2021, ¿el año de Interpol? La fiscal Fatou Bensouda lo establece así en el documento fechado en septiembre de 2020: en torno al caso de Venezuela, su oficina procurará «examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables» por los crímenes de lesa humanidad que la Corte Penal Internacional investigará en 2021.
Habrá un resultado antes de que la actual fiscal deje su cargo, en junio. Al gobierno de Nicolás Maduro podría ponérsele el mundo más chiquito todavía.
En este artículo, una conversación con el especialista en DD. HH. venezolano que más de cerca sigue el proceso en La Haya.
@sdelanuez
¿Será el año en que Nicolás Maduro vivirá más peligrosamente que hasta ahora, quizá buscado y asediado por Interpol? La Corte Penal Internacional tiene facultades para expedir órdenes de captura. ¿Dos mil veintiuno será el año de captura para Nicolás Maduro y sus secuaces?
Todo es posible. La investigación que hasta ahora ha sido de la Fiscalía pasará, en firme, a manos de la Corte propiamente dicha.
Desde luego, llegan con retraso, la fiscal Bensouda y la Corte. En realidad, la deuda del Derecho internacional con los crímenes atroces (entendiéndolos así bajo la luz del Estatuto de Roma) no es solo con Venezuela sino con el mundo. Al día de hoy, luego de todo lo que ha pasado, la comunidad internacional nunca ha podido prevenir un genocidio. Siempre se llega demasiado tarde. Justamente en el párrafo quinto, artículo 25, del estatuto que rige a la Corte Penal Internacional se habla de su carácter preventivo. Pero ocurren cosas como esta: se ocupa de los crímenes que hubo en Yugoslavia durante la década de los 90, y está muy bien que eso se haga; pero otra cosa es obrar ante crímenes que se están cometiendo en este momento, y es en este sentido que la Corte ha fallado y sigue fallando. Hay un caso aun peor que el de Venezuela y es Myanmar, la antigua Birmania que limita con la India, donde está ocurriendo en estos momentos un proceso de limpieza étnica.
Hay gente que desde Caracas ha estado enviando, durante los últimos tres años, información a la Corte sobre delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Ya era hora de que la señora Fatou Bom Bensouda dedicase sus horas y sus recursos humanos a estudiar el problema venezolano. Lo ha hecho. Ha producido un primer documento, bastante fuerte, bastante atemorizador para la cúpula madurista, que acusó el golpe. El expoeta y hoy cómplice Tarek W. Saab ha mostrado, en sus declaraciones últimas, que la estrategia del gobierno será decir que sí, que pudiera haber crímenes de lesa humanidad, pero que ya el propio gobierno (que los ha promovido y los tiene como herramienta de represión a la disidencia) adelanta procesos judiciales para ventilar tales excesos. Nunca apuntarán a los autores principales, los jefes, los que dan las órdenes o permiten los crímenes. Es probable que en un acto de maquillaje el temible FAES cambie de nombre pronto.
Por otra parte, la hermana del activista El-Aissami, Haifa El Aissami Maddah, como representante permanente de la misión de Venezuela ante la Corte desde 2016, según fuentes desarrolla cierto trabajo de vigilancia e intimidación sobre sus pares en La Haya. Periodistas de investigación podrían hacerle un bonito trabajo de seguimiento a esta señora.
Como quiera que sea, el año 2021 luce crucial para que el mundo democrático afine sus represalias, de manera orgánica, sobre el régimen de Nicolás Maduro.
Aunque un especialista en derecho humanitario, el profesor Alí Daniels, se muestra escéptico ante esta posibilidad, por la lentitud de este tipo de procesos, lo cierto es que a la vuelta de los primeros seis mes de la fase de investigación que se desarrollará desde enero, podrían dictarse, en teoría, órdenes de detención a través de Interpol contra personajes emblemáticos de la cúpula madurista.
Entrevista a un experto
Alí Daniels es graduado en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello (1991), da seminarios allí sobre Derechos Humanos y ha fundado, junto con su compañera Laura Louza, Acceso a la Justicia (accesoalajusticia.org), una ONG que funciona como observatorio del Poder Judicial. Esta conversación con Daniels se desarrolló a propósito de su experiencia en el propio lugar de los acontecimientos, pues ha estado en La Haya, y de sus estudios sobre el Estatuto de Roma y el proceso en marcha en la CPI.
—Uno tiene la percepción de que en La Haya llegan tarde respecto a Venezuela, que la fiscal se ha hecho la remolona.
—En efecto, hay cosas que no se han hecho a tiempo, pero que la fiscal haya dicho, delante de Tarek W. Saab (fue a visitarla, ella tiene la obligación de recibirlo), «el gobierno que usted representa ha cometido crímenes de lesa humanidad…», mira, la gente no ha visto la importancia que eso tiene. Se han tardado, pero al final han llegado a la conclusión a la cual debían llegar.
—Ya tenemos un primer informe que parece ir por el buen camino, pero ¿cuál es la parte negativa?
