El abogado Perkins Rocha, defensor de María Corina Machado, expresó este jueves su preocupación por el retraso en la revisión de la inhabilitación de su representada por parte del TSJ

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves durante la presentación de su informe anual que las elecciones presidenciales previstas para este año en Venezuela perderán «legitimidad» si no se rehabilita a María Corina Machado.

La directora para América de la ONG, Juanita Goebertus, afirmó durante una rueda de prensa en la ciudad brasileña de São Paulo que la presencia de Machado en las boletas de los próximos comicios será «clave» para determinar el éxito o fracaso de los mismos.

«Fue elegida de forma absolutamente legítima por los venezolanos (en las elecciones primarias) como candidata de la oposición. Si no es rehabilitada, el proceso entero perdería legitimidad y las negociaciones en México entre las partes perderían toda relevancia», aseguró Goebertus.

Asimismo, la activista apoyó la decisión de Machado de recurrir en diciembre ante la Justicia venezolana la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República y que le impediría concurrir a cargos públicos durante los próximos 15 años.

TSJ alega “fallo eléctrico” para dejar en espera a defensa de Machado

El abogado Perkins Rocha, defensor de María Corina Machado, expresó este jueves su preocupación por el retraso en la revisión de la inhabilitación de su representada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El abogado explicó que la Sala Político Administrativa del Supremo, donde fue introducido el reclamo, argumentó hoy que no pudo entregar el expediente debido a un fallo eléctrico, por lo que ahora la defensa de Machado deberá esperar hasta el próximo martes para acceder a estos documentos.

«La Constitución establece que los amparos constitucionales deben resolverse de manera inmediata (…) y ya estamos en el margen de aceptación posible a esa circunstancia, (…) caeríamos en una zona de peligro porque son más horas continuas, más días continuos que se suman a la no decisión sobre el amparo cautelar», sostuvo.

Rocha reconoció que no se trata de un planteamiento ordinario, sino «complejo», por lo que cree que el TSJ ha de estar estudiando «la mejor forma de resolverlo», un lapso de tiempo que, reiteró, «tiene un límite».

El 30 de junio de 2023, la Contraloría, cuyo titular era el actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó sobre la inhabilitación de Machado por 15 años mediante un documento que la candidata presidencial unitaria opositora nunca recibió y en el que la instancia del Estado que controla el oficialismo la vincula con una supuesta trama de corrupción, entre otros señalamientos, sin que exista juicio ni sentencia judicial.

*Con información de EFE legitimidad a  legitimidad a

Los legisladores republicanos señalan que la liberación de los narcosobrinos a cambio de la excarcelación de seis estadounidenses y la posibilidad de que EE.UU. expanda una licencia a la petrolera Chevron, son acciones que dan una «peligrosa legitimidad al régimen de Maduro»

Dos senadores republicanos acusaron a la Casa Blanca de estar erosionando la legitimidad del líder opositor Juan Guaidó, a quien EE.UU. reconoce como presidente interino de Venezuela.

«Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación de que las acciones tomadas por su gobierno están amenazando con erosionar el reconocimiento internacional y la legitimidad de Juan Guaidó», afirmaron los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz en una misiva enviada el miércoles a la Casa Blanca.

En concreto, los legisladores republicanos señalan que la liberación de dos familiares de Nicolás Maduro, condenados por narcotráfico en Nueva York, a cambio de la excarcelación de seis estadounidenses presos en Venezuela y la posibilidad de que EE.UU. expanda una licencia a la petrolera Chevron, son acciones que dan una «peligrosa legitimidad al régimen de Maduro» y son contraproducentes con las «posibilidades de unas elecciones libres y justas» en Venezuela.

Cruz y Rubio, que representan a los estados de Texas y Florida, respectivamente, añadieron además una lista de ocho medidas que consideran que el Gobierno de Biden «no debe tomar en ningún momento» mientras «alienta» un diálogo entre la oposición y el Ejecutivo venezolano.

Entre ellas están la liberación de Alex Saab, empresario colombiano preso en EE.UU y acusado de ser testaferro de Maduro; levantar las sanciones a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a individuos venezolanos, y excluir a la oposición liderada por Juan Guaidó de un proceso de negociación con Maduro.

