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Japón lamenta investidura de Maduro por dudas sobre su legitimidad electoral

JAPÓN LAMENTÓ LA INVESTIDURA DE NICOLÁS MADURO para un segundo mandato como presidente de Venezuela, sin que su Gobierno haya rendido cuentas “suficientes” sobre la legitimidad de las elecciones que lo llevaron a un nuevo periodo como jefe del Estado.

“Es lamentable que la ceremonia de investidura presidencial se celebrara (este jueves) sin que el Gobierno venezolano haya rendido cuentas suficientes” sobre la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo de 2018, dijo hoy el Ministerio japonés de Exteriores en un comunicado.

La comunidad internacional, incluido el G7, del que Japón forma parte, “ha expresado ampliamente sus dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, que carece de una amplia participación del pueblo venezolano”, expuso la Cancillería del país asiático.

Japón “insta firmemente a que los problemas de Venezuela se resuelvan con una amplia participación del pueblo venezolano y su voluntad libremente expresada, y que la democracia se restaure lo antes posible”, añadió Exteriores.

El Gobierno nipón también se mostró preocupado porque el “deterioro de las condiciones económicas y sociales actuales en Venezuela haya afectado gravemente al pueblo venezolano” y porque “las oleadas (de personas) que huyen de Venezuela estén causando un impacto en toda la región”.

El Ejecutivo del país asiático afirmó que seguirá brindando apoyo al pueblo venezolano y a los países afectados por el éxodo de migrantes de esa nación.

Nicolás Maduro juró este jueves su segundo mandato, que lo mantendrá en el poder hasta 2025 en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que consiguió la reelección.

OEA acuerda no reconocer legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy que no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro para el nuevo período 2019-2025.

La decisión de la instancia multilateral tuvo 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia. Países como México, Uruguay y El Salvador se abstuvieron.

Los votos en contra: Bolivia, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Venezuela; mientras que las abstenciones las protagonizaron Antigua y Barbuda, Barbados, Belize, El Salvador, México, St. Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago y Uruguay.

El embajador de Colombia fue quien hizo la propuesta del no reconocimiento del nuevo periodo, junto a Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Perú y Paraguay. También pidió que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria y la liberación de los presos políticos, así como instar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a llevar el documento ante la ONU.

Más temprano, el embajador permanente de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, calificó la sesión como “un acto hostil” e “inamistoso”, por lo que afirmó que no reconocerán la decisión que se tome en la sesión al considerar que se “irrespeta el derecho a la soberanía”.

Almagro saludó la decisión del Consejo Permanente para desconocer el “ilegítimo” gobierno de Maduro, al tiempo que aseveró que se continuarán trabajando para recuperar la democracia en el país.

 

José Toro Hardy Ene 03, 2019 | Actualizado hace 2 años
Legitimidad, por José Toro Hardy

 

LA DEMOCRACIA, POR DEFINICIÓN, es el imperio de las leyes en contraste con la imposición de los hombres. Para que haya democracia, tiene que existir un gobierno legítimo elegido por el pueblo, tiene que haber separación y equilibrio entre los poderes, tiene que haber respeto a la Constitución y a los DDHH.

El 10 de enero terminan de caer las máscaras y desaparece cualquier vestigio de legitimidad.

La legitimidad de un gobierno debe ser de dos tipos: de origen y de desempeño. Sólo el Poder Legislativo, electo mediante el voto directo del pueblo, dispone hoy de legitimidad de origen, aunque el régimen le ha arrebatado sus facultades. También el TSJ designado por la AN cuenta con plena legitimidad.

La legitimidad de origen no puede ser el resultado de unas elecciones convocadas al margen de la Constitución y en las cuales se impuso el punto de vista sostenido por Stalin, “Qué importa quien vote. Lo que importa es quien cuenta los votos”.

En cuanto a la legitimidad de desempeño la situación es aún peor. El irrespeto constante a la Constitución es la prueba. La separación y el equilibrio de los poderes, condición indispensable de esta forma de legitimidad ya no existe.

