Nicaragua

MEDIO

GALLINA FLACA(1)

CANTV es el proveedor estatal de servicios de telefonía e Internet en Venezuela. Fue una de las primeras empresas de servicios telefónicos en el país, fundada en 1930. El mayor proveedor de telecomunicaciones en Venezuela fue privatizado en 1991 y Hugo Chávez la volvió a nacionalizar en 2007. El gobierno chavista y luego el madurista, la descuidaron, la desmantelaron y la convirtieron en lo que se podría llamar una “chatarra tecnológica”. Los guisos, saqueos y corrupción en todos los órdenes desde el mas alto nivel hasta los obreros de sus cuadrillas que copiaron poco a poco el mal ejemplo de sus superiores hicieron que la empresa fuera cayendo hasta límites asombrosos en su deterioro. Desde unos años atrás ni siquiera han presentado el balance de gestión ni han rendido cuentas a sus “accionistas”. El desmantelamiento de la CANTV la ha hecho perder una buena tajada de los servicios de telefonía celular y de banda ¿ancha? para la Internet. No se han atrevido a presentar ni un documento que compruebe el “éxito socialista”. Hoy están pensando, y ya han adelantado negociaciones y asesorías, por parte de empresas chinas de tecnología. Los asiáticos no han querido asumir funciones internas hasta que no se les presente un detallado inventario. Como se han ido centenares de trabajadores que piden la baja y sus prestaciones sociales y no hay dinero para pagarles lo adeudado han permitido hacer una especie de trueque fenicio: les pagan con equipos de la telefónica que van desde neumáticos y repuestos de carros y camionetas hasta equipos tecnológicos o enseres de oficina. Mientras tanto el deterioro aumenta a pasos agigantados. Como en todo el interior del país está peor que la capital. El próximo segmento devela otra marramuncia con esa empresa.

CANTV Y EL EX ZAR DE PDVSA (2)

Quien habla es Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA desde el 2004 hasta el 2014 con Chávez y Maduro. Escribe lo siguiente que cito textualmente: “El gobierno anuncia que una empresa transnacional china entrará a operar Cantv y Movilnet, las separará e intervendrá para “reflotarlas”. Así como si nada, ¡listo! Maduro decide entregar, de espaldas al pueblo, dos empresas estratégicas para el país, que fueron nacionalizadas por el presidente Chávez en 2007. Nadie sabe nada, de qué se trata realmente, ni porqué, ni los términos y condiciones. No saben ni los obreros de la propia empresa, ni los antiguos directivos, tampoco la Asamblea Nacional Constituyente y mucho menos la Asamblea Nacional. Se habla de un “holding”, de una empresa nueva, con esquemas confusos y maniobras semánticas para enredar y ocultar la verdad: Se ha entregado la operación de la empresa a una trasnacional. El gobierno hace lo que quiere, sin el más mínimo respeto, no solo por el vapuleado legado del gobierno del presidente Chávez, sino por las leyes, los mecanismos de funcionamiento y control de la Administración Pública o de la Constitución. El gobierno estaría entregando la operación de dos empresas emblemáticas para el país: CANTV y Movilnet a una empresa china transnacional, que podría ser de cualquier nacionalidad, turca, rusa o norteamericana, eso es indiferente, para que las “intervenga” y “reflote”. Se consuma así, otra entrega, otro retroceso en el ejercicio de nuestra soberanía, es decir, la capacidad de manejar asuntos estratégicos para el funcionamiento del país en favor de su independencia. En este caso estaría involucrado todo el sector de las telecomunicaciones. ¿Quién controlará a los chinos, especialistas en vigilancia, escucha y control? ¿Quién tendrá el control de los servidores y bases de datos de las empresas del país, de PDVSA, del TSJ, de los Registros Públicos, del SAIME, del SENIAT, del CNE, de los sistemas automatizados del país? Será que ahora con Maduro repetimos el drama de Intesa en PDVSA (cuando se entregó el cerebro electrónico de la empresa a una empresa privada norteamericana), solo que ahora se privatiza el cerebro electrónico de todo el país, sin excepción. Preguntas que debemos hacernos, sobre todo porque si, en este momento, usted trata de acceder del piso 6 hacia arriba de la Torre Cantv de la Avenida Libertador, no lo puede hacer sin un carné emitido directamente por la referida empresa china”. ¿Quien lo hubiera pensado? Precisamente el que firmó con los chinos varios acuerdos petroleros. ¿Y con los rusos? ¿Será igual?…

