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Sanciones de EE.UU

Levantamiento de sanciones de EEUU va de la mano con un proceso de elecciones
A juicio de González, el enfoque de la administración de Biden es distinta a la de Donald Trump con respecto a Venezuela, pues en el gobierno del expresidente republicano «pensaron que una política de presión máxima iba a llevar a cambio de régimen»

Juan González, encargado de la Casa Blanca para América Latina, afirmó que el levantamiento de las sanciones de EEUU va de la mano con un proceso que lleve a elecciones en Venezuela.

En una entrevista que concedió a DW, González comentó sobre las políticas de la administración de Joe Biden en Latinoamérica, señalando que han utilizado herramientas como sanciones, pero han podido «balancear relaciones muy complicadas».

Con respecto a Venezuela, país del que manifestó que EEUU reconoce a la Asamblea Nacional del 2015 como su interlocutor, también recordó los diálogos e intercambios con representantes del oficialismo.

«Sí tenemos conversaciones en ciertos temas necesarios con ellos, pero el enfoque nuestro es apoyar al esfuerzo de la Plataforma Unitaria que ha presentado un calendario electoral muy sensato y pragmático», señaló.

Sin embargo, recordó que EEUU ha dejado claro que está dispuesto a «levantar sanciones y acompañar un proceso que lleve a elecciones».

A juicio de González, el enfoque de la administración de Biden es distinta a la de Donald Trump con respecto a Venezuela, pues en el gobierno del expresidente republicano «pensaron que una política de presión máxima iba a llevar a cambio de régimen».

 

«El enfoque nuestro ha sido apoyar un proceso de negociación y dejar muy claro que vamos a levantar sanciones en base a pasos concretos que le dé la oportunidad a los venezolanos de escoger sus líderes», indicó.

Sobre la oposición venezolana y su división, señaló que es como si los «republicanos y los demócratas tuvieran que trabajar juntos en contra de una ruptura en la democracia del país».

«Estamos 100% a favor de aquellos venezolanos que quieren democracia en el país», acotó.

Para Juan González «hay elementos de democracia en Venezuela», destacando gobernadores y alcaldes electos que gobiernan «de forma democrática», pero reconoce que el «espacio democrático se ha cerrado».

«Nosotros lo que estamos pidiendo y hemos podido expandir el consenso a favor de una dirección democrática en Venezuela porque la política nuestra es una ruta electoral, no es cambio de régimen. Es dejar que los venezolanos decidan, no imponer un resultado a la dirección del país», finalizó.

 

Alejandro Armas Mar 11, 2022 | Actualizado hace 2 días
¿Diálogo sin presiones?
Según Reuters, fue Maduro quien pidió el encuentro con EE. UU. No importa, porque Washington aceptó. Pudo haberse rehusado

 

@AAAD25

Cuando dije en el artículo de la semana pasada que las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania trascenderán las estepas del Dnieper, por supuesto que tenía en mente a Venezuela también. Pero preferí esperar un poco para ver los efectos en este país (¿decir o escuchar “en este país” no les hace pensar en Luis Urbaneja Achelpohl?). Los efectos, desde el Dnieper al Orinoco, el Arauca, el Tuy, el Catatumbo, etc. llegaron más rápido de lo que esperaba.

Y así, vimos un renovado interés del gobierno estadounidense, y de ciertas elites empresariales de ese país, en Venezuela, luego de un largo período de conducción de relaciones con una suerte de piloto automático. En ese lapso no se hizo poco más que reafirmar que las sanciones a la elite chavista se mantendrán mientras esta se rehúse a emprender una transición democrática con sus adversarios, y a aprobar por default lo que el G4 decidiera hacer dentro de Venezuela.

Pero de pronto, la palabra “Venezuela” vuelve a escucharse en ciertos mentideros de Washington.

Mientras, una delegación norteamericana se presenta en Miraflores, incluyendo ni más ni menos que a Juan González, el asesor de Joe Biden para temas latinoamericanos. Han pasado muchos años desde la última vez que representantes del gobierno estadounidense de tan alto nivel pisaron Caracas. Según un reporte de Reuters, fue Nicolás Maduro quien pidió el encuentro, con la mediación del bufete de abogados internacional Dentons. No importa, porque Washington aceptó. Pudo haberse rehusado perfectamente, alegando la falta de relaciones y, de paso, el espaldarazo chavista a Vladimir Putin justo cuando las relaciones entre Rusia y Estados Unidos caen en picado. Entonces, el interés por la reunión fue mutuo.

Apenas 48 horas después, Maduro anunció la reanudación del diálogo con la oposición, interrumpido por el propio chavismo tras la extradición de Alex Saab en octubre pasado. Como aquel señor sigue en una celda en Miami, y no pareciera que fuera a salir, tiene que haber otro incentivo para que Miraflores quiera sentarse de nuevo en la mesa. Por navaja de Ockham, podemos apostar a que ese incentivo tiene que ver con lo que se habló en la misteriosa reunión. Nos la podemos jugar con esa hipótesis como si fuera un caballo con los genes de Victoreado y Cañonero.

Pero hasta ahí llega nuestra confianza lúdica. Mucho más difícil de entender es lo que los interlocutores se ofrecieron el uno al otro, más allá de la obvia liberación de dos ciudadanos norteamericanos presos en Venezuela que ocurrió justo después. Se ha aventurado todo tipo de explicaciones, pero la que al parecer es más compartida sostiene que Joe Biden quiere que Estados Unidos vuelva a comprar petróleo venezolano para compensar al menos una parte del crudo ruso recién vetado en el norte.

