privados de libertad

Según Una Ventana a la Libertad, 145 reos fueron llevados a la cárcel “26 de julio” en Guárico y 87 prófugos han sido capturados

De acuerdo con la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista, 1.800 privados de libertad que estaban en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua fueron distribuidos a diferentes penales en el país.

Sin embargo, la ONG Una Ventana a la Libertadreportó que familiares de privados de libertad aseguraron que aún esperan información de a cuál recinto penitenciario fueron trasladados sus allegados.

Según la página de UVL, luego de la ejecución de la operación Cacique Guaicaipuro en el  centro penitenciario, 87 prófugos han sido capturados en diferentes zonas boscosas del estado Aragua aledañas al penal.

Autoridades aseguraron que fue asignada una línea telefónica para conocer el estatus del privado de libertad. 

No obstante, los familiares sentenciaron que siempre permanece en tono ocupado al hacer la llamada.

Una de las mujeres apostadas en las afueras del recinto penitenciario desde el pasado miércoles 20 de septiembre, Carmen Machado, denunció que desconoce a donde fue enviado su hijo y está a la espera a que se publique una lista. Agregó además que su familiar no tiene sentencia aún.

Hasta ahora, la única información que han recibido los familiares de parte de las autoridades es que los reos serán trasladados hasta penales ubicados en Caracas, Guárico, Carabobo, Lara, Barinas y Táchira.

145 de Tocorón a la “26 de Julio”

De acuerdo con información a la que tuvo acceso Una Ventana a la Libertad, 145 reclusos fueron trasladados desde Tocorón hasta el Centro para Procesados “26 de Julio”, en San Juan de los Morros, estado Guárico.

Los privados de libertad ingresaron la noche del miércoles 20 de septiembre al centro penitenciario de la capital llanera, donde llegaron en autobuses escoltados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Hasta este lunes 25 de septiembre, las autoridades no habían ofrecido información respecto al paradero del pran y líder de la mega banda criminal “Tren de Aragua”, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

Con información de Una Ventana a la Libertad

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Reclaman que los custodios los sacan al patio a llevar sol sin razón aparente 

Detenidos en la Comandancia General de la Policía en San Felipe, estado Yaracuy, iniciaron una huelga de hambre la mañana de este jueves.

Los reos denunciaron que los funcionarios encargados de la custodia los sacan al patio central del centro de detención y los tienen bajo el sol. 

Los detenidos aseguraron que no los dejan entrar a sus calabozos sin razón aparente, o al menos, no se les informa las razones de esta medida. 

La información se conoció por medio de familiares y allegados de los reos, quienes dijeron que además de está situación los maltratan, por ello fue que decidieron no recibir alimentos, además exigen la presencia de fiscales del Ministerio Público. 

Autoridades de la Policía del estado aseguran no estar autorizados para ofrecer declaraciones a la prensa. 

Desde hace días en el centro de detenciones yaracuyano vienen ocurriendo irregularidades ya que a raíz de una requisa, los uniformados hallaron armas, drogas y teléfonos celulares. 

En la requisa del pasado 9 de septiembre, funcionarios informaron que consiguieron tres armas de fuego, 28 chuzos, presunta marihuana y varios teléfonos celulares.

Según la versión policial, la requisa se efectuó debido a una presunta huelga que originaron los reos ya que están exigiendo traslado al Internado Judicial de la entidad. 

El cuerpo policial también afirmó que el procedimiento se ejecutó bajo supervisión de la Fiscalía del Ministerio Público. 

Tras la finalización del procedimiento, los familiares de los reos denunciaron que no les permitieron el ingreso de alimentos y agua como se hace de manera cotidiana. 

Pidieron a las autoridades de la Policía Estadal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que garanticen los derechos humanos de sus seres queridos.

De igual manera trascendió que después de la requisa se habrían ejecutado algunos traslados, entre los que se menciona al que era líder del recinto, pero esta información no ha podido ser corroborada. 

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Sostienen que las autoridades del recinto no hacen nada para atender a los afectados

Al menos 80 privados de libertad en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), estado de Los Llanos occidentales de Venezuela, están contagiados de tuberculosis. 

Familiares de los afectados, quienes pidieron el resguardo de sus identidades para evitar represalias contra los detenidos, sostiene que hasta la fecha, 17 de abril, las autoridades del recinto “no hacen nada por atender a los enfermos” pese a estar al tanto de la situación. 

De acuerdo a una nota publicada en el periódico de circulación regional El Diario de Los Llanos, los parientes de los reclusos alertan que la población penal del Injuba está en riesgo de un contagio masivo ante la falta de atención médica. 

“En el Injuba hay más de 700 privados de libertad y hay una sola enfermera para que los atienda, de lunes a viernes entre las 9:00 am y 12:00 del mediodía, amén de que no les entregan los medicamentos”, comenta la información. 

Así mismo, los familiares afirman que en una reciente visita que hizo la ministra de Asuntos Penitenciarios, a los enfermos los encerraron en una habitación “y ahora se están muriendo”, porque menos los atienden. 

