ONU

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela reiteró este miércoles, 20 de marzo, que el Ministerio Público (MP) «sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno». 

En la actualización oral del informe que presentó la Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Marta Valiñas, presidenta de la organización, indicó que el ente, presidido por el fiscal impuesto por la constituyente cubana, Tareck William Saab actúa para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas.

La jefa de la Misión indicó que los numerosos eventos registrados durante el período de la actualización confirman que «Venezuela se encuentra en una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades». Añadió que observa un «patrón repetido de violaciones de derechos humanos contra personas de oposición que incluye a defensores de derechos humanos que se atreven a criticar o denunciar o protestar por decisiones o políticas del gobierno».

#20Mar 🇻🇪 @_Provea: Misión de la ONU sobre Venezuela alerta que el Ministerio Público liderado por Tarek William Saab sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno de Maduro.#SomosFronteraViva pic.twitter.com/PNEj3I1F8h

— Frontera Viva (@fronteravivanew) March 20, 2024

«Los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la Misión», detalló Valiñas.

Cabe recordar que en la actualización que realizó la Misión en septiembre de 2023, la organización aseveró tener  «motivos razonables» para creer que el Ministerio Público, en algunos casos, «retrasó a sabiendas la fecha oficial de detención, y en otros, negó información a los familiares sobre personas que eran trasladas de un centro de detención a otro”.

En el informe del año pasado,  la Misión de la ONU también señaló a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Nacional Electoral (CNE) de contribuir por “acción y omisión” a la represión en Venezuela. 

Sobre las fuerzas de seguridad del Estado implicadas en graves violaciones a los derechos humanos, el informe señaló a la Dirección del Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

Otro ente estatal que mencionó el informe fue la Contraloría General de la República que aplicó inhabilitaciones políticas de manera selectiva a líderes de la oposición, violando normas internacionales y procedimientos internos aplicables.

GNB investigada por crímenes internacionales

En esta actualización de marzo de 2024, la Misión de la ONU informó que está investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en «graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales en últimos 10 años,», con miras a dar cuenta «en la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales». 

Misión de la ONU sobre Venezuela investiga papel de la Guardia Nacional Bolivariana en graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales en últimos 10 años:

“Con miras a la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales” #ONUxVenezuela #HRC55 #20Mar pic.twitter.com/AhIwOBz3H2

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Este martes, 19 de marzo, durante la actualización oral sobre la situación de Venezuela presentada ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU expuso que aún persisten las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. 

Nada Al-Nashif, adjunta del alto comisionado Volker Türk, y quien estuvo a cargo de la lectura del informe sobre la situación de Venezuela en materia de derechos humanos, indicó que están al tanto sobre casos de desaparición forzada y persecución, entre otras violaciones que detallaremos a continuación:

Sí hay desapariciones forzadas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció que en Venezuela se han documentado 18 casos de desapariciones forzadas desde enero de 2023 hasta ahora.

Al-Nashif, miembro adjunto del Acnudh, precisó que las víctimas también reportan casos de tortura por parte de las fuerzas del Estado venezolano. 

«Las personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y se las mantuvo incomunicadas por días e incluso semanas», agregó Al-Nashif. «Incluso, durante ese periodo se ofreció la negativa (por parte del Estado) de reconocer la privación de libertad de las personas o se ocultó el paradero». 

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Persecución a defensores de DDHH

La Oficina del Alto Comisionado alertó sobre la injusta detención de los defensores Rocío San Miguel y Javier Tarazona en Venezuela.

“Defensores de DDHH siguen siendo víctimas de represión, detenciones arbitrarias y amenazas”, se expone en el resumen actualizado. 

ÚLTIMA HORA | Oficina del Alto Comisionado DDHH-ONU denuncia que los "defensores derechos humanos siguen siendo víctimas de represión, detención arbitraria y amenazas" en Venezuela.