Después de todo, otro artículo de Reuters sostuvo que los estadounidenses condicionaron la relajación de sanciones a que Venezuela exporte hidrocarburo a EE. UU. En Washington han negado tal especie.

Pero asumamos que es así y que lo que mueve a Washington es la necesidad de gasolina barata, de manera que la mera reanudación del diálogo sea el pretexto para que el crudo “Merey” vuelva a las refinerías de la Costa del Golfo. Yo no soy experto en materia energética. No puedo decirles si la inquietud norteamericana es tal que haga valer la pena tener como proveedora a una industria tan arrasada como Pdvsa. No sé si, como dicen algunos, es viable que EE. UU. produzca su propio petróleo o se lo compre a Canadá o Colombia.

Lo que sí sé es que la causa democrática venezolana saldría perdiendo. No voy a ignorar la obviedad de que cada país vela primero que nada por sus propios intereses, ni me voy a poner con un melodrama ridículo sobre “traiciones”. Pero hay que decir las cosas como son para no hacerse ilusiones y entender con qué contamos quienes queremos que Venezuela vuelva a tener democracia y Estado de derecho.

Justo ahora no hay presión interna sobre la elite gobernante venezolana. No hay prácticamente movilización ciudadana exigiendo cambios políticos. La presión externa, es decir las sanciones, es lo único que sigue incomodando a dicha elite, aunque ella sola no baste para cumplir su propósito.

Si EE. UU. la eliminara antes de que empiece el nuevo diálogo, o a medio camino sin que el régimen haya hecho concesiones significativas, le veo mucha menor probabilidad de éxito a esas conversaciones que la que ya tenía, entendiendo por “éxito” un desenlace favorable al bien común del país. La razón es sencilla: el chavismo tendría menos presión que antes, así que sería una vez más, y con más fundamento, la parte fuerte de las negociaciones, la que pueda extraer más concesiones de su interlocutor. No hay que ser un genio para entender que ello implicaría la continuidad de su hegemonía absoluta.

Sé que en el norte hay diversos intereses detrás del empeño en entenderse con Miraflores como sea. Pero el presidente de aquel país es Joe Biden, y por ello sobre él recaerá la responsabilidad política y moral de cualquier consecuencia de ese camino. A menos que Florida sea el estado que decida la próxima elección presidencial, el costo político para Biden podrá ser muy bajo, debido al poco interés de los votantes estadounidenses en Venezuela, fuera de Miami y sus alrededores. Pero de todas formas sería una mancha en el legado de un mandatario que se comprometió a defender la democracia en el mundo a capa y espada.

También sería un fracaso más para la dirigencia opositora venezolana. Porque si cada país privilegia sus intereses, la tarea internacional del liderazgo disidente no es otra que persuadir a los gobiernos extranjeros de que sus intereses son los mismos.

A lo mejor las cosas terminan marchando por otra vía. Tal vez los voceros de la Casa Blanca sean sinceros cuando insisten en sus reclamos de vuelta a la democracia en Venezuela. Pero no se puede ser ingenuo. Esperemos a ver qué sigue, preparados para lo que sea.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Brasil denuncia espionaje ruso desde Venezuela, por Edgar C. Otálvora

El Ministro de Defensa de Brasil durante su toma de posesión el 06ABR21. Foto: Ministerio Defensa de Brasil.

@ecotalvora

La presencia en Venezuela de funcionarios militares y mercenarios de origen ruso comienza a ser abiertamente mencionada en medios castrenses y diplomáticos continentales.

El 05MAY21, la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado brasileño realizó una sesión abierta con presencia del ministro de Defensa Walter Braga Netto quien estaba acompañado de los comandantes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica. Braga Netto confirmó que el gobierno de Venezuela junto con militares rusos había realizado operaciones de monitoreo y guerra electrónica en la frontera con Brasil. “El ejercicio en la frontera ocurrió y las fuerzas armadas (de Brasil) tienen capacidad para contraponer las amenazas cibernéticas. Cada vez que se movilizan en un ejercicio nosotros les hacemos seguimiento”, afirmó Braga Netto.

De esa manera el ministro brasileño, quien posee el rango de general del Ejército en condición de retiro, daba respuesta a las interrogantes del senador gaucho Marcel van Hatten, quien a su vez basó su intervención en información del portal de temas militares DefesaNet.

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El 02MAY21 el portal Defesanet publicó un reportaje en el cual aseguraba que personal del servicio de inteligencia militar de Rusia, conocido como GRU, estaba operando junto con militares venezolanos en la frontera con Brasil.

“Antenas de interceptación de señales electrónicas y de comunicaciones fueron instaladas en Santa Elena de Uairén” en el eje poblado de los límites entre los dos países.

“Los sistemas pueden dejar sin efecto la criptografía, intervenir e interferir (jamming) las comunicaciones militares brasileñas y de las aeronaves que vuelen en la región”.

