privados de libertad archivos - Runrun

privados de libertad

Privados de libertad toman como rehenes a 8 custodios del Centro Penitenciario de Occidente
Los presos reclaman a la dirección del penal que los funcionarios presuntamente escondían los alimentos para revenderlos

Un grupo de prisioneros del Centro Penitenciario de Occidente, en Táchira, tomaron como rehenes a ocho custodios del recinto carcelario a modo de protesta.

Según se pudo conocer, los privados de libertad reclaman a la dirección del penal que desde hace varios días no les permiten el ingreso de alimentos ni atención médica.

Uno de los custodios, en calidad de rehén, pidió a la directora del Centro Penitenciario de Occidente resolver la situación y le dio la razón a los presos.

“Agradecemos que resuelvan esta situación. Estoy con otros siete compañeros en calidad de rehenes. Los presos tienen la razón y quieren solucionar este problema de buena manera”, dijo.

 

A través de las redes sociales, se difundió un video donde los presos denuncian que los funcionarios reciben los alimentos y los guardan para revenderlos luego.

“Robaban. Miren como hay comida. Hay pollo en banda y nosotros tenemos cuatro días sin comer”, se escucha a uno de los presos.

El motín

El miércoles 13 de noviembre los reclusos realizaron un motín en el centro penitenciario como medida de protesta también.

De acuerdo con la denuncia de Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, reclusos solo reciben una comida al día.

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó a través de su cuenta en Twitter que este viernes 4 de mayo fueron privados de libertad el presidente ejecutivo de BanescoÓscar Doval así como los 10 ejecutivos que habían acudido a declarar por presuntas irregularidades en la entidad bancaria más grande de Venezuela.

Entre el grupo de los directivos detenidos están Carlos Lorenzo, Marcos Ortega, Jesús Irasquin, Teresa de Prisco, Liz Sánchez, Pedro Pernia, Cosme Betancourt, David Romero, Belinda Omaña y Carmen Lorenzo.

Todos fueron acusados por el Tribunal 3ero de Caracas por la presunta comisión de captación, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Al conocer la noticia de la detención de los directivos así como de la intervención a la entidad financiera, su presidente, Juan Carlos Escotec, dejó sus actividades con Abanca, para volver a Venezuela y dar la cara por Banesco, aseverando que la acción desarrollada por el Gobierno obedece a fines políticos.

Privan de libertad a un juez laboral y dos personas por presuntamente ser parte de red de extorsión

privados

Un juez laboral y dos ciudadanos fueron privados de libertad por un tribunal por presuntamente hallarse incursos en una red de extorsión judicial que solicitaba dinero a cambio de beneficios procesales a instancias jurisdiccionales.

El Tribunal Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas privó de libertad al juez laboral Glenn David Morales Rivera y a los ciudadanos David Norberto VIamizar y Nergan Antonio Pérez Borjas por la supuesta comisión de los delitos de extorsión agravada, suposición de valimiento y asociación para delinquir.

De acuerdo a la nota de prensa publicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la denuncia fue formulada por el hijo de una persona que fue aprehendido por presuntamente estar solicitado por la Interpol. El denunciante contactó a Morales Rivera para asesoría y este le solicitó una suma de dinero estimada en cuatro millones de dólares, y en caso de no tenerlos, ofreció un grupo de personas que fungirían como prestamistas si ponía una serie de bienes a sus nombres. El denunciante fue amenazado con el encarcelamiento de su padre y la inclusión de su familia en la alerta roja internacional por parte de la Interpol.

En el caso se vieron implicados una serie de personas, uno de ellos siendo el abogado de la contraparte, debido a que bajo coacción y amenazas le impuso al padre de la víctima firmar el pago de honorarios profesionales. Asimismo, esto causó que cinco personas adscritas a diversos organismos del Estado (Tribunales, Defensa Pública, Ministerio Público, y otros), así como personas externas se hayan implicado en el caso, describe la nota de prensa del máximo tribunal.

De la declaración del denunciante se desprende la acción ilícita cometida por varios funcionarios adscritos a las instituciones antes mencionadas, quienes de manera reiterada habrían sometido a las víctimas a la entrega de varias sumas de dinero, utilizando los nombres de Magistrados para ejecutar la acción y prometer una ayuda en la causa penal, por lo que se ordenó un procedimiento de autorización de entrega controlada, resultando detenidos los ciudadanos antes señalados.

Crisis en los calabozos policiales, por Carlos Nieto Palma

calabozos

 

Desde hace mucho tiempo vengo denunciando la grave crisis que se vive en los centros de detención preventiva del país y la violación masiva a los derechos humanos de las personas que allí se encuentran recluidas, crisis que ha sido generada por la incompetencia y negligencia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, que se ha negado a asumir su responsabilidad en la tutela de los privados de libertad del país, tal como lo establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio.

