El coordinador de investigación de la ONG Provea explicó que los perseguidos políticos y sus familiares no son las únicas víctimas de torturas, también quienes están presos por delitos comunes
Las masivas violaciones de los derechos humanos en Venezuela son muy dramáticas, sobre todo en medio de una emergencia humanitaria compleja. Las víctimas de abusos no tienen adónde acudir, pues el Estado no les brinda ayuda.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, aseguró que la impunidad favorece estas acciones, porque protege a los perpetradores y se convierte en un aliento para nuevos abusos. Los cuerpos policiales cometen gran parte de los atropellos.
El 14 de julio de 2017 el presidente Nicolás Maduro presentó oficialmente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Estas han liderado las masacres en las zonas más vulnerables.
De acuerdo con cifras del Monitor de Víctimas –un proyecto de data periodística– en 2019 fue el cuerpo policial que actuó en más casos: 233, solo en los cinco municipios de Caracas. Investigaciones de Provea aseguran que entre cinco y nueve personas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en promedio, por cada operativo que ejecutan.
El cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana se convirtió en la punta de lanza del terrorismo de Estado en Venezuela. Rodríguez explicó que no solo cometen ejecuciones extrajudiciales, también son líderes en las violaciones de los derechos humanos cuando toman las comunidades.
“Su intención es afianzar el mecanismo de control social de Maduro. Cometen allanamientos ilegales, hurtos y robos, destrozos en las viviendas, amenazas, agresiones físicas y un repertorio represivo que genera terror en la población”, dijo.
Provea calcula que en dos años, desde la creación de las FAES, pasaron de 150 funcionarios a un aproximado de 2000. El financiamiento del Estado no ha disminuido y más bien los dotan de equipos.
—¿Qué mensaje pretende llevar el gobierno de Maduro con la actuación de las FAES?
—Las FAES son el principal brazo del terrorismo de Estado. Con sus actuaciones están mandando un mensaje de castigo a toda la población, no únicamente a la disidencia política. Cometen un amplio repertorio de abusos contra los derechos humanos y tienen un poder enorme que les garantiza fidelidad al proyecto político de Maduro. Ellos ingresan encapuchados a una comunidad, allanan viviendas, roban y hacen los que le da la gana.
—¿Por qué es precisamente este cuerpo policial y no otro el que emplean para el terrorismo de Estado?
—Las FAES no son el único cuerpo que comete violaciones de los derechos humanos. Pero sí la integran muchos colectivos, como lo comprobamos en la masacre de Óscar Pérez y su grupo. El gobierno de Maduro tiene control directo de las FAES, lo que no sucede del todo con la Dgcim y el Sebin.
—Además de los operativos policiales, ¿qué otras acciones son parte del terrorismo de Estado?
—Como fueron creadas con exclusividad para el Gobierno, también reprimen manifestaciones y no solo eso, persiguen a quienes protestan para enviar el mensaje de dominio. Buscan recuperar el control de zonas y la estructura criminal. Sucedió con las protestas en Petare (2019), que ellos no solo reprimieron con toda su fuerza, sino que también mostraron simbólicamente que Petare no se puede sublevar. El allanamiento que hubo en los edificios Los Verdes, en El Paraíso, es otro ejemplo. Ahí castigaron a todos los manifestantes, mataron a un perro, dentro de una casa y enviaron el mensaje a todos los vecinos porque los castigaron de tal forma que entraron a la vivienda y al núcleo familiar.
—¿La tortura, como parte del terrorismo, ahora va en contra de familiares y mascotas de los perseguidos políticos?
—Parte del terrorismo de Estado también es emplear el secuestro, el chantaje y la extorsión para doblegar al principal objetivo. Exterminar al enemigo no solo implica aniquilación física, sino su aniquilación emocional. Si no se puede contra ellos porque algunos salieron del país, entonces van contra la familia o las mascotas.
—¿La tortura la viven solo los políticos y sus familiares?
—No. En las ejecuciones extrajudiciales los cuerpos de seguridad allanan las viviendas, las roban, amenazan a los familiares, matan a los hijos en frente de ellos y los vuelven a amenazar si denuncian.
“En 2019 Provea documentó 574 casos de tortura en un contexto en el cual la gente no denuncia porque en algún nivel la tortura ya se normalizó. El Cicpc es el cuerpo que más casos tiene, la mayoría ocurrieron en calabozos y están vinculados a la comisión de delitos comunes.
“El segundo grupo de torturados son los militares y es por dos objetivos: uno, para detener a quienes supuestamente están conspirando, y dos, enviar un mensaje para que el resto no se atreva. Es decir, el mensaje es que ellos mataron a un capitán de corbeta y a un concejal y no pasó nada”, subrayó.
