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Runrunes de Bocaranda: MEDIO – ALERTA AZUL O ROJA

ALERTA AZUL O ROJA

El muy ilustrado abogado venezolano Omar Estacio analiza los alegatos que el gobierno de Maduro ha hecho públicos en referencia a la detención de su más conspicuo socio en una múltiple diversidad de renglones: desde las Cajas CLAP de comida, hasta la ilegal exportación del oro, también ilícitamente extraído.

Cito unos de sus párrafos: “En la extradición de Alex Saab que se dirime actualmente, en la República de Cabo Verde, los letrados de la defensa han alegado que, en la fecha en que se produjo su captura, la única medida internacional contra el acusado era un “Alerta Azul”; y que no fue sino hasta el día siguiente cuando las autoridades locales recibieron una segunda notificación de Interpol, esta vez “Alerta Roja”, con pedido expreso de aprehensión de Saab.

Tales circunstancias, según los defensores, viciaría todo el proceso, por lo que la extradición a EE. UU. tendría que ser negada por los tribunales de Cabo Verde. Mutatis mutandi, lo mismo alegaron los defensores, de Ilich Ramírez (a) Carlos el Chacal después de ser capturado en Jartum, Sudán del Norte y, ulteriormente, puesto a la orden de la Justicia francesa.

Pero en aquel, como en el presente caso, rige el principio male captus, bene detentius. La captura, parcialmente defectuosa, o male,  desemboca en detención legítima, o bene, si en esta última se respeta el debido proceso.

El concepto male captus, bene detentius sumó solera y universalidad al ser acogido en la ya mencionada causa contra Ilich Ramírez por la respetable Comisión de DD. HH. de la Unión Europea (Expediente 28.780/95, pronunciamiento del 24 de junio de 1996). Hoy, su aceptación está muy extendida.

La captura, con base en un “Alerta Azul” de Interpol de cualquier persona solicitada por crímenes gravísimos, no configura male captus –lo veremos en los párrafos finales-. Pero aun en ese supuesto negado, al recibirse en Cabo Verde el “Alerta Roja” de Interpol dentro de las 24 horas siguientes a la captura de Saab y ponerlo de inmediato a la orden del juez, quedaron subsanadas las hipotéticas debilidades.

Al día de hoy los “Alertas Azules”, (Reglamento Interpol sobre Tratamiento de Datos, art. 88) pueden conducir de manera obligatoria a las autoridades a que retengan a los individuos peligrosos, como sería el prófugo de la justicia de EE. UU., Alex Saab.

Lucrarse con oro tinto en sangre de los niños del Arco Minero, mercadear comida en mal estado para los sectores más vulnerables de la población, participar en el mayor saqueo de la historia de la Humanidad contra nación alguna, no son minucias o “conchas de ajo” delictuosas.

Entre los Estados que han admitido los “Alertas Azules” como detonantes por sí solos de capturas, se encuentra Venezuela. Lo corroboran las siguientes sentencias de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia: 1) No 214, del 26 de julio de 2018, y 2) No. 365 del 13 de octubre de 2013. Esta última, copiada a la letra, es del tenor siguiente: “La Difusión Internacional Azul (Alerta Azul) que es una solicitud de INTERPOL a las policías de sus países miembros para que proporcionen información sobre el paradero y las actividades de una persona investigada. Algunos países pueden considerar la detención de una persona objeto de una ‘Difusión Azul’, aunque no se haya expedido una orden de detención nacional contra ella”.

¡Quién iba a decirlo! Tan obsecuente el TSJ –lo decimos con dolor-, y dos de sus jurisprudencias penden, en este momento, como guadañas judiciales sobre uno de los más conspicuos personeros de la narcotiranía que asola a Venezuela”. (@omarestacio).

¿NO ME ACUERDO?

Alex Saab ha tenido que sentir la “distancia kilométrica” que algunos personajes -otrora muy cercanos- han interpuesto con él.

El expresidente Juan Manuel Santos tiene el beneficio de la duda de haberlo conocido sorpresivamente en un acto del presidente Chávez, al firmar con Colombia un plan de construcción de viviendas. Y donde por vez primera Alex Saab daba cuenta de sus afanes mercantiles con el gobierno rojo rojito.