"Incluyendo Javier Tarazona y Rocío San Miguel", afirmaron. https://t.co/x0gGDUmN7T pic.twitter.com/0Bte0C26zQ

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Restricciones al espacio cívico previo a presidenciales

La oficina del Alto Comisionado de la ONU denunció la «detención, intimidación y estigmatización» de opositores previo a las elecciones en Venezuela

«En tanto Venezuela entra en un ciclo electoral, con elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de este año, me preocupan mucho las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición», dijo Nada Al-Nashif. 

La oficina instó a que se respeten los derechos humanos como libertad de expresión, asociación, reunión y a un entorno seguro para que los procesos electorales se celebren de buena forma. 

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 Impunidad en violaciones a DDHH

Nada Al-Nashif hizo un llamado a las autoridades para que intensifiquen sus esfuerzos para hacer frente a la impunidad en todos los casos de violaciones de derechos humanos. 

Aseguró que su Oficina ha recibido denuncias de malos tratos infligidos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia, algunas de las cuales podrían constituir tortura.

«Es particularmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas Yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana». Alentó a las autoridades a que adopten nuevas medidas para mejorar las condiciones de detención, el acceso a alimentos y agua adecuados, y a la salud.

Sin avances en leyes sobre mujeres y comunidad Lgbtiq+

La Oficina del Alto Comisionado alertó que no se ha avanzado en la modificación de la legislación que penaliza el aborto; sobre el reconocimiento de las personas trans bajo la identidad de género de su elección; y en los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Salario insuficiente y comprometido acceso a salud, educación y vivienda

Sobre el salario mínimo que reciben los venezolanos, calculado en aproximadamente cuatro dólares mensuales, Al-Nashif afirmó que se deben realizar esfuerzos adicionales para ajustar el ingreso al costo de vida.

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Durante la actualización oral sobre la situación de Venezuela presentada ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Nada Al-Nashif, adjunta del alto comisionado Volker Türk, hizo un llamado para que los acuerdos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática «se apliquen plenamente de buena fe».

Al-Nashif recordó que en virtud de esos acuerdos, se liberaron aa 34 personas, pero «la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales».

La Oficina de la ONU también pidió que el país celebre unas elecciones presidenciales «transparentes, inclusivas y participativas», el próximo 28 de julio.

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Piden regreso de la Oficina 

Nada Al-Nashif solicitó también que se permita que sus trabajadores expulsados en febrero regresen al país para continuar con sus labores de ayuda. 

«Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente», señaló.

Las autoridades venezolanas obligaron a trece empleados de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dejar Venezuela en el plazo de 72 horas, después de que el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, les acusara de espionaje y conspiración.

Pese al tenso momento de relaciones entre la ONU y el Gobierno venezolano, que habían pactado la presencia de esa oficina local en 2019, Al-Nashif aseguró que ha habido «cambios positivos» en el país, aunque «queda mucho por hacer».

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La Oficina del Alto Comisionado DDHH-ONU expresa «profunda preocupación» por la decisión de la administración de Maduro que suspende sus actividades en el país.

📹@VPITV #19Mar pic.twitter.com/Mxb9bQOtfw

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Arrestos y detenciones arbitrarias

Nada Al-Nashif destacó que en 2023 no se registró, como había sido el caso antes, el «innecesario o desproporcionado uso de la fuerza contra manifestantes», aunque sí se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias, entre otras represalias, a algunos participantes en esas protestas.

También denunció que defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas por parte de las autoridades venezolanas, y citó los casos de los perseguidos activistas Javier Tarazona, fundador de la organización Fundaredes, y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.

Al-Nashif agregó que desde enero de 2023 la oficina de la ONU ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas se seguridad.

La alta comisionada adjunta también indicó que la oficina ha recibido denuncias de malos tratos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia que en algunos casos podrían constituir tortura.

«Es especialmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana», afirmó.

Al-Nashif también subrayó que las sanciones internacionales contra Venezuela exacerban los problemas preexistentes del país y «han tenido un impacto negativo desproporcionado en la población», por lo que reiteró el llamamiento de la oficina de la ONU a que sean anuladas.