LOS GUISOS CONJUNTOS

Informes de La Prensa de Managua y de Infobae refieren estos hechos con todos los detalles de una investigación exhaustiva. Recordarán nuestros lectores que durante este 2019 hemos venido presentando varios antecedentes sobre lo que algunos analistas han venido llamando la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (Primera mención en Runrunes. Otra mención).

El esquema montado entre Venezuela, Nicaragua, El Salvador sigue apareciendo en diferentes investigaciones en Managua. Recordemos que aquí hemos hablado muchas veces de la empresa Albanisa. Para ello, la administración Ortega y entonces Hugo Chávez, crearon esa empresa llamada Albanisa (Alba de Nicaragua Sociedad Anónima), con 49 por ciento de acciones a favor del régimen en Nicaragua y 51 por ciento a favor de la empresa madre, Petróleos de Venezuela (PDVSA). Es así como periodistas del diario la Prensa han culminado profundas pesquisas sobre origen y uso de fondos ilícitos provenientes de Venezuela y de su empresa PDVSA. Enrique Sáenz, disidente del Frente Sandinista y hoy en el exilio por su postura de oposición a Ortega, explica los desesperados esfuerzos de Ortega por ocultar los petrodólares. Según Sáenz, con el recrudecimiento de las sanciones a PDVSA por parte del gobierno norteamericano, Albanisa quedó en el punto de mira, amenazando así al entramado empresarial de la familia gobernante de Nicaragua. «Corrieron entonces a buscar testaferros, trasponer propiedades y crear nuevas empresas de mampara. Llegaron al colmo de transformar el Registro Público de la Propiedad en un registro clandestino. Algunas veces actuaron de manera burda, como en el caso de las gasolineras de Petronic (empresa distribuidora sancionada por Estados Unidos por su vínculo a Albanisa): le cambiaron los rótulos, los colores y la apariencia, pero el mayor desafío era el Bancorp y los fideicomisos ¿Qué hacer para esconderlos?», pregunta Sáenz. Y él mismo se contesta: «Crearon la inverosímil compra del Bancorp por parte del Estado de Nicaragua». En efecto, en marzo de este año, la Asamblea Nacional, dominada como todos los poderes públicos por Ortega, aprobó la compra por parte del Estado del recién sancionado Bancorp por aproximadamente 23 millones de dólares, para crear un Banco Nacional con los activos de Bancorp. «Ortega pensó que si utilizaban al Estado como testaferro de la riqueza de la familia, se blindarían con un escudo que los protegería de las sanciones norteamericanas. La confusión entre los intereses de la familia en el poder con el patrimonio público llegó así a un extremo sin parangón, no solo en Nicaragua, sino que probablemente a nivel mundial», cuenta Sáenz. Pero no funcionó; en abril, apenas un mes después de haber aprobado la compra del Bancorp, Estados Unidos recordó que este banco estaba sancionado por lavado de dinero venezolano y amplió las sanciones al aun no establecido Banco Nacional, o como fuera que terminara llamándose.