La información de Defesanet referida a la frontera Venezuela-Brasil es análoga a reportes suscritos por la periodista venezolana Sebastiana Barráez en relación a la frontera Venezuela-Colombia. En un trabajo publicado en el portal bonaerense Infobae del 30AGO19, Barráez había reportado la llegada de “cerca de 80 rusos y un pequeño grupo de cubanos” a la población de Rubio, en la frontera venezolana con Colombia, “para instalar equipos de radares, antenas que bloquean señales de telecomunicaciones”.

Tanto en Brasilia como en Bogotá, sus respectivos organismos de inteligencia dan como un hecho que las embajadas de Rusia operan como centros de espionaje electrónico. De hecho, el 07DIC20 el gobierno de Colombia expulsó a dos funcionarios diplomáticos de la embajada de Rusia en Bogotá acusados de espionaje militar. En las últimas semanas, la cancillería y los medios de propaganda del gobierno ruso se han mostrado particularmente críticos contra el gobierno de Iván Duque.

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Por cierto, la situación de los funcionarios que Nicolás Maduro mantiene en Brasil y que se niegan a abandonar el país pese a haber sido declarados personas non gratas el 04SEP20, se ha convertido en un asunto policial.

Los funcionarios del gobierno de facto de Venezuela mantienen el control físico de las instalaciones diplomáticas y consulares venezolanas en Brasil pese a que en la actualidad son indocumentados. Sus credenciales, visas y documentos de identidad han sido anulados o ya han expirado dado que Brasil no les reconoce su condición diplomática.

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El 23MAR21 el diputado del partido PT, Paulo Pimenta, solicitó al magistrado del Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso que permitiera la permanencia por tiempo indefinido de dos decenas de funcionarios del gobierno Maduro y sus respectivas familias, anulando la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de declararlos personas no gratas. Barroso había ordenado el 16MAY20 que el gobierno suspendiera temporalmente, en razón de la pandemia de COVID-19, la expulsión de los enviados de Maduro, quienes permanecen atrincherados en las sedes diplomáticas con protección de grupos del partido PT y del Movimiento Sin Tierra.

El magistrado Barroso, en sentencia del 06ABR21 alegó que no corresponde al STF sustituir al presidente de la República en decisiones de política exterior. En consecuencia decidió poner fin a la protección que había conferido a los enviados de Maduro y les ordenó regularizar su situación migratoria ante las autoridades administrativas respectivas. Barroso, de esa manera, confirmó en su sentencia la legalidad de las medidas que la Policía Federal comenzó a tomar desde el 04SEP20 al notificar a los funcionarios de Maduro que en razón de no ser reconocidos como diplomáticos deben abandonar voluntariamente el país o solicitar la regularización de su situación migratoria actuando a título personal y no ya como agentes extranjeros.

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Los enviados de Maduro en Brasilia mantienen una posición confrontacional contra el gobierno de Bolsonaro, retándolo constantemente mediante la realización de eventos, el porte de uniformes militares y la abierta participación en la política interna de Brasil. El 06MAY21 el gobierno de Maduro distribuyó una fotografía de Lula da Silva con Irene Rondón, quien se presenta como jefe de la misión diplomática de Maduro en Brasilia.

En medios diplomáticos de Brasil corre la versión según la cual el gobierno Maduro procura un escándalo internacional en Brasilia, en una línea de confrontación contra Bolsonaro en asociación con el partido de Lula da Silva y con el abierto apoyo de las embajadas de Rusia, China, Cuba y Nicaragua en la capital brasileña.

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Las encuestas muestran que en Perú se está produciendo una intensa batalla por la presidencia en la cual Keiko Fujimori comienza a ser percibida como potencial ganadora.

Al conocerse los resultados de la primera vuelta el 11ABR21, parecía que el izquierdista radical Pedro Castillo podría fácilmente alzarse con el gobierno. Con el pasar de las semanas la opción de Keiko Fujimori ha ido ganando espacio en las intenciones de voto incluso en regiones interioranas que habían favorecido a Castillo.

La izquierda global apoya a Castillo, quien internamente ya fue reconocido como el candidato de la alianza castrochavista que había presentado la candidatura de Verónika Mendez en la primera vuelta. Castillo igualmente corre con el apoyo del movimiento “etnocacerista”, la organización sincrética de inspiración militarista/comunista/fascista que lidera Antauro Humala desde la cárcel que hace ruido amenazando a migrantes venezolanos.

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Keiko Fujimori ha logrado subir en las mediciones de intención de votos.

La encuesta de la empresa Ídice con data recolectada el 18-19MAY21 le otorga a Fujimori 45,4 % frente al 42 % para Castillo, con 12,6 % de indecisos. Se trata de la primera ocasión en la cual Fujimori encabeza las encuestas reflejando un crecimiento de 11 puntos porcentuales en un mes. Según Ídice, Fujimori estaría logrando mayorías en la conurbación Lima-Callao y las regiones del norte y oriente del país, mientras Castillo sigue siendo mayoría en el sur y el norte.

Por su parte la empresa Datum entregó el 21MAY21 los resultados de una encuesta levantada el 18-20MAY21 que coloca a Castillo con 44,9 % de la intención de voto mientras Fujimori recibe 40,1 %, con 15 % de indecisos. Según Datum, la intención de voto a favor de Fujimori ha crecido 14 puntos porcentuales desde mediados de abril.

La segunda vuelta está convocada para el 06JUN21 y el reto de Fujimori es neutralizar el fuerte “antifujimorismo” presente en sectores que tampoco aprueban la ruta de cambios constitucionales que ofrece Castillo.

