OEA

Los diputados denunciaron que no se les notificó del despido a los trabajadores y se dieron cuenta cuando no les pagaron la quincena

Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, denunciarán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el despido injustificado de mil trabajadores del Parlamento.

La diputada Nora Bracho, señaló en la sesión virtual de este martes, 23 de marzo, que hay una persecución en contra de los trabajadores contratados y de carrera, contratados en el periodo que inició en 2015, por parte de los parlamentarios electos en diciembre de 2020, de mayoría chavista.

“Ese ese seudo parlamento que se instaló luego de un proceso de fraude electoral escenificado el 6 de diciembre, se dio a la tarea de despedir masivamente a los trabajadores, anunciado por audios como el del pasado 20 de enero donde Jorge Rodríguez ordena despedir a todos los trabajadores que fueron contratados durante el periodo 2016”, expresó.

Bracho indicó que también llevarán las denuncias ante la Central de Trabajadores de Venezuela y la Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas. La diputada añadió que se está violando el convenio 111 relativo a la discriminación en el empleo y el Convenio 87 de libertad sindical y protección al trabajador.

«Estos despidos masivos de los trabajadores no fueron notificados, no se siguió ningún procedimiento administrativo ni se efectuó calificación de despido. Sigue Nicolás demostrando su desprecio por las leyes y las normas», aseguró la diputada.

Igualmente el diputado Rafael Ramírez señaló que se debe solicitar una visita al país, a la Comisión del Trabajo para que constate la situación de los derechos de los trabajadores.

Por último, el diputado Ismael León indicó que estos trabajadores no fueron notificados, ni les dieron explicación del motivo de despido, se enteraron porque no les depositaron la quincena.

Solicitud de apoyo

En la sesión también participó, Andrés Rivero, quien representa a la asociación civil «Defiende tus derechos» de la Asamblea Nacional, quien aseguró que Jorge Rodríguez está violando la contratación colectiva, la ley del trabajo y el decreto de inamovilidad laboral.

“Esto es un atropello un genocidio que se está cometiendo contra estos trabajadores padres, madres de familia. En estos despidos injustificados hay trabajadores con incapacidad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, todos cumplían labores y horario de servicio. Repartieron una bolsa de alimentos y tampoco les dieron a estos trabajadores ese beneficio, algo verdaderamente inhumano”, denunció el trabajador.

Por eso solicitó el apoyo de los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 a los trabajadores que fueron despedidos, en medio de la crisis y emergencia humanitaria.

Ambiente en peligro

En la sesión los diputados también debatieron sobre la «destrucción continuada» de la industria petrolera y su impacto en el medio ambiente. La diputada María Gabriela Hernández aseguró que en la gira que hicieron por el estado Zulia, pudieron constatar las denuncias de los ciudadanos, especialmente en Cabimas y en la Costa Oriental del Lago.

En el recorrido realizados sobre el Lago de Maracaibo pudimos constatar la contaminación por derrames petroleros constantes. La Costa Oriental del Lago es negra, se ven peces muertos, todo está afectado #DelegadaAN#RedVerdeVenezuela @anambiente2020 pic.twitter.com/8BoZjAPfW1

— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) March 23, 2021

Explicó que debido al fenómeno geológico, denominado subsidencia que describe el progresivo hundimiento de una superficie, las aguas contaminadas de petróleo entran al sistema de drenaje de Cabimas y luego se desplazan hacia las casas.

Otra área afectada, que informó la diputada, es el Parque Nacional de Las Yaguasas, donde sus tres únicas especies de manglares están bajo un manto de petróleo y eso los pone en peligro.

«Saliendo del Zulia, las refinerías de Cardón y El Palito son una vergüenza de contaminación visual, atmosférica y de agua, además, de no poder cumplir con su razón de existir que es la de procesar y refinar el petróleo», agregó.

El diputado Macario González dijo que el derrame continúo de petróleo en el Lago de Maracaibo y la manera de extraer gas doméstico, de forma artesanal, en Cabimas es una «bomba de tiempo» y expone la vida de los ciudadanos.