“Dictadura” -según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- es un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

Wikipedia complementa la definición al agregarle que la Dictadura “se caracteriza por la ausencia de división de poderes…”

“Le pouvoir arrête le pouvoir” sostenía Montesquieu (1689-1775). “El poder frena el poder”. Vale aquí preguntarse, ¿están el Poder Judicial, el Poder  Electoral o el Ciudadano frenando al Poder Ejecutivo o simplemente actúan en connivencia para mantener un régimen a todas luces ilegítimo?

En igual sentido se pronunciaba John Locke (1632-1704)  filósofo inglés del Siglo de las Luces que sostenía que los poderes no debían ser dirigidos por las mismas personas, pues se requería un equilibrio que favoreciese el bien común. Si los gobernantes incumplían el pacto con los ciudadanos, estos tenían el derecho de echarlos.

Coincidía con  James Madison (1751-1836), padre de la Constitución de EEUU, quien al igual que los más ilustres defensores de la libertad, advertía:”La acumulación de todos los poderes, en las mismas manos … puede considerarse con toda exactitud, como la definición misma de la tiranía”. Los padres fundadores de los EEUU, conscientes de los riesgos planteados, diseñaron en su Constitución un mecanismo de “checks and balances” para evitar que una rama de los Poderes dominase a las demás.

Los anteriores son los fundamentos en los que se basa la Democracia. Fueron recogidos en la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 dice:

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo … y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Mal podría hablarse en Venezuela de “derechos humanos y libertades fundamentales”, cuando el mundo entero reclama la libertad de unos 300 presos políticos y cuando las torturas y otras barbaridades han sido abundantemente documentadas ante la OEA y denunciadas ante la Corte Penal Internacional por varios Estados signatarios del Estatuto de Roma, entre los cuales se cuentan Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú, denuncia a la cual se sumaron países como Canadá y Francia.

En estos momentos decisivos de nuestra historia, a la comunidad internacional le corresponderá un papel fundamental en lo que habrá de ocurrir en Venezuela.

El país comienza el año 2019 en medio de una brutal crisis económica, con la mayor hiperinflación del mundo, una caída del PIB sin precedentes, un aparato productivo y una industria petrolera destruidos, sin recursos para pagar su deuda externa, una escasez de alimentos y de medicinas a nivel de crisis humanitaria, con más de 3 millones de sus ciudadanos que han migrado para buscar en otras tierras lo que la suya propia le negó y para colmo de males en manos de un gobierno que ya no cuenta con legitimidad.

 

@josetorohardy

¿Por qué a los dictadores les gusta parecer demócratas?, por Moisés Naím

Medvédev

 

Una interesante paradoja de la política mundial en estos tiempos son las extraordinarias contorsiones que hacen algunos autócratas por parecer demócratas. ¿Por qué tantos dictadores montan elaboradas pantomimas democráticas a pesar de que saben que, tarde o temprano, se revelará la naturaleza autoritaria de su régimen?

Algunas de las razones son muy obvias y otras no tanto. La más obvia es que, cada vez más, el poder político se obtiene —al menos inicialmente— por los votos y no por las balas. Por ello, los aspirantes deben mostrar gran devoción por la democracia, aunque esa no sea su preferencia. La otra razón es menos evidente: los dictadores de hoy se sienten más vulnerables. Saben que deben temerle a la potente combinación de protestas callejeras y redes sociales. La mezcla de calles calientes y redes sociales encendidas no le sienta bien a las dictaduras. Quizás por eso, guardar las apariencias democráticas les tonifica.

La democracia aporta el ingrediente más preciado por los tiranos: legitimidad. Un gobierno que se origina en las preferencias del pueblo es más legítimo y, por lo tanto, menos vulnerable que un régimen cuyo poder depende de la represión. Así, aun cuando sean fraudulentas, las democracias generan algo de legitimidad, aunque sea transitoria.

La Rusia de Vladímir Putin es un buen ejemplo. Los trucos a los que ha recurrido para que su gobierno parezca democrático son insólitos. Rusia hoy cuenta con todas las instituciones y rituales de una democracia. Pero es una dictadura. Por supuesto que en Rusia periódicamente hay elecciones. Y estas vienen acompañadas de costosas campañas mediáticas, de mítines y debates. El día de los comicios, millones de personas hacen cola para votar. El pequeño detalle es que siempre gana Putin. O la persona que él designe para guardarle el puesto.