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La política de EE. UU. hacia Venezuela oficialmente continúa en revisión y su implementación está en espera de la llegada al Departamento de Estado de un funcionario con mandato y capacidad para implementarla. Ese funcionario podría ser, en caso de ser ratificado por el Senado de EE. UU., el embajador y funcionario diplomático de carrera Brian Nichols.

Nichols, quien fue enviado por el gobierno de Donald Trump como embajador a Zimbabue, es un gran conocedor de Latinoamérica, donde ha desarrollado buena parte de su carrera diplomática ocupando cargos en las embajadas de su país en Perú, Colombia, México y El Salvador, además de haber estado encargado o vinculado a las oficinas de asuntos caribeños y de programas antidrogas durante sus estadías en el servicio interno del Departamento de Estado.

Nichols asistió el 19MAY21 a una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, dado que fue nominado por Joe Biden para asumir el cargo de Subsecretario para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. Esa posición permanece sin titular desde el año 2019 y es ocupada actualmente por la diplomática Julie J. Chung en calidad de encargada.

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Si bien advirtió que la política hacia Venezuela estaba bajo revisión, Brian Nichols dejó saber sus opiniones sobre el tema cuando fue interrogado por el senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut). A juicio de Nichols, el régimen encabezado por Nicolás Maduro no está dispuesto a permitir elecciones “libres y justas” y se valdrá de “cualquier táctica” para evitar las elecciones presidenciales que reclama EE. UU. Esa evaluación hace que el gobierno Biden, a juicio de Nichols, desconfíe de la efectividad que tendría una reducción de las sanciones económicas que mantiene sobre el régimen chavista. Incluso Nichols descartó la opción de nuevamente tolerar operaciones de intercambio de crudo venezolano a cambio de importaciones de diésel, las cuales están siendo patrocinadas por un grupo de parlamentarios del partido Demócrata, incluyendo al senador Murphy y por empresas que hacen lobby en Washington tratando de recobrar el negocio petrolero en Venezuela.

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La posición del gobierno Biden es, por ahora, la de mantener las sanciones impuestas por el gobierno Trump al régimen chavista. EE. UU. mantiene su apoyo operativo al “gobierno” de Juan Guaidó, con quien coincide en la exigencia de la convocatoria a elecciones presidenciales. Bajo el cobijo de la embajada de EE. UU. para Venezuela, que opera en Bogotá, se han producido varias reuniones del liderazgo opositor venezolano que se encuentra disperso dentro y fuera de Venezuela.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Gestión de Maduro contrató a donante demócrata para cabildeo por 6 millones de dólares
El gobierno socialista de Venezuela contrató a una donante del Partido Demócrata por seis millones de dólares mientras presionaba para disuadir a Estados Unidos de imponer sanciones a la nación petrolera, según nuevos registros de cabildeo presentados recientemente

Los documentos, que se dieron a conocer el jueves, muestran que una subsidiaria estadounidense del gigante petrolero estatal venezolano PDVSA acordó contratar a a la firma de abogados de Marcia Wiss en Washington en marzo de 2017. Ese mismo mes, firmó un acuerdo de consultoría por 50 millones de dólares con el polémico excongresista David Rivera.

Wiss, una abogada de comercio internacional con un historial de donaciones al Partido Demócrata, incluyendo una contribución de 1.500 dólares a la campaña del presidente Joe Biden el año pasado, niega haber realizado ninguna labor de cabildeo.

Su antiguo cliente — ahora bajo una nueva dirección — señaló que desconocía el alcance total de su labor para determinar si constituía una actividad política beneficiosa para el gobierno de Nicolás Maduro. La subsidiaria de PDVSA también tomó la inusual medida de registrarse de forma retroactiva como agente extranjero, revelando los contratos con Rivera, Wiss y un tercer contratista.

Los acuerdos salieron a la luz mientras los aliados del líder opositor venezolano Juan Guaidó trabajan con el Departamento de Justicia estadounidense para descubrir cualquier pacto presuntamente corrupto en otra subsidiaria de PDVSA, Citgo, con sede en Houston, que durante años operó como fuente de ingresos para el partido gobernante en Caracas. La junta directiva nombrada por Guaidó se hizo con el control de Citgo, la sexta refinería independiente más grande de Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump lo reconoció como el líder legítimo de Venezuela en 2019.

Los mismos funcionarios nombrados por Guaidó responsables de la presentación como agente extranjero demandaron a Rivera el año pasado por romper supuestamente su contrato de consultoría. La fiscalía federal en Miami investiga también si el republicano violó las leyes de cabildeo internacional.

En el momento en que Wiss y Rivera estaban contratados, Maduro trataba de ganarse el favor del gobierno de Trump, evitando criticar al por entonces nuevo presidente de Estados Unidos de forma directa mientras desviaba 500.000 dólares a su comité inaugural a través de Citgo.

Los contratos con Rivera y Wiss formaron parte de un esfuerzo para disuadir a la Casa Blanca y a otros gobiernos de imponer sanciones a Venezuela, según tres personas familiarizadas con los acuerdos que hablaron bajo condición de anonimato para abordar el asunto políticamente delicado. Los pagos procedían de una subsidiaria poco conocida registrada en Delaware, PDV USA, que prestaba servicios de accionistas a PDVSA con independencia de las operaciones petroleras de Citgo.

