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Delsa Solórzano: Exigimos fe de vida de Gilber Caro y Víctor Ugas
La parlamentaria señaló que después de siete días desconocen el sitio de reclusión del diputado y su asistente
Aseguró que esto es una táctica del régimen para evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional

 

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) denunció que el diputado Gilber Caro (VP-Miranda) y el periodista Víctor Ugas cumplen siete días de desaparición forzada.

En rueda de prensa, Solórzano señaló que hasta el momento ni los abogados o los familiares han tenido acceso al expediente y que incluso desconocen quién es el Fiscal del caso.

Tampoco saben con certeza si fueron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) los que detuvieron al diputado y su asistente. 

La diputada denunció que recibieron información extraoficial del Palacio de Justicia, donde les indicaron que el diputado y el periodista Ugas fueron trasladados hasta el Tribunal por funcionarios del FAES y que esto representa una violación a la ley, pues son los alguaciles los encargados de este procedimiento.

“Los captores del diputado no permitieron acceso de los alguaciles, sino que presuntamente los funcionarios de las FAES lo trasladaron hacia la juez”, explicó Solórzano.

Igualmente señaló que desconocen cuál es el sitio de reclusión y tampoco las condiciones físicas de los detenidos. 

“Exigimos fe de vida de Gilber Caro y Víctor Ugas. No podemos olvidar los casos del Capitán Acosta Arévalo y de Fernando Albán. Tememos por la vida de Gilber y Víctor”, alertó la diputada.

Frenar a Guaidó

Delsa Solórzano aseguró que el plan del régimen de Nicolás Maduro es intentar evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional.

“La táctica es perseguirlo, amedrentarlos o meterlos preso, eso tampoco les va a funcionar” , dijo Solórzano.

Igualmente la diputada aseguró que el castigo de Gilber Caro es haberse superado luego de haber sido condenado por un delito menor. “Gilber se reinsertó en la sociedad porque se lo propuso y parece que eso le molesta al régimen, porque es la tercera vez que secuestran al diputado”.

Tribunal le negó a Edgar Zambrano posibilidad de juramentar defensa privada

LAS IRREGULARIDADES EN EL CASO del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) Edgar Zambrano, continúan debido a las acciones de la jueza a cargo. El Tribunal 2 de control con competencia en materia de Terrorismo ahora negó la posibilidad de que el parlamentario juramente a su defensa privada, tras más de 100 días a la espera de despacho.

A través de las redes sociales, el diputado de Acción Democrática indicó que permanece “en estados de indefensión” debido a que el Tribunal no les permitió juramentar a su defensa privada. A las otras cuatro personas que también fueron apresadas con Zambrano tampoco se les permitió esta acción.

El diputado Edgar Zambrano fue detenido el 8 de mayo en horas de la noche cuando salía de la sede de su partido, del cual es vicepresidente. El Tribunal Supremo de Justicia había emitido una sentencia días antes, donde solicitaba a la asamblea constituyente que allanase su inmunidad parlamentaria, junto a otros siete parlamentarios, por su vinculación en los sucesos del 30 de abril.

Durante su audiencia de presentación, Zambrano fue imputado por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada. Estuvo recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) hasta el 10 de mayo, cuando fue trasladado hasta la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, y su custodia pasó a manos de la Dirección general de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En esa audiencia, que fue a altas horas de la noche, al diputado no se le permitió llamar a sus abogados privados y le fue designada una defensa pública. Luego de eso, el tribunal no dio despacho, por lo que la juramentación de su equipo defensor, conformado por los abogados Francisco Banchs, Morris Sierralta y Magaly Vásquez; no se puedo realizar por falta de despacho.

Además, el diputado está a la espera de su audiencia preliminar. La ley establece que debe ser fijada entre 15 y 20 días luego del acto conclusivo, pero no se ha cumplido. Esta misma situación la padecen Pedro Rosario, Abraham Rodríguez, Martín Hernández y Luis Peña, que son acusados por el Ministerio Público por los delitos de asociación y obstrucción.

Ninguno de los abogados ha podido tener acceso al expediente y las actas, por tanto, desconocen cuáles son las pruebas del Ministerio Público para solicitar la imputación de estos delitos.

Tribunal ordena arrestar a dos personas implicadas en supuesto plan terrorista
El Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia ordenó encarcelar a dos personas por estar involucradas en un supuesto plan terrorista denunciado por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.
 
La información publicada en nota de prensa por el Tribunal Supremo de Justicia, indicó que los sujetos son Luis Ricardo Gómez Peñaranda y Pedro Pablo Santana Carballo.
 
Señalaron además que estos ciudadanos estarían involucrados en la comisión de delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas de fuego y asociación.
 
El sitio de reclusión acordado por el Juzgado sería la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
Un nuevo plan

El sábado, 31 de agosto, el ministro del régimen de Nicolás Maduro presentó un vídeo en el que aparece Luis Ricardo Gómez Peñaradan, quien – según Rodríguez – habría aceptado colaborar con los órganos de jurisdicción penal en Venezuela, revelando en que consistía el supuesto plan “dirigido” desde Colombia.