No fue lo mismo que lo negara, como una versión colombiana de Judas, la senadora Piedad Córdoba, quien alega no haberlo conocido, cuando fue ella misma la que lo presentó al canciller de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y con quien compartió un despacho en la sede del Ministerio de Exteriores, cedido por Nicolás.

En esa pequeña oficina también llegó a despachar el novel comerciante colombiano recién aterrizado en Caracas, hoy preso en Cabo Verde esperando el proceso de extradición a los Estados Unidos, que ya fue aprobado por las instancias judiciales del archipiélago africano.

El 26 de diciembre la Policía Federal de Brasil detuvo a Roberto Antonio Espejo Camacho, un ciudadano venezolano que era parte de la lista roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por narcotráfico y blanqueo de dinero.

La captura de Espejo fue realizada el miércoles 25 de diciembre en Boa Vista, Roraima, luego que la Suprema Corte de la nación carioca emitiera un mandato de prisión para fines de extradición a República Dominicana contra el acusado.

Según un comunicado emitido por la Policía Federal brasileña, Espejo Camacho lideraría una red internacional que se dedicaba al contrabando de oro proveniente de minas venezolanas y comprado en Brasil de forma ilegal para luego ser enviado a países como India o Emiratos Árabes.

La Policía Federal de Brasil indicó que Espejo Camacho permanecerá a disposición del Supremo Tribunal Federal y se deberá juzgar el pedido de extradición.

El detenido es requerido por autoridades dominicanas por narcotráfico y blanqueo de capitales, delitos por los que consta en la lista de la Interpol. Así como también que también tiene ciudadanía de la isla caribeña.

Espejo Camacho había sido arrestado anteriormente a inicios de diciembre durante una operación que investigaba una red de tráfico de oro en el norte del país, pero fue liberado mediante el pago de una fianza.

El grupo delictivo, integrado por brasileños y venezolanos residentes en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, llegó a contrabandear 1,2 toneladas de oro entre 2017 y 2019, equivalente a 230 millones de reales (unos 57,5 millones de dólares), de acuerdo a la Policía de Brasil.

En agosto, las autoridades venezolanas informaron que el oro extraído de su territorio también era comercializado por la red de forma ilegal en otros países, como República Dominicana, Aruba, Curazao y otras islas del Caribe.

*Con información de Tal Cual Digital y EFE.
 
TSJ liberará a traficante de drogas si EE UU no solicita su extradición en dos meses

LA SALA PLENA DEL Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó notificarle a Estados Unidos que tiene dos meses para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria de Heber Antonio Pulgar Chacón (49) según se lee en la sentencia N° 140.

En el fallo 140-2019, con ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra, la Sala destacó que dicho lapso de tiempo está establecido en el Tratado de Extradición firmado entre los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela, y dejó constancia de que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho período, se ordenará la libertad sin restricciones del referido ciudadano, tal cual lo dispone el artículo XII del mencionado tratado y el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal.

Pulgar Chacón, de oficio comerciante y con nacionalidad venezolana y estadounidense, es solicitado por los Estados Unidos desde agosto de 2008, por el delito de distribución de drogas en la región de Chicago, Illinois.

En octubre de 2008, Heber Pulgar fue capturado en Maracaibo, estado Zulia, por el entonces ministro de Interiores y Justicia, Tarek El Aissami quien informó que el ciudadano estaba siendo solicitado por Interpol Washington con una orden de captura internacional difusión roja”.

Meses después, Pulgar Chacón logró huir, siendo recapturado el pasado 14 de mayo de 2019, en la avenida 3C, en el sector La Lago de la parroquia Coquivacoa por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). Douglas Rico, director del organismo, informó a través de su cuenta en Instagram que el detenido presentaba alerta roja por tráfico de drogas número a-1838/08-2008.

