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ONU: Más de 630.000 personas recibieron ayuda humanitaria en Venezuela en enero

Un total de 633.000 personas recibieron algún tipo de ayuda humanitaria en Venezuela durante el mes de enero, gestionada por organizaciones locales e internacionales, de acuerdo con un reporte difundido este lunes por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En su primer balance del año sobre la asistencia humanitaria en Venezuela, el organismo multilateral explicó que el trabajo de 70 organizaciones, entre ellas varias agencias de Naciones Unidas, llegó a 220 de los 335 municipios que existen en el país.

La cantidad de beneficiarios representa el 12 % de la meta establecida para 2024, cuando la ONU prevé que 5,1 millones de personas en extrema pobreza sean atendidas en Venezuela. 

Según los datos reportados por los actores humanitarios a OCHA, cerca de 500.000 personas accedieron a algún tipo de ayuda para mejorar su seguridad alimentaria y medios de vida, mientras que otras 133.000 obtuvieron asistencia en el área de la salud y unas 10.000 en materia educativa.

Asimismo, unas 16.000 personas «participaron en actividades de sensibilización» sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales.

«Esto no significa que sus necesidades hayan sido cubiertas», aclara el reporte, que no incluye datos sobre el trabajo que hacen para luchar contra la desnutrición, con respecto al número de beneficiarios.

La ayuda humanitaria alcanzó a 2,7 millones de personas en 2023, lo que representa el 51,92 % de la meta planteada, de llegar a 5,2 millones de personas con carencias urgentes.

14 millones de venezolanos tienen necesidades críticas

14 millones de venezolanos tienen necesidades críticas de acuerdo a un estudio elaborado por el Observatorio Social Humanitario (OSH), sobre el que se realizó un foro virtual el pasado 7 de marzo. 

“Eso se entiende como personas que tienen comprometida su vida, su integridad, su seguridad, a un nivel importante, que están enfrentando déficits de tal magnitud que pueden llegar a pasar a otro subgrupo que se llama el grupo de necesidades severas”, dijo Jo D’Elia, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma HUM.

Además, entre 4 y 5 millones de venezolanos estarían con necesidades severas. Se trata de aquellos que, de no recibir asistencia inmediata o en un tiempo muy corto, «ya podrían sucumbir o causarles daños o traumas muy severos. Y esos daños y traumas están desde pérdida de la vida, a daños irreparables como rezagos desde un punto de vista educativo como situaciones de extenuación, de medios de vida”, advirtió.

El sociólogo recordó que no fue sino hasta el año 2020 cuando el Estado venezolano empezó a reconocer que necesitaba de la arquitectura humanitaria y finalmente permitió su instalación en el país.

Sin embargo, aún existen dificultades logísticas y restricciones que no han podido ser resueltas y que finalmente terminan afectando directamente a la población más vulnerable.

Con información de EFE

Bachelet y otros excancilleres instan a evitar que se consolide “tendencia dictatorial” en Venezuela
Para la Mesa de Reflexión Latinoamericana, «el Gobierno de Nicolás Maduro ha quebrado los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismo y la oposición»

 

La expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Baechelet, junto a 18 excancilleres latinoamericanos, varios exministros, embajadores y académicos, que conforman la Mesa de Reflexión Latinoamericana, instaron este jueves, 22 de febrero, a evitar que se consolide la “tendencia dictatorial” en Venezuela.

Mediante un comunicado, la Mesa de Reflexión Latinoamericana rechaza y declara como «un grave error político», con irradiaciones a toda la región, la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país y expulsar a quienes trabajan allí, así como también la detención de la defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel.

«Expulsarlos por hacer su tarea sólo expresa una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis», denuncian.

Para la Mesa de Reflexión Latinoamericana, «el Gobierno de Nicolás Maduro ha quebrado los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismo y la oposición». Aseguran que la democracia solo podrá recuperarse sí los ciudadanos venezolanos pueden entregar su voto en un escenario de plena vigencia de los derechos humanos y de libertades políticas.