Eso pasó en 2008 cuando Dmitri Medvédev, el primer ministro del Gobierno presidido por Putin, ganó las presidenciales e inmediatamente le dio a su exjefe el cargo de primer ministro. Con Medvédev nunca hubo dudas sobre quién mandaba realmente. Cumplido su periodo presidencial, hubo elecciones y, por supuesto, el “nuevo” presidente electo fue… Putin. Así, el poder de la presidencia y el poder real volvieron a coincidir. Obviamente, mantener las apariencias de que, en el Kremlin, el poder se alterna es muy importante para Putin. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en vez de hacer tantos esfuerzos, Putin no se quita la careta y sincera la situación? Eso le ahorraría el tener que usar abusivamente los recursos del Estado para lograr insuperables ventajas sobre sus rivales electorales y emplear todo tipo de triquiñuelas.

Quitarse la careta no le sería difícil. A nadie sorprendería, por ejemplo, que si Putin convocara un referéndum para prorrogar indefinidamente su mandato, lo ganaría (y por abrumadora mayoría, como siempre). Tampoco sorprendería a nadie que el Parlamento y la Corte Suprema respaldaran esa maniobra. Después de todo, ambas instituciones son elementos fundamentales de la artificiosa fachada democrática detrás de la que se esconde la autocracia rusa. En 17 años ni una sola vez han impedido que Putin haga lo que quiera.

Rusia no es la única dictadura que quiere parecer democracia. Recientemente las autoridades chinas indicaron su preferencia respecto al destino de Siria: “Creemos que el futuro de Siria debe dejarse en manos del pueblo sirio. Respetamos que los sirios escojan a sus líderes”. Es curioso ver a una dictadura aconsejar a otra que deje que el pueblo decida su destino. De hecho, tal como señala Isaac Stone-Fish, un periodista que vivió siete años en China, “uno de los eslóganes favoritos de Xi Jinping, el presidente de China, se refiere a ‘los 12 valores socialistas’ que deben guiar a su país, siendo la democracia el segundo de estos”. Stone-Fish también cuenta que en una conferencia a la que asistió, varios líderes del Partido Comunista Chino le insistieron que, igual que con EE UU, es perfectamente adecuado definir al sistema político chino como una democracia”. Lo mismo mantiene el Gobierno sirio, mientras Corea del Norte se autodefine como República Popular Democrática. Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Raúl Castro también sostienen que sus represivos regímenes son democracias.

Evidentemente, la democracia es una marca que se ha puesto de moda. No siempre fue así. En los años 70, por ejemplo, los dictadores de Iberoamérica, de Asia y de África no se preocupaban mucho por aparentar ser demócratas. Quizás porque se sentían más seguros que los dictadores de ahora.

 

@moisesnaim

El País ES

 

Bloque Constitucional de Venezuela: Actuaciones del TSJ destruyeron su propia legitimidad

tsj

 

El Bloque Constitucional de Venezuela señala que la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y en especial de la Sala Constitucional se ha perdido, al dictar el pasado 19 de agosto un amparo cautelar donde pretende suspender sesiones de la Asamblea Nacional, dos del mes de abril y cinco del mes de mayo de 2016.

La agrupación de destacados juristas venezolanos recuerda la manera irregular como fueron designados los magistrados que lo integran; además de las decisiones jurisdiccionales que han tomado pretenden usurpar funciones y desconocer la nueva mayoría de la AN.

Agregan que “Estas sentencias de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional han sido dictadas para impedir que la AN ejerza el control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional y concentrar todo el poder público en el Presidente de la República”.

La comunicación está firmada por personalidades como Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, BlancaRosa Mármol, Alberto Arteaga Sánchez, Pedro Rondón Haas, Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Miguel Ángel Martín, Carlos Ayala Corao, entre otros destacados especialistas del derecho; así como por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los Presidentes de Colegios de Abogados del país.

