persecusión política

El pasado 2 de abril, la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, presentó el Proyecto de Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares ante la Asamblea Nacional (de mayoría chavista-madurista). Analistas, activistas y dirigentes políticos advirtieron que la ley alentará la persecución política en el país. 

De acuerdo con el activista en derechos humanos y miembro de la ONG Redes Ayuda, Luis Serrano, este proyecto de ley «pretende tildar de fascista y criminalizar toda organización y expresión en contra de quienes tienen el poder». 

Durante su discurso en el parlamento venezolano, Rodríguez afirmó que la ley antifascismo fue solicitada por Maduro, a quién definió como «padre» de la nación «porque se preocupa y nos cuida». 

#EnVideo📹 Vicepresidenta Ejecutiva @delcyrodriguezv presentó ante la AN el Proyecto de Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, para escudar al país de acciones violentas y defender la paz, democracia y convivencia.#02Abr#JuntosPorLaPaz pic.twitter.com/ISrlShIViq

— Alfred Nazareth (@luchaalmada) April 2, 2024

De acuerdo con una nota de prensa de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley «define al fascismo como postura ideológica o expresión basado en motivos de superioridad racial de origen étnico, social, nacional, que asume la violencia como método de acción política, que enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos, y promueve la supresión de los derechos reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

La "Ley contra el fascismo" busca combatir todo, menos el fascismo.

Se pretende tildar de fascista y criminalizar toda organización y expresión en contra de quienes tienen el poder.

— Luis Serrano (@akaLuisSerrano) April 2, 2024

La abogada y especialista en derechos fundamentales, Liliana Fasciani, advirtió en la red social X (Twitter) que las definiciones de este proyecto de ley son muy amplias, lo que promueve acciones de rango «inconstitucional, anticonstitucional y contraconstitucional» al acusar a cualquier persona u organización como fascista o neoliberal. 

La "Ley contra el fascismo" es inconstitucional, anticonstitucional y contraconstitucional.
Detalle irrelevante para quienes la idearon, redactaron, presentaron y la piensan promulgar. De un carpetazo suprimen a la brava el Preámbulo y el artículo 2, entre otros más de la CRBV.

— Liliana Fasciani M. 🇻🇪⛵️ (@lilianafasciani) April 2, 2024

Una ley para amedrentar

Para el activista en derechos humanos y miembro de la ONG Provea, Marino Alvarado, la ley aprobada en primera discusión «atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas», ya que cualquier información, opinión o denuncia puede ser considerada como una querella para este proyecto de ley. 

«El proyecto fascista de ley contra el fascismo, establece la detención de personas antes que se realice una manifestación de carácter social o política. El solo hecho de convocar ya es delito», escribió Alvarado en X.

Por su parte Oscar Murillo, coordinador general de Provea, denunció en la misma red social que el gobierno de Maduro «sigue ampliando su repertorio represivo».

«El proyecto de ley contra el fascismo forma parte de una escalada de la persecución contra la disidencia y eliminación del pluralismo. Otro instrumento legal que en nada resuelve los problemas reales de los venezolanos», consideró. 

Delcy Rodríguez advirtió que este proyecto de «ley contra el fascismo» «complementaría como un escudo» a otras normativas que la ONU, pero las ONG de defensa de  Derechos Humanos advierten que son herramientas jurídicas para violar la libertad de expresión y el debido proceso judicial, como la «Ley Contra el Odio» y el «Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines» (conocida como #LeyAntiSociedad). 

El proyecto fascista de ley contra el fascismo, establece la detención de personas antes que se realice una manifestación de carácter social o política.

El solo hecho de convocar ya es delito.

Se atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas.

— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) April 2, 2024

A juicio de la activista venezolana Lexys Rondón el instrumento jurídico «legaliza la persecución por razones políticas, proscribe la pluralidad política y el disenso». 

«¿Quién va a juzgar qué es una expresión fascista?, ¿será como la Ley Contra el Odio, que mira de un solo lado: las opiniones de la oposición pero si viene desde el oficialismo eso no se castiga? Esto en una campaña electoral es sumamente peligroso», opinó el periodista de la fuente política Vladimir Villegas en una entrevista a Unión Radio. «Es un facilismo que puede ser peligrosísimo». 