La situación no debe ser ajena 

Recordaron que las carencias bajo las cuales vive el país como pobreza extrema, alimentación precaria y una migración masiva, «no puede ser ajena a los países sudamericanos que constituyen el Consenso de Brasilia», puesto en marcha en mayo 2023 y del cual forma parte también Venezuela.

Al respecto, los firmantes recuerdan que la hoja de ruta definida en octubre pasado por este mecanismo de concertación, cuyo objetivo es fortalecer los lazos entre los países de América del Sur, «reclama coherencia en la gobernabilidad y eficiencia de cada uno de los países miembros para cumplir sus objetivos».

El manifiesto lo suscribieron el expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez y los exministros de Relaciones Exteriores Rafael Bielsa (Argentina), Jorge Castañeda (México), Gustavo Fernández (Bolivia), Mariano Fernández (Chile), Diego García Sayán (Perú), José Ángel Gurría (México), Edgar Gutiérrez (Guatemala) y Enrique Iglesias (Uruguay).

También los excancilleres María Angela Holguín (Colombia), José Miguel Insulza (Chile), Grace Jaramillo (Ecuador), Celso Lafer (Brasil), Susana Malcorra (Argentina), María Emma Mejía (Colombia), Heraldo Muñoz (Chile), Javier Murillo (Bolivia), Felipe Solá (Argentina) y Allan Wagner (Perú), además del exministro de Hacienda de Colombia José Antonio Ocampo.

*Con información de EFE “tendencia dictatorial”  “tendencia dictatorial” 

Las perlas de Maduro: “Oficina del Alto Comisionado se dedicaba a espionaje y conspiración”
El mandatario dijo que la ONU no es un ente para «estar calificando» al sistema judicial venezolano

Nicolás Maduro dijo este 19 de febrero, en su programa semanal «Con Maduro +», que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) en Caracas se dedicaba al «espionaje y la conspiración»

Estas declaraciones ocurrieron luego de que su gobierno obligara a los 13 funcionarios de la Oacnudh a retirarse del país en un plazo de 72 horas el pasado 15 de febrero. Se conoció que estos funcionarios ya están en Panamá.

A continuación, un resumen de las perlas más destacadas de Maduro en su alocución. 

«Esa oficina se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».

«Ellos se la pasaban aplicando el colonialismo judicial», dijo Maduro. 

Hasta ahora, en las universidades se maneja el término «colonialismo judicial» para referirse al reconocimiento jurídico limitado de las poblaciones indígenas durante los siglos XVII y XIX por los reinos de España, Portugal, Países Bajos y Francia. Pero, desde noviembre del 2023, un grupo de periodistas de la «Misión Verdad», una institución del gobierno de Maduro, acuñó el término para referirse a los «orígenes eurocéntricos, expansionistas, asimilacionistas y homogenizadores» de instituciones de alcance mundial como la Corte Internacional de Justicia.

«Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los términos, los principios del acuerdo firmado, violaron la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas».

«Se firmó (un acuerdo de entendimiento entre Maduro y la Oacnudh en 2019) y se instaló la oficina, y esa oficina se desvió (…). Aparecía una conspiración de un intento para matar al presidente de la República, y ellos lo primero que hacían era decir queremos ver el expediente’».

«La gota que rebosó el vaso fue un caso reciente con una persona involucrada en estas labores de espionaje, referida por los involucrados, y ellos salieron a calificar a la Fiscalía y al poder judicial de manera abusiva, rompiendo las reglas del documento firmado. Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los acuerdos del principio».

Al caso que se refiere Maduro es a la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista venezolana Rocío San Miguel el pasado 9 de febrero. El Estado no brindó información por más de 4 días sobre el paradero de San Miguel y de 4 de sus familiares. No fue hasta el 19 de febrero, diez días después, que el abogado de San Miguel informó que la hija de la detenida pudo contactarse. 

La descripción de los hechos coinciden con la definición de desaparición forzada según el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el 13 de febrero, cuatro días después de la denuncia de la detención de San Miguel sin que el Estado respondiera por su paradero, las Naciones Unidas manifestó en su cuenta de X (Twitter) su «preocupación» sobre el caso y su calificación «potencial» como una desaparición forzada. 