Esto es lo que vimos en las casas de Cabimas, la misma gente resolviendo algo tan delicado como el manejo del gas porque dejaron a @PDVSA abandonada. De una tubería de petróleo de forma artesanal sacan gas doméstico. Costa Oriental #Zulia es una bomba de tiempo #RedVerdeVenezuela https://t.co/spsfgLWLb5 pic.twitter.com/gRMRXYOYSU

— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) March 23, 2021

«En Cabimas, en la Parroquia La Rosa, en ese campo petrolero, el petróleo fluyendo y por esa vía los muchachos jugando sobre petróleo, nosotros con los pies metidos en petróleo», relató.

Así están las aguas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, las trazas de petróleo se ven por todas las aguas, por debajo hay una maraña de tuberías que no se le hace mantenimiento y botan constantemente hidrocarburos.#RedVerdeVenezuela #ANConCorajeEnLaCalle pic.twitter.com/8dT0F1wjsL

— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) March 23, 2021

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La declaración enfatizó que la resolución del diferendo territorial entre Venezuela y Guyana corresponde al ámbito del derecho internacional

Este miércoles, la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por Luis Almagro condenó la «detención ilegal» por parte de Venezuela de dos barcos pesqueros registrados en Guyana y su tripulación.

«La Secretaría General exige que los ciudadanos guyaneses sean liberados de forma rápida y segura a las autoridades guyanesas, así como los dos barcos detenidos», indicó la organización a través de una sesión ordinaria virtual en la que se trató los «sucesos relacionados con la controversia entre Guyana y Venezuela».

La declaración enfatizó que la resolución del diferendo territorial entre Venezuela y Guyana corresponde al ámbito del derecho internacional «y no puede ser solucionado mediante acciones unilaterales».

«Cualquier intento de descarrilar este proceso legal internacional, como el decreto emitido por el régimen de Maduro, es contrario al derecho y los estándares internacionales, y no tiene soporte legal ni significado jurídico», afirmó.

Rechazo a la posición de Venezuela 

Durante las intervenciones en el Consejo, el representante de Estados Unidos dijo que respaldan una resolución pacífica de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana, y por tanto acogen el dictamen del 18 de septiembre de la Corte Internacional de Justicia sobre su jurisdicción en este tema.

Canadá también dijo que esperan una resolución pacífica, «y un dictamen de la CIJ sobre esta cuestión». Uruguay reiteró que la intención de todos los países es que se resuelva de forma pacífica esta controversia.

Panamá apoyó la competencia de la Corte «y tomamos nota de la posición de Guyana. Hacemos voto para que se evite la confrontación». Por su parte Trinidad y Tobago a nombre de los países del Caricom leyó un comunicado donde respaldan los reclamos territoriales de Guyana así como la intervención de la Corte Internacional de Justicia para resolver esta controversia.

*Con información de TC e Infobae 

Cerca de 50 muertos y 1000 detenidos dejaron protestas de enero de 2019

Entre el 22 y el 27 de enero del 2019, las protestas antigubernamentales dejaron al menos 49 muertos y cerca de 1000 detenidos, entre ellos numerosos menores de edad y mujeres que se volcaron a las calles tras la crisis presidencial que se desató cuando el Parlamento nombró un gobierno interino, en rechazo al nuevo mandato presidencial instaurado ese mes, tachado como fraudulento por la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, entre otras influyentes instituciones y voceros dentro y fuera del país.

Las manifestaciones, también interpretadas como una extensión del descontento generalizado de la población en el contexto de la crisis económica y social que atravesaba el país, iniciaron la madrugada del 21 de enero cuando en un comando de la Guardia Nacional ubicado en Cotiza, Caracas, alrededor de 25 efectivos se sublevaron, declararon no reconocer al Ejecutivo y convocaron la salida a las calles. Este hecho desencadenó una serie de fuertes protestas civiles que rápidamente se propagaron al interior de la República, con el lamentable saldo descrito.