En Venezuela hay aproximadamente 500 centros de detención preventiva que albergan cerca de 47.000 reclusos, que sumados a los 57.000 presos que están en los recintos carcelarios que se hallan bajo el control del Ministerio Penitenciario nos da una población privada de libertad en Venezuela de 104.000 personas, cifra nunca vista en la historia de Venezuela, nunca la crisis de nuestro sistema penitenciario había sido de la magnitud que hoy vivimos.

El pasado martes 18, Una Ventana a la Libertad, organización que dirijo, presentó el informe “La violencia y las enfermedades arropan a los centros de detención preventiva: Situación de los centros de detención preventiva en Venezuela”, correspondiente a una investigación realizada por nuestro equipo en el primer semestre de 2017 (enero-junio).

El informe presenta los resultados de un diagnóstico exhaustivo realizado, sobre la situación derechos humanos de los privados de libertad, en 89 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población privada de libertad del país.

El informe contiene datos sobre: 1. Derecho de las personas privadas de libertad a la vida, a la integridad personal y la prohibición de tortura. 2.- Infraestructura y condiciones de los centros de detención preventiva. 3.- Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación a los privados de libertad dentro de los centros de detención preventiva; y 4.- Respeto del derecho a la defensa y al debido proceso de los privados de libertad en los centros de detención preventiva. De igual forma, monitorea hechos como: motines, huelgas, fugas, intentos de fuga, secuestros, asesinatos, muertes e introducción de armas de fuego o drogas a los calabozos.

Una Ventana a la Libertad constató que los centros de detención preventiva monitoreados tienen una capacidad para albergar a 1.910 privados de libertad; pero en realidad, para junio de 2017 albergaban un promedio de 8.249, lo que implica que hay una sobrepoblación de 6.339 privados de libertad, lo que equivale a 432%.

Documentó, además, que del total de privados de libertad 475 son mujeres, 95 son menores de edad, 32 son extranjeros (que en su mayoría no poseen documentos de identidad) y 7 son personas GLBTI.

De igual forma, el estudio revela que al menos 2.765 (33,52%), del total de personas detenidas en estos centros de detención preventiva, han recibido condena, pero no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitivos.

86,52% de los centros de detención preventiva monitoreados no posee servicio de comedor; 85,39% no cuenta con áreas recreativas y 82,02% no tiene áreas de visitas; con lo que se ven afectados derechos fundamentales de los detenidos como el de la alimentación y el de recibir visitas de sus parientes y abogados.

84,27% de los centros no cuenta con servicio médico; 69,66% no tiene servicio de agua potable; 57,30% no cuenta con servicios higiénicos; 59,55 no tiene servicios de recolección de basura; lo que convierte a los centros en espacios propicios para la transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas, que afectan el derecho a la salud de los privados de libertad.

Se constató también que la mayoría de los centros de detención no cuentan con espacios diferenciados para la población femenina, para detenidos menores de edad ni para la población GLBTI, con lo que vulneran derechos fundamentales de estos grupos.

“Resulta preocupante que los menores de edad privados de libertad tengan que convivir con adultos y que estén expuestos a enfermedades o hechos de violencia, que se desarrollan como producto del hacinamiento y de la falta de servicios esenciales (alimentación, agua potable, servicios higiénicos, entre otros”, señala el estudio.

Solo 3 de los 89 centros de detención preventiva monitoreados tienen áreas especiales para atender a los privados de libertad menores de edad y solo 2 cuentan con áreas especiales para albergar a la población GLBTI.

Tampoco se garantiza el derecho de las madres de permanecer con sus hijos mientras están en período de lactancia. Solo 1 de los 89 centros monitoreados cuenta con un área en la que las mujeres privadas de libertad pueden permanecer con sus hijos menores o lactantes

La responsabilidad de la mayoría de los incidentes registrados durante el período recayó en los privados de libertad (61,39% de los casos). No obstante, se constató que autoridades policiales fueron responsables en 37,62% de los casos y en otro hecho, que suma 0,50% del total, se identificó como responsable a un funcionario militar.

“Aunque en la mayoría de los casos la responsabilidad recayó en los detenidos, se constató una corresponsabilidad estatal, toda vez que la mayoría de los casos corresponden a hechos de violencia en las que fueron usadas armas de fuego, armas blancas u otros tipo de objetos contundentes, que fueron ingresados a los centros de detención preventiva sin que los cuerpos policiales se percataran de ello o ejercieran acciones preventivas contundentes para evitarlo, con lo que queda en evidencia una corresponsabilidad de los cuerpos de seguridad del estado, por omisión”, advierte la organización en el estadio.

