sindicalistas

Desde el año 2012 Duque Carvajal ya comenzaba a figurar en cargos importantes dentro del Ministerio Público

Duque figura en expedientes de investigaciones judiciales en las que ONG reportan violaciones de derechos humanos

 

El nombre de Grendy Duque Carvajal ha cobrado relevancia en los últimos días, pero no por sus méritos ni trayectoria, sino por las recientes condenas que ha dictado contra dirigentes sindicales, militares y civiles procesados por temas políticos. 

Duque Carvajal, de 37 años, es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y es oriunda del estado Guárico. Actualmente, es jueza del Tribunal Segundo con competencia en terrorismo.

Según reseña el portal web El Pitazo, Grendy Duque figura en expedientes de investigaciones judiciales en las que ONG reportan violaciones de derechos humanos.

Desempeño en ascenso

Desde el año 2012 Duque Carvajal ya comenzaba a figurar en cargos importantes dentro del Ministerio Público. 

En ese mismo año, fue designada fiscal auxiliar en la Dirección General de Actuación Procesal, específicamente en delitos comunes, cargo que ocupó hasta el año 2013. 

En el 2013 aparece como la fiscal que solicitó la imputación del funcionario del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), Tryno José Martínez, por el delito de extorsión contra comerciantes.

Para el año 2014, momento de protestas y gran revuelo en el país por las manifestaciones organizadas por estudiantes, sociedad civil y políticos de oposición, Duque Carvajal suscribió la acusación del Ministerio Público contra Leopoldo López por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.

En 2015 fue la fiscal designada para investigar el hallazgo de siete osamentas durante un procedimiento del Ejército venezolano en una fosa en común en el sector La Mulata, municipio Ureña, en el estado Táchira.

En 2018, la designaron como fiscal en la Dirección de Fiscalías Superiores del Área Metropolitana de Caracas.

Durante 2022,  fue la jueza encargada de la investigación en contra de tres personas señaladas de planificar un supuesto atentado contra Nicolás Maduro y trasladar explosivos.

Denuncia ante Inspectoría de Tribunales y la ONU

Los abogados Eduardo Torres y la exmagistrada Blanca Rosa Mármol introdujeron una demanda en contra de Grendy Duque Carvajal el pasado 7 de agosto por condenar «sin pruebas» a seis sindicalistas venezolanos  a 16 años de prisión.

Torres señaló que Duque sabía desde el primer momento que existían documentos que acreditaban a los sindicalistas como luchadores sociales, por lo que se le pidió que los juzgara atendiendo el principio de libertad, pero se negó. 

El abogado en ese momento también informó que dicha denuncia se iba a llevar a instancias internacionales como Naciones Unidas (ONU), la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por tratarse del crimen de lesa humanidad de persecución y encarcelamiento de la disidencia política.

Por su parte, el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray denunció a través de sus redes sociales que la jueza Grendy Duque Carvajal, condenó a los seis sindicalistas sin haber tenido «una sola prueba». 

Operación Constitución

Duque fue la encargada de impartir una peculiar justicia en contra de los procesados de la denominada Operación Constitución, un supuesto plan que involucra a capitanes, coroneles y generales de la Fuerza Armada, quienes presuntamente conspiraron para suspender las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y detener al gobernante Nicolás Maduro.

A los implicados se les acusó de diversos delitos, entre ellos, de conspiración, asociación para delinquir, terrorismo y traición a la patria y precisamente este miércoles, 20 de septiembre, fueron condenados  con penas que van desde los 16 hasta los 30 años de prisión.

#Venezuela. Caso Constitución: Juez Grendy Duque, condeno en horas de la madrugada de hoy, a 30 años de prisión al Coronel Oswaldo Garcia Palomo, condenado en Ausencia, al Coronel Acevedo Montañez, Coronel Jhonny Mejias Laya y a Miguel Iabichela por de Traición a la… pic.twitter.com/sAFIhLNJ8j

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) September 20, 2023

El abogado Zair Mundaray denunció que el pasado 13 de septiembre, en audiencia, la jueza le ordenó callar a uno de los condenados por el caso, el coronel García Palomo, quien pidió la palabra para denunciar que tenía más de un mes en aislamiento sin visitas ni salir al sol siquiera.

