero aun así escuchaba los gritos de su hijo que pedía ayuda.

“Me sacaron a mí y a los demás de la casa. Escuchaba como mi muchacho me pedía ayuda, pero no pude evitar que lo mataran”, relató la mujer, quien no quiso detallar más sobre los hechos.

Dijo que hace un año, su hijo junto a un primo fueron detenidos por la presunta posesión de un arma de fuego, pero fueron liberados ese mismo día. “No pensé que la última vez que lo vería sería muerto”, lamentó.

Tanto Michael como Yorman cumplen con el perfil de víctima de las FAES en sus operativos. Los dos son jóvenes de una zona popular de la ciudad. Según datos de Amnistía Internacional, Provea y del Monitor de Víctimas, los oficiales perfeccionaron sus sistemas de represión y ejecución de ciudadanos en los últimos años, siendo las principales víctimas los jóvenes entre 17 y 30 años de edad.

Familiares detenidos durante 3 horas

En la morgue de Bello Monte también estaba la familia de Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años, para consignar la denuncia hecha ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) por el asesinato del joven.

Como si no fuera suficiente el dolor por el crimen que habrían cometidos las FAES, tuvieron que soportar la “vigilancia” de los funcionarios de la medicatura forense para que no hablaran con ningún periodista. Aun así, Marcier Molina, padre del fallecido, comenzó a relatar los hechos que llevaron a la muerte del joven.

“Como a las 6:00 am llegaron los funcionarios de las FAES. Allí sacaron a todos a la calle y se los llevaron detenidos. Solo quedó mi hijo”, explicó el padre.

Comentó que la abuela de Yeiberson, su tío, su novia y su hijo de 9 meses de edad estuvieron detenidos por tres horas en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana de San Bernandino. El joven de 18 años quedó solo en su casa ubicada en el barrio Bicentenario, en el kilómetro 7 de El Junquito. “Lo mataron dentro de su propio hogar”, afirmó.

Sus allegados continuaron el relato, tras ser interrumpidos por el funcionario de la morgue. “Cuando vimos que estaban en la casa fuimos a averiguar qué estaba pasando. A los demás se los habían llevado detenidos, pero pude ver a Yeiberson. Estaba en bóxer y vivo. Luego se escucharon los disparos”, precisó otro de los familiares, que prefirió no decir su nombre.

Detalló que los funcionarios policiales, en actitud hostil, le dijeron que se alejara de la casa, porque las personas que vivían allí estaban detenidas en San Bernandino. “Me dijeron que al muchacho se lo llevaron al hospital de Los Magallanes herido. Supuestamente porque se enfrentó a los del FAES, pero eso no es verdad”.

El padre de la víctima agregó que los funcionarios policiales aseguraron que su hijo tenía antecedentes penales y por eso fue que llegaron hasta la casa. “Mi hijo sí estuvo detenido por presunta posesión de drogas en noviembre, pero, al momento que fue presentado en el Tribunal 41° de Control , la jueza se dio cuenta que a él lo sembraron los funcionarios del FAES que se lo llevaron preso. Eso ocurrió el 5 de noviembre de 2018. A mi hijo le dieron libertad plena”, sostuvo.

50 dólares por los daños sufridos

Funcionarios de las FAES irrumpieron en la casa de Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años, a las 4:00 am del lunes 18 de febrero, durante un operativo realizado en el sector Niño Jesús, del kilómetro 3 de El Junquito.

En la vivienda había cinco mujeres y nueve niños y niñas, uno de ellos con una discapacidad motora. A Boza, informaron sus familiares, le dispararon en el segundo piso de su hogar, mientras los menores de edad y sus demás familiares lo escuchaban.

Sus familiares aún recuerdan los gritos de Teófilo antes de que fuera asesinado. “Vieja, Vieja, me están matando”, gritaba el hombre, mientras era sometido por los funcionarios de las FAES. En el primer piso de la casa, su madre escuchaba cómo su hijo le pedía auxilio. “Ella comenzó a gritar que no lo mataran, que si querían se lo llevaran preso. Pero igual le dispararon”, relató la esposa del fallecido, Juliana Padunis.  “Lo que me duele es que mis hijos no verán más a su padre”, expresó la mujer.