Vladimir Villegas @Vladi_VillegasP: tengo mi aprensión con esta ley contra el fascismo que se discutió ayer porque se presta mucho a la discrecionalidad ¿Será como la Ley Contra el Odio? En medio de una campaña electoral es peligroso https://t.co/tD0GSemkxO pic.twitter.com/P2hjeBK7ge

— ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) April 3, 2024

🚩Grave
Hoy se presentó un Ante Proyecto de Ley "contra el Fascismo" en Venezuela que legaliza la Persecusión por razones políticas, proscribe la pluralidad política y el disenso.
La región debe prepararse para una migración masiva. 👇
https://t.co/q1hShyhs6u…@OACNUDH@CIDH

— Lexys Rendón (@lexysrendon) April 2, 2024

Lenguaje bélico para opositores y para Guyana

Rodríguez advirtió que el proyecto de ley también buscará «prohibir la difusión de mensajes que llamen a la violencia», así como la formación de cualquier organización que se crea que haga alusión a las definiciones amplias de esa norma.

Ante esto, Andrés Velázquez, dirigente nacional del partido La Causa R, denunció que la aprobación de esta ley «elevaría la condición del Estado represivo». 

«La Ley contra el fascismo y neofascismo que propone Delcy Rodríguez no es más que la proyección de lo que son ellos mismos. Es sin duda una Ley para criminalizar, arbitraria y caprichosamente, a cualquier ciudadano por pensar distinto», dijo. 

El diputado de la Asamblea Nacional y representante del madurismo, Diosdado Cabello, advirtió que ahora se van a «combatir» a las acciones fascistas de aprobarse esta ley y la #LeyAntiSociedad. 

«Si logramos erradicar en Venezuela esos grupos le estamos haciendo un gran favor al mundo (…). No nos vamos a sentar a dialogar con el fascismo, lo vamos a combatir», dijo esa perla en la sesión parlamentaria del 2 de abril.

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Cada preso político en Venezuela me ha dolido. Aquel que en un momento u otro se le ha negado tratamiento medico; quienes están presos porque tuitearon, o porque operaron drones en una manifestación, a los que fueron torturados; los que no tienen acusación, o si la tienen es por crímenes inexistentes; incluso a los que arriesgaron su vida para lograr salir del país y para quienes la persecución política es permanente y los sigue adonde quiera que vayan.

Entre todos ellos hay un nombre más, tan común como llamarse Leopoldo Lópezy tan extraordinario a la vez como para representarlos a todos. Su crimen fue sacar la gente a la calle y hablarles, expresarles en realidad eso que ya sentían y sabían. En ningún otro caso se invirtió tanto para estigmatizarlo como criminal, cuántas misiones para acusarlo y denunciarlo sin fundamentos, cuánto contenido en medios de comunicación, cuánta presión, cuánta tortura para arrancar confesiones que lo involucraran en cualquier cosa, cuánto despliegue internacional tratando de cambiar las dinámicas acusatorias y transformarlo en lo que no es. Cuánta evidencia falsa para sentenciarlo.

Los 1.000 días de prisión de Leopoldo López le duelen a todo un continente. Significan que el Hemisferio aún no está libre de la arbitrariedad y la persecución política, que las luchas de nuestros próceres y libertadores no están completas.

Los 1.000 días Implican, además, que los esfuerzos y el acumulado histórico de nuestros países en favor de la democracia no han superado aún los reflejos dictatoriales de quienes pretenden aferrarse al poder aún en contra de la marea popular que los rechaza.

La tragedia de Venezuela hoy por hoy tiene muchos momentos de grandeza encarnados en personas anónimas: las madres y los padres que realizan esfuerzos descomunales para obtener alimentos para sus hijos en medio de la dolorosa escasez, el sacrificio de los enfermos para sobreponerse a los problemas físicos sin contar con medicinas, las historias desgarradoras de quienes debieron partir al exilio.

Pero lamentablemente los momentos de grandeza pública han sido muy escasos. Uno de los pocos, es el de Leopoldo López. Desde su encarcelamiento indecente, en medio de la soledad, la privación y el maltrato, nos da un ejemplo de que la perspectiva humana vale muy poco si sólo se concentra en la dimensión egoísta y que el sacrificio personal vale cuando se trata de luchar por la patria, por la libertad y por los valores democráticos que a todos deberían unirnos.