La misiva llega después de que miembros de la opositora Plataforma Unitaria venezolana se reunieran el viernes pasado, en Washington, con la subsecretaria de Estado de EE.UU, Wendy Sherman, para abordar cómo retomar el diálogo con el Gobierno de Maduro, suspendido desde hace un año.

Reconocimiento a Juan Guaidó 

El diario estadounidense The Wall Street Journal informó que los principales partidos de la oposición venezolana buscan retirar el liderazgo de Guaidó y hacer que deje su posición como «presidente interino», reconocido por EE.UU.

Preguntado por EFE, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca afirmó que el Gobierno de Joe Biden sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela; pero reconoció la posibilidad de que los partidos de la oposición venezolana decidan acabar con el gobierno interino.

«Si la oposición venezolana decide deshacerse del Gobierno interino, esa será su decisión», manifestó el citado portavoz.

El presidente estadounidense, sin embargo, ha insistido en que Venezuela tiene que hacer «mucho» para que EE.UU. alivie las sanciones contra su Gobierno. 

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*Con información de Efe

Las instituciones como el CNE, y los periodistas y medios de comunicación afectos al gobierno buscaron exaltar ante la opinión pública la presencia de los veedores internacionales en las parlamentarias, principalmente la de José Luis Rodríguez Zapatero

El descrédito a organismos como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), y la condena hacia las sanciones de Estados Unidos fueron temas de la agenda comunicacional en torno a la veeduría

Mensajes en favor de “la no injerencia”, “la soberanía”, “la independencia”, y “la autodeterminación de los pueblos” fueron dados por los diversos veedores que en su mayoría provenían de países y organizaciones aliadas a la administración de Nicolás Maduro

En la última entrega del monitoreo de Desinformación Electoral en las Parlamentarias 2020, realizado por IPYS Venezuela, se analizaron declaraciones de voceros oficiales, coberturas de  medios de comunicación nacionales e internacionales, instituciones públicas y mensajes de influencers vinculados a un tema relevante para estos comicios: la veeduría internacional. En este sentido, se lograron caracterizar líneas discursivas de desinformación política, empleadas por los mencionados actores, con el objetivo de posicionar la idea de que la comunidad internacional estaba avalando la legitimidad del cuestionado proceso electoral.

El 15 de octubre de 2020, casi dos meses antes de las legislativas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificó lo referente a la observación nacional y el acompañamiento internacional de los procesos electorales del Título XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). De acuerdo con un comunicado publicado en la página del ente rector, la reforma consistió en cambiar la terminología “acompañamiento internacional” y “observación nacional” por “veeduría”. 

Según el politólogo y ex funcionario del CNE, Jesús Castellanos —citado en una investigación de Poderopedia Venezuela— aunque no hay una modificación sustancial entre la figura del acompañamiento y veeduría internacional electoral, esta última le permite al CNE decidir, por ejemplo, los centros de votación a visitar en los actos de instalación, días previos a la jornada electoral, y el día de las elecciones. “Este plan atenta contra cualquier posibilidad de un monitoreo exhaustivo”, explica. 

La reforma en la terminología ocurrió un mes después de que la Unión Europea (UE) envió a Caracas una misión diplomática con el objetivo de solicitar que los comicios se retrasaran seis meses, para así garantizar condiciones democráticas. Sin embargo, el gobierno de Maduro rechazó la solicitud. En consecuencia, la misión, a través de un comunicado, informó que la UE no reconocería el resultado de las votaciones del 6D “en las actuales condiciones”. 

CNE controló veeduría para lograr discurso que avalara el proceso

La presencia de los veedores internacionales le sirvió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para reivindicar el proceso electoral. El discurso de los delegados internacionales, cuya agenda fue marcada por el ente comicial, se enmarcó en el respaldo a la institución, la celebración de la jornada de sufragio y la confirmación de que existió participación ciudadana.

En la lista que autorizó el CNE figuraron los expresidentes Manuel Zelaya (Honduras), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Fernando Lugo (Paraguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y la exsenadora colombiana Piedad Córdoba. Todos cercanos al chavismo. Tanto que, hasta el día de los comicios, se reunieron con Nicolás Maduro en Miraflores. 