 

A Teófilo le dispararon cuatro veces los funcionarios de las FAES, en el certificado de defunción no lo escribieron | Foto: Erick González

Describió que pudo ver por una rejilla de la casa a los funcionarios que se bajaron de tres patrullas negras y dos carros Chevrolet Aveo, uno negro y otro gris, todos con las insignias de las FAES. “El niño que tiene discapacidad comenzó a convulsionar. No teníamos sus medicinas a la mano y los oficiales tampoco hicieron nada. Es más, solo robaron, mientras nos mantenían detenidos por horas y horas”, recordó.

A la 1:00 pm los funcionarios se fueron. Horas antes sacaron a Teófilo envuelto en una sábana de su cuarto. Le dispararon cuatro veces en el pecho, aseguran los testigos. Su cadáver fue trasladado hasta el hospital José Gregorio Hernández, en Los Magallanes.

Al igual que Michael, en el certificado de defunción  se colocó que la causa de muerte se debió a una sola herida de bala. “A todos les pusieron lo mismo. Son malvados”, expresó. Una una vecina agregó que le pusieron un arma de fuego al cadáver de Teófilo y le hicieron dispararla para dejar sus huellas dactilares.

Denuncian que de la casa de Teófilo se llevaron varias pertenencias, entre eso, 130 dólares en efectivo. “Cuando fuimos a la comandancia de Maripérez (antigua sede de la Policía Metropolitana) para reclamar sobre el robo y el abuso, uno de los oficiales salió y nos dio 50 dólares ‘en compensación por los daños’ nos dijo. ¿Acaso eso me iba a devolver a mi esposo?”, señaló la esposa del muchacho.

“O caminas o te mato frente a tus hijos”

Richard Avilán Gerardo Campos y Alí Antonio Carrillo, ambos con 26 años de edad, murieron en la misma casa a manos de las FAES, en Las Mayas, aseguraron sus deudos.

A las 7:00 am del lunes, los funcionarios allanaron la residencia y sacaron a la familia de Carrillo, mientras sometían a los dos jóvenes. Ambos recibieron más de dos impactos de balas.

A la espera de los demás familiares de Richard, estaba Gerliani León, su pareja, sentada afuera de las instalaciones de la morgue de Bello Monte. Relató que Richard estaba en casa de Alí cuando llegaron los funcionarios de las FAES porque ambos irían juntos a trabajar al Mercado Municipal de Coche.

“Me quedé en mi casa. Esa mañana me llamaron diciendo que las FAES se habían metido en el sector y que estaban en la casa de Alí. Me alerté, como pude bajé, pero ya era tarde. A mi esposo lo habían matado”, relató la joven.

Ambos cadáveres fueron trasladados hasta el hospital Pérez Carreño sin signos vitales. Richard tenía dos impactos de bala en el pecho.

Los familiares de Alí completaron el relato de Gerliani. Según narraron, los oficiales sometieron a ambos jóvenes, pero a Carrillo comenzaron a interrogarlo por algunas personas de la zona. “A él lo arrodillaron y comenzaron a golpearlo. Luego con cada pregunta se volvían más violentos. Primero le dispararon en una pierna y así continuaron. Todo esto frente a sus hijos”, señaló Walker Balsa, cuñado de la víctima.

“O caminas o te mato frente a tus hijos”, le dijo uno de los funcionarios que lo obligó a irse hasta el cuarto. Allí lo mataron, aseguró Balsa y destacó que después del doble homicidio, funcionarios de las FAES limpiaron la sangre de los cuartos y sala con un balde de agua, sacaron todos los cartuchos que quedaron en el suelo y en el techo.  “Ellos se montaron hasta en el techo buscando los cartuchos y balas”, agregó el cuñado.

Al igual que en los casos anteriores, en el informe de autopsia no documentaron que tenía tres disparos en ambas piernas y en el pecho. “Cuando llegue aquí me quede sorprendida por la cantidad de familias que también vinieron a retirar a sus familiares por las FAES”, dijo el hombre.

 

Los certificados de defunción no coinciden con las declaraciones de los familiares de las víctimas | Foto: Erick S. González 

Carrillo era obrero y tenía seis hijos. No tenía antecedentes penales a diferencia de Richard, quien estuvo preso hace un año y cinco meses por hurto y robo a mano armada.