Este estudio incluye, además, un índice del estado de los derechos humanos en los centros de detención preventiva, que midió el nivel de respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en centros de detención preventiva, a través de la percepción y opinión calificada de expertos locales. Este instrumento reveló que la región en las que hay mayor gravedad en la violación de los derechos humanos de los privados de libertad es la formada por la Gran Caracas y los estados Miranda y Vargas.

Los invito a leer este informe en la página web de Una Ventana a la Libertad

www.unaventanaalalibertad.org

 

@cnietopalma 

El Nacional

Oposición creó el Comité de Víctimas de la Represión

COVIREP

 

La diputada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la Asamblea Nacional (AN), Yajaira Castro, informó este sábado que se creó el Comité de Víctimas de la Represión en Venezuela con el fin de “sumar apoyo y solidaridad” con los “hermanos venezolanos” que viven un momento “sumamente difícil y que no se pueden dejar solos”.

“Alzar la voz ante la gran injusticia que ha cometido el Gobierno, pretendemos sumar los aportes para que se haga justicia” en el país, explicó en declaraciones a los medios.

Castro sostuvo que la comisión trabaja en conjunto con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y con el Comité de Presos Políticos para que también “alcen sus voces”.  “No solamente (trabajamos por) las asesinadas, sino también por personas que están privadas de libertad, a las que se les han violado el derecho al domicilio, como es en El Paraíso, Caricuao y La Vega”, aclaró.

Aseguró que el Comité de Víctimas de Represión acudirá a organismos internacionales e informó que un grupo de abogados se ocupan de ello.

La diputada pidió que “todas aquellas personas que hayan sido víctimas de la represión se pongan en contacto con nosotros a través del Twitter @COVIREPVzla”.

Aseveró que el comité va recibir “cada una” de las denuncias, así como también ayudará a todos los jóvenes que han resultado heridos en las manifestaciones antigubernamentales con insumos y medicamentos para que “puedan recuperarse” “y para que sus familias no se sientan solas y sientan que están respaldadas por los venezolanos que somos solidarios con esta lucha”, afirmó.

Foro Penal: 275 civiles han sido presentados ante tribunales militares

presos2

 

Para el lunes 15 de mayo, 159 personas han sido privadas de libertad por tribunales militares por las protestas que durante mes y medio han ocurrido contra el presidente Nicolás Maduro.

 

De acuerdo a Foro Penal, al menos 275 venezolanos han sido presentados ante tribunales militares por delitos que aparecen en la jurisdicción castrense, a pesar de que son los arrestados son civiles.

De los ocho estados en que han ocurrido juicios militares a civiles, Carabobo es el que presenta más casos, con 96 privados de libertad de los 192 detenidos en la entidad. En el estado Zulia son 20 los arrestados, de los cuales 11 han sido privados de libertad, mientras que en Falcón, Caracas, Sucre y Lara existen cifras similares.

Foro Penal expone que, de acuerdo al art. 49.4 de la Constitución Nacional “Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley”, por lo que estos juicios, al no ser realizados por los jueces naturales del proceso, rompen con lo demandado por la Carta Magna.

ONG Una ventana a la libertad estrena sitio web para defender derechos humanos de los presos

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL Una Ventana a la Libertad, en el marco de la celebración de sus 19 años, estrenará su nueva página web http://www.unaventanaalalibertad.org.

El nuevo sitio web será un espacio en el que Una Ventana a la Libertad compartirá documentos vinculados al marco normativo nacional e internacional, que establece derechos para las personas privadas de libertad y sus mecanismos de exigibilidad.

De igual forma, divulgará investigaciones e informes sobre el trabajo que la organización ha desarrollado a lo largo de su historia y noticias o reportes especiales sobre el acontecer del sistema penitenciario y los centros de detención preventiva, a nivel nacional.

El sitio web incluye una sección con información sobre los derechos que tienen las personas privadas de libertad, que puede servir como de referencia y guía para familiares de detenidos y activistas o estudiosos de la materia.

La plataforma tiene, a modo de un observatorio participativo, herramientas para facilitar el intercambio de informaciones de interés, sobre la situación de las cárceles y los centros de detención preventiva, entre los usuarios y los miembros de la organización. Permitirá, además, que los contenidos publicados en el sitio web sean compartidos directamente desde el portal, en redes sociales como Twitter, Facebook y Whatsapp, permitiendo así una mayor difusión de los contenidos entre las personas interesadas en la materia. Asimismo, cuenta con un diseño responsivo, que permitirá que los contenidos se adapten a distintos dispositivos (computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes), permitiendo que la lectura en pantalla sea amigable.

La página web www.unaventanaalalibertad.org estará abierta para que los familiares de reclusos y personas vinculadas al sistema penitenciario presenten denuncias relacionadas con violaciones a derechos humanos en recintos carcelarios, las cuales serán tratadas con absoluta confidencialidad por parte de la organización.

