Legitimidad

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática –MUD- aseguró este domingo que el Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- “no tiene legitimidad”, al reaccionar a la decisión de la máxima corte de suspender los efectos de siete sesiones del Parlamento que se realizaron entre abril y mayo pasados.

El secretario de la alianza opositora, Jesús Torrealba, dijo en su cuenta de Twitter que el TSJ está integrado por magistrados que asumieron sus cargos “de manera inconstitucional” y por lo tanto “NO TIENE LEGITIMIDAD para cuestionar a una AN (Asamblea Nacional, Parlamento)” electa por el pueblo venezolano.

En entrevista exclusiva a Unión Radio, Chuo Torrealba, aseveró que la instituciuonalidfad democràtgica de los venezlolkanos estan secuestrad lo que esta precipitando la crisis. “Insistimos que la única solución real y sostenible tiene que ser aquella que emane no de las hojas express del TSJ, no de las rectoras psuvistas del CNE sino esa decisión que emane del pueblo soberano y la constitución”.

“Toda legitimidad emana del voto del pueblo, de la decisión del soberano y eso es lo que debe ser consultado y por eso es la movilización del 1º de septiembre que es exigiendo el cronograma electoral 2016, el 20%, el RR y las regionales, todo el 2016 porque es un derecho constitucional”.

Por su parte, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, dijo en Twitter que “continúan las sentencias fraudulentas” de la Sala Constitucional del TSJ a la que llama “sala inconstitucional” para, dijo, “violar la Constitución y negar la voluntad popular”.

Asimismo, Ramos Allup señaló que de los siete integrantes de la Sala Constitucional del TSJ supuestamente solo uno cumple con los requisitos establecidos en la Constitución venezolana y en la ley del Supremo para ser magistrado.

“Se SUSPENDEN los efectos de las sesiones celebradas los días 26 y 28 de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, junto a los actos producidos en ellas”, dice el fallo de la Sala Constitucional del TSJ que se dio a conocer este sábado.

Los demandantes, un grupo de diputados chavistas, solicitaron al TSJ que se declare la nulidad de esas jornadas legislativas “por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos de fijación de las sesiones y cambio de agenda de la Asamblea Nacional”.

En la decisión de la máxima corte, firmada por la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, se ordena además citar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup; a la fiscal general, Luisa Ortega; al procurador general, Reinaldo Muñoz, y al defensor del pueblo, Tarek William Saab.

 

A cuatro semanas de haberse instalado la Asamblea Nacional (AN), el balance puede ser considerado como positivo.

Vistas al día de hoy estas cuatro semanas, pudiera concluirse que lo más importante, en términos políticos, es que la AN ha ganado en legitimidad. No se trata sólo de resaltar la legitimidad política que a través de los votos obtuvo la nueva mayoría, equivalente a las 2/3 partes de la AN, como un hecho político inédito desde 1947, sino que la nueva mayoría en la AN ha logrado imponerse como Poder Público, incluso sobre el Poder Ejecutivo.

Luego de las escaramuzas iniciales, particularmente los sucesos relacionados con el supuesto desacato a la sentencia de la Sala Electoral del TSJ con ocasión de la incorporación de los Diputados del Estado Amazonas, lo cierto es que la AN entró en el “ritmo institucional” que le correspondía, y comenzó a ejercer su función como Poder Público independiente de los otros Poderes Públicos. Una situación similar a esta no había ocurrido en los últimos 17 años de la historia contemporánea de Venezuela. Y ello tiene el mayor significado político que cabe imaginar. La AN está ganando semana a semana su propia “legitimidad de ejercicio”, adicional a la “legitimidad electoral” que ya había ganado el 6 D.

Esa legitimidad en el ejercicio, que le ha permitido incluso imponerse institucionalmente sobre el Poder Ejecutivo, ha tenido, entre otras, tres manifestaciones claves: la Memoria y Cuenta que el Presidente de la República rindió frente a la AN, la improbación del Decreto de Emergencia Económica que fue dictado por el Poder Ejecutivo y la negativa del Gabinete Económico a comparecer a la invitación que le fue formulada por la AN para explicar por qué se solicitaba el Decreto de Emergencia Económica.

Desde un punto de vista institucional, la Memoria y Cuenta implicó que la cabeza del Poder Ejecutivo fuera hasta la AN a rendir informe de las actividades del Poder Ejecutivo durante el curso político pasado. Y a diferencia de lo que había ocurrido durante, por lo menos, la última década, el Presidente de la República, al finalizar su intervención, escuchó respetuosamente la intervención del Presidente de la AN, quien realizó diversos señalamientos críticos sobre la gestión del Ejecutivo. Y frente a las cámaras medios de comunicación privados.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo también tuvo que someterse a la AN para el estudio del Decreto de Emergencia Económica. Según el artículo 339 de la Constitución, corresponde a la AN aprobar o improbar cualquier Decreto de Estado de Excepción. Pues bien, luego que una Comisión Especial de la AN rindiera un informe desaconsejando la aprobación, la AN procedió a negarla. El hecho tuvo el ingrediente adicional, de gran significación política, de que ante la solicitud de esa Comisión a altas autoridades del Gabinete Económico y el Presidente del BCV, de explicar la justificación del Decreto y la situación de la crisis económica, éstos optaron por no asistir a la convocatoria.