El rabino y profeta Hillel anunció: «Si no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Y si sólo me ocupo de mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuando?». Leopoldo López encarna el ejemplo de quién ha elegido no ocuparse sólo de sí mismo, sino anteponer la libertad de su país a la propia.

Ante la urgente necesidad de restablecer los derechos y la democracia en esa nación corresponde al Gobierno, a la clase política, al pueblo venezolano y a los países de la región responder la última de las preguntas: ¿si no es ahora, cuándo? Es hora de liberar ya a Leopoldo.

@Almagro_OEA2015

El País ES

@HimiobSantome

Para liberar a los presos políticos y terminar de una vez con la persecución y con la arbitrariedad que han dominado la actuación de los órganos de la Administración de Justicia no hacen falta muchas vueltas. Todos los caminos y alternativas legales están allí, explicados en los estrados hasta el cansancio y listos para rendir sus frutos hoy mismo, si así se quisiera. Lo único que hace falta es voluntad política, nada más.

Por supuesto, esto parte de una premisa que al gobierno le cuesta mucho digerir y que seguramente jamás aceptará, una que para cualquier observador medianamente capaz es absolutamente incuestionable y que se recoge en todos los análisis que tanto a lo interno como a nivel internacional se han hecho desde hace años sobre el estado de la justicia en Venezuela. Esta premisa no es otra que esta: En nuestro país hay persecución por motivos políticos, acá tenemos asesinados y torturados, y presos, exiliados y procesados, por motivos políticos, no jurídicos, y los tribunales, la fiscalía y los cuerpos de seguridad, que poco o nada han hecho en el desempeño de sus verdaderas funciones (a los elevados índices de inseguridad me remito), e incluso los grupos de civiles que actúan impunemente bajo la complaciente mirada y con el apoyo del poder, no han sido en estos últimos lustros más que armas de la intolerancia contra cualquiera que sea identificado, por las razones que sea, como “enemigo” del gobierno.

Sin esta aceptación, sin el reconocimiento pleno y sin dobleces desde el poder de esta realidad, no hay posibilidad alguna de que el cese de la prisión y de la persecución política se concrete en Venezuela ni a corto ni a mediano plazo. Es justo decir que no solo ha sido el gobierno el que tozudamente se ha negado a aceptar a la persecución política como verdad, pues incluso ahora acá algunos medios de comunicación, y algunos comunicadores sociales, cuando se toca el tema de los presos políticos, lo matizan, mejor sería decir, lo tergiversan, refiriéndose a ellos como los “llamados” presos políticos o como los “supuestos” presos políticos. Claro, eso hasta que la barbarie, que no discrimina ni perdona a nadie aunque le haga el juego, patea sus puertas, caso en el cual lo “supuesto” pasa a ser lo “real”, y se acaban mágicamente los juegos de palabras.

En los medios, aunque eso no les justifica, puede haber miedo, pero el gobierno se niega a reconocer la verdad de la persecución política en todas sus variantes porque sabe que de ese reconocimiento nacen para los autores y promotores de dicha persecución, y hasta para Venezuela como Estado, responsabilidades legales de diversa índole, dentro de las cuales seguramente las que más le preocupan son las responsabilidades penales que, a título personal y para cada uno de los involucrados en los abusos que nos han llevado hasta donde estamos ahora, seguramente en su momento serán reclamadas, pues cuando se violan los DD.HH. o se cometen Crímenes de Lesa Humanidad, las acciones para castigar dichas afrentas no solo no prescriben, sino que además no se van a ver afectadas por ningún diálogo previo ni por ningún “acuerdo” político que para garantizar impunidades se alcance.

Ya eso, en el mundo moderno, no va. Puedes poner tu diestra sobre la Biblia, sobre la Constitución o sobre el Libro Sagrado que mejor te parezca jurando a voz en cuello que si se reconoce el daño causado y se hacen cesar sus consecuencias no se ejercerán después las acciones que tocará ejercer, pero eso, ni como “pacto político” ni como “pacto de caballeros”, tiene en materia de DD.HH. valor alguno. Tampoco lo tienen los acuerdos que se lleguen sobre impunidad a que se pueda llegar con base en el concepto, que ni siquiera valida hoy día nuestra Carta Magna, de la “obediencia debida”.

