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Gustavo González López

Confirman que salida de jefe del Sebin obedeció a incidente con caravana presidencial

EL GENERAL EN JEFE GUSTAVO GONZÁLEZ LÓPEZ, quien se desempeñó como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) hasta finales de octubre, fue destituido de su cargo por un incidente que pudo “comprometer la seguridad” del mandatario Nicolás Maduro, según el periodista José Vicente Rangel.

Rangel, que fue vicepresidente del fallecido presidente Hugo Chávez entre 2002 y 2007, informó que el 27 de octubre ocurrió un “oscuro incidente” en Caracas cuando una caravana de Maduro fue interceptada por cuatro funcionarios del Sebin, informa la agencia Efe.

Explicó que los motorizados del Sebin estaban “provistos de armas largas” y que este hecho “estuvo a punto de tener un grave desenlace que pudo comprometer la seguridad del jefe del Estado”.

“La situación fue superada por el profesionalismo con que actuó la casa militar y la serenidad con que se manejó el presidente; los motorizados fueron reducidos, desarmados y detenidos”, indicó y aseguró que el “incidente condujo a la destitución del director del Sebin”.

Además, dijo, se adoptaron “medidas destinadas a corregir fallas de tipo disciplinario” en este organismo que ahora dirige el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, quien antes fue jefe del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa).

Sobre este hecho, el presidente Maduro ni ninguno de los miembros de su gabinete se ha pronunciado.

Entretanto, se desconoce el paradero de González López, de quien no se tiene noticias desde su destitución, aunque se ha dicho que podría estar siendo “custodiado” por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Crímenes sin Castigo:  Un lastre muy pesado

 

 

De la noche a la mañana, la yunta Harrington-González López se convirtió en una carga imposible de llevar para el régimen, acosado por sus aliados internacionales a partir de la muerte del concejal Fernando Albán

 

@javiermayorca

 

En la policía política, las principales razones para quitar y poner a sus directores son políticas. Que nadie se engañe: este despacho, adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, no es un bastión para la defensa de los valores democráticos. Su propia reglamentación interna lo define como una herramienta para la preservación y la consolidación del proceso político, antes liderado por Hugo Chávez, hoy por Nicolás Maduro.

Desde febrero de 2014, el mayor general del Ejército Gustavo González López asumió esta tarea con denuedo. Heredó la estructura para la represión diseñada por Miguel Rodríguez Torres, y la elevó hasta niveles antes nunca vistos. Claro está: en el camino él sabía que no todos en sus filas actuarían guiados por una convicción revolucionaria. Sabía que era necesario hacerse de la vista gorda ante esos deslices de los “muchachos” del comisario Calderón en Investigaciones Estratégicas, o los de Contra, que se redondeaban con uno que otro secuestro en el Country, o mediante la extorsión a los presos de conciencia y a esos que conocían como “población”. Había para todos: 400 mil bolívares de los de 2017 por dejar pasar un celular, o los millones que el Turco Walid pagaba para llevar una vida más o menos digna en El Helicoide. Todos allá adentro lo sabían.

Pero esto era lo de menos, a los ojos del Gobierno. Realmente, hace dos meses, hubiese sido imposible predecir la salida del Sabueso. Las quejas de volumen creciente en foros internacionales por el trato inhumano a los detenidos, que incluían sistemáticas golpizas y torturas como la famosa “crucifixión”, aún no pasaban de ser un secreto a voces en el país. La muerte de Rodolfo González, “suicidado” en marzo de 2015 en una de las mazmorras, no solo fue convenientemente encubierta. Además, según testimonios de ex presos, fue utilizada como medio de amedrentamiento. El cadáver del Aviador fue sacado de la celda y abandonado durante horas en un pasillo, a la vista de todos.

En septiembre, González López parecía atornillado en su cargo, eficaz como ninguno para impartir terror desde la maquinaria del Estado y desmantelar todo atisbo de oposición.

Hasta que ocurrió la muerte del concejal Fernando Albán.

El 8 de octubre representó un auténtico punto de quiebre, por lo menos en el Sebin.

Los efectos de este suceso comenzaron a verse donde menos lo pensaban: en España. El cogobierno Psoe-Podemos, que llegó al poder tras la destitución parlamentaria de Mariano Rajoy, iba en un lento viraje para alinearse con el madurato. Ya habían dado prueba de ello, al oponerse públicamente a nuevas sanciones para el régimen, a través de la Unión Europea.