«Ellos no están para estar calificando, ellos no son fiscal en Venezuela. De verdad, aquí las instituciones han respondido. A esta gente se le dio 72 horas. Todos se fueron del país el sábado (17 de febrero), afortunadamente. Y hasta tanto, esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique no volverá al país. Esperemos que rectifiquen». 

Dentro de las funciones de la Oacnudh se encuentra el pronunciamiento «frente a las violaciones de derechos humanos» y asesorar a los Estados para mejorar sus sistemas de justicia para vulnerar la menor cantidad de derechos fundamentales posibles.

Con la expulsión de la Oficina de Venezuela, los 13 funcionarios informaron este 20 de marzo que seguirán evaluando las vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela desde Panamá, ya que la institución se ampara en el derecho internacional para mantener sus funciones en un país miembro de las Naciones Unidas. 

 
Funcionarios de la ONU expulsados por el gobierno venezolano se encuentran en Panamá
La portavoz de la Oacnudh informó que, pese a estar fuera del país, el derecho internacional les da potestad de seguir evaluando a Venezuela en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos

Los 13 empleados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Venezuela dejaron ya el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor, confirmó este 20 de febrero a la agencia de noticias EFE la portavoz del organismo, Marta Hurtado, después de que la semana pasada el Gobierno de Nicolás Maduro ordenara suspender sus actividades y expulsar la oficina del país.

Hurtado agregó que la Oacnudh, dirigida por el alto comisionado Volker Türk, puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí debido al derecho internacional.

La portavoz no dio más detalles sobre la salida de los empleados, aunque Maduro aseguró este lunes, 19 de febrero, que ya se había completado el sábado, 17 de febrero, cuando se cumplía el plazo de 72 horas que se había dado a los funcionarios de la oficina para dejar el país.

Maduro aseguró en un programa de televisión Estatal que la Oacnudh «se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».

«Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen», aseguró el líder chavista.

Expulsados por denunciar violaciones a los DDHH

De acuerdo con las declaraciones del canciller venezolano, Yvan Gil, el pasado 15 de febrero, el origen de la suspensión y expulsión del organismo internacional de Venezuela es porque la Oacnudh «ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano». 

Sin embargo, la decisión del gobierno madurista se enmarca entre las denuncias de distintas organizaciones de derechos humanos sobre la detención arbitraria, desaparición forzada y violación al debido proceso judicial de la activista venezolana Rocío San Miguel, quién se encuentra recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) «El Helicoide», en Caracas, reconocido por la ONU como un centro de torturas para los más de 270 presos políticos que mantiene Maduro hasta la fecha. 

El día anterior al anuncio de la expulsión, el 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.

La antecesora de Türk al frente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela pare mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.

La comunidad internacional destacó que el retiro de la Oacnudh de Venezuela «deja una laguna de desprotección a las víctimas y a las poblaciones en riesgo», y al menos 25 ONG internacionales advirtieron que denunciarían este tema en el próximo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prevista para el mes de marzo de este año.

ONU agradece compromiso de Venezuela y Guyana de no usar la fuerza en disputa por el Esequibo
Los Gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron el jueves, en una reunión encabezada por sus respectivos mandatarios en San Vicente y las Granadinas, no amenazarse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna

 

El secretario general de la ONU, António Guterres, «agradece» el compromiso entre las autoridades de Venezuela y Guyana de no recurrir al uso de la fuerza en su disputa por el Esequibo, dijo este viernes su portavoz, Stéphane Dujarric.

Guterres «da la bienvenida a los planes de las partes de reunirse de nuevo en Brasil en los próximos meses», añadió el portavoz durante su rueda de prensa diaria en la sede de la ONU en Nueva York.

Dujarric agradeció la mediación de las autoridades brasileñas, sanvicentinas y dominiquesas, que han ejercido de interlocutores en las conversaciones entre Caracas y Georgetown.