Rodríguez responsabilizó al gobierno de Colombia de “amenazar” la tranquilidad de Venezuela. 

Acusó al representante diplomático ante el Grupo de Lima, Julio Borges y también al mayor general retirado, Cliver Alcalá Cordones de planificar un atentado en el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas.

Borges respondió a estos señalamientos asegurando que el régimen de Maduro presenta un un “guión desgastado”.

Aseguró que con estas declaraciones del ministro Rodríguez, intentan tapar “lo que ya el mundo sabe: han convertido a Venezuela en un santuario de grupos narcoterrorista y criminales que buscan desestabilizar la región”.

Privan de libertad a 12 efectivos del Sebin por detener a Juan Guaidó

EL TRIBUNAL SEXTO DE CONTROL del Área Metropolitana de Caracas decretó medida judicial privativa preventiva de libertad para los ciudadanos Ildemaro José Rodríguez Mucura, Argenis Jesús Flores Molina, Waleymi Wilkerin Abab Rivas, Ronald Caballero Urbina Urbina, David Caballero García, Eisten José Flores Molina, Ángel Nicanor Figueira Verdú, Víctor Manuel Herrera Freitas, Joshwad Pietro Vitulano, Luis E. Saavedra Mendoza, Yosbel Adelso Rodríguez Villegas y José Jesús Escobar Colina, funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que privaron ilegítimamente de libertad al diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, mientras se desplazaba por la autopista Caracas – La Guaira.

La decisión judicial se produce tras realizarse la audiencia de presentación en la que los referidos funcionarios fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de abuso de funciones, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la legislación venezolana, y se ordenó en el fallo su permanencia en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Caracas.

 

El tribunal de La Haya da la razón a Chile sobre el conflicto marítimo con Bolivia

LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA (CIJ) ha dado un estacazo a Bolivia sobre sus aspiraciones a tener acceso soberano a las aguas del Pacífico en Chile. El tribunal de La Haya insta a ambas partes a llegar a un acuerdo, aunque reconoce que Chile no contrajo en ningún momento la obligación de negociar una salida marítima con el país vecino.

Mediante una sentencia obligatoria e inapelable, la CIJ ha dado por finalizado un litigio que arrancó hace cinco años con la demanda de Bolivia y que enfrenta a ambos países desde hace más de 100 años, cuando Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico.

Así, con 12 votos a favor y 3 en contra, la CIJ rechazó que Chile esté obligada jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtenga un acceso soberano al océano Pacífico. Así lo explicó el presidente de la corte, Abdulqawi Ahmed Yusuf, que además señaló que, por la misma diferencia de votos, quedó rechazada la petición de Bolivia de pedir que se declarase que Chile había incumplido en el pasado esa obligación de negociar.

No obstante, a pesar de que el recurso judicial de La Paz ha sido desestimado, la Corte Internacional apela a ambas partes a continuar trabajando y pide que su fallo no impida “el diálogo entre las partes y la buena voluntad” para alcanzar un acuerdo.

Las delegaciones diplomáticas de ambos países se encontraban concentradas en la ciudad holandesa para seguir el fallo en directo. Entre los presentes en la sala estaba el presidente boliviano, Evo Morales, que ha convertido el litigo en un asunto clave de su programa de gobierno y arma propagandística. En la víspera de la sentencia se mostró convencido de que “habrá buenas noticias para todos los bolivianos”. Sin embargo, el veredicto ha sido un jarro de agua fría para Bolivia, aunque Morales ha asegura que su país “nunca va a renunciar” a su aspiración a acceder al océano Pacífico debido a “su enclaustramiento”, al tiempo que recuerda que esto es resultado de la “invasión” chilena.

Por su parte, el agente de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, aseguró estar“muy tranquilo” porque el Tratado de 1904, que se firmó tras la Guerra del Pacífico y fijó las fronteras entre ambos países, “estableció el dominio a perpetuidad de los territorios disputados”. “Nosotros ya hemos planteado que, desde el punto de vista del derecho internacional, no hay obligación de resultado y esperamos la aplicación del derecho internacional por (parte de) la CIJ”, añadió.

La “obligación de resultado” mencionada por Grossman se refiere a que la CIJ ya estableció en 2015 que, en caso de que obligase a Chile a entablar conversaciones con Bolivia, el tribunal no determinaría el resultado de las negociaciones

Bolivia asegura que la pérdida de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, a finales del siglo XIX tras la guerra del Pacífico, le ha supuesto un obstáculo para su desarrollo económico. La Paz basa parte de sus argumentos jurídicos en que Santiago ha accedido a discutir el tema marítimo en varias ocasiones a lo largo de los últimos cien años.

Esos diálogos, aunque infructuosos, le habrían ocasionado a Chile una obligación de seguir negociando, según el país altiplánico. Chile por su parte argumenta que el Tratado de 1904 ya fijó las fronteras entre los dos Estados y que las reclamaciones bolivianas de acceso soberano al mar supondrían, en la práctica, una sesión de territorio, opción que no estaría sobre la mesa.