La postura más resaltante fue la de Rodríguez Zapatero, cuya neutralidad ha sido cuestionada en los últimos años por la oposición democrática durante las mesas de diálogo con el oficialismo. Precisamente a estos que decidieron no participar en los comicios parlamentarios, les dirigió unas palabras durante una rueda de prensa que realizó en solitario el día de la elección. “A ellos me quiero referir: que reflexionen. Sabemos, luego de lo vivido en los dos últimos años, que no sirven ni la imposición ni las sanciones. Solo sirve el diálogo y los votos. Solo sirve el encuentro y la deliberación democrática”.

Zapatero le dio también un espaldarazo al trabajo del CNE: “Este día electoral supone un paso adelante, es más, es el principio del final de los peores momentos que ha vivido Venezuela. El principio del final de unas sanciones injustas e incomprensibles”, dijo. Esa línea fue la que siguieron otros delegados internacionales, cuyos mensajes fueron replicados por las redes sociales del CNE.

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JAPÓN LAMENTÓ LA INVESTIDURA DE NICOLÁS MADURO para un segundo mandato como presidente de Venezuela, sin que su Gobierno haya rendido cuentas «suficientes» sobre la legitimidad de las elecciones que lo llevaron a un nuevo periodo como jefe del Estado.

«Es lamentable que la ceremonia de investidura presidencial se celebrara (este jueves) sin que el Gobierno venezolano haya rendido cuentas suficientes» sobre la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo de 2018, dijo hoy el Ministerio japonés de Exteriores en un comunicado.

La comunidad internacional, incluido el G7, del que Japón forma parte, «ha expresado ampliamente sus dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, que carece de una amplia participación del pueblo venezolano», expuso la Cancillería del país asiático.

Japón «insta firmemente a que los problemas de Venezuela se resuelvan con una amplia participación del pueblo venezolano y su voluntad libremente expresada, y que la democracia se restaure lo antes posible», añadió Exteriores.

El Gobierno nipón también se mostró preocupado porque el «deterioro de las condiciones económicas y sociales actuales en Venezuela haya afectado gravemente al pueblo venezolano» y porque «las oleadas (de personas) que huyen de Venezuela estén causando un impacto en toda la región».

El Ejecutivo del país asiático afirmó que seguirá brindando apoyo al pueblo venezolano y a los países afectados por el éxodo de migrantes de esa nación.

Nicolás Maduro juró este jueves su segundo mandato, que lo mantendrá en el poder hasta 2025 en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que consiguió la reelección.

LA DEMOCRACIA, POR DEFINICIÓN, es el imperio de las leyes en contraste con la imposición de los hombres. Para que haya democracia, tiene que existir un gobierno legítimo elegido por el pueblo, tiene que haber separación y equilibrio entre los poderes, tiene que haber respeto a la Constitución y a los DDHH.

El 10 de enero terminan de caer las máscaras y desaparece cualquier vestigio de legitimidad.

La legitimidad de un gobierno debe ser de dos tipos: de origen y de desempeño. Sólo el Poder Legislativo, electo mediante el voto directo del pueblo, dispone hoy de legitimidad de origen, aunque el régimen le ha arrebatado sus facultades. También el TSJ designado por la AN cuenta con plena legitimidad.

La legitimidad de origen no puede ser el resultado de unas elecciones convocadas al margen de la Constitución y en las cuales se impuso el punto de vista sostenido por Stalin, “Qué importa quien vote. Lo que importa es quien cuenta los votos”.

En cuanto a la legitimidad de desempeño la situación es aún peor. El irrespeto constante a la Constitución es la prueba. La separación y el equilibrio de los poderes, condición indispensable de esta forma de legitimidad ya no existe.

“Dictadura” -según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- es un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

Wikipedia complementa la definición al agregarle que la Dictadura “se caracteriza por la ausencia de división de poderes…”

«Le pouvoir arrête le pouvoir» sostenía Montesquieu (1689-1775). «El poder frena el poder». Vale aquí preguntarse, ¿están el Poder Judicial, el Poder  Electoral o el Ciudadano frenando al Poder Ejecutivo o simplemente actúan en connivencia para mantener un régimen a todas luces ilegítimo?

En igual sentido se pronunciaba John Locke (1632-1704)  filósofo inglés del Siglo de las Luces que sostenía que los poderes no debían ser dirigidos por las mismas personas, pues se requería un equilibrio que favoreciese el bien común. Si los gobernantes incumplían el pacto con los ciudadanos, estos tenían el derecho de echarlos.