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*Con información de EFE

Un total de 633.000 personas recibieron algún tipo de ayuda humanitaria en Venezuela durante el mes de enero, gestionada por organizaciones locales e internacionales, de acuerdo con un reporte difundido este lunes por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En su primer balance del año sobre la asistencia humanitaria en Venezuela, el organismo multilateral explicó que el trabajo de 70 organizaciones, entre ellas varias agencias de Naciones Unidas, llegó a 220 de los 335 municipios que existen en el país.

La cantidad de beneficiarios representa el 12 % de la meta establecida para 2024, cuando la ONU prevé que 5,1 millones de personas en extrema pobreza sean atendidas en Venezuela. 

Según los datos reportados por los actores humanitarios a OCHA, cerca de 500.000 personas accedieron a algún tipo de ayuda para mejorar su seguridad alimentaria y medios de vida, mientras que otras 133.000 obtuvieron asistencia en el área de la salud y unas 10.000 en materia educativa.

Asimismo, unas 16.000 personas «participaron en actividades de sensibilización» sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales.

«Esto no significa que sus necesidades hayan sido cubiertas», aclara el reporte, que no incluye datos sobre el trabajo que hacen para luchar contra la desnutrición, con respecto al número de beneficiarios.

La ayuda humanitaria alcanzó a 2,7 millones de personas en 2023, lo que representa el 51,92 % de la meta planteada, de llegar a 5,2 millones de personas con carencias urgentes.

14 millones de venezolanos tienen necesidades críticas

14 millones de venezolanos tienen necesidades críticas de acuerdo a un estudio elaborado por el Observatorio Social Humanitario (OSH), sobre el que se realizó un foro virtual el pasado 7 de marzo. 

“Eso se entiende como personas que tienen comprometida su vida, su integridad, su seguridad, a un nivel importante, que están enfrentando déficits de tal magnitud que pueden llegar a pasar a otro subgrupo que se llama el grupo de necesidades severas”, dijo Jo D’Elia, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma HUM.

Además, entre 4 y 5 millones de venezolanos estarían con necesidades severas. Se trata de aquellos que, de no recibir asistencia inmediata o en un tiempo muy corto, «ya podrían sucumbir o causarles daños o traumas muy severos. Y esos daños y traumas están desde pérdida de la vida, a daños irreparables como rezagos desde un punto de vista educativo como situaciones de extenuación, de medios de vida”, advirtió.

El sociólogo recordó que no fue sino hasta el año 2020 cuando el Estado venezolano empezó a reconocer que necesitaba de la arquitectura humanitaria y finalmente permitió su instalación en el país.

Sin embargo, aún existen dificultades logísticas y restricciones que no han podido ser resueltas y que finalmente terminan afectando directamente a la población más vulnerable.

Con información de EFE

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Para la Mesa de Reflexión Latinoamericana, «el Gobierno de Nicolás Maduro ha quebrado los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismo y la oposición»

La expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Baechelet, junto a 18 excancilleres latinoamericanos, varios exministros, embajadores y académicos, que conforman la Mesa de Reflexión Latinoamericana, instaron este jueves, 22 de febrero, a evitar que se consolide la “tendencia dictatorial” en Venezuela.

Mediante un comunicado, la Mesa de Reflexión Latinoamericana rechaza y declara como «un grave error político», con irradiaciones a toda la región, la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país y expulsar a quienes trabajan allí, así como también la detención de la defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel.

«Expulsarlos por hacer su tarea sólo expresa una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis», denuncian.

Para la Mesa de Reflexión Latinoamericana, «el Gobierno de Nicolás Maduro ha quebrado los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismo y la oposición». Aseguran que la democracia solo podrá recuperarse sí los ciudadanos venezolanos pueden entregar su voto en un escenario de plena vigencia de los derechos humanos y de libertades políticas.

La situación no debe ser ajena 

Recordaron que las carencias bajo las cuales vive el país como pobreza extrema, alimentación precaria y una migración masiva, «no puede ser ajena a los países sudamericanos que constituyen el Consenso de Brasilia», puesto en marcha en mayo 2023 y del cual forma parte también Venezuela.

El manifiesto lo suscribieron el expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez y los exministros de Relaciones Exteriores Rafael Bielsa (Argentina), Jorge Castañeda (México), Gustavo Fernández (Bolivia), Mariano Fernández (Chile), Diego García Sayán (Perú), José Ángel Gurría (México), Edgar Gutiérrez (Guatemala) y Enrique Iglesias (Uruguay).