Las tres fuentes señalaron que el gobierno de Maduro empleaba regularmente el holding para actividades políticas en Estados Unidos.

La ofensiva fracasó

Respaldado por exiliados en Miami, en los primeros días de su gobierno, Trump recibió a la esposa de un destacado activista venezolano encarcelado y, en agosto de 2017, impuso la primera de las cada vez más restrictivas sanciones a PDVSA. Los demócratas celebraron la postura de Washington y la Unión Europea comenzó a atacar a aliados de Maduro con sus propias restricciones.

Con un enfoque igual de discreto hacia el gobierno de Biden, Maduro trata de suavizar las hostilidades con un país que durante décadas fue el mayor socio comercial de Venezuela, antes de que las sanciones acercaran a Caracas a rivales estadounidenses como Rusia, China e Irán. En la ecuación estaba también el representante Pete Sessions, a quien PDVSA trató de reclutar para concertar una reunión con la dirección de Exxon cuando el exdirector general de la petrolera, Rex Tillerson, fungía como secretario de Estado de Trump.

Wiss recibió cerca de la mitad de los seis millones en pagos mensuales de 250.000 dólares antes de recibir instrucciones, como Rivera, de pasar las facturas a PDVSA en Caracas en abril de 2018, según los documentos. En una ocasión, viajó a la capital venezolana para reunirse con la entonces canciller Delcy Rodríguez, que era la encargada de relaciones internacionales en la junta directiva de PDVSA, de acuerdo con dos de las tres personas conocedoras del pacto. Rodríguez es ahora vicepresidenta del país.

Wiss señaló que su despacho de abogados no ofrece ni ha ofrecido nunca servicios de cabildeo, y que nunca cobró ni recibió pagos de PDVSA ni de nadie no relacionado con Estados Unidos, lo que sugiere que la mitad del contrato no se habría abonado.

“Wiss se comprometió únicamente a ofrecer a PDV USA y a sus socios servicios legales”, escribió en una respuesta por email a preguntas.

La junta de PDV USA nombrada por Guaidó consideró que las contrataciones de Wiss, Rivera y de una tercera empresa, Caribbean Style Inc., debían registrarse bajo las normas de cabildeo internacional. La empresa de Texas Caribbean Style recibió 625.000 dólares por cuatro anuncios publicitarios a página completa en el New York Times y el Washington Post.

“El contenido provenezolano y contrario a las sanciones de Estados Unidos de estos anuncios sugieren que buscaban influir en la perspectiva del gobierno de Estados Unidos o de la población estadounidense sobre las sanciones a Venezuela”, señaló PDV USA en su documento, fechado el 31 de diciembre.

En total, PDVSA envió 89 millones de dólares a PDV USA entre 2015 y marzo de 2017 para pagar a proveedores con sede en Estados Unidos, según la presentación, que fue reportado en primer lugar por Foreign Lobby Report, un servicio de noticias online especializado en cabildeo.

PDV USA señaló que Wiss proporcionó actualizaciones de disputas que afectan a PDVSA y asesoría en inmigración, seguros y criptomoneda.

“PDV USA no está al tanto del alcance total del trabajo legal que Wiss podría haber realizado bajo el contrato”, explicó la empresa, sugiriendo que los funcionarios nombrados por Guaidó consideran que su elevada tarifa podría haber cubierto servicios adicionales más allá de los registrados. La AP no pudo encontrar ningún rastro de Wiss actuando en nombre de PDV USA o PDVSA ante tribunales federales o en la gran cantidad de reclamos federales contra Venezuela ante un panel de arbitraje del Banco Mundial.

Wiss rechazó aclarar que servicios legales prestó o si había viajado a Caracas como parte de su trabajo, citando la confidencialidad entre abogados y clientes. “Su información es falsa y, nuevamente, lo están engañando”, agregó.

Los abogados de la nueva junta directiva de Citgo demandaron a la consultora de Rivera el año pasado por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. De acuerdo con la querella, Rivera, excompañero del también senador republicano Marco Rubio, no pudo describir ningún trabajo realizada por su empresa, Interamerican Consulting, preparando únicamente dos de los siete reportes de progreso quincenales prometidos, al tiempo que cobró 15 millones de dólares de los 50 acordados.

El objetivo de ese contrato era mejorar “la reputación a largo plazo” y el “prestigio” de PDVSA entre las “partes interesadas” en Estados Unidos, según una copia a la que tuvo acceso la AP.

La carrera política de Rivera se truncó por varias polémicas electorales, incluyendo supuestamente orquestar la financiación encubierta a un desconocido candidato demócrata frente a su principal rival en la carrera al Congreso en el Sur de Florida, y una investigación estatal sobre si escondió un contrato de un millón de dólares con una empresa de juegos de azar. Nunca ha sido acusado de ningún delito.

Este acuerdo está siendo investigado también por las autoridades federales de Miami porque Rivera nunca se registró ante el Departamento de Justicia, como se exige para cabildear entre funcionarios estadounidenses en nombre de un gobierno extranjero.

Wiss tampoco se registró nunca como agente extranjero y no hay indicios de que esté siendo investigada. Wiss trabajó durante años como abogada en Hogan Lovells, donde PDVSA era cliente, antes de abrir su propio despacho, Wiss & Partners, en 2016.