Los Gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron el jueves, en una reunión encabezada por sus respectivos mandatarios en San Vicente y las Granadinas, no amenazarse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna, incluyendo las «derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados».

Según un comunicado conjunto, ambos países, que se disputan un territorio rico en recursos naturales de casi 160.000 kilómetros cuadrados, acordaron que «cualquier controversia» se resolverá «de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra» de 1966, instrumento que defiende Caracas y que establece la solución del conflicto por la vía del diálogo.

En su rueda de prensa, Dujarric recordó que el asunto se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia, que hace dos semanas, justo antes del referendo, urgió a Caracas a «abstenerse» de tomar «cualquier acción que modifique» la situación del territorio al oeste del río Esequibo o que pueda «agravar o prolongar» este litigio ante el tribunal.

*Con información de EFE

Sociedad civil pidió a la ONU una diplomacia “más efectiva” en Venezuela
Las organizaciones manifestaron su preocupación por las actuaciones de distintas agencias y mecanismos que parecieran contribuir a reforzar la imagen de cooperación y normalización de la situación en Venezuela

 

Este lunes, 11 de diciembre, un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana (OSC), solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, «una diplomacia más efectiva, centrada en derechos, que reoriente la visión del trabajo de la Organización de Naciones Unidas hacia Venezuela». 

En el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las organizaciones firmantes ofrecieron consideraciones y propuestas que permitan generar de una estrategia coordinada y efectiva de la ONU hacia Venezuela y también en el terreno.

Reiteraron que «la actuación de la ONU en Venezuela debe estar orientada sobre todo a velar por el máximo estándar de goce de derechos para todas las personas. Sus esfuerzos por asistir y proteger deben abocarse primero a la población, y debe alentar la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos».

Para las OSC venezolanas, una diplomacia efectiva, centrada en derechos, que pueda reorientar el trabajo de la ONU en el país debe:

  • Procurar que la actuación de las distintas agencias y mecanismos sea complementaria, coherente y coordinada.
  • Priorizar la atención humanitaria de la población en el terreno, y atender a la población migrante y refugiada venezolana.
  • Monitorear la situación de libertades democráticas y derechos humanos en el contexto electoral y pronunciarse oportunamente.
  • Velar por la protección del espacio cívico y denunciar las amenazas a personas defensoras, periodistas, disidencia política, liderazgos indígenas, gremiales, sindicales, estudiantiles, entre otros.
  • Incorporar la importancia de la búsqueda de justicia en los pronunciamientos sobre la crisis venezolana.

Llamado al Estado 

En el escrito, las organizaciones de la sociedad civil recordaron al Estado que ya suma más de tres mil recomendaciones en su mayoría aún sin implementar, provenientes tanto de mecanismos de protección, como de comités de tratado y el examen periódico universal, entre otras instancias.

«Las organizaciones independientes hemos demostrado y denunciado de forma reiterada la falta de voluntad del Estado por cumplir e implementar estas recomendaciones. A pesar de ello, en los foros intergubernamentales pareciera que se instala la opinión de que existe una mejora de la situación humanitaria, de derechos e institucional. Esta falsa narrativa invisibiliza el sufrimiento de los millones de venezolanas y venezolanos».

Para las OSC los próximos dos años se perfilan como una oportunidad para la transformación pacífica del conflicto en Venezuela, pues las elecciones presidenciales de 2024 y las de gobernadores y alcaldes en 2025, «generan la posibilidad de avanzar en la reinstitucionalización democrática y crear las condiciones necesarias para reconstruir la confianza, restaurar el estado de derecho, y emprender la búsqueda de justicia y paz».

Las organizaciones manifestaron su preocupación por las actuaciones de distintas agencias y mecanismos que parecieran contribuir a reforzar la imagen de cooperación y normalización de la situación en Venezuela. Como por ejemplo, «los nombramientos de representantes del Estado venezolano a una vicepresidencia en la Reunión de Estados Parte a la Convención contra la Tortura de 2023 y la relatoría de la Tercera Comisión de la Asamblea General». 