Recuerdan también que a los magistrados designados “express”, les fueron anuladas sus designaciones por el parlamento, y están actuando al margen de la Constitución por incurrir en “usurpación de funciones”, delito grave contra la nación que los hace acreedores de la responsabilidad individual según el artículo 139 de la Constitución.  

 

El Poder Ciudadano Pierde la Moral

El Bloque Constitucional de Venezuela recuerda que procedió el 2 de febrero pasado a  denunciar ante el Poder Ciudadano las faltas graves cometidas por jueces que integran la Sala Electoral del TSJ, cuando en sentencia del 30 de diciembre de 2015, suspenden actos del Consejo Nacional Electoral, ya cumplidos, de totalización, adjudicación y proclamación, de diputados electos por el Estado Amazonas en las elecciones parlamentarias del 6 D.

Posteriormente el Poder Ciudadano, en una inédita decisión del 5 de mayo, notificada el 28 de julio, declara que “no es su competencia, por considerar que el error judicial solo puede ser reparado por el Tribunal Supremo de Justicia; violando su propio mandato para declarar las faltas graves en que incurran los magistrados según lo ordena el artículo 265 Constitucional”.

Esta decisión inmoral faculta al poder Legislativo a asumir la competencia de remover a estos magistrados, por las faltas graves denunciadas.

Concluyen los especialistas citados: “La Asamblea Nacional está obligada a desconocer a la Sala Constitucional y debe acometer las designaciones de todos los magistrados cuyas designaciones han sido anuladas, y así reestructurar todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, asegurando … se respete el Estado de derecho en Venezuela”.

 

Torrealba: El TSJ no tiene legitimidad para cuestionar a una AN electa por el pueblo

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La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática –MUD- aseguró este domingo que el Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- “no tiene legitimidad”, al reaccionar a la decisión de la máxima corte de suspender los efectos de siete sesiones del Parlamento que se realizaron entre abril y mayo pasados.

El secretario de la alianza opositora, Jesús Torrealba, dijo en su cuenta de Twitter que el TSJ está integrado por magistrados que asumieron sus cargos “de manera inconstitucional” y por lo tanto “NO TIENE LEGITIMIDAD para cuestionar a una AN (Asamblea Nacional, Parlamento)” electa por el pueblo venezolano.

En entrevista exclusiva a Unión Radio, Chuo Torrealba, aseveró que la instituciuonalidfad democràtgica de los venezlolkanos estan secuestrad lo que esta precipitando la crisis. “Insistimos que la única solución real y sostenible tiene que ser aquella que emane no de las hojas express del TSJ, no de las rectoras psuvistas del CNE sino esa decisión que emane del pueblo soberano y la constitución”.

“Toda legitimidad emana del voto del pueblo, de la decisión del soberano y eso es lo que debe ser consultado y por eso es la movilización del 1º de septiembre que es exigiendo el cronograma electoral 2016, el 20%, el RR y las regionales, todo el 2016 porque es un derecho constitucional”.

Por su parte, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, dijo en Twitter que “continúan las sentencias fraudulentas” de la Sala Constitucional del TSJ a la que llama “sala inconstitucional” para, dijo, “violar la Constitución y negar la voluntad popular”.

Asimismo, Ramos Allup señaló que de los siete integrantes de la Sala Constitucional del TSJ supuestamente solo uno cumple con los requisitos establecidos en la Constitución venezolana y en la ley del Supremo para ser magistrado.

“Se SUSPENDEN los efectos de las sesiones celebradas los días 26 y 28 de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, junto a los actos producidos en ellas”, dice el fallo de la Sala Constitucional del TSJ que se dio a conocer este sábado.

Los demandantes, un grupo de diputados chavistas, solicitaron al TSJ que se declare la nulidad de esas jornadas legislativas “por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos de fijación de las sesiones y cambio de agenda de la Asamblea Nacional”.

En la decisión de la máxima corte, firmada por la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, se ordena además citar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup; a la fiscal general, Luisa Ortega; al procurador general, Reinaldo Muñoz, y al defensor del pueblo, Tarek William Saab.

Legitimidad de la AN: algunas significativas victorias por Carlos García Soto

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A cuatro semanas de haberse instalado la Asamblea Nacional (AN), el balance puede ser considerado como positivo.

