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Poder Ejecutivo

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 21.02.2019: ALTO: Consejo final

ALTO

CONSEJO FINAL:

 

“La inmensa mayoría de los venezolanos está pidiendo que ya no siga al frente del Poder Ejecutivo” Este es solo uno de los párrafos de la Carta enviada al “Señor Nicolas Maduro Moros” por el Arzobispo del Táchira, Monseñor Mario Moronta. La totalidad de la misiva, mas una dirigida solo a los militares venezolanos, pueden leerla en www.runrun.es. Algunos otros párrafos demoledores para el “usurpador”, “ilegítimo”, “copión de Guaidó” o “hijo de Chávez”  como lo tilda la mayoría del país que solo le daría un 4% de apoyo duro, es decir menos del millón y medio de sus habitantes, según la última encuestaEs bueno recordar, al haber celebrado este 15 de febrero pasado 200 años del Congreso de Angostura, lo dicho por Simón Bolívar en su discurso:“El sistema de gobierno más perfecto es aquél que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política” En estos momentos, nuestro pueblo carece de felicidad, tiene hambre y carece de estabilidad política. Arriésguese, y la historia será mucho más benigna con Usted. Le hablo con la verdad en la mano”. Otros aspectos de su misiva incluyen  un llamado a su gobierno y los militares que lo apoyan a permitir la entrada de la ayuda humanitaria: “Fíjese en algo delicado: a muchos sacerdotes y laicos, instituciones de esta región acuden silenciosamente un sinnúmero de oficiales de las Fuerzas Armadas, de los altos puestos del Gobierno, para que les podamos conseguir, en Cúcuta, medicinas para ellos o sus familiares, alimentos, etc. Ciertamente que no se lo dicen por miedo. Pero eso es verdad”. En otro segmento le señala que “Pedir y recibir la ayuda de ese tipo no es ninguna traición a la patria; sino un deber moral a favor de la dignidad de las personas que no tienen medicamentos, alimentos y otros insumos necesarios. Atrévase a oír al pueblo venezolano. No impida la ayuda que podemos darnos entre nosotros y la que se pueda recibir de otros países e instituciones internacionales. No diga que no es necesario”. Claro y raspao. Enhorabuena apreciado Mario. http://bit.ly/2H0lOc9

 

CUARTELES HAMBREADOS

En una reciente reunión de Nicolás Maduro Moros con el Alto Mando Militar en el Palacio de Miraflores surgieron algunas inquietudes por parte de los uniformados de mas alto nivel. El tema del lenguaje vulgar y duro contra el gobierno y, sobretodo, contra el presidente de los Estados Unidos fue una de las preocupaciones. ¿Acaso pensarían en la posibilidad de que NMM se vaya o lo derroquen y queden los altos mandos muy mancillados y disminuidos ante la acostumbrada diatriba de Maduro contra no solo EE.UU., Trump, Romeo y Abrams sino contra todo lo que huela a gobierno democrático o a congreso republicano, los países del Grupo de Lima, los vecinos latinoamericanos, los miembros de la Unión Europea y tantas otras naciones que han expresado sus críticas al régimen dictatorial, usurpador e ilegítimo que sigue destruyendo a Venezuela. El consenso global en estas calificaciones de las que hablo es cada día mas penetrante. En la reunión palaciega alguien comentó: “como no tenemos “rancho” para alimentarlos es mejor que se queden en sus casas, allí conseguirán un rebusque o en las alcabalas “martillarán” para poder comer. Hay que estar pendientes pues hay mucha “arrechera” en la tropa…

 

 

 

 

Directiva AN: aunque el Salón Elíptico pertenezca al Ejecutivo, rechazamos que lo hayan violentado para instalar fraude constituyente

Asamblea Nacional

 

La directiva de la Asamblea Nacional, presidida por Julio Borges y los vicepresidentes, Freddy Guevara y Dennis Fernández, rechazó que la “cuestionada” constituyente se instale en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo.

Aunque es un espacio que pertenece al Poder Ejecutivo, condenaron que el Gobierno nacional lo haya violentado para instaurar el “más grande e ilegal fraude que se ha cometido en la historia contemporánea de Venezuela”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, negó que existiera una comisión de enlace con el Gobierno para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, como aseguró el presidente Nicolás Maduro la tarde de este jueves.

“Es lamentable que hayan violentado el Salón Elíptico para materializar el fraude que le hicieron al país”, expresó.

La Directiva denunció que para entrar al Elíptico, la Guardia Nacional utilizó la fuerza para violentar las puertas y comenzar los preparativos para el acto de la Constituyente este viernes.