«La participación del Estado venezolano en instancias multilaterales, y la presencia de agencias de Naciones Unidas en el terreno, debería aumentar el escrutinio en materia de estándares internacionales de derechos humanos y cumplimiento de buena fe de las obligaciones, incluidas las recomendaciones, como medida de la verdadera cooperación del Estado y transformación de la situación de afectación de los derechos humanos» recomendaron las OSC.

Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil venezolana aseguraron que seguirán trabajando con los distintos mecanismos de las Naciones Unidas para contribuir a la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía.

«Aspiramos a que se consideren las propuestas que hemos ofrecido, como necesidades esenciales para un liderazgo diplomático que sea capaz de apoyar a las y los venezolanos en la construcción de soluciones duraderas y sostenibles, garantizando el respeto de los derechos humanos, justicia para las víctimas y la construcción de paz», concluye la carta.

ONU pide que el diálogo se centre en elecciones transparentes y DDHH
El secretario general de la ONU, António Guterres, comunicó su satisfacción por el reinicio del diálogo sobre Venezuela y pidió a los actores políticos progresos en materia de elecciones transparentes y problemas relacionados con DDHH
Instó también a la comunidad internacional a seguir apoyando todos los esfuerzos del diálogo sobre Venezuela

 

La ONU alentó este martes al Gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a abordar la celebración de elecciones «transparentes» y el respeto de los derechos humanos en el país caribeño en su nueva ronda de diálogo que tendrá lugar hoy en Barbados.

El secretario general de la ONU, António Guterres, «acoge con satisfacción las decisiones del Gobierno de Venezuela y PUD para reanudar el diálogo y las negociaciones» en Barbados este martes, tras casi un año de pausa, dijo en la rueda de prensa diaria el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric, tras ser preguntado al respecto.

Guterres, además, alentó a «que los principales actores políticos de Venezuela hagan progresos y (tengan) discusiones que lleven a unas elecciones inclusivas, transparentes y creíbles en 2024 y que aborden los problemas relacionados con los derechos humanos en Venezuela».

El secretario general de la ONU también instó a la comunidad internacional a seguir apoyando todos los esfuerzos que apoyen el diálogo y agradeció a Noruega la «agilización» del mismo y a México y Barbados la acogida de varias rondas de estas discusiones, reportó la agencia EFE

La mesa de diálogo tuvo tres rondas en México, la última en noviembre de 2022, cuando las partes firmaron un acuerdo, cuyo objetivo era la recuperación de recursos del Estado bloqueados en el sistema financiero internacional, pero las conversaciones volvieron a congelarse hasta ahora, sin que se haya materializado lo pactado el año pasado. 

Maduro descarta retirar inhabilitaciones

Pese a que medios estadounidenses anticiparon que uno de los compromisos a los que habría accedido al gobierno era a retirar las inhabilitaciones a candidatos opositores venezolanos el propio Nicolás Maduro echó por tierra esa posibilidad. 

Maduro tildó de «mentiras» y «manipulaciones» esas versiones de medios estadounidenses durante su programa semanal televisado. 

«Empieza la campaña de manipulación. La operación de mentir sobre la base de especulación y la mentira sobre lo que ha sido un proceso de conversaciones global respecto a un conjunto de temas. Y quieren manipular. Yo he sido cuidadoso, porque tengo palabra (…)Y si vamos a conversar y hemos llegado a acuerdos yo no puedo filtrar información y sacarla por la zurda mintiendo, manipulando. Porque estás dañando el acuerdo», opinó Maduro.

En ese sentido, tras advertir que si se sigue filtrando información y no cesa «la manipulación y la mentira» tendrá que decirlo «todo», recalcó lo siguiente:

«Jamás avalaré ninguna ilegalidad. Las instituciones de Venezuela se respetan, el fascismo en Venezuela no pasará. A la mentira, no te vistas que no vas», remarcó.