Ante este hecho los imputados optaron por entonar el himno nacional: «La Presidenta del Circuito irrumpió en la Sala y suspendió la continuación de la audiencia de forma violenta», narró.

#URGENTE funcionarios del "palacio de justicia" de Caracas fueron testigos hoy de otro capítulo de los crímenes que allí se cometen. Narran que se pretendía continuar el juicio de la llamada "Operación Constitución" ante la juez Grendy Duque (la misma que condenó a los…

— Zair Mundaray (@MundarayZair) September 14, 2023

ONU la menciona en su informe de DDHH

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela menciona a la funcionaria un par de veces en su más reciente informe sobre Venezuela publicado este miércoles.

El organismo señaló que investigó durante el último año alegaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país durante enero de 2020 y agosto de 2023 y menciona a Duque Carvajal como la juez a cargo de las sentencias en contra de los sindicalistas y demás personas acusadas de conspiración. 

Los recursos de apelación que interpusieron los juristas están sustentados en los artículos 444 y 445 del Código Procesal Penal

 

Los abogados de los sindicalistas Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Emilio Negrín recurren ante la Corte de Apelaciones de Caracas la decisión del Tribunal 2° de terrorismo por condenarlos a 16 años de prisión, por protestar contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). 

Así lo informó, este 4 de septiembre, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, que publicó una fotografía de parte de los documentos que introdujeron los abogados Rafael Alberto Maimone, Eduardo Torres, Alonso Medina Roa, Kelvin Zambrano, Ana Leonor Acosta y Luis Guillermo Navas.

«Abogados de los 6 #LuchadoresSociales introducen recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Caracas. Reynaldo, Gabriel, Alcides, Emilio, Alonso y Néstor #SonInocentes y fueron sentenciados a 16 años de cárcel. #LiberenALosLuchadores», dice el mensaje que publicó la organización.

APELACIÓN | #4Sept | 📸 | Abogados de los 6 #LuchadoresSociales introducen recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Caracas. Reynaldo, Gabriel, Alcides, Emilio, Alonso y Néstor #SonInocentes y fueron sentenciados a 16 años de cárcel. #LiberenALosLuchadores. pic.twitter.com/vyDjZtXTIc

— Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) September 4, 2023

Los recursos de apelación que interpusieron los juristas están sustentados en los artículos 444 y 445 del Código Procesal Penal.

¿Qué pasó con los seis sindicalistas?

Los seis sindicalistas fueron hallados culpables de conspiración y asociación para delinquir; sin embargo, sus familiares y ONG de derechos humanos aseguran que son inocentes y que fueron enjuiciados injustamente y sin pruebas.

Fueron condenados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Casos de Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada, por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 3, 2023

Ernesto, Reynaldo, Alcides y Alonso son dirigentes políticos del partido Bandera Roja. Emilio es defensor de los derechos humanos y Gabriel es activista sindical en Caracas y, antes de su detención, trabajador humanitario y defensor de los derechos humanos.

La sentencia, que se dio a conocer el 1 de agosto, generó diversas reacciones y rechazo. Expertos en derechos humanos que trabajan con la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguraron en su momento que la condena era un “abuso crónico” de la ley contra quienes defienden derechos de los trabajadores y buscan mejorar las condiciones laborales.

Los especialistas Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule afirmaron que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades y excepcionalidades y denunciaron que «tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al Derecho internacional».