Asimismo, aseguraron que los parlamentarios seguirán haciendo su trabajo en el Palacio Federal Legislativo porque “así lo ordenaron 14 millones de venezolanos el 6 de diciembre de 2015.”

* Con información de Prensa Asamblea Nacional

La revolución sí, pero no así, por Asdrúbal Aguiar

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Soy un simple profesor y desde tiempo inmemorial – medio siglo que recuerde – un columnista de opinión, ajeno a las ciencias ocultas. No sé, pues, qué se nos viene encima a los venezolanos al final de esta dura lucha contra la represión más desalmada que conozcan nuestros anales patrios. De nada ya sirven las reglas de la política o la historia, pues la lógica de la dictadura transita mejor por los predios de lo policial.

Algo me tranquiliza, a saber, que la mayoría determinante, macerada en el dolor y en las carencias que nos son comunes desde que se instalará la mal llamada revolución, ha alcanzado el territorio de lo transcendente. Todos a uno hemos abandonado el miasma de la cotidianidad que nos mantiene bajo secuestro y quizás tapándonos las narices por su aún cercanía miramos finalmente hacia el horizonte, con nombre de libertad.

Venezuela renace de sus cenizas y – no exagero al decirlo – observa éstas para hacer memoria de un sentir propio que se hizo subterráneo sin perderse y da razones suficientes para rescatar una identidad germinal que han silenciado las espadas y sus cuarteles; que nos permite avanzar hacia una obra de recreación democrática con las seguridades de su éxito.

Releo a El Publicista de Venezuela, que circula en 1811, nuestra hora inaugural. En sus páginas consta que el Congreso General de Venezuela, en su sesión legislativa establecida para la provincia de Caracas, declara que el olvido y desprecio de los Derechos del pueblo, ha sido hasta ahora la causa de nuestros males; por lo que se declara convencido que, antes de formar una Constitución, debe prescribirse: (1) la residencia imprescriptible, inenajenable e indivisible de la soberanía en el pueblo, en su conjunto, no en sus partes; (2) la voluntad del pueblo como única que otorga legitimidad y legalidad a los gobiernos, que han de ser temporales; y (3) la igualdad fundada en la ley y en la compatibilidad de los actos del gobierno y los magistrados con el respeto, ora de la soberanía, ora de los mismos derechos del hombre.

A guisa de dicha lectura me encuentro con el debate de competencias en el que se cruzan nuestros primeros poderes en sus fases de transición, a cuyo respecto la claridad de miras de nuestros Padres Fundadores es proverbial: “Si el Poder Legislativo dictase una ley, y el Poder Ejecutivo no administrase y gobernase por ella, no negaría el Poder Judicial, que éste se excede”. Mas a pesar de esa independencia con que efectivamente deben obrar los tres Poderes en sus respectivos ramos – rezan las actas de entonces – “están recíprocamente sujetos a la observación de sus operaciones, para que ninguno traspase la línea de su autoridad; y si como quiere el Poder Judicial, no pudiesen los demás censurarle sus juicios, y contenerle, sería el más déspota de los tres”.

La preeminencia actual del irrespeto a la Constitución y la ley por el gobierno y los jueces ha llegado a límites, por lo visto, hoy irreconocibles para nuestra auténtica tradición republicana, incluidos los tiempos en los que los militares hacen valen la ley de la fuerza, pero cuidan de las fórmulas sacramentales. Esta vez los corifeos togados, antes bien, elaboran panfletos que mejor hablan de culto a la mentira, de la impudicia desembozada desde el poder que ya no encubre sus felonías, ora contra el soberano, ora contra los derechos esenciales del ser humano.

En este punto, por mirar u otear el bosque, no el árbol que tapa nuestra vista, considero de valor extraordinario el comportamiento republicano que en la circunstancia agonal del país despliega la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Ha dejado los odres del narcisismo y la enajenación revolucionaria para casi decir, cambiando lo cambiable, lo que diría el ex presidente Álvaro Uribe: ¡La revolución sí, pero no así!

De modo que, al pedirle al procónsul Maduro suspender su adefesio de “constituyente comunal”, acepte se pronuncie la soberanía popular de un modo cabal, y aceptar un diálogo que asegure la paz y tranquilidad en Venezuela, acaso hace lo que le corresponde hacer – sin que concite admiración – a cualquier titular del Ministerio Público en una democracia. ¡Que lo haga bajo la dictadura, traicionándola, en medio de la violencia sin Constitución ni respeto por la vida que secuestra al país, reclama reconocimiento, pues lo relevante es que salva con su hacer el catecismo raizal de la patria.