“Jamás he visto a un fiscal que defienda tanto a un gobierno”: Saab salió con las tablas en la cabeza de la ONU
La delegación de Maduro insultó a expertos del Comité DDHH-ONU, en lugar de responder a situación de derechos civiles y políticos
Durante su intervención, Tarek William Saab, aseguró que el gobierno de Venezuela habló con la verdad, con trabajo estadístico y respuesta inmediata a temas de derechos humanos»

 

Este martes, 10 de octubre, se llevó a cabo en Ginebra la evaluación a Venezuela sobre el cumplimiento de los derechos civiles y políticos en el país. Un encuentro en el que participaron miembros del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y representantes del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil y el fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab. 

En la jornada, el Comité de la ONU expresó su preocupación por la represión, asesinatos, torturas, falta de independencia de los poderes, corrupción, violaciones y más incumplimientos del Estado venezolano en materia de derechos civiles y políticos.

Ante los señalamientos, la delegación de Maduro respondió con insultos y descalificaciones a los expertos del Comité DDHH-ONU, en lugar de rendir cuentas precisas sobre la  situación de derechos civiles y políticos. 

“Parcialidad, falta de profesionalismo, politización, perder el tiempo, irresponsables…” fueron algunos de los insultos de la representación del Estado venezolano al comité de expertos durante su evaluación. 

En uno de los momentos del debate José Manuel Santos Pais, miembro del Comité de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se refirió a la parcialización del fiscal Tarek William Saab: «Jamás he visto a un Fiscal General que defienda de tal forma al Gobierno de su país, cuando debería presentar su situación en completa independencia».

Por su parte, otro experto independiente exigió respeto a la delegación que representó al gobierno venezolano en esta evaluación. 

“Tenemos derecho a pedir que se nos respete”, pidió Carlos Gómez Martínez, en respuesta a las descalificaciones de la representación de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, recordó la importancia de un ámbito institucional en Naciones Unidas.

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De igual formal, la presidenta del Comité de Derechos Humanos, Tania Abdo Rocholl, increpó a la delegación de Venezuela
por utilizar la mayor parte del tiempo asignado para descalificar a los expertos.

«Esto no puede ser un diálogo bilateral denunciando a un experto sobre lo que hace tal país, porque así no se trabaja (…) Durante una hora hemos escuchado este tipo de calificaciones y no las vamos a permitir en el siguiente bloque», dijo.

La negación de la realidad 

Durante su intervención, Tarek William Saab, aseguró que el gobierno de Venezuela habló con la verdad, con trabajo estadístico y respuesta inmediata a temas de derechos humanos». Aquí un resumen de la intervención del fiscal y la negación de la realidad en Venezuela sobre la el incumplimiento de los derechos humanos. 

«Hemos hecho una presentación impecable, contundente, y firme del Estado Venezolano en a defensa y protección de los derechos humanos».

Sin embargo, en agosto pasado la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró que en Venezuela se produjeron 60 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos, 40 más que los contabilizados en el mes de julio.

«Con estadísticas, con cifras en relación a acciones emprendidas para castigar y sancionar la violación al derecho a la vida, violaciones a la integridad física, contra la corrupción, contra quienes han atentado contra la mujer y la comunidad LGBTIQ+».

Con relación a las acciones para proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+, el funcionario se refirió al caso de las 33 personas detenidas durante una redada a un local LGBTIQ+ en el estado Carabobo a finales de julio. Apuntó que investigan por delitos de incitación al odio a los funcionarios que difundieron el rostro de los detenidos. Pero afirmó que el hecho no está relacionado con la identidad sexual de los implicados, sino que «se recibieron denuncias de ruidos molestos que provenían de un local clandestino».

«Hemos defendido la institucionalidad del sistema de justicia de Venezuela, ante cifras totalmente falsas, extraídas de redes sociales, sin que haya tenido el cotejo con las fuentes oficiales del Estado venezolano, particularmente del Ministerio Público que las tiene expuestas en Internet».

Contrario a lo que dice el fiscal, la asociación civil Transparencia Venezuela detalló en agosto de 2022 que en el portal del Ministerio Público no hay información completa ni sistematizada, que permita contrastar las cifras de la lucha anticorrupción.

saab

*Con información de EP y ABC Noticias