Reportaje de Joshua Goodman para AP

Informe Otálvora | Biden mantendría sanciones a régimen chavista, por Edgar C. Otálvora

La nueva nave de Guarda Costas de EE. UU. USCGC Stone realizando ejercicios con fuerzas militares de Guyana el 09ENE21. Foto @USCGLANTAREA

@ecotalvora

La política de EE. UU. hacia Venezuela no cambiaría drásticamente al iniciarse el gobierno presidido por Joe Biden. El esquema de sanciones contra el régimen chavista se mantendrá, así como el desconocimiento a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y de su “Asamblea Nacional” instalada el 05ENE21.

Si bien el equipo de política exterior y de seguridad nacional del nuevo gobierno ya ha sido nominado, la definición y puesta en operación de iniciativas propias hacia Venezuela deberán esperar, en tanto no parecieran ser una prioridad.

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Las designaciones anunciadas, incluyendo la de Antony Blinken como Secretario de Estado, del diplomático William J. Burns como Director de la CIA, de Jake Sullivan como Asesor de Seguridad Nacional y del colombo-estadounidense Juan S. González como director para el Hemisferio Occidental del Consejo d Seguridad Nacional, dejan ver que en los primeros escalones del gobierno Biden estarán funcionarios con conocimiento de política latinoamericana, con trabajo previo y opinión formada sobre los temas regionales incluyendo la crisis venezolana.

Por cierto, ninguno de ellos es un radical de izquierda y algunos se han mostrado favorables a la línea de presión mediante sanciones aplicada por el gobierno Trump al régimen chavista.

De hecho, William Burns en una entrevista con Moisés Naim aseguró que la estrategia del gobierno Trump hacia Venezuela “va en la dirección correcta”, refiriéndose a la presión política y económica y al trabajo con otros países del continente y de Europa. “Mientras no caiga en la tentación de intervenir por la vía militar la diplomacia hacia Venezuela Trump va por buen camino”, decía Burns en mayo de 2019.

Video “La estrategia de Trump con Venezuela es correcta”: William Burns conversa con Moisés Naím. En EfectoNaim

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El principal enviado diplomático de Juan Guaidó en EE. UU., Carlos Vecchio, fue incluido en el listado de representantes extranjeros que asistirán a la ceremonia de juramentación de Biden el 20ENE21. La administración saliente y el equipo de transición coincidieron en esa decisión. La invitación a Vecchio fue confirmada al Informe Otálvora por operadores de Guaidó localizados en EE. UU., quienes la evalúan como un primer espaldarazo. Las nominaciones de Antony Blinken y Juan S. González así como la de Samantha Power al frente del organismo para ayuda internacional USAID, son evaluadas positivamente por el entorno de Guaidó, quienes lo evalúan como potenciales interlocutores.

El 29DIC20, el representante de Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, confió a este Informe que a esa fecha no se había producido un contacto directo y oficial con el equipo de transición de Biden, aunque mencionó contactos informales e indirectos. Oficialmente, el equipo de Biden para la transición no realiza reuniones con “gobiernos extranjeros” para el concepto de “un solo gobierno”, aunque son múltiples las vías para acceder a los oídos del nuevo gobierno. En mentideros latinoamericanos de Washington se comenta sobre las aproximaciones que han intentado diversas facciones de la oposición venezolana procurando exponer sus opuestas posiciones.

Pese a las tensiones entre el gobierno saliente y el equipo de transición, los temas de política exterior habrían sido tratados en diversas reuniones a nivel del Departamento de Estado. El 08ENE21 se produjo una primera reunión entre el saliente Mike Pompeo y el entrante Antony Blinken. El representante especial para Venezuela e Irán, Elliott Abrams, ha dejado saber sobre sus encuentros con representantes de Biden encabezados por la encargada del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en tiempos de Barack Obama, Roberta Jacobson.

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EE. UU. intenta crear una alianza militar en Suramérica, que incluiría al gobierno izquierdista de Argentina, para limitar la presencia de China en aguas del Atlántico y el Pacífico en faenas de pesca industrial.

La nueva embarcación del Servicio de Guarda Costas de EE. UU., la “cortadora” USCGC Stone, inició su primera misión el 22DIC20 dirigiendo popa hacia el Atlántico Sur “para combatir la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada al tiempo que fortalece las relaciones por la soberanía y seguridad marítimas en toda la región”. Aparte de cumplir tareas antinarcóticos como parte de las operaciones del Comando Sur, la nave fue encomendada para realizar maniobras con las Fuerzas de Defensa de Guyana y con la armada de Brasil con paradas en los puertos de Río de Janeiro y Salvador. El plan incluye visitas a Montevideo en Uruguay y Mar de la Plata en Argentina.

El USCGC Stone tiene 120 tripulantes y puede permanecer en el mar 60 días sin soporte. Su primera misión en el Atlántico Sur está directamente relacionada con la presencia de flotas chinas en prolongadas faenas frente a las costas de Suramérica realizando pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada).

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El 09ENE21 navegaba en aguas de Guyana la nave USCGC Stone de los Guarda Costas de EE. UU. para realizar maniobras con pequeñas embarcaciones de las Fuerzas de Defensa de Guyana. El régimen chavista, por medio de la vicepresidenta Delsy Rodríguez y del ministro de Defensa Vladimir Padrino, calificó el 11ENE21 como “ejercicios militares” el despliegue de la nave estadounidense, lo cual sería una “provocación y amenaza”.