Una corrección o precisión si exige su invitación al diálogo, que es una mala palabra en Venezuela.

Vaclav Havel, quien sabe y conoce a cabalidad de transiciones hacia la democracia desde el comunismo, distingue bien al efecto: “Si la humanidad ha de sobrevivir… el orden… debe ir acompañado por un respeto mutuo y sincero… de buscar y encontrar aquellos valores o imperativos morales básicos que tienen en común [las distintas culturas, naciones, o personas]”; pero, asimismo, se debe confrontar el mal desde su seno, de lo contrario debe eliminarse por la fuerza”.

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Transparencia Internacional presenta al país el libro

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Considerando el impacto que la falta de independencia de poderes ha tenido en el país, Transparencia Venezuela presenta el libro: “Muchas instituciones, un jefe”, que reúne 15 ensayos que abordan en profundidad los riesgos que implican para la democracia, la justicia, los derechos humanos, la economía, el voto y la lucha anticorrupción que el control total de las instituciones del Estado esté en manos del Ejecutivo Nacional y del Presidente de la República en específico.

El libro describe las graves consecuencias que ha generado la falta de independencia de los poderes y que tal situación ha devenido en la ruptura del orden constitucional,  la falta de acceso a la justicia, la violación de los derechos humanos, la paz y la cohesión social. Además hace que prevalezca la impunidad de los que controlan el Estado y propicia la corrupción.

El primer ensayo, es una entrevista realizada al sociólogo Ramón Piñango, sobre el impacto de la falta de separación de poderes en las instituciones de Venezuela y la democracia. Le sigue el ensayo de Ricardo Sucre Heredia, politólogo y comunicador, que realiza una aproximación a la división de poderes y cómo se viven los derechos políticos, con referencia al voto.

José Ignacio Hernández, abogado y doctor en derecho administrativo, se refiere al Poder Judicial en Venezuela que califica como el menos riesgoso de los poderes siempre y cuando exista separación de poderes. Yorelis Acosta, psicóloga clínico, especialista en intervención psicosocial y  magíster en psicología social, aborda la percepción del sistema normativo y la desconfianza institucional y sus implicaciones psicosociales.

A continuación, Francisco Martínez Montero, politólogo, abogado y magíster en psicología social se refirió en su ensayo a la separación de poderes y los derechos humanos en Venezuela. Arturo Peraza, sacerdote miembro de la Compañía de Jesús, abogado y doctor en ciencias políticas escribió sobre el impacto de la crisis en la ética ciudadana y social.

También, Maruja Dagnino, periodista y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad se refiere a que la libertad exige desmontar el lenguaje oficial; asimismo, Francine Jâcome, antropóloga y directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, trata el tema del impacto de la debilidad de la separación de poderes en el sector seguridad y defensa.

Roberto Briceño León, sociólogo, doctor en ciencias y director del Centro de Investigaciones Laboratorio de Ciencias Sociales, escribe sobre la estafa de las promesas de seguridad personal y acceso a la justicia en la Revolución Bolivariana. Mercedes De Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, narra en su ensayo cómo la Contraloría General de Venezuela se ha alejado totalmente de su función, permitiendo una dilapidación de los recursos públicos sin precedentes.

Asdrúbal Oliveros, economista y socio-director de la consultora Ecoanalítica, explica cómo en una economía sana importan los contrapesos en los poderes. Isabel Pereira, sociólogo, directora de COPRE y CEDICE, presenta un trabajo sobre el impacto en la empresa privada de la relación de subordinación entre los poderes públicos.

Dafne Gil, urbanista y  presidente de la consultora de innovación Grupo Crea, aborda la innovación: Ángel y demonio. La ciudad, escenario de todas las innovaciones; y la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela desarrolla cómo la débil separación de los poderes públicos afecta al sector estudiantil en Venezuela.

El libro cuenta también con la participación de Andrew Mac Devitt, consultor independiente de investigación en las áreas de gobernanza, medidas anticorrupción, análisis de políticas y medición de riesgo de corrupción.

El evento se realizará el viernes 2 de junio en la sala Experimental del Centro Cultural Chacao, con la participación de varios de los autores del libro.