Más allá de esos significativos hechos, la AN ha fijado el Orden del Día ya de varias sesiones, el cual se ha cumplido serenamente.

Además, la nueva mayoría ha presentado proyecto de Ley, para cumplir así con otra de las funciones básicas de la AN, como lo es la función legislativa.

De tal manera, a cuatro semanas de haberse instalado la AN, la realidad es que ésta ha empezado a funcionar con cierta regularidad, al punto de controlar institucionalmente en dos oportunidades al Poder Ejecutivo, criticando la labor del Poder Ejecutivo de la que éste rindió informe en la Memoria y Cuenta, y negando la justificación alegada por el Poder Ejecutivo para que se le aprobara un Decreto de Emergencia Económica.

No es posible saber si la AN continuará funcionando regularmente. Pero a cuatro semanas de haber iniciado su trabajo, y luego de las turbulencias iniciales, la nueva mayoría ha comenzado a ganar una legitimidad de ejercicio clave para el control del Poder en Venezuela.

 

@cgarciasoto

 

 

@josetorohardy

petoha@gmail.comq

 

 

El gobierno del dúo Maduro-Cabello resultó un chasco para las clases populares y hoy la repulsa colectiva es abrumadora. Chávez y su sucesor fracasaron en su intención de extirpar a la oposición del mapa político nacional y ahora pagarán con una estrepitosa derrota haber excluido de la vida política a más de la mitad de los venezolanos. Ni siquiera pudieron posponer las elecciones parlamentarias que sabían perdidas, saben que los ojos de toda la comunidad internacional están puestos sobre Venezuela y en las elecciones, donde el “estalinismo tropical” se juega su destino. Al no poder revertir la consecución de las elecciones, el régimen necesita legitimarse, para ello cuenta con el dominio del proceso electoral y la construcción innegable del fraude, que solo falta por consumarse. Cuenta con la comparsa de Unasur, que pretendía montar en la olla a la MUD, con la firma de un acuerdo para aceptar los resultados, el mismo propuesto por el PSUV. ¡Un descaro de parcialidad! El gobierno está en las chiquiticas, necesita controlar el Poder Legislativo para legalizar el proyecto ideológico castro-comunista y resguardar su status quo delictivo. Quiere retener la Asamblea Nacional a lo puro macho, no son nuevos los desafueros cometidos, incompatibles con la democracia: desde arrebatar con expedientes amañados el fuero parlamentario de varios opositores hasta practicar la violencia en el hemiciclo, bajo la mirada complaciente y sonrisa de satisfacción de su presidente, Diosdado Cabello. Conviene recordar aquella bochornosa sesión donde le lanzaron al diputado William Dávila un micrófono que casi le fractura el cráneo y a la diputada María Corina Machado le fracturaron la nariz a taconazo limpio después que la batieron contra el piso, arbitrariamente le impidieron entrar al Parlamento sin ninguna fórmula de juicio y la inhabilitaron políticamente para impedir que resultara nuevamente electa en la nueva Asamblea. La impunidad que en pleno apogeo de la cultura chavista permitió que se arrojaran sobre el país con uñas y dientes para arrasarlo, enriquecerse brutalmente –incluso con el narcotráfico–, está llegando a su fin. Estos 17 años de despojo y saqueo han signado con un vértigo inusitado a la cultura política. La identificación del país con los “mega-guisos” y el narcotráfico definen a la cultura política del chavismo-madurismo. El repudio a esa clase es expansivo hasta en lo interno del chavismo. No hay vuelta atrás, estamos viviendo los estertores de un ciclo histórico nefasto, en la Fuerza Armada –como lo hemos venido reseñando en esta tribuna–, existe una oficialidad consciente de sus deberes militares que se expresan en el cumplimiento de la Constitución Nacional y están dispuestos a activar acciones que permitan recuperar el Estado de Derecho en caso de un fraude electoral, para que se establezca un nuevo gobierno que garantice el ejercicio constitucional de la democracia y el servicio gubernamental a la población en pro de la paz y progreso de la nación. Las condiciones están dadas. Si el 6-D se expresa mayoritariamente la voluntad popular a favor del cambio, la sociedad civil junto a la Fuerza Armada debe demandar la renuncia de un gobierno que ese día perderá toda legitimidad.

Tic tac

Vientos del sur: después de las elecciones en Argentina que pusieron fin a la era Kirchner –Néstor y Cristina–, algunos funcionarios investigados por corrupción y violación de derechos humanos en Estados Unidos y organismos internacionales están poniendo sus barbas en remojo y tendiendo puentes para lograr un pacto MUD-régimen que facilite la transición a cambio de garantías para no ser enjuiciados.

 

@AliasMalula

El Nacional