Según los denunciantes, hace algunos meses falleció un recluso de lepra y hay privados de libertad con cáncer, VIH y otras enfermedades terminales que no reciben atención médica, en una clara violación a sus derechos humanos elementales. 

“Estamos desesperados por comida”, son las palabras de los privados de libertad que se encuentran en el Centro de Formación Hombre Nuevo Winnie Mandela, en el estado Zulia.

Los reclusos le aseguraron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)  que las raciones de comida que reciben son tres cucharadas por persona y esto, como es evidente, no los sustenta.

Este centro penitenciario fue “inaugurado” en el 2018 por el Ministerio de Servicio Penitenciario, pero los presos están ocupando el anexo femenino de la antigua cárcel de Sabaneta que fue desalojada en el año 2013.

Dicho centro penitenciario fue destinado para extranjeros y comenzó con 54 presos de distintas nacionalidades. Actualmente hay 120 reclusos, más de 70 de ellos son colombianos, entre otras nacionalidades y algunos  venezolanos.

Los primeros venezolanos en llegar al Winnie Mandela fueron 64 que trasladaron desde el Retén de Cabimas, cuando se realizó el desalojo  en el 2021. A muchos de ellos les llegó su libertad y son pocos los que permanecen allí, pero son prácticamente quienes ayudan a los extranjeros a comer un poco más, porque son los que reciben visita y paquetería los días sábado.

Además, los presos denuncian que los alimentos sí llegan al penal, pero no llega a la población penal porque presuntamente es regulada desde el economato.

“Nos dan tres cucharadas de frijoles o de arroz, un poquito de una especie de  ensalada con yuca o ñame, una arepa sin relleno o con remolacha rallada, pero la comida es de muy mala calidad”, relataron los presos.

Asimismo, denunciaron que dentro del penal se ha instaurado un negocio con la comida y la paquetería, la cual puede llegar a costar entre 20 y 10 dólares. También se aplica el uno por uno; es decir, si un familiar lleva un kilo de arroz, debe dejarle otro kilo del mismo producto a los custodios.

“Aquí adentro también venden hamburguesas, arepas y panes, y eso lo hacen los custodios, quienes son los que tienen acceso a todo”, declararon los privados de libertad de Winnie Mandela al OVP.

La mala alimentación trae consigo enfermedades y ya en Winnie Mandela son varios los que se han contagiado de tuberculosis, enfermedad que ya cobró una vida en este penal hace unos cuatro meses.

El dólar, la moneda preferida

Los privados de libertad aprovecharon la conversación con el equipo de OVP, para sumar a sus denuncias que por todo lo que necesiten los privados de libertad suelen cobrar en dólares.

Una visita conyugal, que corresponde por ley, tiene un costo de 20 dólares. Para pedir las redenciones también suelen pedir dinero, al igual que las llamadas telefónicas, a las que deberían tener derecho para comunicarse con sus familiares en el exterior, sus abogados o representantes consulares.

El ingreso de un medicamento puede costar hasta 10 dólares y, cuando los familiares entregan un blíster de diez o veinte pastillas, terminan apareciendo solo dos o tres.

En ese sentido, los presos no se atreven a hablar y denunciar antes las autoridades porque son castigados o trasladados al “tigrito”, una celda que utilizan para aislar a los presos.

Protesta en el Marite

Cabe destacar que esta denuncia de Winnie Mandela se une a la protesta que ya protagonizaron los presos del Centro Penitenciario Dr. Francisco Delgado, antiguo retén de El Marite, ubicado también en el estado Zulia, quienes hace una semana secuestraron a funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios para protestar por los malos tratos y la mala alimentación en este centro de detención.

Tuberculosis, insuficiencia respiratoria y desnutrición son las principales causas de muerte

La muerte sigue acechando a los privados de libertad. Un total de 19 reclusos han muerto en lo que va de año 2022 en el estado Lara, más de la mitad murieron por tuberculosis, insuficiencia respiratoria y desnutrición.

El último caso se registró el martes. Hilda Ojeda Caricote, de 49 años, se encontraba recluida desde el 7 de septiembre en el Hospital Central Antonio María Pineda, murió tras presentar complicaciones por diabetes tipo II, además de anemia severa.

Este martes en la madrugada, Hilda murió por un paro respiratorio. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Central de Barquisimeto.

De las 19 muertes registradas, al menos 12 son de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, según los registros que lleva LA PRENSA.

De esa cifra, 17 son hombres y dos mujeres. El primer hecho fue la muerte de Naili Rangel Navas, ocurrido en febrero de este año. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que Rangel tenía una cardiopatía congénita e hipertensión y que su muerte ocurrió por falta de atención médica oportuna. «Su dolor y llamados por atención fueron ignorados por un buen rato porque no había una orden de un tribunal para realizar un traslado a un centro de salud», explicó el OVP.

La mayoría de los fallecimientos fueron por enfermedades como tuberculosis, desnutrición, diabetes y problemas cardíacos. Hasta ahora, sólo un caso ha sido por violencia dentro de la cárcel.

Bulmar José Linares Fernández, de 34 años de edad, fue encontrado sin vida en un calabozo de Fénix y se trató de un homicidio, según contaron fuentes policiales.