Diputados es hora del pueblo en Asamblea, por Armando Martini Pietri

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A los diputados de la Asamblea Nacional por quienes voté en diciembre de 2015, demando que me representen y consideren en la sesión ordinaria de este jueves 25 de mayo temas de importancia para la nación. Exijo que no piensen en sus propias imágenes, sino en la de ese pueblo que se les está yendo de las manos, al cual pueden convocar, pero no controlar. El poder de los parlamentarios es el capital que su dueño, el pueblo, les confió para administrarlo, desafortunadamente lo realizan con limitaciones y falta de percepción que a estas alturas, son pecados mortales.

Llegó la hora de la verdad. Elegimos un Poder Legislativo. Pero el Poder Ejecutivo autoritario ordenó al Poder Judicial integrado por jueces sin orgullo de su propia dignidad ni de su responsabilidad con la Constitución, y bloquearon nuestra elección. Arbitrariamente la anularon. Fuimos traicionados, dejados de lado. ¡Es momento del pueblo en Asamblea!

Para evitar malos entendidos en lo que se plantea, la campaña de tomar las calles es de importancia significativa. Debe continuar con más impulso y energía en todo el país cada día más, algo importante se está mostrando: no es sólo la oposición organizada reclamando, son los vecinos levantando banderas de rebelión contra la tiranía. En cada reunión, en cada sesión como diputados, deben tenerlo muy en cuenta. Porque ellos y sus partidos no son nada sin el pueblo, ese que a diario sale a tomar las calles. Son suyas, no del Gobierno ni de los diputados.  

¿Dónde está el Oeste, por qué no se expresa salvo El Paraíso de clase media? ¿Qué pasa con el 23 de Enero, Caricuao, Catia, el Cementerio, Sarría? Están despertando con cautela, allí los colectivos irregulares deben considerarse con cuidado por seguridad y peligrosidad. No son sólo empleados nefastos de un oficialismo cruel que aparecen en manadas, son una realidad vecina puerta a puerta, todos los días y noches.

Los líderes acompañan hombro a hombro a los ciudadanos. Pero la Asamblea Nacional no es la calle, es el poder confiado por el pueblo, y esa responsabilidad es mucho más que marchar -sin irrespetar el comprobado coraje.

La Asamblea Nacional como cuerpo electo por todos los ciudadanos que están arriesgando la vida en el asfalto, pero también por los que están en sus casas, trabajos, hospitales, en sus angustias y esperanzas. Confían en el Parlamento que prometió democracia, libertad, renovación, unidad. Son varios los líderes, que ponen cara y pecho, muchos aquellos por los cuales se lucha. Así lo hicieron los libertadores, también los fundadores y consolidadores de nuestra democracia. Por eso fueron y siguen siendo líderes, próceres.

El Poder Legislativo debe considerar que los sancionados magistrados lo enfrentarán con más ahínco, le recordarán su desacato y el oficialismo los acusarán de lo que se les ocurra. Pero los votos que cada parlamentario recibió no pueden ser inhabilitados, ni desacatados por los diputados electos, sólo por cada ciudadano registrado y en nuevas elecciones. Eso es el Poder Legislativo, su fuerza y firme autoridad nacional e internacional, el que frena ambiciones anticonstitucionales del Ejecutivo, mandato que no viene de sus partidos, sino del pueblo mismo donde está el poder originario. 

Es vital para la República -aunque el régimen lo desconozca- considerar una moción de urgencia para reiterar de manera formal que Venezuela no tiene Presidente, pues se decretó en enero de este mismo año su falta absoluta por abandono de sus deberes constitucionales. Es hora de que la Asamblea Nacional demuestre que no habla por hablar, sino que, con la Constitución en la mano, actúa con derecho y en defensa de los intereses de sus representados. ¡Porque es el verdadero poder popular!

Previa consulta con los factores nacionales, nombrar una Comisión Negociadora de respetables y respetados, venezolanos de prestigio, para que definan con el régimen -aunque legitimo de origen, ilegitimo en el desempeño- los términos de una transición. Con concesiones razonables, pero sin impunidad, ceder principios ni exigencias. Es cuestión de estadistas. 

Designar Comisiones acreditadas por el Parlamento para acudir a los organismos económicos y políticos nacionales e internacionales para demandar, con el pueblo siempre presente en la mente, las medidas que bloqueen las acciones de un gobierno usurpador y sin autoridad. Se ha venido haciendo a título personal, sin embargo, es momento de establecer la formalidad constitucional para los representantes del Poder Popular. No el de la propaganda oficial.