También los excancilleres María Angela Holguín (Colombia), José Miguel Insulza (Chile), Grace Jaramillo (Ecuador), Celso Lafer (Brasil), Susana Malcorra (Argentina), María Emma Mejía (Colombia), Heraldo Muñoz (Chile), Javier Murillo (Bolivia), Felipe Solá (Argentina) y Allan Wagner (Perú), además del exministro de Hacienda de Colombia José Antonio Ocampo.

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*Con información de EFE “tendencia dictatorial”  “tendencia dictatorial” 

El mandatario dijo que la ONU no es un ente para «estar calificando» al sistema judicial venezolano

Nicolás Maduro dijo este 19 de febrero, en su programa semanal «Con Maduro +», que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) en Caracas se dedicaba al «espionaje y la conspiración»

Estas declaraciones ocurrieron luego de que su gobierno obligara a los 13 funcionarios de la Oacnudh a retirarse del país en un plazo de 72 horas el pasado 15 de febrero. Se conoció que estos funcionarios ya están en Panamá.

A continuación, un resumen de las perlas más destacadas de Maduro en su alocución. 

«Esa oficina se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».

Nicolás Maduro se refiere a suspensión de actividades de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH: “se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) y luego se transformó en lo que denominamos bufete de abogados de terroristas…” pic.twitter.com/elBvjZhKPr

— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) February 20, 2024

«Ellos se la pasaban aplicando el colonialismo judicial», dijo Maduro. 

Hasta ahora, en las universidades se maneja el término «colonialismo judicial» para referirse al reconocimiento jurídico limitado de las poblaciones indígenas durante los siglos XVII y XIX por los reinos de España, Portugal, Países Bajos y Francia. Pero, desde noviembre del 2023, un grupo de periodistas de la «Misión Verdad», una institución del gobierno de Maduro, acuñó el término para referirse a los «orígenes eurocéntricos, expansionistas, asimilacionistas y homogenizadores» de instituciones de alcance mundial como la Corte Internacional de Justicia.

«Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los términos, los principios del acuerdo firmado, violaron la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas».

«Se firmó (un acuerdo de entendimiento entre Maduro y la Oacnudh en 2019) y se instaló la oficina, y esa oficina se desvió (…). Aparecía una conspiración de un intento para matar al presidente de la República, y ellos lo primero que hacían era decir ‘queremos ver el expediente’».

«La gota que rebosó el vaso fue un caso reciente con una persona involucrada en estas labores de espionaje, referida por los involucrados, y ellos salieron a calificar a la Fiscalía y al poder judicial de manera abusiva, rompiendo las reglas del documento firmado. Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los acuerdos del principio».

Al caso que se refiere Maduro es a la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista venezolana Rocío San Miguel el pasado 9 de febrero. El Estado no brindó información por más de 4 días sobre el paradero de San Miguel y de 4 de sus familiares. No fue hasta el 19 de febrero, diez días después, que el abogado de San Miguel informó que la hija de la detenida pudo contactarse. 

La descripción de los hechos coinciden con la definición de desaparición forzada según el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el 13 de febrero, cuatro días después de la denuncia de la detención de San Miguel sin que el Estado respondiera por su paradero, las Naciones Unidas manifestó en su cuenta de X (Twitter) su «preocupación» sobre el caso y su calificación «potencial» como una desaparición forzada. 

#Venezuela: We are following up on the detention of human rights defender Rocio San Miguel with deep concern. Her whereabouts remain unknown, potentially qualifying her detention as an enforced disappearance. We urge her immediate release & respect for her right to legal defence.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2024

«Ellos no están para estar calificando, ellos no son fiscal en Venezuela. De verdad, aquí las instituciones han respondido. A esta gente se le dio 72 horas. Todos se fueron del país el sábado (17 de febrero), afortunadamente. Y hasta tanto, esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique no volverá al país. Esperemos que rectifiquen». 