Pero allá aún existe un balance de poderes. Y la muerte del edil, calificada sin ambages como un “asesinato” a manos de la policía política, durante debates parlamentarios a los que acudía Sánchez, puso un frenazo al maridaje.

La secuencia de hechos no da pie a dudas. España –en la actualidad, firme creyente de una salida negociada a la crisis venezolana- aprovechó la conmoción ocasionada por el caso Albán para lograr de una vez por todas la liberación y el destierro de Lorent Gómez Saleh. Este caso era una especie de punto de honor para el régimen. Durante las negociaciones que posibilitaron la libertad de varios de sus compañeros de celda, el Gobierno había reiterado que este activista no saldría. Pero ocurrió la “caída de altura” de Albán, y las cosas dieron un giro radical. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez envió en misión oficial al secretario de cooperación para Latinoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, en Caracas ya habían tomado la decisión de dar un salvoconducto a Gómez Saleh.

Al ex preso político no le impusieron voto de silencio en su nuevo destino. Apenas se bajó del jet en Barajas hizo todo lo posible para dejar al descubierto ante la comunidad internacional el sistema instaurado por González López y su pareja, la entonces vicefiscal Katherine Harrington.

Ante este escenario, el Gobierno optó por aplicar tácticas de “reducción del daño”. De repente, la dupla Harrington-González López dejó de ser la estrella de la represión y se convirtió en un lastre demasiado pesado. Primero, destituyeron a la abogada mediante un decreto constituyente, el 19 de octubre. Una semana después, el mayor general también fue cesanteado. En ninguno de estos casos hubo declaración oficial. La fracción madurista sabe que ambos cuentan todavía con poderosos aliados, de los que gustan jugar la “carta dura”.

A estas alturas, es probable que González López se sienta traicionado. Es por eso que, según fuentes de la policía política, se negó a hacer entrega formal a su sucesor, el general de división (Ejército) Manuel Cristopher Figuera. Hubo un acto administrativo, durante el cual él entregó la dirección, y luego llegó su reemplazo, mano derecha del general Hernández Dala en Contrainteligencia Militar, quien ahora tiene en su alforja todo el aparato de espionaje, y quizá pase a ser el militar más poderoso del país.

 

Breves

 

-Un sombrío panorama en materia de seguridad ciudadana le espera a Venezuela en los meses por venir. Por una parte, el municipio Libertador ya rebasó al estado Vargas como el lugar con la tasa más elevada de delitos en general. En la actualidad, la diferencia entre ambas localidades es de unos 20 puntos. Y eso que Vargas estuvo en la delantera hasta julio. Esto es consecuencia del acelerado impacto que está teniendo en Distrito Capital una ola de delitos contra la propiedad. Aunque lo nieguen los voceros gubernamentales y hagan todo lo posible por mantener artificialmente bajas las estadísticas, en las calles de la capital se siente: hay más delincuentes y actúan con mayor frecuencia. En los estados fronterizos con Colombia, la situación se torna aún más compleja. La combinación drogas/grupos irregulares está originando brotes de violencia armada. Y vendrán más. Este año, Naciones Unidas calcula que en el país vecino hay 209 mil hectáreas cultivadas con coca, un récord para el siglo XXI que va aparejado con un mejoramiento en la productividad por hectárea. Ahora, la coca ha sido potenciada genéticamente. Una de las zonas con mayor densidad en cuanto a siembras de este arbusto está en el eje Tibú-Rio de Oro. Allí se concentra el 9% del total de plantíos. Algunos están en Zulia, otros en Táchira. La salida “natural” de esta producción no es por el Pacífico sino por Venezuela. Por ahora, el control de este trayecto se lo disputan el ELN y los llamados “pelusos” o miembros del Ejército Popular de Liberación, donde han recalado ex integrantes de las FARC. Pero esta violencia no es del todo “importada”. Allí también participan venezolanos, que han servido de anfitriones a guerrilleros y bandoleros.