En esa primera jornada de protestas, nueve venezolanos fallecieron en circunstancias no aclaradas en Caracas y el estado Bolívar, en medio de la represión de diversos cuerpos de seguridad del Estado: Stefany  Maholy  Jajoy Natera (20), Franklyn Figuera (19), Alonso Osorio (16), Alixon Dos Santos Pisani (19), Yeimbert José Rangel (24), Luisdy Bolívar (23), Carlos Alfredo Olivares Bonalde (30), Ángel Tovar (17) y Josué Romero.

La impunidad en torno a estos crímenes, ciertamente transversal a todas las víctimas de la represión ejercida durante la actual administración política, “trasciende el impacto directo sobre la víctima ya que incluye a sus familiares y allegados, que de manera sostenida y recurrente deben lidiar con las noticias, el seguimiento legal del caso, el resto de los familiares y el entorno al cual se encuentran sometidos, pues tienden a ser un foco directo o indirecto de la violencia institucional, al afrontar las medidas de persecución y amedrentamiento del Estado, lo que pudiese generar secuelas emocionales y traumáticas posteriores al suceso”.

Esta definición recogida en el informe “Trauma psicosocial y vulnerabilidad al estrés en familiares de víctimas de violencia institucional en Venezuela”, recientemente publicado por Justicia, Encuentro y Perdón, nos adentra al ámbito de dicha violencia y su impacto sobre las víctimas directas e indirectas del autoritarismo.

Las claves de dicho informe pueden ser consultadas en https://www.jepvenezuela.com/blog/2020/12/21/informe-estudio-de-jep-previene-sobre-las-secuelas-emocionales-y-psicologicas-en-victimas-de-violencia-institucional/

El informe detalla que 57 víctimas eran hombres y 15 eran mujeres, 38 civiles y 34 militares

La Organización de Estados Americanos (OEA) recibió un informe que registra nuevos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro durante el 2020.

Según reseña de ABC, el documento recoge 25 casos de detenciones arbitrarias, secuestro, tortura y agresión sexual a presos políticos.

Asimismo, el texto entregado a la OEA señala que el chavismo endureció la represión por medio del estado de excepción decretado por la pandemia de la COVID-19 en 2020.

Tamara Sujú, defensora de DDHH y directora del Instituto Casla, fue quien presentó el informe ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El informe detalla que 57 víctimas eran hombres y 15 eran mujeres, 38 civiles y 34 militares. En 14 de los 25 casos hubo violación y otras formas de agresión sexual, donde 38 víctimas directas fueron desvestidas, padecieron intento de violación y 3 fueron violadas.

También, al menos 25 presos políticos fueron esposados y colgados de una polea para ser asfixiados y someterles a descargas eléctricas.

Se asuman además otros métodos de torturas como los ahogamientos fingidos, o la “falanga”, que consiste en golpear las plantas de los pies con varas a personas arrodilladas, colgadas boca abajo o acostadas.

«Que haya justicia hoy puede implicar que salvemos vidas, que detengamos torturas, que rescatemos víctimas. Ese es el tema de que haya justicia hoy respecto a la dictadura venezolana. Las acciones concretas están encaminadas deben ser internacionales”, dijo Almagro.

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El diputado responsabilizó a la administración de Nicolás Maduro de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela

El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero (UNT-Táchira) aseguró que de continuar la crisis humanitaria en el país, la tasa de migrantes y refugiados venezolanos aumentaría 40%.

“Según la Organización de Estados Americanos, (OEA) en 2021 aumentaría un 40% la tasa de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, llegando a 7.1 millones”, advirtió Valero en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. 

El diputado responsabilizó a la administración de Nicolás Maduro de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

#9Ene según la @OEA_oficial en 2021 aumentaría un 40% la tasa de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, llegando a 7.1 mm, en caso de que reabran las fronteras y continue la crisis humanitaria, política e institucional en Venezuela producida por Maduro y sus acólitos https://t.co/lnDy8p6zdx

— Carlos Valero (@CarlosValero08) January 9, 2021

En 2020, España concedió en 2020 estatuto de refugiado o protección subsidiaria a 5.127 personas y otras 40.592 recibieron protección por razones humanitarias, casi todos venezolanos.