“Richard ya había pagado su condena y fue puesto en libertad con órdenes de presentaciones mensuales. Ya estaba a punto de terminar ese proceso, solo le faltaba la boleta de los tribunales. Él se reformó y comenzó a trabajar, más bien incitaba a sus amigos hacer lo mismo. No funcionó”, sostuvo Gerliani.

Ambas familias tienen la intención de denunciar lo sucedido ante el Ministerio Público, aunque coinciden que es poco probable que les den justicia a los asesinos de ambos jóvenes. “Queremos denunciar, pero sabemos que no van a hacer nada”, dijo Gerliani. 

Habían denunciado el acoso, pero nunca  fueron protegidos

Emelis González y Joanna Solórzano también tuvieron que ir a la morgue de Bello Monte la mañana del 19 de febrero. Venían del sector Indios de Mariche, Petare, para reclamar los cuerpos de sus esposos: Samuel Velazco, de 31 años de edad y Wilkis Alberto Sevilla Miller, de 34 años de edad, ambos asesinados en la madrugada, presuntamente por las FAES.

Emelis inició la conversación. Detalló que ella estaba en la casa de su mamá porque tuvo una discusión con Samuel, razón por la que él se encontraba solo en su casa cuando los funcionarios llegaron al sector. “Como a las 3:00 am comenzaron el allanamiento. Estaba a tres casas, aterrada, porque no sabía que sucedía; mucho menos que habían ido a la mía, hasta que una vecina me aviso. Salí corriendo, pero los policías no me dejaban pasar. El funcionario me dijo: “Te voy a pegar un tiro si no te vas”, relató. Sin embargo, ella se escondió cerca de la casa donde tenían a Samuel.

González detalló que pudo ver, a través de una rejilla,  cómo golpeaban a su esposo. Dijo que Samuel no tenía camisa y los funcionarios lo mandaron a vestirse. Minutos después, lo sacaron a un callejón, cercano a su casa. Emelis escuchó disparos.

Los funcionarios que permanecieron en la casa comenzaron a hurtar las pertenencias de ambos fallecidos. “De mi casa se llevaron hasta una mezcladora, que le pertenece a un amigo de mi esposo”, recuerda Emelis.

En el mismo callejón mataron a Wilkis Alberto. Su pareja, Joanna, narró que los oficiales de las FAES entraron a la casa dándole golpes con mandarrias a la puerta. Ella y su esposo dormían.

“Tumbaron la puerta y entraron muy agresivos. No me hicieron nada a mí ni a mi hijo, pero si nos trataron mal. Nos obligaron a meternos en un baño, mientras que a mi esposo le ordenaban que se vistiera y se pusiera zapatos. Lo sacaron y lo mataron en el callejón”, relató Joanna.

Wilkis y Samuel recibieron un disparo en el tórax. Ambos fueron llevados al hospital Domingo Luciani, de Petare, sin signos vitales.

Hace cinco meses, funcionarios de las FAES le advirtieron a Emelis que iban a matar a su esposo. Del mismo modo habrían procedido con otros habitantes del sector. Ante la amenaza, varios vecinos denunciaron el acoso. Emelis fue una de ellas. A pesar de que consignó la denuncia ante el Ministerio Público, González no recibió respuesta. “Me mandaron a ir hasta El Helicoide, para que denunciara allí también, pero a mí me dio miedo. Cuando me acerqué al sitio, una persona me advirtió que no lo hiciera, porque me podría ir peor, por eso me devolví”, señaló.

 

#MonitorDeVíctimas | Cuatro caraqueños murieron en operativos de las FAES el 4-F
En El Paraíso y Gramoven, el cuerpo élite de la PNB penetró en las viviendas de las víctimas que se encontraban desarmadas y simuló dos enfrentamientos

 

Claudia Smolansky @clausmolansky

Francisco Zambrano @franzambranor

Fotografías: Carlos Ramírez / Crónica Uno

LA ARREMETIDA DE LAS FUERZAS de Acciones Especiales (FAES) en sectores populares de la capital no ha cesado, así lo denuncian familiares de las víctimas. A inicios de esta semana, el lunes 4 de febrero, al menos cuatro personas murieron en Distrito Capital en manos de este cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que en enero de este año dejó más de 25 muertos, de acuerdo a un registro de Crónica Uno y Provea.