El régimen chavista, que durante dos décadas desacreditó los reclamos territoriales venezolanos sobre el territorio Esequibo, ahora intenta levantar banderas nacionalistas alrededor del tema.

“Estamos en presencia de una acción agónica de las últimas horas del gobierno de Donald Trump” dijo Rodríguez, pero en realidad la actividad de la USCGC Stone no es una acción circunstancial del gobierno saliente sino parte del plan de expansión de las fuerzas militares de EE. UU. en el Hemisferio Occidental en respuesta al reto de Rusia y China.

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El 11ENE21 arribó a Georgetown el almirante Craig Faller, quien iniciaba una corta gira en Guyana y Suriname, dos países que se han convertido en recientes aliados de EE. UU. En su primera noche en Georgetown, el comandante del Comando Sur de EE. UU. compartió manteles con el nuevo presidente guyanés, Irfaan Ali, en una cena ofrecida por la embajadora estadounidense Sarah-Ann Lynch. Al día siguiente, Faller sostuvo una reunión con Ali y el alto gobierno guyanés, a la vez que suscribió un acuerdo de cooperación logística con el jefe del estado mayor de Guyana, brigadier Godfrey Bess. El 13ENE21, Craig llegó a Surinam donde fue recibido por el presidente Chan Santokhi, con quien discutió planes de cooperación militar.

La presencia de Faller en Guyana coincidió con el apoyo brindado por el Departamento de Estado de EE. UU. (además de Canadá y los miembros de Caricom) al gobierno de Guyana en relación al proceso judicial entablado contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo territorial. Por cierto, el 15ENE21, el ministro de exteriores de Guyana, Hugh Todd, sostuvo una teleconferencia con su homólogo brasileño Ernesto Araújo quien aseguró que Brasil no reconoce cualquier medida que el gobierno ilegitimo de Maduro tome en relación a Guyana.

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En Ecuador se realizarán elecciones presidenciales y legislativas el 07FEB21 en lo que constituye una batalla entre el castrochavismo continental y los sectores democráticos ecuatorianos. El proyecto de retoma del poder por parte de la izquierda castrochavista, anunciado ampliamente por el Grupo de Puebla, tiene su próxima cita en Ecuador intentando llevar a la Presidencia a un pupilo de Rafael Correa de nombre Andrés Arauz.

El aparato político, financiero y propagandístico movido por el castrochavismo a nivel internacional, incluyendo una encuestadora propia, está volcado para fortalecer a Arauz como ya ocurrió en Bolivia para las elecciones del 18OCT20, cuando un candidato de Evo Morales recuperó el poder. Arauz, un economista de 35 años de edad, es un total desconocido para parte importante de la población y está recurriendo a spots publicitarios en los cuales la voz cantante la lleva Correa. El expresidente permanece prófugo en el extranjero tras haber sido condenado por corrupción en una sentencia a ocho años de cárcel ya confirmada por la Corte Nacional.

En la primera vuelta participarán dieciséis candidatos incluyendo al expresidente Lucio Gutiérrez. Entre ellos solo tres figuran con posibilidades de éxito: el candidato del correísmo Andrés Arauz, el empresario Guillermo Lasso del movimiento CREO quien busca la Presidencia por tercera vez y, el dirigente indígena Yaku Sacha Pérez postulado por el movimiento Pachakutik.

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Un ausente en la lista de candidatos ecuatorianos es el empresario Álvaro Noboa, cuya postulación fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral el 31OCT19. Desde entonces Noboa, quizás el hombre más rico del país, ha recurrido a distintas instancias legales, nacionales e internacionales, para exigir la aceptación de su candidatura. Incluso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en una inusual medida, se pronunció el 06ENE21 solicitando al estado ecuatoriano permitir que Noboa “sea inscrito” como candidato en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, que ha sido obviada por el CNE. La opción de Noboa no aparece en las encuestas electorales públicas. Una encuesta privada realizada 26-27DIC20, a la cual tuvo acceso el Informe Otálvora, otorga a Noboa un 14 % de la intención de voto, colocándolo de tercero en la disputa apenas debajo de Lasso quien en esa medición aparece en segundo lugar.

Las proyecciones de las principales encuestas colocan a Arauz en primer lugar pero los datos hacen suponer que ningún candidato reunirá el 50 %. Algunas mediciones indican que hasta el 40 % de los electores aún no decide su voto lo que podría generar una sorpresa en día de las elecciones. En caso de mantenerse el cuadro mostrado por las encuestas, habrá una segunda vuelta pautada para el 11ABR21, en la cual competiría el candidato castrochavista contra Guillermo Lasso.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Claver-Carone asegura que Estados Unidos aplicará más sanciones contra Nicolás Maduro
Indicó que el chavismo no conoce «la caja de herramientas» de la Casa Blanca

EL DIRECTOR PARA EL HEMISFERIO OCCIDENTAL del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, dijo que el «bloqueo completo» que Washington aplicó al gobierno de Nicolás Maduro a principios de agosto pasada es «una medida más» de un amplio repertorio de sanciones que, según advirtió, vendrán próximamente.  

«Ellos (Maduro y sus más cercanos) pensaban que ya se había hecho todo lo que iban a hacer, ellos no entienden lo que son la caja de herramientas de los Estados Unidos, que todavía nos queda mucho más por hacer», reveló en una entrevista a la televisora panameña TVN.