Por nacionalidades, los principales países de procedencia de los solicitantes de protección internacional o refugio en 2020 en España fueron, por orden, Venezuela, Colombia, Honduras, Perú y Nicaragua, y la mayoría de ellos (53%) son hombres jóvenes, según el balance de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior español

De las 40.592 personas que recibieron protección por razones humanitarias, 40.265 fueron venezolanos, seguidos de los nacionales de Colombia (153) Ucrania (59) Perú (17) Panamá (12).

Con información de El Impulso

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La resolución obtuvo 21 votos a favor, dos en contra, cinco abstenciones y seis ausencias. México votó en contra, mientras Argentina se abstuvo

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para rechazar y desconocer los resultados de las «fraudulentas elecciones legislativas» que se realizaron el pasado 6 de diciembre.

Con un total de 21 votos a favor, dos en contra, cinco abstenciones y seis delegaciones ausentes, la OEA aprobó la resolución en rechazo al fraude electoral de Maduro, destacando que las mismas fueron fraudulentas, por no haber sido libres ni justas,

El tema fue propuesto por Brasil y contó desde el inicio con el apoyo de países como Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y la representación venezolana designada desde la Asamblea Nacional (AN).

De acuerdo al texto, las elecciones no fueron libre ni justas, no hubo condiciones mínimas establecidas en el derecho internacional y se celebraron en un contexto donde no han sido liberados los presos políticos y hay una “falta de independencia de la autoridad electoral”.

Para los países que respaldaron la resolución la conformación de la AN escogida en los comicios del 6 de diciembre profundizará el proceso de destrucción de la democracia y del Estado de derecho en Venezuela”.

Resolución de la OEA en integro:

RECHAZO DE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS CELEBRADAS EL 6 DE DICIEMBRE EN VENEZUELA

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS:

REITERANDO los principios y mecanismos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana para la preservación de la institucionalidad democrática en los Estados Miembros;

REAFIRMANDO que los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de promoverla y defenderla;

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2963 (L-O/20) y AG/RES.2944 (XLIX-O/19), de la Asamblea General, así como las resoluciones CP/RES. 1156 (2291/20), CP/RES. 1143 (2269/20), CP/RES. 1117 (2200/19) y CP/RES. 1078 (2108/17), de este Consejo;

EXPRESANDO su rechazo a la elección fraudulenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro con el evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela;

AFIRMANDO, con grave preocupación, que la conformación de una entidad no electa democráticamente profundiza el proceso de destrucción de la democracia y del estado de derecho en Venezuela, agravando el constante deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas, humanitarias, de derechos humanos y de seguridad en el país;

NOTANDO con satisfacción la iniciativa de la sociedad civil, con el respaldo de la Asamblea Nacional, de realizar una consulta popular a los fines de permitir a la ciudadanía expresarse respecto a las condiciones de la elección fraudulenta realizada el 6 de diciembre;

RESUELVE:

1. Rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble.

2. Condenar, en los más enérgicos términos, la estrategia consistente y deliberada del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de socavar el sistema democrático y la separación de poderes, incluyendo a través de la instalación de una entidad no democráticamente electa resultante de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, consolidando a Venezuela como una dictadura.

3. Hacer un llamado urgente para que se garantice la protección y seguridad física de los miembros de la Asamblea Nacional electos democráticamente y se permita el retorno seguro de aquellos miembros de la oposición que se encuentran en el exilio.

4. Hacer un llamado para la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el cese de las continuas persecuciones políticas

5. Manifestar solidaridad al pueblo venezolano y el firme apoyo a los persistentes y amplios esfuerzos de los actores democráticos en Venezuela, en particular los partidos políticos y la sociedad civil, hacia la restauración de la democracia en el país.