El lunes 4 de febrero, a las 6:00 am, efectivos de las FAES aparecieron en uno de los edificios de la Misión Vivienda en La Paz, a la altura del Los Leones. Los vecinos aseguran que es primera vez que estos funcionarios se presentan en este urbanismo. “Habíamos escuchado de ellos, más nada”, dice Leidy,  prima de Yoander Coronel, uno de los jóvenes que murió ese día durante el “operativo especial”.

Yoander tenía 22 años y trabajaba en un supermercado en El Paraíso. En esa mañana del 4 de febrero se encontraba en casa de un amigo, Gleybert Bolívar, quien tenía 19 años y también vivía en ese mismo urbanismo. Ambos murieron bajo las armas de las FAES, de acuerdo a los familiares.

Las FAES alegaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que los hechos ocurrieron debido a un presunto enfrentamiento. No obstante, los familiares de las víctimas aseveran que ninguno estaba armado. Leidy acotó que su primo Yoander murió tras un solo impacto de bala en el tórax.

Ese mismo lunes hubo otro despliegue de las FAES en Gramoven, Catia, en el sector Las 3 Puyas. “¿Cómo es eso que ellos siempre hacen lo que hacen y después dicen que es enfrentamiento? Cuando en el caso de mi sobrino solo se escucharon dos detonaciones. Cuando es enfrentamiento, las personas corren, disparan. Pero con estos encapuchados nunca es así”, dijo Isabel, tía de Rainiel Romero Negrín, quien murió tras dos disparos en tórax ejecutados por funcionarios de las FAES.

Rainiel tenía 18 años, era albañil y mecánico. Trabajaba allí en Catia. “Lo conocían en el barrio. Cualquier trabajito que le salía, lo agarraba”, cuenta su papá. Rainiel vivía con su suegra, pareja, cuñada y su sobrina de dos años. Estas últimas dos eran las que estaban junto a él en la casa cuando llegaron los oficiales.

“Sacaron a la niña y a su cuñada de la casa. A los pocos minutos se escucharon las detonaciones”, dijo Isabel.

Isabel vive en Charallave. Allá también ha presenciado estos operativos de las FAES. “He visto cómo entran a las casas, explotan los bombillos para que el lugar quede totalmente a oscuras y luego, como siempre, se escuchan una o dos detonaciones. Sus disparos siempre son específicos. Eso no ocurre tras un enfrentamiento, por eso me parece ilógico que sigan repitiendo ese argumento”, agregó Isabel.

Según Isabel, Rainiel no había tenido problemas con las autoridades ni tampoco había estado preso. “Yo solo sé que tengo que tener miedo cuando veo a esos tipos vestidos de negro y encapuchados”, comentó.

Otro caso que registró Crónica Uno fue el de Freider Toro, de 22 años. En horas de la mañana, efectivos de las FAES aparecieron en su casa, en la carretera Vieja Caracas-Los Teques, en el sector El Guanábano, donde vivía con su madre. Allí le dispararon. El joven estaba desempleado y se encontraba bajo régimen de presentación tras haber estado unos meses detenido.

Provea registró 205 muertes por las acciones de las FAES en el 2018, la mayoría en las zonas más pobres del país. Los estados con los índices más altos de víctimas fueron Lara con 72 fallecidos y Distrito Capital con 64. Los coordinadores de esta organización, Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, han alertado sobre la alta letalidad de este cuerpo, así como el uso desproporcionado de la fuerza.

En enero de este año contabilizaron ocho muertes entre Lara, Distrito Capital y Bolívar que, de acuerdo a la organización, fueron venezolanos que persiguieron y reprimieron luego de responder al llamado opositor en las calles, el 23 de enero, para exigir el cese de usurpación de Nicolás Maduro y elecciones libres.

Según datos de Monitor de Víctimas, 51 personas fueron asesinadas en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador, en 2018, 10% dentro de una vivienda. Más del 80% de los ajusticiamientos en 2018 fueron responsabilidad de cuerpos de seguridad del Estado.

Vino de Colombia y lo mataron

Ricardo Cacique vivía en Colombia y vino a Venezuela en diciembre de 2018 a pasar las Navidades. Este lunes su cadáver fue hallado con impactos de bala en el sector de El Cementerio, municipio Libertador. Familiares informaron que desconocen la hora del hecho, quién puede ser el homicida y qué lo motivó a cometer el crimen.