La alternativa de venderle su banco sancionado al propio Estado de Nicaragua, para seguir administrando los petrodólares como negocio privado, fracasó en apenas el arranque de la idea. : «Estados Unidos no persigue instituciones, persigue los fondos»…

SI USTED ES DE LOS QUE me honra con la lectura habitual de esta columna, probablemente notó en la entrega pasada que el título acababa con una la palabra “parte” y el guarismo “1”. Si mal no recuerdo, es la primera vez que escribo un artículo para este espacio en dos porciones. Me pareció que era lo conveniente, dada la extensión del texto. Antes de entrar en materia, haré lo mismo que los programas de televisión transmitidos por episodios. Es decir, un breve recuento de lo visto en la emisión anterior, para quienes se la perdieron. La semana pasada hice un ejercicio comparativo entre el régimen venezolano y otros cuatro que han sido objeto de sanciones norteamericanas para demostrar que, a diferencia de lo que muchos han sugerido, el hecho de que las experiencias ajenas no hayan precipitado un cambio político no significa que el caso criollo necesariamente tendrá igual suerte. Hay circunstancias diferentes, como el nivel de vinculación con las democracias occidentales y  la dependencia de ciertos recursos para obtener ingresos, que hacen que cada aplicación de sanciones se dé en un contexto único. No son solo las sanciones, sino ellas mismas más su contexto.

Ahora bien, si es equivocado asumir que las medidas punitivas contra Miraflores están condenadas al fracaso, es igualmente desacertado creer que su éxito es una garantía. Tal seguridad fue transmitida recientemente por John Bolton, el agresivo asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump. Para reforzar su argumento, Bolton evocó las sanciones impuestas en los años 80 a Nicaragua y Panamá. En ambos casos, la década concluyó con el fin de regímenes autoritarios (o cuasi autoritario en el caso nicaragüense), la realización de elecciones y el ascenso al poder de opositores. Bonito, ¿no? Ni los hermanos Grimm ni Disney pudieron pensar en finales más felices. Pero cabe preguntarse, por supuesto, cómo se llegó a eso y si realmente las sanciones estadounidenses fueron el impulsor definitivo.

La verdad es que las sanciones económicas son un aspecto relativamente poco conocido de la política de Washington hacia el gobierno de Daniel Ortega y la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Mucho más recordadas, por lo drásticas, son otras medidas que veremos más adelante. Reagan llegó a la Casa Blanca en 1981 decidido a hacerles la guerra a dos cosas: el socialismo revolucionario y el narcotráfico. Respectivamente, estos objetivos impulsaron los conflictos con Nicaragua y Panamá. En el primer caso, Washington rápidamente impuso un embargo comercial como parte de sus esfuerzos por extirpar como fuera el sandinismo, ante el temor de que hubiera una nueva Cuba en América Central. En cuanto a la nación istmeña, los vínculos de Noriega con la venta de estupefacientes y su rechazo a la restauración del orden democrático llevaron a Estados Unidos a suspender la cooperación económica y militar con Panamá a partir de 1987, así como otras penalidades económicas. Tanto en Nicaragua como en Panamá, las sanciones y otros factores produjeron daño económico severo.

Sin embargo, en ambos casos hubo factores adicionales que los alejan considerablemente de Venezuela hoy. Dos años tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio “Tachito” Somoza, Nicaragua se vio envuelta en una guerra civil horripilantemente cruenta entre el gobierno sandinista y la “contra”, rebeldes de derecha financiados por Estados Unidos. Esta carnicería, con violaciones de Derechos Humanos a la orden del día, tuvo su propio impacto en la economía, más allá de las sanciones. Asimismo, el gobierno de Ortega tomó una serie de medidas destructivas, incluyendo controles de precios y la emisión de dinero sin respaldo (los venezolanos conocemos bien los efectos de ambos). Según cifras del Banco Mundial, entre 1985 y 1990, el producto interno bruto se redujo a menos de la mitad. El país cayó en hiperinflación. Se disparó el porcentaje de personas en situación de pobreza. Nicaragua estaba exhausta y arruinada en todos los sentidos para 1990, cuando hubo elecciones en un clima de tensión enorme y que dieron la victoria a la opositora Violeta Barrios de Chamorro. Ortega cedió el poder… Aunque lamentablemente nunca dejó de buscarlo de nuevo.