«Estamos asistiendo a un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores»

Relatores ONU condenan el empleo de la legislación antiterrorista para encarcelar a seis sindicalistas venezolanos https://t.co/StdsPDjab5 pic.twitter.com/OSsN7QFIg2

— PROVEA (@_Provea) September 1, 2023

Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión

También alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo»

Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela

El 11 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que los expertos Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtieron que condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales por cargos de terrorismo es un «abuso crónico» de las leyes antiterroristas de Venezuela. 

El 1 de agosto de 2023, seis sindicalistas, detenidos entre el 4 y el 7 de julio 2022, fueron condenados a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir. 

«Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir», anunció la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter. 

La organización insistió en que estos seis sindicalistas son «luchadores sociales, y que esta condena representa «el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela».

«En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron los relatores especiales.

Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión. También, alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo».

El comunicado resaltó varias irregularidades que se presentan en este caso de los detenidos. A continuación algunas de ellas: 

En una comunicación anterior al Gobierno de Venezuela, los expertos destacaron la falta de protección del debido proceso, la falta de acceso a la defensa legal para los activistas y lideres sindicales, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos han sostenido sistemáticamente que la legislación y la práctica antiterroristas deben implementarse de manera respetuosa de los derechos humanos.

«Denunciamos el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación. Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada», reiteró el comunicado.

Los expertos se mostraron profundamente preocupados por el hecho de que todos los sindicalistas fueron condenados a penas de prisión excepcionalmente largas.

Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela.

«La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno», señalaron los expertos.

Los expertos reiteraron en el comunicado que las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos.

«El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», afirmaron los expertos.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU.

Los trabajadores de este órgano, aclaran en el texto,  trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Gabriel Blanco y Néstor Astudillo fueron acusados de los delitos de asociación para delinquir y conspiración

 

La plataforma Alerta Venezuela denunció este domingo 10 de julio, una «nueva arremetida» contra activistas por los derechos humanos, trabajadores humanitarios y sindicalistas.

«En los primeros días de julio se han realizado múltiples detenciones arbitrarias por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y sus familiares, como lo son Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Yeny Pérez«, señaló la organización en un comunicado de prensa.

La plataforma, conformada por Acceso a la Justicia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y Espacio Público, indicó que estas «detenciones arbitrarias» representan «otro ataque» a la libertad sindical y a las organizaciones civiles.

Todos los detenidos, señaló la organización, han ejercido el activismo sindical en diversas regiones del país y Gabriel Blanco actualmente se desempeña como trabajador humanitario.

«En Venezuela se han documentado innumerables casos de violaciones a los derechos laborales como despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios, prohibición de ingresos a las entidades de trabajo, ya sea por ejercer la actividad sindical, por motivos políticos o por exigir el cumplimiento de garantías laborales», agregó la nota de prensa.

Caso Gabriel Blanco y Néstor Astudillo

Gabriel Blanco y Néstor Astudillo, ambos activistas, fueron acusados de los delitos de asociación para delinquir y conspiración, según informó el sábado la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

«Tribunal Cuarto de control con competencia en Terrorismo declara con lugar solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público (Fiscalía) en contra del trabajador humanitario Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y tres personas más», indicó la organización en su cuenta de Twitter.

#URGENTE Tribunal 4to de control con competencia en Terrorismo, declara con lugar solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público en contra del trabajador humanitario Gabriel Blanco, el activista Nestor Astudillo y 3 personas más. 9:05 pm

— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) July 10, 2022

El pasado 7 de julio la ONG Provea denunció que el sindicalista Gabriel Blanco fue detenido en su casa en Caracas. La organización detalló a través de una nota de prensa que funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron a la vivienda de Blanco con una orden de aprehensión por los delitos de terrorismo y asociación para delinquir.

El grupo de sindicalistas consideran inoportunos los llamados de la CSI y la CSA de levantar sanciones

Sindicalistas de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) rechazaron los llamados de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de trabajadoras/es de las Américas (CSA) para suspender las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro.