Cacique tenía 26 años y se desempeñaba en el vecino país como barbero.

 

 

1.948 muertos y 5.000 desaparecidos por sismo y tsunami en Indonesia

LAS AUTORIDADES DE INDONESIA ELEVARON este lunes a 1.948 la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7.5 y el posterior tsunami que sacudieron la región central de la isla de Célebes el 28 de septiembre, mientras calculan que hay alrededor de 5.000 personas desaparecidas.

En un principio se indicó que la cifra de fallecidos era 1.944, pero después subió a 1.948 en una rueda de prensa en Yakarta, de las cuales 885 han sido enterradas en fosas comunes y del resto se encargaron sus familiares.

El número de heridos hospitalizados es de 2.549, mientras que 74.444 indonesios se encuentran acogidos en centros de desplazados y 65.733 viviendas resultaron destruidas o dañadas.

“El problema actual es cómo enviar asistencia sanitaria a las zona aisladas. Actualmente estamos usando helicópteros para llegar hasta ellos”, indicó el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Willem Rampangilei, durante la conferencia transmitida por televisión..

Según la BNPB, el servicio de agua, electricidad y gasolina ha sido restablecido casi en su totalidad en la mayoría de zonas afectadas, donde en los últimos días volvieron a abrir bancos y mercados.

El jefe de la división de la BNPB que se encarga de coordinar la ayuda internacional, el teniente general Yoedhi Swastono, señaló en la citada comparecencia que Indonesia ha recibido ayuda logística y material, como generadores, material de acampada y aviones de transporte, de 13 países, y añadió que otras naciones han colaborado con donaciones económicas.

El gobernador de la provincia de Célebes Central, Longki Djanggola, en una intervención distinta llamó a la población a recuperar la vida normal, mientras continúan las operaciones de búsqueda de supervivientes y desaparecidos que se mantendrán hasta el próximo jueves.

El Ministerio de Educación también hizo un llamado a los responsables de las zonas afectadas a reanudar las clases, pero aparte de los daños sufridos por los colegios “muchos profesores están afectados por traumas”, según Rampangilei.

Palu, la capital de Célebes Central y con una población de unas 350.000 personas antes de la catástrofe, es la zona más golpeada por el desastre.

Las autoridades estiman que cerca de 5.000 personas han quedado sepultadas por el barro en Petobo y Balaroa, dos zonas de Palu.

El desastre natural en Célebes es el peor que padece Indonesia desde el tsunami que en 2004 barrió la provincia de Aceh, en el oeste del archipiélago, donde murieron 167.000 personas.

 

El número de muertes con el paso del huracán Florence por la costa sureste de Estados Unidos aumentó a 18. Entre las víctimas está un bebé de tres meses.

El infante no pudo superar las heridas sufridas cuando un pino se derrumbó sobre la casa móvil familiar en la tarde del domingo, informó el comisionado del condado de Gaston, en Carolina del Norte.

Esta es la segunda muerte de un niño pequeño a causa de Florence, después de que el viernes falleciese otro, junto con su madre, cuando otro árbol cayó sobre su vivienda en Wilmington, ciudad cercana a donde el ojo de Florence tocó tierra como huracán de categoría 1 y vientos de 150 kilómetros por hora.

El domingo fallecieron además otras tres personas en el mismo número de accidentes de carretera debido a las malas condiciones meteorológicas o de la vía producidas por Florence, según autoridades locales.

El sábado, cuando el balance de víctimas era todavía de cinco muertos, el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter su “más profunda empatía y cariño” a las familias y allegados de los fallecidos.

El ciclón, convertido ya en depresión tropical, se encuentra en el extremo occidental del estado de Virginia, con vientos de 50 kilómetros por hora.

Florence avanza rápidamente con dirección noreste y dejará intensas lluvias hoy en el estado de Nueva York y la región de Nueva Inglaterra, en el extremo noreste del país.

Mientras tanto, seguirá provocando grandes precipitaciones en Carolina del Norte y el noroeste de Carolina del Sur y Virginia Occidental.

Esto complicará la situación de varios ríos de la región que amenazan con desbordarse, lo que pondría de nuevo peligro a los residentes en la zona, alertan las autoridades.

En su último boletín sobre Florence, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE UU, los meteorólogos indican que siguen vigentes los avisos de inundaciones en una gran parte de la costa sureste del país