En Panamá no hubo guerra civil, pero sí otro pequeño detalle: una intervención militar estadounidense. Entre 1987 y 1989, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Stanford (Acosta, 2008), el PIB se desplomó casi 25%. El Banco Mundial estima una contracción mucho más modesta (13%), pero de todas formas estremecedora para un bienio. Aun así, Noriega siguió aferrado al poder, con una actitud desafiante (su perorata esgrimiendo un machete pasó a la historia). Muy a pesar de sus orígenes como agente de la CIA, intentó procurarse el respaldo de Cuba y Nicaragua para hacer frente a Washington. En mayo de 1989 hubo elecciones que Guillermo Endara, candidato al frente de una coalición disidente, estaba ganando hasta que la dictadura suspendió el proceso. Finalmente el sucesor de Reagan, George Bush padre (quien conocía bien a Noriega por haber sido brevemente director de la CIA), decidió enviar tropas al istmo en diciembre para poner fin a la crisis. Esa fue la “Operación Causa Justa”. Las tropas estadounidenses ocuparon Panamá por poco más de un mes. Noriega fue capturado y enviado al norte para ser procesado por sus delitos. Endara fue juramentado como Presidente. Entre más o menos 250 y 800 panameños (depende de la fuente de las cifras), murieron, más 23 estadounidenses y un periodista español.

Conclusión: Tanto en Nicaragua como en Panamá hubo situaciones de violencia armada que en un caso contribuyeron y en otro caso forzaron la salida del poder de sus sendos regímenes. Por ello, los símiles de Bolton están lejos de ser completos y rigurosos. No sirven para asegurar el éxito de las sanciones dirigidas al chavismo. Naturalmente, solo cabe esperar que los propios autores de esta política punitiva auguren que saldrán airosos. Ningún gobierno toma medidas admitiendo en público que duda sobre su efectividad. Pero nosotros, los ciudadanos comunes que intentamos interpretar lo que los gobiernos hacen, no tenemos esas restricciones.

Hay señales de que las sanciones anunciadas la semana pasada sí han inquietado al régimen. En primer lugar, por primera vez fue el chavismo el que se retiró de las negociaciones con la oposición, probablemente convencido de que no le sirven para deshacerse de las penalidades y de que, por el contrario, tendría que dialogar bajo presión severa hasta hacer concesiones significativas. Un reporte de la agencia Bloomberg reveló este jueves que Ziraat, el mayor banco de Turquía (controlado por el Estado) suspendió sus servicios al Banco Central de Venezuela por temor a las represalias de desafiar las sanciones de Washington, muy a pesar de que el gobierno de Recep Tayip Erdogan ha insistido en defender al chavismo. No hay alianza incondicional y más aliados clave, como Rusia y China, podrían eventualmente darle la espalda a Nicolás Maduro y sus camaradas. No obstante, seguimos en la zona de la incertidumbre.

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) abordará las crisis en Venezuela y Nicaragua en una cita que reúne a los cancilleres del continente y se celebra desde hoy 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia.

Durante una reunión, la OEA incluyó en el temario para la Asamblea General varios puntos, entre ellos: la situación en Venezuela y en Nicaragua, además de la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos en la región.

También aparece en la agenda otro tema que se titula «Hacia la reforma de la Organización de los Estados Americanos» y que fue propuesto por EEUU, con el objetivo de introducir cambios en el actual sistema de votación, según dijeron a Efe fuentes diplomáticas.

EL PARLAMENTO DE NICARAGUA AUTORIZÓ este martes el ingreso al país de militares cubanos, rusos, venezolanos y estadounidenses. La medida, que se pretende llevar a cabo desde el primero hasta el 31 de julio, será con fines humanitarios, de adiestramiento e intercambio de experiencias con el Ejército nacional, informó el Legislativo.

Con 72 votos a favor, en su mayoría de diputados oficialistas, el plenario aprobó un decreto que «autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos militares, naves, aeronaves y personal militar extranjero, para fines humanitarios, de adiestramiento e intercambio de experiencias con el Ejército de Nicaragua».