 

Interpol emitió circular roja contra Jesús Santrich, ex guerrillero de las FARC

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL, Interpol, publicó este jueves la circular roja para que Jesús Santrich, ex jefe de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), sea capturado en cualquiera de los 194 países miembros del organismo internacional. La circular roja tiene cinco fotografías de Santrich, cuyo nombre real es Seuxis Paucias Hernández Solarte.

De acuerdo con Interpol, Santrich es solicitado por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

La medida fue confirmada por el presidente de Colombia, Iván Duque, a través de su cuenta en Twitter, en donde “celebró” la oficialización del comunicado.

El ex guerrillero es investigado por la Sala Penal de la Corte por incumplir los acuerdos firmados con las Farc. Según la Corte, su proceso tampoco puede ser llevado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque los delitos, según el expediente, habrían sido cometidos después de que se firmó el acuerdo con las Farc.

La Sala Penal de ese alto tribunal determinó que, como congresista, el ex guerrillero tiene fuero y su proceso debe ser llevado por esa corporación y no por jueces ordinarios.

La investigación contra Santrich se inició en 2018 cuando fue capturado después de que Estados Unidos solicitara su extradición por presuntamente orquestar un plan de enviar 10 toneladas de cocaína al territorio estadounidense.

A pesar de que la JEP negara la extradición y ordenara su libertad, posteriormente la Fiscalía general abrió un proceso por los mismos hechos de narcotráfico. El caso finalmente pasó a la Corte Suprema de Justicia cuando ese tribunal le reconoció el fuero. Desde el 30 de junio no hay noticias de Santrich.

Ese día, el ex guerrillero abandonó a sus escoltas en el espacio territorial de reincorporación en Tierra Grata, Cesar, y se desplazó con rumbo desconocido.

*Con información de El Nacional.
A El Aissami aún no le llega la alerta roja
Expertos en derecho penal internacional dudan que Interpol emita una orden de captura contra el vicepresidente del área económica 
Alegan que la policía internacional se mantiene al margen de conflictos que puedan considerarse como políticos
Coinciden en que la movilidad del funcionario es casi nula porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos posee conexiones en casi todo el mundo 

 

@franzambranor

COMO SI SE TRATASE DE LOS PISTOLEROS del Lejano Oeste Jesse James o Wyatt Earp, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 31 de julio por supuestos delitos de narcotráfico.

Por primera vez en la historia, un funcionario venezolano en ejercicio es solicitado por las autoridades norteamericanas por tráfico de drogas. Poner un pie en territorio estadounidense o en un país aliado podría significar la prisión para el actual miembro del gabinete de Nicolás Maduro y exvicepresidente Ejecutivo de Venezuela. 

“Es poco probable que este ciudadano vaya a viajar a un país al que considere que pueda correr peligro su libertad. Es decir, no va a correr el riesgo que lo detengan y lo entreguen a la justicia americana. De hacerlo, escogería a Turquía y Siria como ya lo hizo este año”, dijo el abogado especialista en derecho internacional, Mariano De Alba.

De Alba ve con escepticismo que Interpol genere una alerta roja para capturar a El Aissami. “Es posible que el gobierno de Estados Unidos solicite la inclusión de este funcionario en la lista de Interpol, pero usualmente ese organismo policial no se involucra con situaciones que pudiesen ser interpretadas de carácter político”, dijo De Alba. “Como Interpol es un organismo administrativo de policía, dependería del país que ese funcionario visite la posibilidad de apresarlo o no”.

Actualmente 11 venezolanos tienen alerta roja de Interpol. Ninguno de ellos con aparente afiliación política: tres por tráfico de drogas, tres por abuso sexual a menores de edad, dos por crimen organizado, uno por posesión de pornografía infantil, otro por trata de seres humanos y uno por asesinato.

Una fuente vinculada al Derecho Penal Internacional que prefirió no dar su nombre dijo que, efectivamente, Interpol evalúa las alertas cuando se trata de políticos y funcionarios de gobiernos, pero a veces emite órdenes de captura y no las hace públicas. Se las reserva en su intranet.

El especialista indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos posee más agentes que el Buró Federal de Investigaciones (FBI)​, y además es independiente de otros organismos como la Administración para el Control de Drogas​ (DEA), que probablemente lleve una investigación aparte del caso de El Aissami. 