—La parte negativa es que los delitos que hasta ahora ha señalado la Fiscalía no contemplan el asesinato. Para un venezolano, lo normal es que se pregunte cómo queda allí el asesinato. Por un lado, está bien que la fiscal haya dicho lo que dijo y que haya hecho el informe donde señala delitos graves, pero es cierto: no incluye el delito que para nosotros es más obvio; y en segundo lugar, señala que los delitos se cometieron desde abril de 2017 para acá, cuando cualquiera que haya estado en Venezuela sabe que en 2014 hubo ataques armados contra urbanizaciones, en muchas ciudades. Que esos ataques armados no hayan sido considerados crímenes de lesa humanidad, nos preocupa.
—¿A qué cree que se ha debido su retardo y estas omisiones tan evidentes?
—A esta fiscal en particular (Fatou Bom Bensouda) le han dado, como se dice popularmente, mucho palo. Ha perdido casos graves. El de Bemba (Jean Pierre Bemba Gombo), por ejemplo, un señor que fue vicepresidente del Congo, condenado por crímenes de lesa humanidad. Pero, al apelar, fue absuelto, y parte de la culpa se la echaron a la Fiscalía por no haber presentado el caso como debía. Probablemente ella no se postuló a la reelección, ahora, por ese caso. De modo que es probable que no se sienta segura de tener suficientes pruebas… El balance no es negativo, pero faltan crímenes que deberían estar en el informe preliminar sobre Venezuela.
—¿Qué le toca hacer a esa Fiscalía, exactamente, a partir de enero?
—Está la Fiscalía y está la Corte. La Corte tiene unas reglas muy diferentes a un tribunal ordinario. La fiscal habla de que va a terminar el Examen Preliminar, que va a ir a investigación. Esas palabras parecen muy coloquiales pero en realidad son muy técnicas. El Examen Preliminar es una fase de simple investigación de la Fiscalía. Punto. Ella tiene una oficina donde hay tres o cuatro personas dedicadas al caso venezolano. Allí recaban información. El Examen Preliminar tiene cuatro fases. El caso Venezuela acaba de pasar a la tercera fase; la segunda terminó con el punto al que ella se refirió: si se cometieron o no crímenes que son competencia de la Corte. Ese es el cometido de la fase 2, determinar eso, y ella ha dicho que sí, se pueden considerar como tales. Eso no quiere decir que la investigación esté cerrada.
—¿Qué pueden hacer los venezolanos para presionar, para aportar material a esa Fiscalía y allá tengan mayores elementos, y amplíen sus límites de investigación?
—Cualquiera se puede comunicarse con la Corte a través del correo electrónico, está en su página web. Las víctimas o los familiares de las víctimas, a través de las ONG, pueden comunicar sus casos, dar su testimonio documentado. Deben organizarse para hacer llegar sus denuncias. Se acepta información documental, no tiene por qué ser necesariamente vídeos. Es informar de que hay tal y tal víctima y este es el testimonio del familiar.
—¿Puede describir la fase 3 en que ahora entra la Corte?
—Debido a la fase 3, precisamente, el fiscal Tarek se ha puesto muy activo, diciendo que en Venezuela hay un montón de policías que están siendo enjuiciados. ¿Por qué? Porque en la fase 3 del Examen Preliminar se debe responder a la pregunta de si esos crímenes que se han señalado han sido sancionados en el propio país donde han sucedido. Esa tercera fase se llama de Complementariedad. Se le dice así porque, dado el caso, la Corte interviene complementariamente si los tribunales nacionales no actúan. Por eso Tarek anda diciendo que sí hay juicios, que se han levantado no sé cuántos expedientes… En el propio informe ya se habla de que deben ser señalados los máximos responsables de esos casos. Ahí se le cae el caso a Tarek, porque en Venezuela los juicios son contra funcionarios subalternos.
—¿Hay ejemplos donde eso se vuelve evidente?
—Si usted ve el último caso (de los contemplados en el informe de Determinación de Hechos), el número 48 trata de una violación a un muchacho en un centro de detención en Maracaibo; en el acto de la violación estuvieron cinco policías y un supervisor. Cuando finalmente se lleva el caso a la Fiscalía venezolana, la imputación es contra los subalternos, no contra el supervisor, a pesar de que estuvo presente. Es importante porque demuestra que ni siquiera en casos en que un superior de bajo rango es cómplice del delito, se le sigue juicio. Y está otro caso, el de Acosta Arévalo: se enjuicia a quienes materialmente lo torturaron, pero los que tenían un papel de supervisión y vigilancia, los que debían haber evitado eso, ni siquiera son mencionados. No hay expedientes sobre los superiores jerárquicos o sobre quienes deciden las políticas.