Además de los países mencionados, también podrán ingresar las Fuerzas Armadas de México, Taiwán y de países vecinos de Centroamérica, agregó la Asamblea Nacional nicaragüense.

El Poder Legislativo también autorizó al Ejército de Nicaragua para que pueda enviar a militares hacia las naciones que enviarán a sus tropas, «con los mismos fines y en igual periodo».

La visita de tropas cubanas, rusas o venezolanas suele causar polémica en Nicaragua, debido a que la oposición se resiste a que este país sea visto como «satélite» de los intereses geopolíticos de dichas naciones.

La controversia es mayor desde 2018, ya que Nicaragua se encuentra en una profunda crisis sociopolítica por protestas antigubernamentales, que el presidente Daniel Ortega identifica como «golpe de Estado» y que ha tenido como resultado a cientos de manifestantes muertos, presos o desaparecidos, así como a decenas de miles de nicaragüenses en el exilio.

La crisis ha llevado a Venezuela a ofrecer el envío de soldados a dicho país, mientras que Estados Unidos apoya unas elecciones anticipadas para resolver la crisis.

La situación sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha causado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales, sin embargo, elevan la cifra a 594. El gobierno reconoce 199.

LA ORGANIZACIÓN DE ESTA DOS AMERICANOS (OEA) abordará las crisis en Venezuela y Nicaragua durante su Asamblea General, la cita más importante del organismo que reúne a los cancilleres del continente y se celebrará entre el 26 y 28 de junio en Medellín (Colombia).

Durante una reunión, la OEA incluyó en el temario para la Asamblea General varios puntos: la situación en Venezuela y en Nicaragua, además de la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos en la región, según figura en el documento aprobado.

También aparece en la agenda otro tema que se titula «Hacia la reforma de la Organización de los Estados Americanos» y que fue propuesto por EE.UU., posiblemente, con el objetivo de introducir cambios en el actual sistema de votación, dijeron a Efe fuentes diplomáticas.

La inclusión de ese punto generó polémica durante la reunión de este viernes y 17 países -incluidos México, Uruguay, Costa Rica y varias naciones caribeñas- votaron para que ese punto no se incluya en la agenda porque oficialmente EEUU no ha precisado cuál es su objetivo.

La misión de EEUU en la OEA se comprometió a informar la semana próxima al resto de países sobre el contenido de esa propuesta. La agenda aprobada este viernes es provisional y deber ser avalada formalmente al comienzo de la Asamblea General por los cancilleres de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).

Normalmente, la agenda suele aprobarse en la Asamblea General sin problema y es un mero paso protocolario. Durante semanas, en los pasillos de la OEA se habló de la posibilidad de que en la Asamblea General se celebraran elecciones para elegir al secretario general, a pesar de que los comicios están fijados para el 2020, cuando concluye el mandato de cinco años del actual dirigente del organismo, Luis Almagro.

La misión de Colombia en la OEA llegó a incluir en el borrador del temario un punto que se titulaba «definición, únicamente de fecha para la elección de Secretario General y Secretario General Adjunto» y que, según dijeron a Efe fuentes diplomáticas, podría haber abierto la puerta a la reelección de Almagro. Sin embargo, Colombia retiró ese punto, así que en principio las elecciones siguen fijadas para 2020.

Preguntado sobre ese asunto por Efe esta semana, Almagro aseguró que él no está interesado en adelantar los comicios y que los Estados miembros serán los encargados de fijar la fecha electoral. «Yo no voy a adelantar nada, para nada, no tengo ningún interés en adelantar nada», aseveró.

El reglamento fija que el secretario general de la OEA debe ser elegido en una Asamblea General y necesita solo una mayoría simple, es decir, 18 votos.

Desde que llegó a la OEA en 2015, Almagro se ha convertido en una de las voces internacionales más críticas con el presidente Nicolás Maduro, y en un secretario general atípico que ha llegado a denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).