Dijo también que la cobertura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se limita exclusivamente al territorio estadounidense, ya que cuando se emite una alerta trabajan en red con la mayoría de los países del mundo, constantemente monitorean el tráfico aéreo, marítimo y terrestre. 

Manifestó que Venezuela ha firmado todos los acuerdos internacionales para combatir la criminalidad y no los ha respetado, incluyendo el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo, la cual entró en vigor en septiembre de 2003.

 

 En el radar desde hace dos años

 

En 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos inició una investigación contra El Aissami por medio del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Ese mismo año, la Oficina de Controles de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de sancionados por eventuales violaciones vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas. 

“En sus cargos anteriores, él supervisó o parcialmente fue dueño de cargamentos de drogas de más de 1.000 kilogramos que salieron de Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos que tenían como destino final México y Estados Unidos”, dice la reseña del ICE. 

Con la represa de Guri como telón de fondo, El Aissami grabó un vídeo en el que acusa a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de infame y aseguró que “no podrán con nuestra fuerza moral”. 

“Acúsennos  de lo que les dé la gana, nosotros seguiremos construyendo el sueño de Bolívar leales con Chávez y Maduro”, dijo el también exgobernador de Aragua y hombre muy cercano al entorno de Cilia Flores y Maduro.

El ICE también incluyó en su lista de los más buscados a Samark López Bello, acusado de ser el principal testaferro de El Aissami. 

“López brindó asistencia material y apoyo financiero a las actividades internacionales de narcotráfico de El Aissami y en representación de ella durante más de dos años”, señala la página web de la ICE.

Tanto El Aissami como López Bello podrían enfrentar una condena de hasta 30 años.

A través de un comunicado de prensa, López respondió a las acusaciones en su contra. “Samark López no esta acusado de narcotráfico ni de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El señor López ha sido acusado de supuesta violación técnica de la sanciones impuestas en febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro”. 

Además de tener acusaciones de narcotráfico, a El Aissami se le vincula con redes de terrorismo. Según el fiscal del distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, mientras era ministro de Interior y Justicia proporcionó pasaportes venezolanos a miembros de Hezbollah y Hamas. 

Además de estar en la lista negra de los Estados Unidos, El Aissami también está sancionado por la Unión Europea y el gobierno de Canadá. 

El Aissami -criminólogo y abogado de la Universidad de Los Andes-, ha acumulado cargos durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro: fue diputado (2006-2007), viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana (2007-2008), ministro de Interior, Justicia y Paz (2008-2012), gobernador del estado Aragua (2012-2017) y vicepresidente ejecutivo de la República (2017’2018). Ahora suma uno nuevo al currículo: uno de los hombres más buscados del mundo por el gobierno de Estados Unidos.  

 

Venezolanos que tramitaron PTP en Perú deberán presentar ficha de Interpol

DE ACUERDO CON UN COMUNICADO DIFUNDIDO por la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, los venezolanos que lograron tramitar su Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en ese país y que aún tienen pendiente entregar la Ficha de Canje Internacional – Interpol, deberán presentar este documento vía internet a partir del lunes 12 de noviembre, a fin de agilizar el trámite.

Los miles de venezolanos que se encuentran en esta situación tienen que ingresar a la web de Migraciones y cargar la imagen de la ficha de canje. Esta será validada con la base de datos de Interpol, explicaron en la misiva.

Luego de que se apruebe el trámite y se imprima el carnet del PTP, los criollos deberán recoger el documento en las oficinas de Migraciones, para lo cual tendrá que entregar el original de la ficha de canje.

Cabe resaltar, que el Gobierno peruano anunció que hasta el 31 de octubre aceptaría sacar PTP a los ciudadanos provenientes de Venezuela, debido a que se ha incrementado de manera considerable el éxodo de venezolanos a esa nación.

 

Venezolana en Colombia denuncia persecución del gobierno de Maduro a su esposo griego

La venezolana Mairelys Coromoto Macedo denunció que su esposo, el ciudadano griego Antonios Vathiotis, detenido en Colombia, supuestamente es perseguido en Venezuela, por lo cual pidió que se les otorgue asilo político.