Claver-Carone señaló que varios funcionarios del círculo de Maduro se han visto acorralados con las sanciones y causas abiertas en Estados Unidos. Refirió el caso de Tareck  El Aissami, quien tiene un expediente por tráfico de drogas en ese país y apuntó que tiene tres vías: que lo asesine «algún contrincante del régimen» chavista, que lo haga algún enemigo del narcotráfico o que termine en una cárcel norteamericana.

El asesor del gobierno de Donald Trump recordó que Panamá tenía un papel importante dentro del conflicto venezolano, ya que hasta cierto punto su historia –la del dictador Manuel Antonio Noriega- había sido similar a la de Venezuela.

Dijo que para aquel momento, el gobernante panameño tuvo oportunidades de salida pacífica que no aprovechó «y eso puede ser una lección importante de Panamá a Venezuela», sentenció.

El también abogado Claver-Carone insistió en que no creía que a Venezuela le hiciera falta «una solución europea», como la que propone el Grupo de Contacto de la Unión Europea.

«Por eso apoyamos al Grupo de Lima, pensamos que la solución debe ser una solución regional», recalcó en la entrevista.

Ya en junio pasado, el funcionario estadounidense había indicado que las presiones políticas y financieras contra Maduro y su entorno estaban dando resultados porque el gobernante se encontraba «en una situación de pura arena movediza de la que no sabe cómo salirse».  Así lo comentó en una entrevista a Miami Diario durante la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebró en Medellín, Colombia.

El asesor contó que se trataba de una política de presión que llevaba apenas unas 20 semanas y que había sido diseñada «con disciplina, constancia y consistencia en mente».

«Nicolás Maduro no controla ni los propios grupos de seguridad en su país», agregó Claver-Carone, quien mencionó los casos del general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que recién había llegado a Estados Unidos para colaborar con Estados Unidos; y del escape del preso político y ex comisario Iván Simonovis.

PetroChina canceló compra de petróleo venezolano por sanciones impuestas por EE. UU.

LA COMPAÑÍA DE ENERGÍA MÁS GRANDE DE CHINA está dejando de realizar las compras directas de crudo venezolano a medida que la administración del presidente Donald Trump endurece las sanciones contra Venezuela.

China National Petroleum Corp. (CNPC) canceló los planes de cargar cerca de 5 millones de barriles de petróleo venezolano en los barcos este mes tras la última orden ejecutiva de Trump, según personas con conocimiento de la situación que pidieron no ser identificados.

CNPC se une al banco más grande de Turquía, Ziraat Bank, que cortó su relación con el Banco Central de Venezuela (BCV) tras las sanciones. Las medidas representan un revés para Nicolás Maduro, quien ha contado con el apoyo de China y Rusia para mantener al país en marcha en medio de una crisis humanitaria, escasez de alimentos e hiperinflación.

China se convirtió en el principal destino del crudo venezolano después de que se anunciaran las sanciones de Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) a finales de enero. Venezuela puede quedarse sin opciones al no contar con la ayuda de CNPC para exportar petróleo, indicó una fuente principal de ingresos que financia el Gobierno de Maduro. Los tres cargamentos de agosto fueron cancelados por la subsidiaria de CNPC, PetroChina Co. Ltd., hasta ahora no han atraído a otro comprador, según informes vistos por Bloomberg.

La oficina de prensa de PetroChina se negó hacer comentarios sobre la especulación del mercado.

El retroceso de PetroChina no significa que China se apartará por completo del petróleo venezolano. Bloomberg reseñó que otras compañías pueden continuar suministrando a las refinerías independientes de China conocidas como teteras con el crudo de la nación sudamericana.

Esta será la primera vez en más de una década que PetroChina renuncia al crudo venezolano, según datos compilados por Bloomberg. China ha importado 339,000 barriles por día de petróleo venezolano este año. La mayoría de los barriles provienen de PetroChina, pero a raíz de las sanciones estadounidenses, Rosneft Oil Co PJSC de Rusia ha dado un paso al frente para suministrar petróleo venezolano a las refinerías independientes del país.

 

*Con información de Bloomberg. 

 

Bachelet: Bloqueo de EE.UU. puede agravar crisis en Venezuela

LA ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS de la ONU, Michelle Bachelet, indicó este jueves que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, son «extremadamante amplias», con el potencial de exacerbar la crisis que afronta el país. 

«Estoy profundamente preocupada por el impacto severo que pueden tener  en los derechos humanos de las personas en Venezuela el nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos esta semana», declaró Bachelet en un comunicado.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó congelar todos los activos del gobierno de Nicolás Maduro en el territorio estadounidense y prohibió que se realizaran transacciones con funcionarios del Estado.

«Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables», señaló Bachelet.

La expresidenta de Chile subrayó que estas sanciones incluyen excepciones para transacciones relativas a algunos alimentos, ropa y medicinas.

«Sin embargo, es posible que aun así lleguen a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas», afirmó la Alta Comisionada para los derechos humanos.

Bachelet recordó que la economía del país se contrajo un 47,6% entre 2013 y 2018 e indicó que las nuevas sanciones, que limitan aún más la actividad económica, podría llevar a empresas e instituciones financieras a detener sus transacciones para evitar ser penalizadas.

 

*Con información de AFP.