Coincidía con  James Madison (1751-1836), padre de la Constitución de EEUU, quien al igual que los más ilustres defensores de la libertad, advertía:»La acumulación de todos los poderes, en las mismas manos … puede considerarse con toda exactitud, como la definición misma de la tiranía». Los padres fundadores de los EEUU, conscientes de los riesgos planteados, diseñaron en su Constitución un mecanismo de “checks and balances” para evitar que una rama de los Poderes dominase a las demás.

Los anteriores son los fundamentos en los que se basa la Democracia. Fueron recogidos en la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 dice:

«Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo … y la separación e independencia de los poderes públicos».

Mal podría hablarse en Venezuela de «derechos humanos y libertades fundamentales», cuando el mundo entero reclama la libertad de unos 300 presos políticos y cuando las torturas y otras barbaridades han sido abundantemente documentadas ante la OEA y denunciadas ante la Corte Penal Internacional por varios Estados signatarios del Estatuto de Roma, entre los cuales se cuentan Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú, denuncia a la cual se sumaron países como Canadá y Francia.

En estos momentos decisivos de nuestra historia, a la comunidad internacional le corresponderá un papel fundamental en lo que habrá de ocurrir en Venezuela.

El país comienza el año 2019 en medio de una brutal crisis económica, con la mayor hiperinflación del mundo, una caída del PIB sin precedentes, un aparato productivo y una industria petrolera destruidos, sin recursos para pagar su deuda externa, una escasez de alimentos y de medicinas a nivel de crisis humanitaria, con más de 3 millones de sus ciudadanos que han migrado para buscar en otras tierras lo que la suya propia le negó y para colmo de males en manos de un gobierno que ya no cuenta con legitimidad.

@josetorohardy

Una interesante paradoja de la política mundial en estos tiempos son las extraordinarias contorsiones que hacen algunos autócratas por parecer demócratas. ¿Por qué tantos dictadores montan elaboradas pantomimas democráticas a pesar de que saben que, tarde o temprano, se revelará la naturaleza autoritaria de su régimen?

Algunas de las razones son muy obvias y otras no tanto. La más obvia es que, cada vez más, el poder político se obtiene —al menos inicialmente— por los votos y no por las balas. Por ello, los aspirantes deben mostrar gran devoción por la democracia, aunque esa no sea su preferencia. La otra razón es menos evidente: los dictadores de hoy se sienten más vulnerables. Saben que deben temerle a la potente combinación de protestas callejeras y redes sociales. La mezcla de calles calientes y redes sociales encendidas no le sienta bien a las dictaduras. Quizás por eso, guardar las apariencias democráticas les tonifica.

La democracia aporta el ingrediente más preciado por los tiranos: legitimidad. Un gobierno que se origina en las preferencias del pueblo es más legítimo y, por lo tanto, menos vulnerable que un régimen cuyo poder depende de la represión. Así, aun cuando sean fraudulentas, las democracias generan algo de legitimidad, aunque sea transitoria.

La Rusia de Vladímir Putin es un buen ejemplo. Los trucos a los que ha recurrido para que su gobierno parezca democrático son insólitos. Rusia hoy cuenta con todas las instituciones y rituales de una democracia. Pero es una dictadura. Por supuesto que en Rusia periódicamente hay elecciones. Y estas vienen acompañadas de costosas campañas mediáticas, de mítines y debates. El día de los comicios, millones de personas hacen cola para votar. El pequeño detalle es que siempre gana Putin. O la persona que él designe para guardarle el puesto.

Eso pasó en 2008 cuando Dmitri Medvédev, el primer ministro del Gobierno presidido por Putin, ganó las presidenciales e inmediatamente le dio a su exjefe el cargo de primer ministro. Con Medvédev nunca hubo dudas sobre quién mandaba realmente. Cumplido su periodo presidencial, hubo elecciones y, por supuesto, el “nuevo” presidente electo fue… Putin. Así, el poder de la presidencia y el poder real volvieron a coincidir. Obviamente, mantener las apariencias de que, en el Kremlin, el poder se alterna es muy importante para Putin. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en vez de hacer tantos esfuerzos, Putin no se quita la careta y sincera la situación? Eso le ahorraría el tener que usar abusivamente los recursos del Estado para lograr insuperables ventajas sobre sus rivales electorales y emplear todo tipo de triquiñuelas.