Alex Saab pide a un tribunal prohibir a Armando.info mencionarlo en sus investigaciones

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán incrementa el acoso contra el portal Armando.info y logra que el tribunal 11 de juicio de Caracas también prohíba la salida de Venezuela a tres periodistas, quienes ya se encuentran en el exilio.

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, uno de los grandes beneficiados con la importación de los alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), ha solicitado a través de sus abogados que un tribunal de juicio prohíba a los periodistas venezolanos Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk, Roberto Deniz y Alfredo Meza mencionarlo en sus investigaciones por considerar que esas historias afectan su honor y reputación.

La medida cautelar innominada, como se denomina en la jerga del derecho al recurso intentado por Saab, aún no ha sido respondida por el juzgador y es la última incidencia de la demanda por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada, introducida por Saab en septiembre, que se ventila contra los cuatro comunicadores en el tribunal 11 de Juicio del área metropolitana de Caracas, a cargo de Ghilda Molina Carrillo. El 30 de julio la jueza Molina, atendiendo la solicitud del demandante prohibió la salida del país de los cuatro reporteros.

Saab se querelló contra los comunicadores después de que el sitio Armando.Info publicara a lo largo de 2017 reportajes firmados por Deniz en los que se demostraba la vinculación del empresario barranquillero, altamente estimado por el régimen de Nicolás Maduro, con el negocio de los CLAP y los ingentes beneficios económicos que obtuvo a partir de la venta con sobreprecios al Estado venezolano de alimentos de la cesta básica.

Los abogados de los periodistas han comprobado en estos meses el manifiesto desinterés de Saab por impulsar la causa. Al demandante solo parece moverlo el afán de impedir que esa demanda pendiente de resolución inhiba a Armando.info de publicar sus investigaciones. No lo ha logrado. En dos trabajos posteriores, también firmados por Deniz, el portal ha comprobado que Saab no solo importa alimentos de dudosa calidad para las clases populares, sino que además está sentando las bases para distribuir esos insumos a través de las denominadas Tiendas CLAP, que pretenden sustituir a la desaparecida cadena estatal Abastos Bicentenario.

A partir de la publicación del último trabajo sobre Saab, el domingo 5 de agosto, el sitio ha estado sufriendo las inclemencias de un masivo ataque cibernético, que lo ha mantenido inactivo durante varios días.

En dos ocasiones, tanto el tribunal 11 de juicio de la AMC como la sala 4 de la Corte de Apelaciones, con ponencia del abogado Juan Carlos Espín Álvarez, han negado la solicitud de abandono de la causa. En el criterio de Espín, no se cumplen con los extremos de la petición, a pesar de que el demandante está obligado a no desatender la causa por más de 20 días y lo ha hecho en reiteradas ocasiones.

El proceso va a continuar, a pesar de que los periodistas abandonaron Venezuela a principios de año en salvaguarda de sus libertades y en búsqueda de protección. Se espera que en cualquier momento libren las boletas de captura. Por el momento Scharfenberg, Poliszuk, Deniz y Meza permanecerán en el exterior hasta tanto tengan plenas garantías de enfrentar un juicio justo.

No hubo despacho en tribunal donde se presentaría Lilian Tintori

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El abogado de Lililian Tintori, Juan Carlos Gutiérrez informó este martes que el Tribunal Metropolitana de Caracas donde se debía presentar la esposa del dirigente de Voluntad Popular (VP) Leopoldo López, no prestó despacho.

Aclaró que la defensora de los Derechos Humanos estaba dispuesta a acudir a la citación.

Aseguró que el Ministerio Público (MP) tiene el deber de informar, comunicar, transmitir los hechos y evidencias del presunto delito que se está investigando.

Señaló que no porque se le esté acusando de una imputación exista una sentencia condenatoria.

Exige que se informe con claridad cuales son las evidencias y cuales son los presuntos delitos por el cual se está imputando a Lilian Tintori.

Tribunal de Caracas decreta nulidad absoluta a la solicitud de suspensión de la instalación de la ANC

Palaciodejusticia

El Tribunal 6° de Primera Instancia en Funciones del Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decreta la nulidad absoluta de la solicitud incoada por representantes del Ministerio Público (MP) contra la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El juzgado declaró nula la petición del MP consistente en suspensión provisional e inmediata del acto de totalización, adjudicación, proclamación e instalación de la ANC y el resguardo del material electoral, de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal.

En la decisión del tribunal de control se indica que no se evidencia que en la solicitud se haya dictado la correspondiente Orden de Inicio de Investigación, situación que imposibilita al juzgado determinar de manera inequívoca que es una investigación de carácter penal, siendo un requisito indispensable para determinar la competencia del órgano jurisdiccional, requisito que no puede ser inobservado, por ser la competencia por la materia un requisito de orden público, en consecuencia, el juzgado declaró nula la petición.