La cifra de privados de libertad fallecidos durante este año ha disminuido en comparación con el 2021 cuando murieron 39.

Para el año 2021, de los 39 detenidos que murieron alrededor de 35 fallecieron por enfermedades como desnutrición, tuberculosis e insuficiencia respiratoria. La TBC ha sido una de las enfermedades más letales en los calabozos venezolanos.

Durante el informe del año 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) explicó que la negación a la atención médica continua y la desnutrición en los penales venezolanos fue una realidad que se mostró con los 232 reclusos que murieron, pues 90 fueron por condiciones de salud. Lara fue el estado con mayor cantidad de privados de libertad fallecidos.

De 15 estados que monitoreó la ONG durante 2021, Lara se ubica en el primer puesto, pues en la entidad se registraron 39 privados de libertad muertos, en su mayoría por condiciones de salud.

«La crisis del sistema penitenciario es un reflejo del abandono del Estado», dijo el OVP.

Solo destrozos habría dejado el motín registrado en el Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, estado Miranda, el pasado lunes 12 de septiembre, de acuerdo con información extraoficial recabada por Una Ventana a la Libertad, ante la ausencia de información oficial y de pronunciamiento de las autoridades.

Familiares de privados de libertad indicaron que los presos solicitaron hablar con el director para pedirle que se reanuden las visitas que tienen un mes suspendidas, así como las salidas al patio.

Sin embargo, el funcionario los ignoró, por lo que los internos decidieron protestar gritando, así como tumbando rejas, puertas y utensilios.

Además, los presos comunes tomaron el piso de los presos políticos para pedir apoyo.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre los sucesos ocurridos. Se desconocen las consecuencias reales del motín.

Hasta dos meses tardan en firmar una boleta de excarcelación 

Hasta dos meses tardan las boletas de excarcelación en  Nueva Esparta para ser firmadas, denunciaron miembros de la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui, quienes advirtieron sobre un consecuente retardo procesal. 

Alcides Magallanes, director institucional de FDDHHANZ, dijo que hay reos que ya tienen órdenes de libertad, sin embargo, las boletas reposan presuntamente en manos de la presidenta del circuito. 

“Lamentablemente hay que buscar solución a esta situación, que es sencilla de resolver y que también está ocurriendo en Anzoátegui. Es necesario que contemos con un sistema judicial que responda en los tiempos estimados a los ciudadanos. No necesitamos más retardo. Si un ciudadano cuenta con boleta de excarcelación, debe ser liberado de inmediato”, precisó.

Magallanes sentenció que abogados han denunciado obstáculos a la hora de hacer una solicitud correspondiente de expedientes en los tribunales. 

“A veces los privados son de muy bajos recursos y son los mismos abogados que tienen que sacar de su bolsillo para contar con estos

documentos”, expresó.

Tanto Echarry como Blanco se encontraban en trabajo de campaña contra la administración de Nicolás Maduro. Estaban en Macuto instalando una pancarta en una pasarela, cuyo mensaje decía “Venezuela pide justicia, fuera Maduro”

El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó este lunes, 14 de febrero, que William Echarry, de 70 años; y Ramón Blanco, de 66 años, ambos integrantes de «Mover»  y del Frente Amplio del estado Vargas, fueron privados de libertad. 

A través de su cuenta en Twitter, Himiob informó que el Tribunal 1° de Control de La Guaira admitió la precalificación de “Instigación al Odio” (Art. 20) “Ley Contra el Odio”.

#14Feb 5:25PM quedan privados preventivamente de su libertad los dirigentes de “Mover” de La Guaira Juan Blanco y William Jesús Echarry. El Tribunal admitió la precalificación de “Instigación al Odio” (Art. 20 “Ley Contra el Odio”.

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 14, 2022

William Echarry y Ramón Blanco de 70 y 66 años, fueron arbitrariamente detenidos el sábado #12Feb por protestar pacíficamente con pancartas.

Hoy #14Feb el Tribunal 1° de Control de La Guaira admitió la precalificación “Instigación al Odio” y siguen privados de libertad. pic.twitter.com/HI9s5wUfZI

— PROVEA (@_Provea) February 15, 2022

Tanto Echarry como Blanco se encontraban en trabajo de campaña contra la administración de Nicolás Maduro. 

El abogado defensor de los adultos mayores, Carlos Guaita, a través de un video publicado en Twitter indicó que apelarán a la medida.

“Los elementos de convicción no son suficientes para dictar la privativa de libertad”, dijo Guaita, quien añadió que “en la audiencia dicen que fueron aprehendidos a 500 metros de la pasarela de Las Quince Letras y el acta policial indica que los aprehendieron fijando las pancartas en la pasarela, situación que es totalmente falsa y en el acta no se evidencian fotos”, explicó el abogado.

Privativa de libertad para los abuelos Echarry y Blanco, miembros de MOVER y el Frente Amplio Vargas… Habla el abogado Carlos Guaita. Vía periodista Luis López del Estado Vargas. @Punto_deCorte @movervzla @mdi_venezuela pic.twitter.com/npxz6qEcot

— Nicmer Evans (@NicmerEvans) February 14, 2022