Veamos por ejemplo el caso de Argentina. En 1986 el entonces presidente de esa nación, Raúl Alfonsín, promulgó la “Ley 23.492 de Punto Final”, que paralizó todos los procesos legales que se seguían contra quienes habían violado los DD.HH. durante la dictadura militar que dominó Argentina desde 1973 hasta 1983, y que estableció una prescripción especial y muy breve para las acciones legales contra quienes hubiesen ejecutado o participado en las desapariciones forzadas de personas en ese país, y en todos los crímenes asociados a éstas (asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias).

Con dicha ley le entró un “fresquito”, como le decimos acá, a los perpetradores de tan horribles crímenes, pero menos de dos décadas más tarde la tortilla, como corresponde, se les volteó. La “Ley de Punto Final” de 1986, y también la que la complementaba, que fue promulgada poco después, la “Ley de Obediencia Debida”, fueron anuladas por el Poder Legislativo argentino en 2003, y luego fueron además declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país, en 2005, cuando validó la anulación previa a cargo del Congreso argentino de dichas normas, pues eran a todas luces una aberración. Algo parecido ocurrió con los indultos a los civiles y militares que habían violado los DD.HH. de los argentinos en el mismo periodo dictatorial, dictados por Carlos Menem entre 1989 y 1990, que llegaron a procurar la impunidad a cerca de 1200 personas y que fueron luego, entre 2006 y 2010, declarados y confirmados respectivamente, por la Sala de Casación penal y por el Tribunal Supremo de Justicia argentino, como inconstitucionales. Ya no tenían los criminales dónde esconderse.

Después vino el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (que por cierto, fue promulgado en nuestra Gaceta Oficial en el año 2000) y con éste muchas otras regulaciones internacionales que dejan claro que con la dignidad humana y con nuestros derechos esenciales no se juega, y que nada de lo que se haga o diga en una mesa de acuerdos local puede evitar que el día de mañana, si así se dispone, quienes cometieron graves violaciones contra los DD.HH. o Crímenes de Lesa Humanidad (y la persecución política es uno de ellos) sean declarados, acá o en cualquier otra parte del mundo (porque en materia de DD.HH. la jurisdicción es universal) responsables por ello.

Esa es la principal piedra de tranca en este proceso de diálogo en cuanto a la persecución política. No hay manera de garantizarle a quienes han violado nuestros derechos que el día de mañana no van a terminar como Videla y los que le acompañaron en sus terribles abusos, que tarde, aunque seguro, terminaron dándole la cara a la justicia y, en los casos en que ello fue posible, fueron condenados por sus crímenes.

Lo anterior tiene que ver con el reciente choque (no sé si calificarlo como tal, porque para pelear se necesitan al menos dos partes, y nosotros no estamos peleando con nadie) entre la MUD y la organización de la que soy directivo y que tuve el honor de fundar, el Foro Penal Venezolano ¿Qué pasó? La MUD, por medio de Chúo Torrealba, a quien en lo personal respeto y aprecio mucho, afirmó esta semana que acaba de finalizar que, desde el 19 de mayo de este año, se había producido la liberación de 28 presos políticos, todo lo cual, según explicaron, tenía que ver con la apertura al diálogo de la oposición y con la presencia como mediador, desde esa fecha, de Rodríguez Zapatero en el país.

El problema con tales afirmaciones, producto a todas luces de la falta de información precisa y de confusiones claras en el manejo de los términos, es que no son ciertas. Por eso, como institución que lleva más de 14 años dedicada a estudiar y registrar de manera detallada la represión, la prisión y las persecuciones por motivos políticos en nuestro país, nos vimos obligados a desmentirlas. No es verdad que, desde el 19 de mayo de este año hasta la fecha, hayan sido liberados 28 presos políticos y tampoco es cierto que haya habido un cambio de actitud en los operadores de (in)justicia desde que el señor Rodríguez Zapatero está en el país; por el contrario, en estos meses la represión ha recrudecido. Solo este año, por motivos políticos, nos han sido reportadas 2211 detenciones, arrestos o retenciones ilegales por motivos políticos. Si nos vamos a la fecha que la misma MUD marcó como hito, el 19 de mayo de 2016, desde esa fecha el número de privados de libertad que, conforme a las definiciones técnicas aceptadas a nivel internacional pueden ser calificados como presos políticos, ha subido de 86 a 90, y solo por participar en protestas (no estamos hablando acá de las personas que son arbitrariamente detenidas y luego liberadas al cabo de unas horas por, por ejemplo, pernoctar en una cola de un automercado o de una farmacia) al menos 85 personas han sido sometidas a procesos penales bajo medidas cautelares.

