LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA NO HA DEJADO DE PADECER del asedio malsano propiciado por la estolidez de funcionarios del alto gobierno y de sus escatológicos agentes insertados en el aparato burocrático asociado al control rapaz de instituciones de educación superior y de sus procesos académicos. No han podido reconocer que las transformaciones de la sociedad y los cambios que asientan la construcción del país, resultan del diseño y matizado que brinda la Universidad. Más, porque la misma Ley de Universidades, despliega como responsabilidad institucional cuando delega la tarea de coadyuvar a la solución de los problemas que afectan procesos de desarrollo nacional.
Pero desde que la insensatez de quienes se han planteado mantener apresado al país en las mazmorras de la inopia y el atraso, la funcionalidad nacional entró en barrena. Sobre todo, cuando las decisiones gubernamentales obvian las necesidades que obligan al país a corresponderse con las exigencias que demandan los cambios de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes.
Referir lo que significa el problema que se da al momento de advertir la abierta intención del régimen socialista de desmantelar la Universidad autónoma, dado su carácter crítico, no es tampoco cerrarse a reconocer los problemas que a su interior vienen presentándose. El rezago de las universidades frente a las necesidades que surgen de las nuevas maneras de producir, distribuir conocimientos y de vincularse al devenir de las realidades locales, nacionales e internacionales, no puede disfrazarse. Pero tampoco puede ocultarse el hecho que se traduce del tratamiento descalificatorio con el que el alto gobierno busca desmerecer la labor de investigación y de formación académica que ocupa el tiempo de estas casas de estudios superiores.
La manipulación solapada a través de falsos anuncios que terminan siendo profundamente engañadores y contaminadores, de los cuales se vale el gobierno central para desmoronar la capacidad académica radicada en la Universidad autónoma venezolana, es el recurso más venenoso que hasta ahora ha empleado. Ello, con el fin de desmoralizar sus cuadros de profesores, empleados, estudiantes y obreros comprometidos con las libertades académicas.
La intervención que hoy, de manera encubierta, acusa el alevoso accionamiento del alto gobierno y de sus indignos adláteres, no es asunto de novedoso procesamiento. Viene sucediendo desde el mismo instante en que comenzaron a desvirtuarse los compromisos políticos anunciados en 1998. Justo, antes de asumir el poder el finado presidente militar, con cuentos que sólo fueron creídos por ilusos e ingenuos embelesados por un desmesurado maniqueo electoralista. Y por supuesto, demagógico.
A la actualidad, casi veinte años después, el carácter impositivo de decisiones ilegítimas desplazó la condición autonómica de la Universidad. Autonomía ésta promulgada por la misma Constitución de 1999. Sin embargo, eso de poco o nada sirvió. Entrado 2008 comenzaron a establecerse medidas por decretos presidenciales según las cuales la autonomía universitaria, entendida como derecho constitucional, parecía no existir. No haberse promulgado. Sobre todo, en un contexto que, por causa de intimidaciones que doblegaron algo de lo que había sido hasta entonces: la altivez académica asegurada en la dignidad de quienes hacían carrera docente y funciones de investigación. Aún así, la desidia de algunas autoridades universitarias, permitió que se arrasaran libertades y se conculcaran derechos académicos. Particularmente aquellos reivindicados con profundo esfuerzo que, incluso, llegó a cobrar “sangre sudor y lágrimas”.
La frivolidad y la hipocresía de intelectuales ortodoxos comprados o vendidos a la causa gubernamental, de esos que comulgan extrañamente con la absurda pretensión de que todo gire alrededor de un pensamiento único, alcanzaron el propósito revolucionario de golpear la autonomía universitaria. Así se intimidaba a la comunidad académica que pudiera resistirse a que los planes del oficialismo chambón avanzaran a “paso de vencedores”. Como en efectos lo hicieron.
Al amparo de la violencia de mano de encapuchados, envalentonados, impositivos, petulantes, timadores, abusadores, confiscadores, extorsionadores, chantajistas, deshonestos y usurpadores, comenzó el ejercicio interventor del régimen en la Universidad venezolana. De esa forma, el liderazgo universitario se extravió entre tantos frentes que se dispusieron a contrariar la arrogancia gubernamental que siguió descansando en el manejo totalitario y autoritario del poder político.
El régimen socialista y embadurnado de fantasiosos ideales revolucionarios, ha venido logrando su objetivo de subyugar la dinámica académica universitaria. Ello, con el fin de justificar intempestivas decisiones las cuales harían que las universidades autónomas sean núcleos de consolidación de la mediocridad que requiere el gobierno central para seguir deformando el país a imagen y semejanza de sociedades medievales y oscurantistas.
Mientras el macabro objetivo gubernamental siga destrozando valores y principios de dignidad y moralidad académica, la universidad autónoma será víctima de la confusión maniobrada y usurpadora del devenir universitario. Sobre todo, si quienes están todavía del lado defensivo, avanzan por caminos sin rumbo. Así que mantener ideas sin fundamentos sólidos, es condenar la Universidad a caer en la trampa que le tendió el régimen. De ahí que cabe preguntarse, de cara a lo que de cualquier decisión puede generar, cómo salir de la disyuntiva: ¿Continuidad o parálisis universitaria?