El tiempo también se les hace chiquito
El Examen Preliminar se cierra durante la primera parte de 2021. Fatou se va en junio y ella se ha comprometido a dejarlo listo. Eso implica que se pasará a la siguiente fase, cuando el nuevo fiscal debe presentar el caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares, conformada por tres jueces de la Corte, para la siguiente fase de investigación, propiamente de la Corte. Antes era la fiscal la que investigaba, pero a partir de entonces lo hará la Corte. Allí se sabrán nombres de imputados, y entonces los jueces sí pueden dictar autos de detención y ordenar congelamientos de activos, y además ordenar que los testigos declaren… Y las víctimas, claro, podrán ir a la Corte y rendir su testimonio.
—¿Estamos hablando, entonces, del segundo semestre de 2021?
—En efecto, en el segundo semestre del 2021 tendríamos un caso ante la Corte. Por primera vez en muchos años la CPI va a conocer un caso no africano y eso es el significado de la tercera fase que viene ahora. Será histórico.
—¿Habrá castigo para los crímenes del chavismo?
—No quiero emocionarme, pero está esa posibilidad. Y no quiero emocionarme porque el gobierno (de Nicolás Maduro) hace su tarea, ahorita por ejemplo se ve que está cambiando de estrategia. El caso de Tarek W. Saab. Primero, ellos negaban que aquí se cometieran delitos de lesa humanidad, ahora, ante la declaración de la fiscal, sacó Saab unos comentarios diciendo que no sabía qué estaba pasando con las FAES…
Ahí se nota un cambio de estrategia. Está haciendo ver que él es proactivo. Otros fiscales me han hecho ver algunos casos que estaban congelados pero que se están moviendo ahora. Obviamente eso no es más que una pantomima para hacer creer que se está haciendo algo. Volvemos a lo mismo: ninguno de esos casos va a llegar a los superiores jerárquicos.
—¿Cuándo se podrían dictar autos de detención?
—Ya en la fase de investigación, a solicitud de la fiscal, la Sala respectiva podrá dictar auto de detención si se dan unas causas que se estipulan en el artículo 58 de la normativa de la CPI. Bajo unos determinados supuestos, es posible que se dicten actos muy importantes. Allí Interpol será clave. Para las órdenes de detención emitidas para la Corte, la inmunidad diplomática no aplica. Eso quiere decir que ningún funcionario de Venezuela, si está bajo esa condición, podrá ir ni siquiera a Naciones Unidas, como ha hecho Nicolás Maduro a pesar de los rollos que tiene con Estados Unidos.
Es decir, que ya ahí, aun sin una condena, podría haber algunas consecuencias de la acción de la CPI. Por eso es que el gobierno le tiene tanto respeto: primero, no puede acusar a la Corte de imperialista porque justamente Fatou Bensouda sufre sanciones por parte de EE. UU. por un caso que ella presentó sobre Afganistán, en el cual involucraba a Estados Unidos precisamente. No se puede acusar de imperialista a alguien que tiene una sanción por parte del imperio.
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Hay algo más: los chavistas enquistados en el poder saben que las posibilidades de que algún alto funcionario sea imputado son reales. Como dice Alí Daniels, «a lo mejor no lo ponen preso, pero el mundo se le pone más chiquito».
Deberá tenerse en cuenta que en esa bella ciudad que es La Haya, en este 2021 tan esperado, podrá escribirse un nuevo capítulo en la tragedia venezolana del siglo XXI con mayor protagonismo de las grandes instituciones occidentales.
Deben alinearse, trabajar más cohesionadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debería enviar ya, pues no lo ha hecho, a la CPI todas las sentencias que Venezuela no ha cumplido en los últimos años y que son mandato por pacto entre naciones y ley del país, empezando por el caso del Caracazo (o sea, una sentencia contra un gobierno ajeno al chavismo); enviar ipso facto desde la CIDH, en valija diplomática vía expresa, a sus señorías en Europa esa lista, la lista negra de lo que Venezuela no ha cumplido ni en democracia ni en dictadura bolivariana. Claro, hay un tema de intereses políticos atravesado, no de índole jurídica. Por política, del lado americano, no se hacen cosas que deberían hacerse. A la Corte no se la presiona ni se le ordena nada, pero sí se la puede nutrir de elementos de juicio. Es colaboración, no presión.
La entidad que sí ha cumplido es la Misión de Determinación de Hechos, de la ONU, primer clavo en la urna del gobierno madurista al señalar la existencia de 48 casos documentados, con nombres de perpetradores (hay una lista reservada de más de cuarenta funcionarios como probables responsables).
Los integrantes de esta Misión exhortaron en su informe a la Fiscalía de Bensouda a adelantar el caso venezolano. De modo que Naciones Unidas utiliza esa Misión como vía de comunicación con la Corte Penal Internacional, cosa que ya ocurrió con el caso de Myanmar pues fue a los 9 meses de haber presentado un informa alertando del genocidio en ese país que la Corte se movió, al fin.
En cambio, la alta comisionada Michelle Bachelet no ha exhortado para nada a la CPI ni a su Fiscalía. Michelle Bachelet quizás ha vuelto a pistones últimamente, ojalá recargue sus pilas.
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