Macedo explicó a Efe que su esposo fue detenido el pasado 3 de julio en un hospedaje de Cartagena por agentes de Migración Colombia con base en una circular roja de Interpol a petición de Venezuela, y teme que sea entregado a las autoridades de ese país.

Aseguró que a Vathiotis, de 43 años, se le acusa de financiación de manifestaciones, asociación para delinquir y homicidio en grado de complicidad, “los mismos que le colocaron a todos los activistas políticos en 2014 en Venezuela”.

La esposa de Vathiotis dijo que se trata de una “persecución política”, pues si bien su marido “no comparte los ideales políticos del Gobierno de Venezuela” y es activista del partido Voluntad Popular (VP) “jamás cometió ningún delito”.

“Nosotros tenemos derecho a no estar de acuerdo con un Gobierno y menos como el de Nicolás Maduro”, afirmó. Macedo, quien vive con su esposo y sus tres hijas en la ciudad fronteriza de Cúcuta desde el 3 de enero de 2014 huyendo de la crisis que azota al país petrolero.

Calificó las acusaciones como un “montaje” porque Vathiotis “no estaba en Venezuela cuando supuestamente cometió el delito”. “Los supuestos delitos, según nos informan, se cometieron el 12 de marzo de 2014 y para esa fecha mi esposo estaba en Grecia, y tenemos documentos oficiales que lo avalan”, acotó.

Debido a esto, la mujer pidió a Colombia “la protección y el respeto a los derechos humanos” de su pareja y solicitó el asilo político o que se les reciba como refugiados, trámite que dice están realizando a través de la Oficina del Alto Comisionado de Nacionas Unidas para los refugiados (Acnur).

Ortega Díaz reta a El Aissami a que vaya personalmente a la Interpol a denunciarla

La Fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aterrizó en España para seguir denunciando violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En rueda de prensa con periodistas en la Fundación Diario Madrid, Ortega expresó tener información de que la vida del ex ministro Miguel Rodríguez Torres y la del ex secretario del Consejo de Defensa Nacional, el Mayor General Alexis López Ramírez, “corren peligro”.

Aunque aún no tiene evidencias, afirmó que sí tenía la información sobre un supuesto plan que estarían llevando a cabo “para aniquilarlos y hacer parecer que fue un accidente”.

Ortega mostró su preocupación por esta situación y también por las recientes capturas de militares que, a su juicio, han expresado descontento con la situación actual del país.

“Sabemos que el alto mando militar está con el Gobierno, pero los cuadros medios no y cuando expresan algo contrario, son encarcelados y culpados de traición a la patria”.

Por esta razón les quiso hacer llegar un mensaje de que el propio Gobierno de Maduro los seguirá intentando culpar de la represión. “Maduro y su grupo lo que quieren es responsabilizar a los militares de la violación de DDHH. Esto los debería llevar a reflexionar a ustedes”.

Sin embargo agregó que en la extensión de la denuncia que hizo ante la Corte Penal Internacional el pasado viernes, 16 de marzo, incluyó al jefe del Ceofanb, Remigio Ceballos Ichaso, y a Carlos Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana, por estar implicados en los sucesos de El Junquito.

Más pruebas 

Igualmente la Fiscal en el exilio añadió 1600 elementos probatorios de presuntas violaciones de DDHH, entre lo que se incluyen los expedientes de las protestas del año pasado, experticias balísticas, más de 200 protocolos de autopsias, donde se encuentran también los casos de las OLP.

“Elegimos autopsias que determinan la causa de la muerte y los impactos de los proyectiles que fueron de arriba hacia abajo, lo que hace presumir que el victimario estaba en situación de poder”, explicó Ortega.

También consignaron ante la CPI algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y planes gubernamentales como el Plan Rondón, “que fue el que utilizaron en la masacre de Barlovento y que además después tuvimos que enfrentar al mismo Vladimir Padrino López porque él no quería que eso se investigara”.

 

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