Con el refrescamiento de su imagen y el lanzamiento de su nuevo sitio web, Una Ventana a la Libertad espera mantener informada a la colectividad sobre la situación de los recintos penitenciarios y de los centros de detención preventiva a nivel nacional y configurar un espacio público virtual de gran importancia, que apunte a la humanización de los recintos carcelarios.

Balance del horror penitenciario Carlos Nieto Palma

carcel8

 

Terminando este año 2016 es bueno hacer un balance del horror que se vive en nuestras cárceles y que afecta a 95 mil hombres y mujeres privadas de libertad en los recintos penitenciarios venezolanos.

Tenemos que comenzar diciendo que tenemos actualmente 95 mil personas privadas de libertad, 55 mil en las cárceles nacionales y 40 mil en centros de detención preventiva pero igual presos, privados de libertad, reclusos o el nombre que ustedes prefieran darle.

Nunca en la historia penitenciaria venezolana habíamos tenido una población de tal magnitud, cifras en verdad alarmantes, más si tomamos en cuenta que solo hay capacidad para 19 mil reclusos, es decir tenemos 76 mil reclusos de mas que no tienen espacio en nuestras cárceles. Necesitamos al menos 50 cárceles con capacidad para 1520 personas cada una, para solucionar este desastre.

Esta situación ha generado la creación de un sistema penitenciario paralelo en los centros de detención preventiva que el Ministerio para el Servicio Penitenciario desconoce como suyo a pesar de que el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de ese ministerio les da la responsabilidad de los privados de libertad, sin distinción del lugar donde estén y de su situación procesal.

Recientemente desde Una Ventana a la Libertad elaboramos un informe preliminar a una investigación que estamos realizando en este sistema penitenciario paralelo y que contiene información sobre el estado de los derechos humanos a la vida, a la integridad física, a la alimentación, a la salud y al debido proceso, en 87 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país.

En solo 3 meses de investigación, del año que va a durar la misma, tenemos cifras alarmantes, el informe reveló que estos centros de detención preventiva tienen una capacidad para albergar a 1995 privados de libertad, pero en la actualidad acogen a 7546 “Lo que implica que hay una sobrepoblación de 378%. Es decir, en promedio, hay cuatro personas en el espacio que debería ocupar una sola”.   De igual forma señala que cerca de 2458 detenidos (el 32,57% del total de los presos, que se mantienen recluidos en centros de detención preventiva), ya fueron procesados y, sin embargo, no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitivos.

Continúa la investigación con que el 57% de los centros no posee comedor, el 60% no cuenta con espacios para el aseo de la ropa, el 56% no posee áreas recreativas, el 50% carece de zonas para recibir visitas, el 34% no tiene servicio de recolección de basura y el 12 % no ofrece servicios higiénicos a los presos. Sólo 21 de los 87 centros abarcados en el estudio, que representan el 24%, cuentan con acceso al agua potable. La acumulación de basura, la ausencia de servicios higiénicos y de agua potable y la inexistencia de espacios para el lavado de la ropa, generan una situación de caos propicio para el desarrollo y transmisión de enfermedades infecto contagiosas, que puede poner en peligro la vida de los detenidos, como de hecho ocurrió.

Según se desprende del informe “Aunque en la mayoría de los incidentes documentados fueron identificados como responsables personas privadas de libertad (en el 55,56% de los hechos), Una Ventana a la Libertad advierte que el Estado tiene responsabilidad, por la falta de acciones para atender los problemas estructurales, como el hacinamiento, el uso de los centros de detención preventiva como lugares de reclusión de largo plazo, sin contar con la falta de insumos y de infraestructuras adecuadas. También se observa la responsabilidad por omisión del Estado en asuntos más estructurales, como el agudo hacinamiento que se registra en los retenes policiales, los retardos para procesar o trasladar a los privados de libertad  a sus centros definitivos de reclusión; lo que deriva en desbordamiento de la capacidad física de los centros de detención preventiva y la falta de insumos fundamentales como alimentos y medicinas, que crean caldos de cultivos perfectos para motines, fugas, riñas, o daños en la salud de los detenidos”.

Si a esto le sumamos que a pesar de que el Ministerio Penitenciario está ofreciendo desde su creación construir una cárcel para procesados en cada estado del país, 23 en total, no ha cumplido con ninguna, lo que evidentemente agravara la situación en los centros de detención preventiva en el 2017 y lo más grave, tendremos a más policías cuidando presos y no en las calles cuidando ciudadanos aunado a que no detendrán a los delincuentes porque no tienen dónde meterlos.

Con estas noticias nada alentadoras me despido por este año 2016, retornando la segunda quincena de 2017, les deseo una feliz navidad y un grandioso 2017, que la esperanza de tener un mejor futuro no se pierda, un gran abrazo.

@cnietopalma

El Nacional