La Comisión de Defensa y Seguridad deberá dirigirse -todos en uno- al despacho del Ministro de la Defensa, y participarle a la Fuerza Armada las serias implicaciones de obedecer a un régimen deslegitimado, y las consecuencias inevitables de la complicidad criminal de lesa humanidad. Si el Ministro no los recibe, se ata su propia soga al cuello ante el país y el mundo. Una reseña de los asambleístas frenados a las puertas del despacho, es políticamente devastadora para la dirigencia militar del país.

La Comisión de Política Interior debe trasladarse con refrendación oficial, al Poder Moral y Tribunal Supremo de Justicia, a fin de notificar sus decisiones, exigir su cumplimiento y revalidar su carácter legítimo de representación ciudadana, reclamar órdenes de libertad para todos los presos políticos, y el regreso de los exiliados, con las garantías debidas. Que ellos lo hagan o no, es problema de ellos, la Asamblea Nacional cumplirá su deber con quienes la eligieron. 

Convocar a insignes mujeres y hombres, expertos en diferentes áreas y especialidades, a fin de concebir y diseñar un nuevo país democrático, de futuro y oportunidades, que a la brevedad sea sometido al veredicto popular en votación universal y secreta, una Constituyente creíble y legal, anunciarle al país un cronograma concreto de acciones que culminen en elecciones generales en tiempo perentorio. 

Decretar Estado de Emergencia y establecer la apertura inmediata del canal humanitario para medicinas y alimentos; la necesidad es evidente lo reconozca o no el régimen.

Los diputados tienen potestad, autoridad y responsabilidad constitucional de nombrar a los integrantes de los poderes públicos. No lo adviertan más, háganlo. Escojan y nombren a venezolanos dignos, como pueden y deben hacerlo. No más largas. Enfrenten a los ilegítimos con la legitimidad del pueblo. Que el país y el mundo observen dos poderes públicos al mismo tiempo, uno dócil y sumiso a la dictadura y otro respaldado por la fuerza del pueblo y la Constitución. ¿Qué harán los gobiernos democráticos, la banca internacional, los organismos multilaterales, la OEA, ONU, CELAC, UNASUR y otros? 

No es su competencia convocar elecciones, pero sí exigirlas al juramentar al nuevo e imparcial Poder Electoral. Sólo así recuperaremos la paz, evitaremos más mortandad y una inevitable confrontación o, peor, la guerra. De esa manera, Venezuela retomara la senda de la libertad y la democracia. Se dice fácil, el sistema de libertades no lo es.

En caso de que las autoridades ilegitimas, obstaculicen o desconozcan, dejando sin alternativas, al Poder del pueblo, la Asamblea Nacional está en el deber y la obligación de invocar formalmente el artículo 350 de la Constitución, será su hora. 

Proceder sin más dilación, pasan los días en las calles demostrando gallardía, convicción libertaria admirables con demasiados jóvenes asesinados, cientos de heridos y casi miles de apresados arbitrariamente. Cada día es peor, la agresión es inhumana, la proeza heroica.  

El único poder público legítimo actual es la Asamblea Nacional, representante directa del poder originario de toda democracia: el pueblo. Llegó el momento de asumir ese compromiso y adeudo, enfrentar la historia con luminiscencia. ¡Es la hora del verdadero poder popular!

 

@ArmandoMartini

Expertos en derecho coinciden en inconstitucionalidad de sentencia del TSJ

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Abogados expertos en materia constitucional deploraron la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que anula las funciones de la Asamblea Nacional y las concede a la Sala Constitucional del organismo judicial.

El profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela, Carlos García Soto, dijo que la competencia constitucional del TSJ sobre las leyes sólo se restringe a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las mismas (artículo 334 de la Constitución).

“Por ello, la Sala Constitucional no puede dictar leyes, sino que debe limitarse a revisar la constitucionalidad de las leyes”, mencionó el abogado.

Sentenció que los Magistrados de la Sala Constitucional no tienen competencia conforme a la Constitución para ejercer las funciones de los diputados de la Asamblea Nacional electos por el pueblo.

“Por la naturaleza propia de las funciones de la AN, en la práctica es imposible que tales competencias sean cumplidas por la Sala Constitucional. Son Poderes Públicos con una organización interna y dinámica de funcionamiento absolutamente distintas”.

Dijo que la excusa del desacato de la AN es una mera estrategia para impedir cualquier actuación de la AN.

“El TSJ ha señalado que no es suficiente con que los diputados de Amazonas se hayan desincorporado de la AN, sino que ahora exige que la AN vote un acuerdo por el cual los parlamentarios aprueben la desincorporación. Pero, además, la Sala ha dicho que esa votación no puede ser convocada por la actual junta directiva, precisamente porque esta habría sido electa ya en una situación de desacato”.