Fiesta en la Cota 905

– A partir del lunes 29 se hicieron virales en las redes de mensajería los videos de una celebración, presuntamente llevada a cabo el fin de semana anterior en la platabanda de una vivienda de la Cota 905, en la que participaron varios de los individuos que figuran en la lista de “los más buscados” por el Gobierno. Primero entre ellos está Carlos Luis Revette, alias Coqui, descrito por Relaciones Interiores como el líder de una banda de secuestradores que opera en la Cota 905, específicamente en el sector conocido como La Chivera. Pero esta fría descripción no hace honor a la importancia que esta figura ha tenido en la historia de la criminalidad venezolana. Cuando se iniciaron formalmente las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP), en julio de 2015, el lugar escogido para la gran redada fue precisamente el predio de Coqui. En esa oportunidad, los cuerpos policiales mataron a 16 personas. Pero Revette salió bien librado, al igual que sucedió durante otras tres operaciones llevadas a cabo posteriormente en el mismo sector. El hombre de 39 años de edad parece disponer de información privilegiada. Desde entonces han pasado más de tres años, y Coqui sigue allí, celebrando. Solo que ahora, desde luego, tiene menos competencia. Las policías le han hecho el favor.

Denuncian al Sebin por no trasladar a Vilca Fernández a centro de salud

Representantes de la Juventud del partido Voluntad Popular (VP) en Caracas denunciaron la noche de este sábado, 28 de abril, que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) había negado el traslado al preso político Vilca Fernández a un centro de salud, luego de haberse desmayado dos veces dentro de su celda.

El reclamo fue respaldado por Ana Karina García, directora en el ámbito nacional de la Juventud de la tolda naranja, quien responsabilizó al director del Sebin, Gustavo González López, por la vida de Fernández.

Apuntó que los desmayos del prisionero habían sido producto de subidas de tensión.

Fernández –reconocido como preso político por Amnistía Internacional, al igual que el líder de VP, Leopoldo López– está detenido desde el 31 de enero de 2016.

Canadá celebró sanciones de Unión Europea contra siete funcionarios venezolanos

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El Ministerio de Exteriores de Canadá celebró el lunes las sanciones impuestas por la Unión Europea a siete funcionarios venezolanos, a quienes responsabiliza por la represión en las protestas en 2017, “la falta de respeto a los principios democráticos” y violaciones a los derechos humanos.

“La comunidad internacional no tolerará más abusos del régimen de Maduro. Canadá da la bienvenida a la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones. Estamos con nuestros aliados defendiendo la democracia y los derechos humanos en Venezuela y alrededor del mundo”, escribió el ministerio canadiense en Twitter.

Entre los funcionarios sancionados destacan el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello; la presidenta del CNE, Tibisay Lucena; el presidente del TSJ, Maikel Moreno; el ministro de Interior, Néstor Reverol; el excomandante de la GN, Antonio Benavides Torres; el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab y el director del Sebin, Gustavo González López.

Las sanciones implican el congelamiento de bienes y la prohibición de entrada a territorio europeo.

Canadá es parte del Grupo de Lima, que el lunes, luego de formalizadas las sanciones, informó que se reuniría este martes 23 de enero en Santiago de Chile. Entre los temas previstos evaluará el progreso de la ronda de diálogo llevada a cabo en República Dominicana.

 

Cabello, Reverol y Moreno entre los sancionados por la Unión Europea

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Según la agencia de noticias AFP, los países integrantes de la Unión Europea aprobaron este jueves sanciones contra siete funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por la represión en Venezuela.

Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio europeo.

En su reunión semanal, los embajadores de los Estados miembros de la UE lograron un acuerdo político para someter a medidas restrictivas a una lista de siete altos personeros del gobierno venezolano, informaron a EFE fuentes europeas.

Entre las personas incluidas en la lista figuran el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

La decisión se formalizará la próxima semana en el Consejo, y coincidirá con la reunión de ministros de Exteriores que se celebra este lunes en Bruselas, aunque el trámite podría demorarse unos días.

Las sanciones están ya acordadas y se suman a las impuestas en noviembre: un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la represión interna en Venezuela.

Los ministros abrieron entonces la puerta a la posibilidad de imponer medidas selectivas contra los responsables.

La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Catherine Ray, reiteró este jueves, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE), que la UE mantiene su mensaje político y apoya firmemente los esfuerzos para una solución negociada a la crisis de Venezuela.

Unión Europea podría aprobar sanciones a siete funcionarios venezolanos

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Siete funcionarios de alto rango venezolanos podrían enfrentar sanciones de la Unión Europea a partir de la próxima semana, incluido el poderoso presidente de la Corte Suprema, dijeron diplomáticos, mientras el bloque europeo busca presionar al presidente Nicolás Maduro a resolver la crisis política.

Las prohibiciones de viajes y el congelamiento de activos, que los embajadores ante la UE aprobarían el jueves, seguirán a sanciones impuestas el año pasado por Estados Unidos y marcan una postura más firme de las capitales europeas que habían buscado una solución sin recurrir a medidas punitivas.

“El gobierno (venezolano) ha aplastado a la oposición y es culpable de abusos a los derechos humanos, así que creemos que es tiempo de enviar un mensaje fuerte”, dijo un diplomático europeo involucrado en las discusiones.

Señalada como dictadura por Francia y Estados Unidos, el gobierno de Maduro también es acusado por muchos países de arrastrar a Venezuela hacia el autoritarismo y arruinar una economía que aún cuenta con las mayores reservas mundiales probadas de petróleo.

Dos diplomáticos europeos dijeron que los probables sancionados serían funcionarios de alto rango encargados de las fuerzas de seguridad acusados de abusos generalizados, particularmente durante las protestas antigubernamentales del año pasado.

La lista de sancionados podría cambiar, dijeron los diplomáticos, pero actualmente incluye al jefe del Distrito Capital en Caracas, Antonio José Benavides Torres; al ministro del Interior, Néstor Reverol; el director nacional de Inteligencia, Gustavo González López y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Sin embargo, al contrario que Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea no pretende sancionar al propio Maduro, buscando en lugar de eso presionar a su entorno pero permitiéndole la opción de viajar a cualquier conversación futura.

Si los embajadores de los 28 países de la Unión Europea llegan a un acuerdo para las sanciones el jueves, probablemente serán adoptadas e impuestas en algún momento de la próxima semana, afirmaron los diplomáticos.

Gobierno lanza alerta roja de Interpol contra Nixon Moreno, Patricia Poleo y Roderick Navarro

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Las autoridades venezolanas están tras la pista de 23 personas presuntamente implicadas en el asalto al fuerte Paramacay, una unidad militar ubicada en el litoral del país, informó hoy el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González.

El funcionario indicó que otras 18 personas ya fueron detenidas por estos hechos, entre ellos el excapitán de la Guardia Nacional Juan Caguaripano y el primer teniente del Ejército Yefferson García, aparentes líderes de esta operación ocurrida el pasado domingo y que se saldó con dos víctimas mortales.

González detalló que 6 militares desertores y “otros dados de baja” formaron parte del “acto terrorista” que terminó con el robo de armas de una unidad blindada, algunas de las cuales ya fueron recuperadas por las autoridades.

González remarcó que entre los detenidos hay militantes de la oposición política, exagentes militares y policiales, representantes de gremios e integrantes de la Iglesia. Casi todos naturales del estado Carabobo, donde se produjeron los hechos.

Asimismo, anunció que el Estado venezolano por orden del Gobierno de Nicolás Maduro libró “órdenes de captura internacional” con solicitud de código rojo a Interpol contra nueve personas “por estar involucrados en actos que atentan contra la estabilidad y la paz la patria”.

Entre esas personas están la periodista venezolana Patricia Poleo, los exdirigentes estudiantiles Nixon Moreno y Roderick Navarro, y varios hombres que formaron parte de los cuerpos de seguridad del país.

“Estos hechos guardan relación con la permanente acción delictiva de grupos opositores que pretenden el derrocamiento del Gobierno (…). Estamos seguros de que serán objeto de las acciones que se emprenderán para hacer justicia bajo la tutela de la Asamblea Nacional Constituyente y las nuevas autoridades del Ministerio Público”, sostuvo González.

El jefe del Sebin agregó que se ordenó además el congelamiento de las cuentas bancarias de entidades supuestamente vinculadas con los “terroristas”, entre ellas una empresa, una clínica privada y una hacienda, todas ubicadas en la región donde se concretó el asalto.

El general Reverol, el coronel Lugo y el helicóptero, por Eddie Ramírez

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Maduro y Padrino convencieron a sus fanáticos de que somos una potencia militar. Considerando los cinco mil seiscientos millones de dólares gastados en armas, más de uno se tragó ese cuento. Algunos quizá titubearon, pero dejaron el recelo  al constatar que nuestra Fuerza Armada cuenta con más de dos mil generales de brigada y de  división, una docena de mayores generales y varios generales en jefe, entre estos últimos Gustavo González López, comandante de la Policía Nacional, ascendido por violar los derechos humanos y como premio por haber sido imputado por la Fiscal. La duda cartesiana terminó de disiparse al  admirar la cantidad de condecoraciones que esgrimen orgullosos nuestros generales. Con ínfulas los rojos exclamaron ¡Somos una potencia militar!

El “imperio mesmo” nos temía y por ello no se atrevía a “pisar el suelo sagrado de la patria”. Solo los hermanos Castro tenían rueda libre para imponernos su “mar de la felicidad”, no porque fuesen más potencia militar que la nuestra, sino porque regímenes totalitarios deben apoyarse para enfrentar el peligro de las democracias. Lamentablemente, “qué presto se fue el placer como diría el poeta Jorge Manrique. Hechos recientes derrumbaron ese mito. El general Reverol, el coronel Lugo y el helicóptero son los responsables del desprestigio. Ahora estamos expuestos a que incluso San Cristobal y Nieves o San Vicente y las Granadinas nos invadan para reclamarnos el compromiso de enviarles  más petróleo por haber apoyado  a la dictadura en la OEA.

El general Reverol, ministro del Interior, inició el descrédito al declarar que la Base Militar  de La Carlota, fue “asediada” y ello obligó a sus valientes defensores a repeler la agresión con todo su poder de fuego. El problema, para Reverol y el prestigio de nuestra Fuerza Armada, es que varios videos mostraron que los supuestos sitiadores eran estudiantes que  arrojaban piedras a los soldados ubicados detrás de las rejas. Sin embargo,  para rechazar a ese gran ejército,  los policías militares decidieron fusilar al que tenían más cercano, que resultó ser el joven David Vallenilla. ¿Qué pensarán  de nuestra Fuerza Armada los demócratas del mundo?

La otra “hazaña” que desprestigió a nuestros uniformados fue  la cobarde acción del coronel Vladimir Lugo, al empujar al abogado  Julio  Borges, presidente de la Asamblea Nacional, quien le reclamó al gorila por la agresión a dos diputadas que solicitaban información sobre unas misteriosas cajas que Lugo había introducido en algo que llamó “el parque de armas” ubicado en  la Asamblea. “Yo soy el comandante de la unidad militar”, rugía el cobarde gorila mientras empujaba al presidente de la Asamblea y en su rudimentario castellano se refería a “una diputada femenina”. Por su heroico gesto, Maduro le otorgó la Orden del  Gran Collón ¿Estos son los oficiales que comandan  una Fuerza Armada “potencia militar”?

La guinda de la torta fue el episodio del helicóptero piloteado por un efectivo policial del CICPC de nombre Oscar Pérez,   quien decidió evidenciar su descontento con el régimen apoderándose  de un helicóptero de ese organismo. Sobrevoló Caracas con letrero alusivo al artículo 350 de la Constitución y cuando se cansó de exhibirlo, lanzó un par de granadas sobre la sede del TSJ y siguió su paseo hacia el litoral central ante la mirada asombrada de los  militares  ¿ Y las defensas aéreas? ¿ Y los aviones de última generación para interceptar naves  enemigas? ¿Y los costosos radares adquiridos?   ¡Qué vergüenza!

La Fuerza Armada que exige el país debe ser respetuosa de la Constitución y por lo tanto de los ciudadanos. Ante los desafueros cometidos por algunos de sus miembros debe reaccionar y demostrar que en la institución no todos son unos bárbaros. Lo menos traumático para salir de la crisis es que presione la renuncia de Maduro y se forme un gobierno de transición.

Como (había) en botica: Borges actuó correctamente. Si hubiese repelido la agresión del gorila Lugo,  hubiese dado pie a más atropellos y el régimen lo hubiese acusado de “agresión al centinela”. Con su actitud, demostró la diferencia entre un demócrata desarmado y un desaforado coronel. Canadá celebró sus 150 años. Receptor de 250.000 inmigrantes por año a quienes ofrece enseñanza gratuita del inglés y del francés y orienta para la consecución de empleo.  Multicultural, con una  calidad de vida envidiable, una democracia ejemplar que condena a los gobiernos dictatoriales del mundo, inclusive al de Maduro. Con un sistema de salud del Estado que es bueno en cuanto a prevención, aunque con  mucho tiempo de espera para acceder a un especialista, salvo casos de gravedad. La educación es muy buena y los estudios universitarios son costosos, aunque hay programas  de ayuda económica. La reválida es difícil para profesionales de la salud. Para ejercer cualquier trabajo se requiere una certificación. El recién llegado debe ir dispuesto a empezar por abajo, pero es un   gran país para vivir ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

 

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