6. Reiterar el llamado a que se convoquen, lo más pronto posible, elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes y legítimas, con observación electoral internacional independiente y creíble, como parte de un proceso de transición que conduzca al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente y de acuerdo con la voluntad del pueblo venezolano y con la constitución venezolana.

7. Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la Organización de los Estados Americanos a apoyar al pueblo venezolano en sus esfuerzos para restaurar el orden democrático en Venezuela, mediante la adopción de medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras dirigidas a lograr una solución pacifica a la situación en Venezuela.

8. Exigir el acceso pleno a la comunidad internacional para permitir la prestación de asistencia a las poblaciones más vulnerables afectadas por la crisis en Venezuela, de conformidad con los principios humanitarios reconocidos y el derecho internacional.

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Según el informe, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la demora de la Corte Penal Internacional (CPI) para completar su examen preliminar sobre Venezuela.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, junto a Jared Genser, asesor especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, publicaron este miércoles, 2 de diciembre, el informe «Fomentando la impunidad: El impacto de la ausencia de una investigación de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela«, donde hablan respecto a dicha demora.

Según el informe, existe base razonable para concluir que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el año 2014.

Además, asegura que la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se ha demorado para completar su examen preliminar sobre Venezuela; acción que esta organización condena.

«Resulta inexplicable la demora de la Sra. Bensouda para simplemente iniciar una investigación oficial sobre esos crímenes», expone el informe.

También, la OEA sostiene que no se le está pidiendo a la fiscal de la CPI que presente conclusiones sobre denuncias concretas de crímenes de lesa humanidad ni que presente cargos específicos contra los presuntos responsables, sino que simplemente decida, al término de casi tres años de duración, «si dispone de toda la información necesaria para hacer una determinación plenamente informada sobre su hay fundamento razonable para iniciar una investigación».

Por otra parte, el documento señala que, desde su informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad; al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con escasez de alimentos y medicinas.

Con información de Tal Cual

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Según el «Informe de situación noviembre 2020. Crisis de migrantes y refugiados venezolanos», publicado este martes, ese hecho aumenta la «condición de vulnerabilidad» de los migrantes venezolanos

El cierre de las fronteras terrestres debido a la pandemia ha llevado a los venezolanos a huir de su país por trochas o rutas marítimas peligrosas, alertó un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estima en 5,4 millones los migrantes y refugiados que han abandonado Venezuela.

Según el «Informe de situación noviembre 2020. Crisis de migrantes y refugiados venezolanos», publicado este martes, ese hecho aumenta la «condición de vulnerabilidad» de los migrantes venezolanos.

«Para la fecha habrían retornado a su país cerca de 130.000 venezolanos», detalló el documento, que atribuye la decisión de estas personas a «las dificultades impuestas por la pandemia»

Sin embargo, indicó que a raíz de la reapertura económica en países como Colombia, Perú y Ecuador ha disminuido el retorno y se ha reactivado el flujo de salida desde Venezuela.

«Alrededor de 500 venezolanos están ingresando a Colombia por caminos irregulares diariamente», apunta el estudio, que agrega que algunos de los migrantes viajan acompañados de «uno a tres familiares».

Uno de los casos sobre el que llamó la atención la Oficina de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos ocurrió el pasado 22 de noviembre, cuando un grupo de 29 venezolanos, entre ellos 16 menores de edad, fue deportado de Trinidad y Tobago, y posteriormente desapareció durante 48 horas.

«Este grupo de personas pudo regresar a la isla después de una sentencia de la Corte Suprema de este país, así como pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», agregó el informe.

En ese contexto, la OEA advirtió de que, «con el cierre de las fronteras y la profundización de la crisis en Venezuela, se hace cada vez más frecuente que los venezolanos arriesguen su vida huyendo desesperados por el mar en una embarcación menor que los traslade a alguna isla del Caribe».

La publicación destacó que hay 224.000 migrantes y refugiados venezolanos en el Caribe, y que 46.000 han sido reconocidos como refugiados en Brasil.

También aludió a las medidas adoptadas por los Gobiernos de Costa Rica y Perú para proteger a los migrantes venezolanos.