«Esta patética realidad no se compadece con la descomunal cantidad de recursos recibida por la actual gestión de Nicolás Maduro, tasada en cantidad cercana al billón de dólares, cuya característica ha sido el despilfarro y el robo descarado de los fondos públicos, igualmente en el exagerado gasto militar, ejercicios militares permanentes e injustificados, sin rendición de cuentas alguna, sea en lo proveniente por petróleo, Oro, impuestos al IVA, ISLR. Etc», dicen en un comunicado.

Indican que su posición es «impulsar acciones urgentes e inmediatas ante este nuevo mal, agregado al rosario de vicisitudes que ha sufrido en la actual gestión la diezmada población venezolana, a quien no le interesa en absoluto perder tiempo ni distraerse en polémicas políticas interminables, sino recibir la ayuda humanitaria urgente para enfrentar la pandemia que ha dejado un lamentable saldo al día de hoy, de 23.000 víctimas, entre ellas 1 venezolano y 500.000 contagiados a nivel mundial».

«Concluimos con una reflexión final ante ustedes como representantes de la CSI y la CSA. ¿Qué sindicalistas pueden ser, quienes se autocalifican de izquierda y defensores de la libertad sindical, y al mismo tiempo encubren y justifican la tortura, la prisión de más de 500 presos políticos, la suspensión de la negociación colectiva y la destrucción del salario, en un listado interminable de tropelías gubernamentales, en nombre de una solidaridad ideológica incondicional?».

 

Demandas de la CSI y la CSA

1- Urgente suspensión de las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela por parte de los gobiernos de EE.UU y la UE.

2.- Habilitación de mecanismos de financiamiento emergencial por parte de los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Corporación Andina de Fomentos (CAF), en condiciones preferentes y sin afectar la capacidad futura por parte del gobierno de mantener planes de protección económicos y sociales para la población.

3.- Fortalecer la cooperación técnica y sanitaria entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las autoridades de Venezuela.

4.- Favorecer la adopción por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de todas las medidas económicas, sociales y de sanidad para proteger a la población en general, especialmente a las/os trabajadoras/es en condiciones de informalidad, durante la permanencia de esta crisis.

5.- Hacer un llamado al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que convoque a todos los sectores políticos, económicos y sociales, incluidas las centrales sindicales del país, interesados en contribuir con sus propuestas y esfuerzos en la superación de esta emergencia.

Nota de Prensa

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, este domingo 19 de enero llamó la atención sobre el estado de salud del secretario general del sindicato de Ferrominera, Rubén González, quien cumple hoy “cuatro días con una crisis hipertensiva sin recibir atención médica”.

Informo a Todos los Medios de Comunicación, al Pueblo Venezolano y la Comunidad Internacional q el Dirigente Obrero Rubén González SEC Gen del Sind d Ferrominera hoy Domingo Cumple 4 Días con una Crisis Hipertensiva Sin Recibir Atención Médica. #LiberenARuben #HastaCuandoGomez pic.twitter.com/eSuetvjzuC

— Pablo Zambrano (@pzl17) January 19, 2020

Ante la desatención de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, llamados a velar por la seguridad de los presos políticos, Zambrano pidió la libertad inmediata de su colega sindicalista.

González sufrió una crisis de hipertensión a finales de noviembre del 2019 y se mantuvo así por 15 días. Fue atendido en un Centro de Diagnóstico Especial (CDI), según informó en esa oportunidad su abogado Jorge Machuca y el registro de la prensa.

El pasado 17 de enero, según publicó el Correo del Caroní, Machuca reprobó las promesas incumplidas sobre la excarcelación del trabajador. “Se ha venido corriendo la tesis de que Rubén puede ser liberado en las próximas horas, situación que viene sucediendo desde octubre y noviembre del 2019. Unos voceros políticos han querido abanderarse con esta situación y han dicho que Rubén en las próximas horas va a salir”, desmintió Machuca, refiriéndose a las declaraciones del líder del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, el 14 de enero.