Por su parte, el también profesor de la máxima casa de estudios en Venezuela, Allan Brewer-Carías, sostuvo que en Venezuela definitivamente se ha consolidado una dictadura judicial conducida por el TSJ.

“Con esta orden, la Sala Constitucional violó abiertamente la Constitución al atribuir al Poder Ejecutivo una función que es privativa de la Asamblea Nacional que es la de legislar establecida en el artículo 187.1 de la Constitución”, reza un comunicado elaborado por el abogado.

 “No hay forma de que en Venezuela el Tribunal Supremo proceda a iniciar un juicio de inconstitucionalidad, ni siquiera inventándole el carácter de control innominado de inconstitucionalidad de oficio, sin instancia de parte, pues dicho proceso no existe en el ordenamiento constitucional venezolano”, prosigue. 
Brewer-Carías también explicó que la propia Sala Constitucional incurrió en usurpación de funciones del presidente de la República al inmiscuirse en el caso de la OEA y abordar la dirección de las relaciones exteriores.
“Competencia establecida en el artículo 236.4 de la Constitución, que debe ejercerse conforme al artículo 152 de la misma, lo que vicia la sentencia de nulidad conforme al artículo 138 de la Constitución,que dispone que:toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
A continuación el comunicado completo

 

Allan R. Brewer-Carías: LA CONSOLIDACIÓN DE LA DICTADURA JUDICIAL: LA SALA CONSTITUCIONAL, EN UN JUICIO SIN… on Scribd

Un Gobierno que se balancea sobre el hilo constitucional
El sobrepeso de las acciones irregulares cometidas desde distintas instancias del Estado pone a prueba constantemente la resistencia del entramado jurídico que sostiene la democracia en Venezuela. TSJ, CNE, Sebin y hasta el presidente de la República violan sin ningún rubor la Carta Magna

 Desacato de la Asamblea Nacional

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Este es otro triunfo de la retórica revolucionaria sobre la legalidad, sostiene el abogado constitucionalista y ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Perkins Rocha, en conversación con Runrunes.

“La razón por la cual tanto la Sala Constitucional del TSJ como el Gobierno consideran que la AN está en desacato, es por el supuesto incumplimiento de una medida cautelar dictada por la Sala Electoral del TSJ, en el caso de los cuatro diputados del estado Amazonas”, dijo Rocha.

¿Por qué no procede el desacato? “El ordenamiento jurídico venezolano, más concretamente, nuestro Código Penal -que es el compendio normativo de tipos punibles más importante del país-, no consagra el desacato como un delito (…); lo previsto en su artículo 483 es la desobediencia a la autoridad, pero desafortunadamente para el gobierno –y para sus acólitos magistrados del TSJ– no está concebida como delito sino como sanción y en consecuencia solo causa arresto y multa”, explicó el jurista en un artículo publicado recientemente.

¿Pueden los magistrados del TSJ manipular la Constitución impunemente? Quien fue magistrado del máximo órgano judicial, explicó que la acción del TSJ “subvierte el orden constitucional y los hace merecedores de las mayores consecuencias penales, que en este caso sí prevé nuestro Código Penal, en su numeral 2º del artículo 143, cual es el de “rebelión civil”: “Serán castigados con presidio de doce (12) a veinticuatro (24) años: 2. Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la nación, conspiren para cambiar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, pues desconocer la soberanía popular representada en la Asamblea Nacional, mediante interpretaciones fraudulentas, extendiendo indebidamente preceptos normativos, previstos para regular otras supuestos, es obrar en conspiración abierta contra nuestro más sagrado texto político: la Constitución”.

Elecciones de gobernadores, alcaldes… y diputados de Amazonas

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La última vez que Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, le habló al país, anunció la postergación de las elecciones para gobernadores que según el artículo 160 de la Constitución, debían realizarse en diciembre de 2016. No dio razones para justificar la dilación, ni fecha concreta para los comicios. Solo asomó que los mismos se realizarían en el primer semestre de 2017. A días para que finalice enero, se desconoce el cronograma del CNE.

Aquel 18 de octubre, Lucena también informó que las elecciones para las 335 alcaldías se efectuarían en el segundo semestre de 2017, tal y como lo dispone el artículo 174 de la Constitución. No obstante, la ausencia del calendario electoral y las reiteradas declaraciones de personeros del Gobierno asegurando que mientras dure la emergencia económica no será posible realizar elecciones, han hecho sonar las alarmas de los ciudadanos.

