El Bloque Constitucional de Venezuela señala que la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y en especial de la Sala Constitucional se ha perdido, al dictar el pasado 19 de agosto un amparo cautelar donde pretende suspender sesiones de la Asamblea Nacional, dos del mes de abril y cinco del mes de mayo de 2016.
La agrupación de destacados juristas venezolanos recuerda la manera irregular como fueron designados los magistrados que lo integran; además de las decisiones jurisdiccionales que han tomado pretenden usurpar funciones y desconocer la nueva mayoría de la AN.
Agregan que “Estas sentencias de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional han sido dictadas para impedir que la AN ejerza el control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional y concentrar todo el poder público en el Presidente de la República”.
La comunicación está firmada por personalidades como Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, BlancaRosa Mármol, Alberto Arteaga Sánchez, Pedro Rondón Haas, Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Miguel Ángel Martín, Carlos Ayala Corao, entre otros destacados especialistas del derecho; así como por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los Presidentes de Colegios de Abogados del país.
Recuerdan también que a los magistrados designados “express”, les fueron anuladas sus designaciones por el parlamento, y están actuando al margen de la Constitución por incurrir en “usurpación de funciones”, delito grave contra la nación que los hace acreedores de la responsabilidad individual según el artículo 139 de la Constitución.
El Poder Ciudadano Pierde la Moral
El Bloque Constitucional de Venezuela recuerda que procedió el 2 de febrero pasado a denunciar ante el Poder Ciudadano las faltas graves cometidas por jueces que integran la Sala Electoral del TSJ, cuando en sentencia del 30 de diciembre de 2015, suspenden actos del Consejo Nacional Electoral, ya cumplidos, de totalización, adjudicación y proclamación, de diputados electos por el Estado Amazonas en las elecciones parlamentarias del 6 D.
Posteriormente el Poder Ciudadano, en una inédita decisión del 5 de mayo, notificada el 28 de julio, declara que “no es su competencia, por considerar que el error judicial solo puede ser reparado por el Tribunal Supremo de Justicia; violando su propio mandato para declarar las faltas graves en que incurran los magistrados según lo ordena el artículo 265 Constitucional”.
Esta decisión inmoral faculta al poder Legislativo a asumir la competencia de remover a estos magistrados, por las faltas graves denunciadas.
Concluyen los especialistas citados: “La Asamblea Nacional está obligada a desconocer a la Sala Constitucional y debe acometer las designaciones de todos los magistrados cuyas designaciones han sido anuladas, y así reestructurar todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, asegurando … se respete el Estado de derecho en Venezuela”.