Dentro de las funciones de la Oacnudh se encuentra el pronunciamiento «frente a las violaciones de derechos humanos» y asesorar a los Estados para mejorar sus sistemas de justicia para vulnerar la menor cantidad de derechos fundamentales posibles.

Con la expulsión de la Oficina de Venezuela, los 13 funcionarios informaron este 20 de marzo que seguirán evaluando las vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela desde Panamá, ya que la institución se ampara en el derecho internacional para mantener sus funciones en un país miembro de las Naciones Unidas. 

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La portavoz de la Oacnudh informó que, pese a estar fuera del país, el derecho internacional les da potestad de seguir evaluando a Venezuela en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos

Los 13 empleados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Venezuela dejaron ya el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor, confirmó este 20 de febrero a la agencia de noticias EFE la portavoz del organismo, Marta Hurtado, después de que la semana pasada el Gobierno de Nicolás Maduro ordenara suspender sus actividades y expulsar la oficina del país.

Hurtado agregó que la Oacnudh, dirigida por el alto comisionado Volker Türk, puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí debido al derecho internacional.

La portavoz no dio más detalles sobre la salida de los empleados, aunque Maduro aseguró este lunes, 19 de febrero, que ya se había completado el sábado, 17 de febrero, cuando se cumplía el plazo de 72 horas que se había dado a los funcionarios de la oficina para dejar el país.

Maduro aseguró en un programa de televisión Estatal que la Oacnudh «se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».

«Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen», aseguró el líder chavista.

Expulsados por denunciar violaciones a los DDHH

De acuerdo con las declaraciones del canciller venezolano, Yvan Gil, el pasado 15 de febrero, el origen de la suspensión y expulsión del organismo internacional de Venezuela es porque la Oacnudh «ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano». 

Sin embargo, la decisión del gobierno madurista se enmarca entre las denuncias de distintas organizaciones de derechos humanos sobre la detención arbitraria, desaparición forzada y violación al debido proceso judicial de la activista venezolana Rocío San Miguel, quién se encuentra recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) «El Helicoide», en Caracas, reconocido por la ONU como un centro de torturas para los más de 270 presos políticos que mantiene Maduro hasta la fecha. 

El día anterior al anuncio de la expulsión, el 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.

La antecesora de Türk al frente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela pare mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.

La comunidad internacional destacó que el retiro de la Oacnudh de Venezuela «deja una laguna de desprotección a las víctimas y a las poblaciones en riesgo», y al menos 25 ONG internacionales advirtieron que denunciarían este tema en el próximo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prevista para el mes de marzo de este año.

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Los Gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron el jueves, en una reunión encabezada por sus respectivos mandatarios en San Vicente y las Granadinas, no amenazarse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna

El secretario general de la ONU, António Guterres, «agradece» el compromiso entre las autoridades de Venezuela y Guyana de no recurrir al uso de la fuerza en su disputa por el Esequibo, dijo este viernes su portavoz, Stéphane Dujarric.

Guterres «da la bienvenida a los planes de las partes de reunirse de nuevo en Brasil en los próximos meses», añadió el portavoz durante su rueda de prensa diaria en la sede de la ONU en Nueva York.

Dujarric agradeció la mediación de las autoridades brasileñas, sanvicentinas y dominiquesas, que han ejercido de interlocutores en las conversaciones entre Caracas y Georgetown.

Los Gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron el jueves, en una reunión encabezada por sus respectivos mandatarios en San Vicente y las Granadinas, no amenazarse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna, incluyendo las «derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados».

Según un comunicado conjunto, ambos países, que se disputan un territorio rico en recursos naturales de casi 160.000 kilómetros cuadrados, acordaron que «cualquier controversia» se resolverá «de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra» de 1966, instrumento que defiende Caracas y que establece la solución del conflicto por la vía del diálogo.

En su rueda de prensa, Dujarric recordó que el asunto se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia, que hace dos semanas, justo antes del referendo, urgió a Caracas a «abstenerse» de tomar «cualquier acción que modifique» la situación del territorio al oeste del río Esequibo o que pueda «agravar o prolongar» este litigio ante el tribunal.

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*Con información de EFE