Escepticismo aparte, la oposición sí tiene razones para dudar de la celeridad que el CNE le imprima a la realización de elecciones, máxime cuando las encuestas indican la pérdida de popularidad del chavismo. Después de todo, los amazonenses llevan más de un año sin representación parlamentaria por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, violando los artículos 125 y 186 del texto constitucional, sin que el CNE se haya dado por aludido.

El Sebin no acata decisiones de tribunales

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El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), también conocido como policía política, anda de su cuenta. No acata órdenes de jueces, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ni fiscales del Ministerio Público desde que el general Gustavo González López asumió las riendas de ese cuerpo de seguridad hace unos meses.

“Zoraida Castillo, integrante de la defensa de los 14 polichacao detenidos por el supuesto asesinato del periodista Ricardo Durán el 19 de enero del 2016, denunció al director del Sebin, Gustavo González López ante la Fiscalía 85 nacional, por no aceptar las boletas de excarcelación emitidas por el Tribunal 7° de Control, luego de que acordó la libertad condicional; es decir, medidas de presentación”, dice una nota publicada por El Nacional el 4 de enero de 2017.

Una situación similar enfrenta el dirigente de Voluntad Popular Yon Goicochea, quien permanece recluido en los calabozos del Sebin, pese a que un tribunal de control le otorgó la libertad plena el pasado 5 de diciembre de 2016. Sus familiares y abogados han denunciado que los funcionarios de la policía política se niegan a liberarlo.

Recientemente Runrun.es tuvo conocimiento del caso de un detenido al que funcionarios del Sebin exigían el pagó de 10.000 dólares para ejecutar la orden de excarcelación emitida por el tribunal. “El 20 de diciembre de 2016 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas emitió una boleta de excarcelación con el número 013-2016 en la que se ordena al ciudadano jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) poner en libertad al ciudadano Niroumand Iraj, titular de la cédula de identidad E- 84.397.275… toda vez que este Juzgado… acordó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad…”.

Con estas arbitrariedades, el Sebin viola el artículo 44 de la Constitución de Venezuela, referido a que la libertad personal es inviolable y en consecuencia: “Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta”, según lo establece el numeral 5.

Dinero público a rienda suelta

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Todo ocurrió en apenas un mes. El pasado 3 de octubre, Nicolás Maduro consultó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la posibilidad de conseguir la aprobación del Presupuesto Nacional de 2017 sin que este fuera sometido a discusión en la Asamblea Nacional (AN), un movimiento que haría amparado en el desacato en el que el Parlamento había incurrido tras desoír varias sentencias emanadas por el Poder Judicial. Diez días después, el máximo tribunal le dio el visto bueno al primer mandatario y este le envió la ley en cuestión sin pasar por el “go” de los diputados de oposición.

Por primera vez en 18 años, la Presidencia pasó por encima de la Constitución Nacional de la República en lo que a esquema presupuestario se refiere. En el artículo 311, se establece que tanto este como la Ley de Endeudamiento Público, deben ser aprobados por el Legislativo. Además, el artículo 313, señala que “si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.

Pero las violaciones no llegaron hasta allí. A pesar de que los medios oficiales afirmaron que la Ley de Presupuesto y la de Endeudamiento se habían publicado a través de dos decretos (2.482 y 2.483) en la Gaceta Oficial N° 41.009, del pasado 14 de octubre de 2016, esto no sucedió. Sólo la de Endeudamiento se puede ver en línea, no así el esquema presupuestario que asciende a 8,4 billones de bolívares.

Pese a que se obvió tal publicación, un requisito indispensable para que pueda ejecutarse cualquier ley, la Oficina Nacional del Tesoro ya comenzó con las erogaciones del presupuesto. Así lo demuestra la web de la institución donde se señala que, para la semana del 23 al 27 de enero de 2017, se gastaron más de 151 millones de bolívares. La mayor parte del dinero fue a parar a los sueldos de los empleados públicos.

Aumentos de sueldo

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El artículo 111 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo reza que el Ejecutivo Nacional podrá decretar aumentos salariales cada vez que lo considere necesario y debe ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales, morales e intelectuales del trabajador. “A tal fin realizará amplias consultas y conocerá las opiniones de las distintas organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica”.

El gobierno de Maduro ha pasado por encima a las regulaciones establecidas por el propio chavismo en materia laboral y tomado la batuta en solitario. Cinco incrementos de sueldo ha llevado a cabo la actual administración desde marzo del año pasado de manera inconsulta con empresarios, sindicatos, trabajadores y la propia Asamblea Nacional.

