Darcy Gómez, no cree en la versión que exculpa a los grupos paramilitares que le quitaron la vida a su hija Paola Ramírez durante las protestas opositoras de 2017 ocurridas en San Cristóbal
El 19 de abril de 2017, Paola Ramírez Gómez, de 23 años, murió luego de asistir a una concentración opositora en la Plaza San Carlos de San Cristobal. Pese a que la versión oficial presentó Iván Alexis Pernía como el presunto asesino, sus familiares lo desestiman. Aseguran que hasta el sol de hoy no se ha hecho justicia y su homicidio forma parte de la larga estadística de crímenes en el contexto de manifestaciones políticas.
“No tenemos credibilidad en el sistema de justicia ni en las autoridades que dicen cualquier cosa. Que se haga justicia pero con los verdaderos culpables. Antes de morir ella nos dijo por teléfono: `están disparando los colectivos´. Me cuesta creer que desde un edifico le hayan disparado”, sostiene su madre Darcy Gómez, en un esfuerzo por reconstruir los hechos fatales que la apartaron de su hija.
Horas después de la marcha, Ramírez y su novio llegaron en moto a la plaza San Carlos, donde el novio la dejó para ir a esconder el vehículo por miedo a los colectivos que se encontraban en la zona, declaró una testigo que observaba la situación y luego pudo conocer lo sucedido, contado por el muchacho en la escena.
Según el relato, un grupo paramilitar se apostó en la esquina de la calle 13 de San Cristóbal. Al observarlos, Paola se ocultó en las escaleras del lugar. Pero sus esfuerzos fueron en vano, pues tres de los colectivos la vieron y se dirigieron hacia ella. La encontraron, la tomaron por el cabello y la halaron, le quitaron su gorra y la cartera negra que llevaba. Un testigo observó el robo y vio como uno de los hombres la empujaba, indicándole que corriera. Paola Ramírez corrió por su vida, atravesó el tramo de la plaza hasta llegar a la calle.
Los paramilitares tomaron sus motos y transitaron hasta la esquina de la escuela Carlos Rangel Lamus. En el momento en que la joven estaba en la calle 12, los colectivos pasaron en paralelo a ella desde la carrera 11. Luego se escuchan aproximadamente 24 detonaciones hechas por los colectivos, según coincidieron los testigos. Es cuando Ramírez cae al piso, muerta.
Nacida el 26 de julio de 1993. Era la segunda de ocho hijos del matrimonio de Joaquín Ramírez y Darcy Gómez, era soltera y no tenía hijos. Vivía con su familia en una zona rural de Capacho Nuevo, municipio fronterizo del Táchira.
Paola había concluido los estudios en el área de administración. Ese día se congregó junto a su novio en las inmediaciones de la plaza San Carlos de la capital tachirense en una manifestación que conmemoraba los 207 años de la Declaración de Independencia. También reclamaban a la Defensoría del Pueblo su ineptitud en la “defensa y vigilancia de los derechos humanos.
Contra el olvido y la impunidad
Según la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, las manifestaciones pacíficas se convirtieron en una forma de denuncia ampliamente extendida por el territorio nacional que lamentablemente, lejos de encontrarse con un Estado dispuesto a escuchar y atender estas denuncias, halló violencia y represión a cada paso. Homicidios, detenciones arbitrarias, golpes y torturas quedaron documentadas en el marco de estos eventos.
Desde 2017 realizan monitoreo y atención a los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones políticas. A través de un proceso de documentación, análisis y sistematización de las circunstancias que los rodean, se empeñan en la visibilización de estas violaciones a los derechos humanos para evidenciar los patrones de actuaciones de los cuerpos de seguridad.
Una imputación que no es creíble
El imputado por los organismos de investigación vivía a una cuadra de la plaza San Carlos, en una casa que da hacia la calle. Desde allí aseguran que disparó hacia los colectivos para defender a la joven y por error uno de los proyectiles habría herido a la joven.
El Comisario Luis Godoy, ex Jefe de la División de Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), afirmó a Runrunes en esa oportunidad, que la posibilidad de que el acusado haya podido disparar y encontrar su blanco en la joven que corría, a una distancia de más de 100 metros, con árboles y demás obstáculos en medio, es de una en 100 millones.
El asesinato de esta joven tachirense fue documentado por un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos. Podía constituir un crimen de lesa humanidad, al igual que otros tantos asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas pacíficas.
El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón
