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Solicitar una información en la administración pública se ha convertido en una molestia

QUE UN CIUDADANO O GRUPO SOLICITE INFORMACIÓN a cualquier órgano de la administración pública ha sido considerado como una especie de molestia que “recarga innecesariamente” a los “siempre muy ocupados” funcionarios que allí laboran. No es una exageración. Este y otros argumentos no menos insólitos han sido esgrimidos por el Poder Judicial a la hora de negar recursos relacionados con el acceso a información pública.

En 2009, Provea y un grupo organizado de la sociedad civil interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para obligar al Presidente de la República a explicar el cambio constante de ministros en la cartera de Vivienda y Hábitat durante 2008. La Sala Político Administrativa del alto tribunal consideró que el Presidente estaba muy ocupado para responder a la petición y estableció que tales medidas presidenciales (remover y designar nuevos ministros) procuraban aumentar la “eficiencia” del Estado.

El derecho a la información pública, previsto en el artículo 28 de la Constitución, se ejerce cuando un ciudadano la solicita al Estado. Tiene categoría de derecho humano y esto deviene de su pertenencia al derecho de libertad de expresión, por lo que es obligación del Estado proporcionar los datos requeridos que le atañen y estén en su poder.

La importancia de la garantía de este derecho radica en que permite un mayor escrutinio al Estado por parte de los ciudadanos y la toma de decisiones basadas en la información sobre los procesos públicos. Básicamente es uno de los mecanismos para la lucha contra la corrupción, herramienta no muy bien vista por cualquier gobierno señalado de delitos de corrupción, como el venezolano.

En el estudio La responsabilidad del Poder Judicial en el desmantelamiento del derecho de petición y el acceso a la información pública, realizado por la ONG Acceso a la Justicia con datos aportados fundamentalmente por Provea y Transparencia Venezuela, así como de la página web del TSJ, reveló que entre 2000 y 2016 hubo 76 sentencias clave que negaron el acceso a la información pública, sobre todo a la sociedad civil organizada, ciudadanos o diputados de oposición.

Vale acotar que de esas decisiones 72 fueron a favor del Estado y 4 en contra. Estas últimas fueron dos recursos de Provea contra el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) en 2003 y en 2004, uno de Juan Pablo Peña Mejías contra el Ministerio de la Defensa y otro de Luis Alberto González contra esa misma cartera, ambos en 2016.

En 1999, Provea interpuso una acción de amparo ante el TSJ contra el Ministro de la Defensa en virtud de no haber recibido oportuna respuesta a una petición de información. Esta se configuró como la primera acción realizada por una organización de derechos humanos que alegaba la violación del derecho de acceso a la información pública. La Sala Constitucional (año 2000) declaró que no tenía materia sobre la cual decidir, en virtud de que en el transcurso del proceso el despacho ministerial facilitó la información requerida por la ONG. Punto a favor del derecho a la información.

Un punto en contra digno de destacar es la falta de legitimidad para solicitar información, o “¿quiénes son ustedes para pedir información al Consejo Nacional Electoral?” Esta fue la respuesta que dio la Sala Constitucional a la Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) al rechazar su solicitud al poder comicial de que les proporcionaran los resultados de los escrutinios por cada mesa de votación, correspondiente a las elecciones generales del 30 de julio de 2000.

Otras excusas del Poder Judicial para negar la información son las siguientes: el uso de la información solicitada debe ser proporcional y justificado; el derecho a la información atenta contra la eficacia y la eficiencia del Estado; necesidad de hacer varias solicitudes al órgano administrativo; requerimiento de realizar varias gestiones previas y/o de determinada manera; el Estado no siempre tiene que responder; cuando el Estado ya dio respuesta no debe pedírsela nuevamente, aun cuando su contenido no haya sido satisfactorio o no haya respondido específicamente a su solicitud de información; requerimiento de justificación del uso del amparo como medio para obtener respuesta.

“El criterio del Poder Judicial en esta materia está apartado, e incluso, está en contra, de lo establecido por tribunales internacionales de derechos humanos, organismos internacionales de protección de los derechos humanos, leyes de otros países y en general de la tendencia mundial actual, que exige la apertura y transparencia de la información y de los datos públicos. En Venezuela no existe un recurso judicial que resulte sencillo, efectivo, expedito y no oneroso para acceder a la información pública, lo que viola la obligación del Estado de garantizar el derecho de petición su consecuencia que es al acceso a la información pública”, reza el estudio.

Con información de Acceso a la Justicia 

¿Por qué los pone tan histéricos la Ley que otorga al pueblo la propiedad de la vivienda? por Damián Prat

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Que las viviendas construidas por organismos del Estado pasen a ser propiedad de las personas a quienes se les adjudican, debería ser un hecho normal, rutinario -por décadas fue rutinario y muy beneficioso- estableciendo una forma de pago, generalmente asociada a programas sociales, es decir, a facilidades para las familias de escasos o medios ingresos que requieren ayuda para lograr esa propiedad de la vivienda y mejorar su ascenso social. En todo el país fue así y millones de familias lo atestiguan. ¿Cuántos que hoy son chavistas, ellos y/o sus familias se hicieron propietarios de viviendas hechas por Inavi o Banco Obrero en décadas finales del siglo XX?.  ¿Cuántos de los “enchufados” de hoy, jerarcas rojos y altos funcionarios del gobierno, antes de transformarse en millonarios de riquezas mal habidas, traficando con las palabras “socialismo y revolución”, lograron un progreso social en su antigua condición humilde haciéndose propietarios de apartamentos en El Valle, en Caricuao, Casalta, Simón Rodríguez de Caracas o en Unare de Puerto Ordaz, Manoa, la 45 o Doña Bárbara en San Félix; Oropeza Castillo en Puerto La Cruz, Caña de Azúcar en Maracay,  La Ruezga en Barquisimeto, Menca de Leoni en Guarenas, etc, construidos por el Estado hace 30 o 40 años?.

En Guayana, muchas decenas de miles de viviendas fueron construidas por el Banco Obrero, Inavi, CVG, Funvica, Malariología, etc,   Mas de la mitad de todas las viviendas que existen en San Félix y Puerto Ordaz fueron construidas por esos  organismos como parte de sus programas de desarrollo social en los años 60, 70. 80 y 90 y TODAS fueron adjudicadas y luego adquiridas por sus propietarios, que eran familias de trabajadores. En TODAS, los beneficiarios terminaron como propietarios.  Eso era lo normal, lo obvio y lo lógico. Eso era y es lo de JUSTICIA SOCIAL. Impensable que a Sidor, a CVG o Alcasa, por citar tres casos, se le ocurriera decirle a sus trabajadores que les asignarían vivienda pero que la empresa conservaría el control y los podría desalojar si ellos se afiliaban al sindicato, si participaban de protestas, si votaban por candidatos de oposición al gobierno de turno.   Se habría armado un zafarrancho si CVG o Banco Obrero les decía que les iba a dar un “título” chimbo de una fulana “propiedad familiar” pero que no les vendería la casa o el apartamento “porque eso sería privatizar” (¿?).  ¿Cuántos trabajadores de entonces, hoy activistas del Psuv e incluso en sindicatos, recibieron sus viviendas en los 70 y 80, mediante convenios con CVG o Inavi, con facilidades y se hicieron propietarios?  ¿Por qué aplauden  negar ese derecho al pueblo hoy?  ¿Por qué no protestan el que su gobierno invente subterfugios dizque “socialistas” para negar ese derecho al pueblo de hoy?

Recuerdo que Banco Obrero tenía una cláusula que impedía que el beneficiario, que pasaba a ser comprador, pudiera vender la casa de inmediato, sino pasados unos años, pero la gente pagaba con créditos bancarios con facilidades y se convertían en propietarios.  Y si pasados unos años y la familia había logrado con su trabajo alcanzar mas progreso social y económico como para comprar casa mas amplia en otro sector, podía vender la que en su momento le construyó el Estado. Y eso era bueno para todos.  Recuerdo que el Estado apoyaba a las familias beneficiadas, con medidas para facilitar pagos a largo plazo o con bajos intereses adaptados a los ingresos fijos de cada familia.  A la postre, esa familia tenía casa propia. Y eso es progreso social.

De pronto, el gobierno actual, el de la falsa revolución, inventó –quizás copiada del nefasto modelo cubano,- una norma nueva dizque socialista (¿?) de que las familias y personas beneficiarias de la Misión Vivienda no se podrían convertir en propietarios de sus viviendas sino en una extraña especie de “usuarios en comodato” pero con otro nombre dizque de “propiedad familiar” de donde el gobierno los puede desalojar cuando le de la gana, como ya ha ocurrido por cientos. Por arbitrariedades, por castigo político o lo que sea. El verdadero dueño es el gobierno y sus jerarcas corruptos.

La nueva mayoría nacional ofreció durante la campaña electoral una Ley para hacer propietarios de verdad  a los adjudicatarios de este programa de construcción de viviendas.  Y la MUD ganó las elecciones por enorme mayoría.  Ahora, la nueva AN cumple su promesa y aprueba la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Misión Vivienda.   Maduro se ha puesto histérico y hace cadenas para insultar a la Ley y a la AN. Durante el debate y posterior, todos los jerarcas rojos andan histéricos.  El latifundio de medios gobierneros que no hacen periodismo sino propaganda gubernamental y guerra sucia están histéricos acusando a esa Ley de “privatización” (¿?), de “hecha para beneficiar a la banca” y un sinfín de cosas incomprensibles.  Los diputados arrodillados de la bancada oficialista intentaron de todo para impedir que se aprobara la Ley y repetían como cartilla de kínder las mismas sin-razones una y otra vez.  Se dice que en la reunión semanal donde planifican todos los “golpes de estado judiciales” contra la soberanía popular y la AN, ordenaron declarar “inconstitucional” esa Ley.  Veremos.

Un detalle:  todos los jerarcas rojos, enchufados, diputados, ministros, “magistrados”, altos funcionarios tienen sus viviendas en propiedad privada.  Muchos de ellos, cuando no eran ricos, ellos o sus padres, recibieron del Estado viviendas y pasaron a ser propietarios.   Pero ahora están en campaña histérica para que el pueblo necesitado no pueda gozar de ese beneficio e inventan “argumentos” que tratan de satanizar una Ley que es simplemente lógica y normal.   Una Ley que corrige un abuso y varios despropósitos. Una Ley que hace justicia social.

¿Por qué tanta histeria absurda?  ¿Por qué tanto despropósito?.  Intentemos responder:   1.-   Porque cuando se haga el censo de esas viviendas, se va a descubrir que es muy falsa la cifra de un millón de viviendas construidas.  Aparecerá la cifra verdadera, muy lejana de aquella. La farsa se les revertirá y los acusará por mentirosos.  Una “raya mas pa’l tigre”.  2.-  Porque con esta Ley, el pueblo beneficiario ya no podrá ser amenazado ni chantajeado.  Se volverán personas independientes y con libertad.  Ya el gobierno no podrá obligarlos a hacer cosas que quizás no desean bajo amenaza de quitarles la vivienda.  Esa es, quizás, la razón más importante para ellos: la de perder un arma de chantaje y coacción sobre algunos cientos de miles de personas (¿promedio de 5 personas por cada vivienda?) y sobre muchos más que están “en lista de espera”.   3.-   Esas personas recuperarán la libertad de denunciar, reclamar, protestar. Y muchas irregularidades, corrupción  e injusticias saldrán a la luz.  4.- Porque han decidido impedir, mediante “Fujimorazo judicial”,  con la violencia impune de los grupitos fachos (por cierto, cada vez menos numerosos a pesar del pago) o “como sea”, que Venezuela vea y compare entre aquellas AN rojas inútiles y ésta que trabaja y aprueba leyes buenas.

Como se puede ver, al oficialismo rojo le resbala el asunto de la justicia y el progreso social para el pueblo. Lo mencionan solo para su propaganda.  Eso ni les interesa ni les quita el sueño.  Más aún, como dijo el entonces ministro aquel, hoy diputado, “no queremos que los pobres asciendan socialmente y se conviertan en clase media porque se vuelven escuálidos”.  Los quieren pobres y dependientes del gobierno. Lo que si les “quita el sueño” es el poder impune y total para ellos.  Por eso usan la (escasa) construcción de viviendas como herramienta de chantaje y control político sobre la gente. Tal como hacen con los “taxis” o las “tablets” y con la (escasa) comida.  Por eso se ponen histéricos ante la posibilidad de quedar “desnudos” y perder ese instrumento de control.   Lo único que les interesa es el poder absoluto para ellos y la impunidad para que siga la gran corrupción.

 

TIP  1:   ¡Que inútil esa inspección!.   Leo un boletín que indica que “el alto mando militar inspeccionó a Guri”.   ¿Para que?  ¿Acaso constatar que el nivel del lago está muy cerca de la zona de colapso?.   Eso lo saben por los informes, las fotos y los videos que -se supone- les envía el militar que es ministro de Energía.  Y por las que deben enviarles los oficiales a cargo de la permanente vigilancia y seguridad de esas instalaciones.

 

TIP 2:   ¡Inspeccionen las obras termoeléctricas que nunca se han terminado y las de la corrupción!.   Allí es donde está la responsabilidad de la crisis eléctrica,  No es en Guri donde está el problema.  Es en TermoTuy, en Planta Centro, en TermoSucre, en las inútiles plantas termoeléctricas que colocaron sin sentido en Sidor.  Vayan a las mini-planticas inútiles que el gobierno “trianguló” con Cuba para que los Castro ganaran millones.   Vayan a Tocoma con 5 años de atraso, ni una turbina lista y varios miles de millones de sobreprecio mas deudas.  Vayan a Macagua I donde se botaron 450 millones de dólares en un “negocio” con los Kirchner para no aumentar ni un piche MW. Y varias mas.

 

TIP  3:  Argentina.  Por cierto.  La Fiscalía acaba de abrir un procedimiento para investigar corrupción y lavado de dinero a la señora Kirchner. ¡Ojo! y también al ex ministro DeVido.  ¿Les suena ese nombre?  Era el que manejaba la red de negocios de corrupción de los Kirchner y en especial los “negocios”  con Pdvsa y Venezuela.  Muchas veces estuvo aquí.  Por ejemplo, fue quien negoció los acuerdos para otorgar “a dedo”, sin licitación, a una empresa capitalista de Argentina las obras electromecánicas de Tocoma y la inútil “repotenciación” chimba de Macagua I.   Estaba en todos los “guisos”. Era el que manejaba con Ramírez la operación del “maletín” que ahora Antoninni confiesa que no eran solo los 800 mil dólares confiscados sino UsD 5 millones.

 

TIP  4:   El gobierno mandó a Escarrá a hacer el vergonzoso show que hizo.  Quien sabe que les debe o que les pide.   De todos modos, su propuesta luce como un “auto gol” porque es muy fácil decirle, como ya varios le han respondido a Maduro que OK.  Hagamos todos los referéndums y las enmiendas,  La de someter al gobierno, al TSJ y a la AN al escrutinio y votación popular.    Acepte el reto, señor Maduro.  Sométase al veredicto del soberano en lugar de seguir sembrando obstáculos y buscando violencia.

 

TIP  5:  Panamá Papers.   Cada nuevo reportaje impacta.   Y eso que aunque son millones los documentos filtrados del buffete Mossaack Fonseca, hay muchos otras empresas en varios países que manejan operaciones fraudulentas parecidas.  O sea, solo cayeron los que estaban en esa empresa.   Los jerarcas rojos son una farsa. Hablan  de socialismo y patria mientras se hacen ultra millonarios en dólares y los ocultan en cuentas de paraísos fiscales.  Están en panamapapersvenezuela.com/investigaciones

 

TIP  6:   Leido en twitter.   1.-  @hramosallup  “Régimen chavista, su bufete malandro sala (in)constitucional tsj y su antro cne cierran salidas electorales por terror a voluntad popular”.   2.-  ‏@ChuoTorrealba  “Hampones asesinan policías y a sus hijos(El Cementerio), mientras Maduro persigue gente honesta como Víctor Hugo Mora. «Revolución», lo llaman”.  3.-  @ChuoTorrealba  “El poder de los pranes no es una casualidad. ES EL FRUTO DE UNA ROJA ESTRATEGIA: La delincuencia como arma política”.  4.-  @luisvicenteleon  “Los linchamientos son una expresión de la primitivización profunda a la que se ha sometido el país. Esta no es la Venezuela que merecemos”.   5.-  @luisvicenteleon  “Qué porcentaje real apoyaría un RR contra Maduro?  El porcentaje de apoyo al RR es hoy mayor que la votación opositora el 6D”.  6.-  @JuanMMatheus  “La única “conspiración” es la de Maduro, el TSJ y CNE para evitar que el pueblo haga valer sus derechos #PuebloyConstitución #RevocatorioYa”.   7. ‏@hramosallup  “Maduro enculillado dice que delega en su apoderado Escarrá para debatir conmigo. No discuto con payaso sino con dueño del circo”.   8.-  ‏@Almagro_OEA2015  “Importa tanto la libertad mía como la libertad de mi opositor para que la democracia sea vibrante #SipPuntaCana”.   9.-  ‏@unidadvenezuela  “@ChuoTorrealba: En este momento no basta el casa por casa, hay que ir al cola por cola, al mercado por mercado para construir empatía #8Abr”.   10.-  @_Provea  “No te conviertas en lo que rechazas. No te conviertas en asesino. No tomes la justicia en tus manos”.

 

Damián Prat C.

depece54@gmail.com

@damianprat

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