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, sostuvo que la actual gestión gubernamental ha violado los convenios con la Organización Internacional de Trabajo. “Específicamente el número 26 que responde a la fijación de salario que debe hacerse en un ámbito tripartito, el gobierno está obligado a sentarse con empleados y representantes legítimos de los empresarios como nosotros”.

No solo Martínez, sino miembros de otros sectores han expresado su descontento por los incrementos, el más reciente de 50% hecho el pasado 8 de enero y que dejó el ingreso mínimo en 40 mil 638 bolívares sin incluir el ticket de alimentación.

A juicio de varios analistas, los constantes aumentos solo traen como consecuencia desempleo, inflación y cierre de industrias.

“Decretan aumentos salariales seguidos, tratando de compensar sin éxito el avance de la inflación”, argumentó León Arismendi, director del Instituto de Altos Estudios Sindicales. “Aquí los sueldos van por las escaleras, mientras que los precios de los productos por el ascensor”, agregó.

Escuchas de conversaciones privadas

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Representantes del gobierno recurren tanto a la práctica de grabar y difundir comunicaciones privadas para atacar adversarios políticos que tiende a considerarse normal. Pero es ilegal desde el punto de vista constitucional. En el artículo 48 de la Carta Magna se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y que solo podrán ser interferidas por orden de un tribunal competente.

Aparte, la Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones, promulgada en diciembre de 1991, establece que el Estado, a través de órganos judiciales, únicamente puede grabar conversaciones privadas relacionadas con corrupción, delincuencia organizada y temas de seguridad del Estado y será de uso exclusivo de las autoridades judiciales y policiales. El que viole la prohibición de divulgar esa información obtenida (incluso los que instalen aparatos para grabar conversaciones), puede enfrentar hasta 5 años de prisión.

El Código Orgánico Procesal Penal (Coop) establece que este tipo de grabaciones solo pueden ser difundidas si cuentan con una autorización judicial.

Acuerdo para la rendición incondicional, por Carlos Blanco

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El proyecto de acuerdo propuesto por los expresidentes Zapatero y Samper ni siquiera es una trampa sino un texto en el cual se propone abiertamente aflojar lo que ha sido bandera de lucha por 18 años: la salida del régimen y su remplazo por un gobierno democrático.

Se adereza la introducción aludiendo a “los espacios de confianza” creados entre el gobierno y la MUD, para generar “una renovada etapa de convivencia entre ambas partes”. Tienen la desvergüenza de fundar su llamado en los dichos del Tribunal Supremo de Justicia, como si no fuese el verdugo al servicio de Maduro.

El texto tiene varios impudores significativos. Uno de los más notorios es “reconocer que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han sido electos de forma constitucional, democrática y legítima para cumplir con los mandatos y períodos determinados por ley”. Es decir, que se pasan por el arco de triunfo el ejercicio ilegítimo de Maduro, la decisión del 9 de enero en la cual la Asamblea Nacional lo destituyó y aspira a que la oposición los complazca aceptándolo sin chistar hasta 2019.

Más adelante el texto insiste en la necesidad de “normalizar el ejercicio de las funciones institucionales” como si la violación de esas funciones no viniese directa y permanentemente del régimen de Maduro, sea a palo limpio o con las interpretaciones del TSJ.

No habla de presos políticos sino de “personas privadas de libertad” y los clasifican en grupos: enfermos, los que ya “tienen órdenes de excarcelación”, demoras procesales, medidas cautelares; como se ve, se admite sin ambages que hay quienes según el propio sistema judicial del régimen deberían estar libres y no lo están porque no les da la gana.

La tapa del frasco es plantear, sin que se le muevan los músculos de la vergüenza, que se busque que la AN apruebe “los acuerdos de financiamiento suscritos por el gobierno nacional”, “el Presupuesto y la Ley de Endeudamiento de forma tal que se logre normalizar la gestión financiera y el papel fiscalizador de la Asamblea”, y que se apruebe “un acto jurídico por el que la Asamblea Nacional se compromete a honrar los compromisos financieros de la República”. En plata blanca: que la AN legitime todo el escándalo económico-financiero del régimen.

En ese texto cargado de enredinas y vivezas, ascos y trampillas, no hay alusión a elecciones presidenciales y solo se aspira a que los opositores entreguen hasta el taparrabos con el cual los mira Zapatero, emisario con parche y pata de palo, tripulante de la última carabela de Colón.

 

@carlosblancog

El Nacional