Vistas al día de hoy estas cuatro semanas, pudiera concluirse que lo más importante, en términos políticos, es que la AN ha ganado en legitimidad. No se trata sólo de resaltar la legitimidad política que a través de los votos obtuvo la nueva mayoría, equivalente a las 2/3 partes de la AN, como un hecho político inédito desde 1947, sino que la nueva mayoría en la AN ha logrado imponerse como Poder Público, incluso sobre el Poder Ejecutivo.

Luego de las escaramuzas iniciales, particularmente los sucesos relacionados con el supuesto desacato a la sentencia de la Sala Electoral del TSJ con ocasión de la incorporación de los Diputados del Estado Amazonas, lo cierto es que la AN entró en el “ritmo institucional” que le correspondía, y comenzó a ejercer su función como Poder Público independiente de los otros Poderes Públicos. Una situación similar a esta no había ocurrido en los últimos 17 años de la historia contemporánea de Venezuela. Y ello tiene el mayor significado político que cabe imaginar. La AN está ganando semana a semana su propia “legitimidad de ejercicio”, adicional a la “legitimidad electoral” que ya había ganado el 6 D.

Esa legitimidad en el ejercicio, que le ha permitido incluso imponerse institucionalmente sobre el Poder Ejecutivo, ha tenido, entre otras, tres manifestaciones claves: la Memoria y Cuenta que el Presidente de la República rindió frente a la AN, la improbación del Decreto de Emergencia Económica que fue dictado por el Poder Ejecutivo y la negativa del Gabinete Económico a comparecer a la invitación que le fue formulada por la AN para explicar por qué se solicitaba el Decreto de Emergencia Económica.

Desde un punto de vista institucional, la Memoria y Cuenta implicó que la cabeza del Poder Ejecutivo fuera hasta la AN a rendir informe de las actividades del Poder Ejecutivo durante el curso político pasado. Y a diferencia de lo que había ocurrido durante, por lo menos, la última década, el Presidente de la República, al finalizar su intervención, escuchó respetuosamente la intervención del Presidente de la AN, quien realizó diversos señalamientos críticos sobre la gestión del Ejecutivo. Y frente a las cámaras medios de comunicación privados.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo también tuvo que someterse a la AN para el estudio del Decreto de Emergencia Económica. Según el artículo 339 de la Constitución, corresponde a la AN aprobar o improbar cualquier Decreto de Estado de Excepción. Pues bien, luego que una Comisión Especial de la AN rindiera un informe desaconsejando la aprobación, la AN procedió a negarla. El hecho tuvo el ingrediente adicional, de gran significación política, de que ante la solicitud de esa Comisión a altas autoridades del Gabinete Económico y el Presidente del BCV, de explicar la justificación del Decreto y la situación de la crisis económica, éstos optaron por no asistir a la convocatoria.

Más allá de esos significativos hechos, la AN ha fijado el Orden del Día ya de varias sesiones, el cual se ha cumplido serenamente.

Además, la nueva mayoría ha presentado proyecto de Ley, para cumplir así con otra de las funciones básicas de la AN, como lo es la función legislativa.

De tal manera, a cuatro semanas de haberse instalado la AN, la realidad es que ésta ha empezado a funcionar con cierta regularidad, al punto de controlar institucionalmente en dos oportunidades al Poder Ejecutivo, criticando la labor del Poder Ejecutivo de la que éste rindió informe en la Memoria y Cuenta, y negando la justificación alegada por el Poder Ejecutivo para que se le aprobara un Decreto de Emergencia Económica.

No es posible saber si la AN continuará funcionando regularmente. Pero a cuatro semanas de haber iniciado su trabajo, y luego de las turbulencias iniciales, la nueva mayoría ha comenzado a ganar una legitimidad de ejercicio clave para el control del Poder en Venezuela.