La cosa es tan grave que incluso en algunos casos, hablemos de 7 personas detenidas en el SEBIN y de los casos de Daniel Morales y de José Gregorio Hernández, ya estas personas deberían estar libres, porque así lo decidió ya un tribunal en el caso de los 7 primeros, o porque así lo ha solicitado expresamente la Fiscalía en el caso de los 2 últimos. Pero aún siguen privados de su libertad. Nada indica que esta situación vaya a cambiar a corto plazo, ni mucho que menos que estos casos, conjuntamente con muchos otros de personas que legalmente también deberían estar libres hace rato, estén siendo manejados de manera diferente por el Poder Judicial solo porque Rodríguez Zapatero está en Venezuela.

Por eso nos vimos forzados a responder, y es que con la verdad ni se ofende ni se teme y, más allá, solo con la verdad por delante puede el diálogo, por lo demás indispensable e inaplazable, ser el terreno fértil que se necesita para cosechar los más provechosos frutos. No es un tema de “sensibilidades” ni de ansias de protagonismo, es un asunto de credibilidad, de responsabilidad y, por encima de todo, de respeto no a nosotros, que acá no somos más que un instrumento de documentación y de apoyo legal, sino a los familiares y allegados de esos 90 presos políticos que inflaron sus pechos de esperanza al escuchar a Chúo para, al cabo de unos minutos y un par de llamadas después, darse un doloroso cabezazo contra la pared de la realidad. Con eso no se juega.

@HimiobSantome

He visto sus entrevistas y he leído y escuchado con detenimiento sus declaraciones. Le confieso que, como decimos por acá, me “entra un fresquito” al reconfirmar, no solo por nuestra experiencia diaria en los estrados sino además por boca de alguien que hasta hace nada militaba y actuaba, con plena conciencia, en el bando del absurdo y la opresión, lo que tantas veces hemos denunciado en Venezuela y el mundo. No se crea, a veces uno se sumerge tanto en esa oscuridad, la misma que usted avaló y protagonizó, que de tanto golpe y tanto dislate seguido, uno llega hasta a creer que el loco, por empeñarse en que las aguas de la justicia y la razón retomen su cauce, es uno.

Su testimonio, que sí lo es y que tiene pleno valor probatorio hasta que sea desvirtuado, pese a lo que diga el Defensor del Pueblo, es muy importante, y lo es aunque usted no está diciendo nada que uno, que tiene que lidiar a diario con personas como usted, no sepa, y aunque el pueblo, que no es bobo, hoy por hoy también tenga una idea muy clara de cómo es que se “bate el cobre” en el sistema judicial venezolano, especialmente en los casos políticos. Su demostración no ha sido la única, por cierto, ya desde el 2009 la Juez Yuri López,  luego el ex fiscal Hernando Contreras, y más recientemente los ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte (que llegó a ser presidente de la Sala Penal del TSJ) y Luis Velásquez Alvaray, nos habían dicho, tras marcharse del país, lo mismo que usted hace poco nos ha confirmado. Hablaron de otras causas, de otros juicios, de otros seres humanos a los que la ignominia, incapaz de quitarles la vida, les quitó la libertad injustamente, pero al final la historia que todos nos han contado es la misma.