Rubén González fue detenido el 29 de noviembre de 2018 cuando regresaba al estado Bolívar luego de participar en una marcha antigubernamental en Caracas. Entre los cargos que le fueron imputados se encuentran: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Fue condenado a cinco años y nueve meses de cárcel por el Tribunal Militar del estado Monagas.

ESTE LUNES FUERON DETENIDOS tres miembros del sindicato de trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco –SintraFerrominera- cuando protestaban frente al portón de la estatal en el municipio Caroní del estado Bolívar.

Los trabajadores identificados como Rodolfo Marchán, Luis Barroso y Noel Marchán acompañaban una asamblea de los empleados quienes desde hace varios días denuncian violación de los contratos colectivos y de la tabla salarial.

Los empleados fueron llevados hasta el comando castrense 625 de la Guardia Nacional –GN-, y se desconocen los motivos de estas detenciones.

 

#URGENTE| Hace minutos, funcionarios de la GN se llevaron detenidos a 3 dirigentes de Sintraferrominera que acompañaban una asamblea en el portón de la estatal. Trabajadores desconocen a dónde serán trasladados. 7:28am

— Carlos Suniaga G. (@CarlosSuniagaG) September 24, 2018

Los trabajadores detenidos por la GN son Rodolfo Marchan, Luis Barroso y Noel Marchan, todos miembros del sindicato de CVG Ferrominera. https://t.co/H9TSJZ35C3

— Carlos Suniaga G. (@CarlosSuniagaG) September 24, 2018

 

«Yo soy de la opinión de los que son perseguidos.«

Alphonse de Lamartine

Las consecuencias del “Paquetazo Rojo” de Maduro hacia la clase obrera, aunado a la reciente activación de una Comisión de Encuesta —el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT—, ha crispado los nervios de la dictadura a tal punto que ha decidido enfilar contra reconocidos líderes del movimiento de los trabajadores. La revolución, como siempre, en lugar de corregir los errores ataca al emisario.

Durante el mes de septiembre, cuerpos de seguridad del Estado se dedicaron a hostigar, en simultáneo, a Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la empresa del Estado Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), en el estado Bolívar, y a Carlos “Chino” Navarro, presidente de la Central de Trabajadores ASI – Venezuela, afiliada de la Central Sindical de las Américas.

Como aquellos guerrilleros que luego de alcanzar el poder persiguen y encarcelan a sus ex compañeros; Nicolás Maduro, ex sindicalista del Metro de Caracas, persigue al sindicalismo autónomo y avanza en el plan de su desintegración iniciado por Hugo Chávez desde los tiempos de la confrontación con la CTV, la promoción del paralelismo sindical y los consejos de trabajadores, la fallida reforma constitucional del 2007 y las disposiciones regresivas de LOTTT de 2012.

El hostigamiento a Carlos Navarro obedece a una retaliación por las denuncias de violaciones de Convenios Internacionales ante la OIT, y por sus declaraciones públicas sobre los efectos negativos que para el sector laboral tiene el “paquetazo” de medidas económicas del gobierno. Desde entonces ha sido “escoltado” por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como forma de amedrentamiento.

Las prácticas de intimidación al combativo Rubén González ya son recurrentes. Fue preso político de la revolución durante año y medio por haber dirigido una huelga en Ferrominera, y aún se le hostiga cada vez que levanta su voz en defensa de los derechos de los empleados y obreros de las empresas básicas de Guayana.

Aun así, la dictadura no ha logrado callarlos.

La persecución de dirigentes sindicales se asoma como una tendencia represiva del gobierno para intentar silenciar la protesta social y detener el acelerado deterioro de su imagen de “gobierno obrero” o “progresista”, ante su base —interna y externa— cada vez más reducida y que se alimenta de una burda propaganda goebbeliana. No pudieron antes y no lo lograran ahora.

 

Carlos Patiño

@carlosdpatino