 

@cgarciasoto

 

Legitimidad … ¿Con qué se come eso? por José Toro Hardy

dudas

 

Cada vez son más frecuentes las advertencias de Almagro, Secretario General de la OEA con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Reiteradas son también las de otros gobernantes, entre las cuales recordamos las de presidentes como Macri de la Argentina, Luis Guillermo Solis de Costa Rica, Mariano Rajoy de España o Manuel Valls Primer Ministro de Francia. Hemos sido testigos de los señalamientos de las cancillerías de Brasil, de Uruguay o Paraguay, también de los reclamos de 35 expresidentes iberoamericanos y premios Nobel de la Paz.
El Art 3 de la Carta Democrática Interamericana,  dice:
“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo… y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Mal podría hablarse en Venezuela de “derechos humanos y libertades fundamentales”,  cuando el mundo entero reclama la libertad de unas 8 decenas de presos políticos. Las elecciones mal pueden ser una expresión de soberanía popular cuando se tratan de contrarrestar sus resultados con vericuetos como los de la Sala Electoral.
Mal puede hablarse de legitimidad de desempeño cuando el Estado viene desconociendo de manera sistemática  -en al menos 17 casos diferentes- los veredictos condenatorios que en su contra emanan de la CIDH. Se trata de veredictos inapelables.
Le pouvoir arrête le povoir” sostenía Montesquieu. “El poder frena el poder”. Vale aquí preguntarse, ¿está el Poder Judicial frenando al Poder Ejecutivo en el caso de decisiones como la sentencia sin pruebas contra Leopoldo López o la detención de Antonio Ledezma o tantos otros casos?
¿Dónde queda el equilibrio de los poderes cuando los ministros reciben órdenes de no concurrir a una interpelación a la cual están obligados por preceptos constitucionales?
La Asamblea Nacional tomó la decisión de rechazar el Decreto de Emergencia. ¿Cómo podía no hacerlo? El pueblo le dio un claro mandato en las elecciones del 6D. Lo que el Gobierno proponía en ese Decreto no era más que una profundización del modelo que ha llevado al país al desastre. Aprobarlo hubiese sido una cachetada al mandato popular. Hubiese equivalido a inyectarle dosis masivas a Venezuela  de la misma bacteria que le está provocando una septicemia.
El gobierno se mantiene aferrado al discurso de que el empobrecimiento sin precedentes de la población es culpa de una guerra económica producto de su calurienta imaginación o a la caída de los precios del petróleo.
Quien esto escribe fue miembro del Directorio de PDVSA cuando los precios petroleros alcanzaron a 7 dólares el barril por allá en 1997. ¿Recuerda alguien que se formaran colas como las que hoy existen en los automercados?
Hoy los precios rondan los 20 dólares. En aquellos tiempos eso hubiese lucido como un sueño dorado.  No, no son los precios la única razón de lo que ocurre.  Es la aplicación de un modelo que ha llevado a una destrucción profunda del aparato productivo. Es la angustia de que ese modelo lleva a instituciones como el FMI a estimar que en el 2016 la inflación podría superar el 720%.
La crisis, la inflación, la escasez, la inseguridad fueron las causas de la aplastante derrota que sufrió el modelo en las elecciones parlamentarias. Ese fue el verdadero derrotado: el modelo.
Lamentablemente no hemos tocado fondo. La crisis se va a profundizar a una velocidad creciente. Si nada la detiene en su vertiginosa carrera se corre el riesgo de una ruptura del tejido social. En medio de una situación así, bien haría el gobierno en aferrarse a la legitimidad. La misma constituye la única credencial ética para mandar y ser obedecido.
Existe el temor de que cualquier exceso podría enfrentar al gobernante a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que colocaría al gobierno ante la pérdida final de legitimidad.
La democracia, por definición, es el imperio de las leyes en contraste a la imposición de los hombres. Los pueblos que viven bajo el imperio de las leyes son pueblos libres. Pero cuando las leyes no se  utilizan  para garantizar las libertades ciudadanas sino para coartar sus derechos, se corre el riesgo de quedar sometidos no al imperio de la ley, sino a la voluntad de un autócrata.
Y todavía algunos se preguntan, ¿con qué se come eso de la legitimidad? La legitimidad es el cemento que mantiene unida a la sociedad.  Sin ella el paso siguiente sería una crisis de gobernabilidad, porque si bien el poder legítimo obliga moralmente a la obediencia, el ilegítimo no.

@josetorohardy

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