No se preocupe, no quiero su cabeza a costa de lo que sea. Muchos, como usted mismo lo ha dicho, “le han caído encima” por haber hablado ahora y no antes, y algunos han hasta aventurado que no quieren compartir con usted ni el mismo aire. Yo no soy de esas personas. No le excuso, pero conozco, como usted, al monstruo desde adentro, y sé que de nada hubiera valido su testimonio antes y que cualquier atisbo de inconformidad previa hubiera sido inmediatamente conjurado por el poder, que con neutralizarlo sacándole de su puesto, metiéndolo preso o hasta “dándole de baja”, tenía. Usted sabe que es así. Como abogado, es mi obligación interpretar los hechos con objetividad, sin dejarme llevar por las tripas, y sé que ahora, cuando por fin se animó a decir la verdad, podremos utilizar la información que nos da para tratar, al menos tratar, de traer un poco de luz a las negras cuevas de la injusticia a las que tantos han sido arrojados, durante todos estos años, por la indignidad. No seré yo, ni mi ONG, la que le cerrará el paso a la verdad que, como es terca y siempre prevalece, ahora sale paradójicamente de los labios de quien fue durante mucho tiempo uno de sus más férreos enemigos; si antes fue usted voluntariamente un instrumento de la maldad, séalo ahora, con el mismo empeño, de la justicia… pero asuma, eso sí, las consecuencias.

Lo primero que va a pasar, y ya pasa, es que la maquinaria de terror y de miedo de la que usted fue parte y actor principal no le va a perdonar el afán. Créame, no hay acto de contrición ni vuelta atrás que pueda devolverlo a las mieles perdidas. Usted es ahora un “enemigo de la revolución”, un “apátrida”, un “traidor”, así de fácil se ponen las etiquetas en este país, y a los ojos de los que hasta ahora manejaban sus hilos siempre va a quedar como tal. Usted violó la omertá, y en estructuras como las que manejan al Poder Judicial en Venezuela en los casos políticos, para eso no hay perdón posible. Hasta el momento en el que escribo esta nota no hay noticias de ello, pero tenga por seguro que, con la misma saña con la que usted lo hizo en su momento, no está lejos la apertura contra usted de alguna investigación penal por “conspiración”, “traición” u otra lindeza similar. Lo más triste es que si se da, estará dirigida seguramente por sus antiguos compañeros, por sus dizque “amigos”, por aquellos en los que usted más confiaba. Así le tocará aprender que el que está ciego de poder no cree en nadie ni en nada, mucho menos en la amistad.

Después, va a pasar, y también pasa, que muchos de los que están en este otro lado de la acera querrán verlo colgado de los pulgares (y digo “los pulgares” para no restar elegancia al escrito) pagando con lágrimas y dolor las miles de lágrimas y el inmenso dolor que usted mismo contribuyó a causar en tantas personas. Acostúmbrese, no se amilane, pero acostúmbrese. Al final del día, pese a que algunos se crean mitos encarnados, no somos más que simples seres humanos, con sentimientos, virtudes y defectos, y el daño causado ha sido mucho. Usted, según entiendo, tiene esposa e hijas. Si en algún momento le exaspera la ira contra la que chocará en este bando, imagine por un instante cómo reaccionaría si las víctimas de estos abusos hubieran sido ellas, imagine lo que para tantas esposas e hijas ha significado el que personas como usted les hayan privado, a veces hasta por años, del abrazo cotidiano de sus esposos o de sus padres, montados para ello en la falsedad, que usted mismo acredita, en el abuso, del que usted fue instrumento, y en la injusticia, que usted mismo propició.

Pero usted debe seguir adelante. Le llegó la hora de poner en su balanza un contrapeso. Sea ejemplo para los otros fiscales y jueces que, usted lo sabe, hoy también se debaten entre seguir siendo marionetas del poder o decir al mundo la verdad; sea ejemplo para sus compañeros, los que aún tienen conciencia y tienen en sus manos el destino de tantas personas, para que por una vez dejen de estar pendientes solo de su “quince y último”, o de sentirse “infalibles” y “todopoderosos” y comiencen a pensar en cómo quieren ser recordados cuando la oscurana, que pasará se lo aseguro, pase.

Por último, más allá de las responsabilidades que ya no podrá eludir y que tendrá que afrontar, esas que no prescriben y para las que no hay indulto ni amnistía posible, piense usted también en sus hijas. Ya dio usted un inmenso paso al frente, que por mi parte valoro como positivo de cara a la pelea pendiente por los que aún siguen presos de la indignidad, pero aún le queda luchar más para que la verdad se imponga sin bemoles y para el día de mañana sus pequeñas, al escuchar al vuelo el nombre de su padre, no muestren vergüenza ni le reprochen cobardía en el inapelable tribunal de sus miradas. Quizás esa sea, para usted, la única redención posible.

@HimiobSantome