Quitarse la careta no le sería difícil. A nadie sorprendería, por ejemplo, que si Putin convocara un referéndum para prorrogar indefinidamente su mandato, lo ganaría (y por abrumadora mayoría, como siempre). Tampoco sorprendería a nadie que el Parlamento y la Corte Suprema respaldaran esa maniobra. Después de todo, ambas instituciones son elementos fundamentales de la artificiosa fachada democrática detrás de la que se esconde la autocracia rusa. En 17 años ni una sola vez han impedido que Putin haga lo que quiera.

Rusia no es la única dictadura que quiere parecer democracia. Recientemente las autoridades chinas indicaron su preferencia respecto al destino de Siria: “Creemos que el futuro de Siria debe dejarse en manos del pueblo sirio. Respetamos que los sirios escojan a sus líderes”. Es curioso ver a una dictadura aconsejar a otra que deje que el pueblo decida su destino. De hecho, tal como señala Isaac Stone-Fish, un periodista que vivió siete años en China, “uno de los eslóganes favoritos de Xi Jinping, el presidente de China, se refiere a ‘los 12 valores socialistas’ que deben guiar a su país, siendo la democracia el segundo de estos”. Stone-Fish también cuenta que en una conferencia a la que asistió, varios líderes del Partido Comunista Chino le insistieron que, igual que con EE UU, es perfectamente adecuado definir al sistema político chino como una democracia”. Lo mismo mantiene el Gobierno sirio, mientras Corea del Norte se autodefine como República Popular Democrática. Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Raúl Castro también sostienen que sus represivos regímenes son democracias.

Evidentemente, la democracia es una marca que se ha puesto de moda. No siempre fue así. En los años 70, por ejemplo, los dictadores de Iberoamérica, de Asia y de África no se preocupaban mucho por aparentar ser demócratas. Quizás porque se sentían más seguros que los dictadores de ahora.

@moisesnaim

El País ES

El Bloque Constitucional de Venezuela señala que la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y en especial de la Sala Constitucional se ha perdido, al dictar el pasado 19 de agosto un amparo cautelar donde pretende suspender sesiones de la Asamblea Nacional, dos del mes de abril y cinco del mes de mayo de 2016.

La agrupación de destacados juristas venezolanos recuerda la manera irregular como fueron designados los magistrados que lo integran; además de las decisiones jurisdiccionales que han tomado pretenden usurpar funciones y desconocer la nueva mayoría de la AN.

Agregan que “Estas sentencias de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional han sido dictadas para impedir que la AN ejerza el control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional y concentrar todo el poder público en el Presidente de la República”.

La comunicación está firmada por personalidades como Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, BlancaRosa Mármol, Alberto Arteaga Sánchez, Pedro Rondón Haas, Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Miguel Ángel Martín, Carlos Ayala Corao, entre otros destacados especialistas del derecho; así como por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los Presidentes de Colegios de Abogados del país.

Recuerdan también que a los magistrados designados “express”, les fueron anuladas sus designaciones por el parlamento, y están actuando al margen de la Constitución por incurrir en “usurpación de funciones”, delito grave contra la nación que los hace acreedores de la responsabilidad individual según el artículo 139 de la Constitución.  

El Poder Ciudadano Pierde la Moral

El Bloque Constitucional de Venezuela recuerda que procedió el 2 de febrero pasado a  denunciar ante el Poder Ciudadano las faltas graves cometidas por jueces que integran la Sala Electoral del TSJ, cuando en sentencia del 30 de diciembre de 2015, suspenden actos del Consejo Nacional Electoral, ya cumplidos, de totalización, adjudicación y proclamación, de diputados electos por el Estado Amazonas en las elecciones parlamentarias del 6 D.

Posteriormente el Poder Ciudadano, en una inédita decisión del 5 de mayo, notificada el 28 de julio, declara que “no es su competencia, por considerar que el error judicial solo puede ser reparado por el Tribunal Supremo de Justicia; violando su propio mandato para declarar las faltas graves en que incurran los magistrados según lo ordena el artículo 265 Constitucional”.

Esta decisión inmoral faculta al poder Legislativo a asumir la competencia de remover a estos magistrados, por las faltas graves denunciadas.

Concluyen los especialistas citados: “La Asamblea Nacional está obligada a desconocer a la Sala Constitucional y debe acometer las designaciones de todos los magistrados cuyas designaciones han sido anuladas, y así reestructurar todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, asegurando … se respete el Estado de derecho en Venezuela”.