De la noche a la mañana, la yunta Harrington-González López se convirtió en una carga imposible de llevar para el régimen, acosado por sus aliados internacionales a partir de la muerte del concejal Fernando Albán
@javiermayorca
En la policía política, las principales razones para quitar y poner a sus directores son políticas. Que nadie se engañe: este despacho, adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, no es un bastión para la defensa de los valores democráticos. Su propia reglamentación interna lo define como una herramienta para la preservación y la consolidación del proceso político, antes liderado por Hugo Chávez, hoy por Nicolás Maduro.
Desde febrero de 2014, el mayor general del Ejército Gustavo González López asumió esta tarea con denuedo. Heredó la estructura para la represión diseñada por Miguel Rodríguez Torres, y la elevó hasta niveles antes nunca vistos. Claro está: en el camino él sabía que no todos en sus filas actuarían guiados por una convicción revolucionaria. Sabía que era necesario hacerse de la vista gorda ante esos deslices de los “muchachos” del comisario Calderón en Investigaciones Estratégicas, o los de Contra, que se redondeaban con uno que otro secuestro en el Country, o mediante la extorsión a los presos de conciencia y a esos que conocían como “población”. Había para todos: 400 mil bolívares de los de 2017 por dejar pasar un celular, o los millones que el Turco Walid pagaba para llevar una vida más o menos digna en El Helicoide. Todos allá adentro lo sabían.
Pero esto era lo de menos, a los ojos del Gobierno. Realmente, hace dos meses, hubiese sido imposible predecir la salida del Sabueso. Las quejas de volumen creciente en foros internacionales por el trato inhumano a los detenidos, que incluían sistemáticas golpizas y torturas como la famosa “crucifixión”, aún no pasaban de ser un secreto a voces en el país. La muerte de Rodolfo González, “suicidado” en marzo de 2015 en una de las mazmorras, no solo fue convenientemente encubierta. Además, según testimonios de ex presos, fue utilizada como medio de amedrentamiento. El cadáver del Aviador fue sacado de la celda y abandonado durante horas en un pasillo, a la vista de todos.
En septiembre, González López parecía atornillado en su cargo, eficaz como ninguno para impartir terror desde la maquinaria del Estado y desmantelar todo atisbo de oposición.
Hasta que ocurrió la muerte del concejal Fernando Albán.
El 8 de octubre representó un auténtico punto de quiebre, por lo menos en el Sebin.
Los efectos de este suceso comenzaron a verse donde menos lo pensaban: en España. El cogobierno Psoe-Podemos, que llegó al poder tras la destitución parlamentaria de Mariano Rajoy, iba en un lento viraje para alinearse con el madurato. Ya habían dado prueba de ello, al oponerse públicamente a nuevas sanciones para el régimen, a través de la Unión Europea.
Pero allá aún existe un balance de poderes. Y la muerte del edil, calificada sin ambages como un “asesinato” a manos de la policía política, durante debates parlamentarios a los que acudía Sánchez, puso un frenazo al maridaje.
La secuencia de hechos no da pie a dudas. España –en la actualidad, firme creyente de una salida negociada a la crisis venezolana- aprovechó la conmoción ocasionada por el caso Albán para lograr de una vez por todas la liberación y el destierro de Lorent Gómez Saleh. Este caso era una especie de punto de honor para el régimen. Durante las negociaciones que posibilitaron la libertad de varios de sus compañeros de celda, el Gobierno había reiterado que este activista no saldría. Pero ocurrió la “caída de altura” de Albán, y las cosas dieron un giro radical. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez envió en misión oficial al secretario de cooperación para Latinoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, en Caracas ya habían tomado la decisión de dar un salvoconducto a Gómez Saleh.
Al ex preso político no le impusieron voto de silencio en su nuevo destino. Apenas se bajó del jet en Barajas hizo todo lo posible para dejar al descubierto ante la comunidad internacional el sistema instaurado por González López y su pareja, la entonces vicefiscal Katherine Harrington.
Ante este escenario, el Gobierno optó por aplicar tácticas de “reducción del daño”. De repente, la dupla Harrington-González López dejó de ser la estrella de la represión y se convirtió en un lastre demasiado pesado. Primero, destituyeron a la abogada mediante un decreto constituyente, el 19 de octubre. Una semana después, el mayor general también fue cesanteado. En ninguno de estos casos hubo declaración oficial. La fracción madurista sabe que ambos cuentan todavía con poderosos aliados, de los que gustan jugar la “carta dura”.
A estas alturas, es probable que González López se sienta traicionado. Es por eso que, según fuentes de la policía política, se negó a hacer entrega formal a su sucesor, el general de división (Ejército) Manuel Cristopher Figuera. Hubo un acto administrativo, durante el cual él entregó la dirección, y luego llegó su reemplazo, mano derecha del general Hernández Dala en Contrainteligencia Militar, quien ahora tiene en su alforja todo el aparato de espionaje, y quizá pase a ser el militar más poderoso del país.
Breves
-Un sombrío panorama en materia de seguridad ciudadana le espera a Venezuela en los meses por venir. Por una parte, el municipio Libertador ya rebasó al estado Vargas como el lugar con la tasa más elevada de delitos en general. En la actualidad, la diferencia entre ambas localidades es de unos 20 puntos. Y eso que Vargas estuvo en la delantera hasta julio. Esto es consecuencia del acelerado impacto que está teniendo en Distrito Capital una ola de delitos contra la propiedad. Aunque lo nieguen los voceros gubernamentales y hagan todo lo posible por mantener artificialmente bajas las estadísticas, en las calles de la capital se siente: hay más delincuentes y actúan con mayor frecuencia. En los estados fronterizos con Colombia, la situación se torna aún más compleja. La combinación drogas/grupos irregulares está originando brotes de violencia armada. Y vendrán más. Este año, Naciones Unidas calcula que en el país vecino hay 209 mil hectáreas cultivadas con coca, un récord para el siglo XXI que va aparejado con un mejoramiento en la productividad por hectárea. Ahora, la coca ha sido potenciada genéticamente. Una de las zonas con mayor densidad en cuanto a siembras de este arbusto está en el eje Tibú-Rio de Oro. Allí se concentra el 9% del total de plantíos. Algunos están en Zulia, otros en Táchira. La salida “natural” de esta producción no es por el Pacífico sino por Venezuela. Por ahora, el control de este trayecto se lo disputan el ELN y los llamados “pelusos” o miembros del Ejército Popular de Liberación, donde han recalado ex integrantes de las FARC. Pero esta violencia no es del todo “importada”. Allí también participan venezolanos, que han servido de anfitriones a guerrilleros y bandoleros.
– A partir del lunes 29 se hicieron virales en las redes de mensajería los videos de una celebración, presuntamente llevada a cabo el fin de semana anterior en la platabanda de una vivienda de la Cota 905, en la que participaron varios de los individuos que figuran en la lista de “los más buscados” por el Gobierno. Primero entre ellos está Carlos Luis Revette, alias Coqui, descrito por Relaciones Interiores como el líder de una banda de secuestradores que opera en la Cota 905, específicamente en el sector conocido como La Chivera. Pero esta fría descripción no hace honor a la importancia que esta figura ha tenido en la historia de la criminalidad venezolana. Cuando se iniciaron formalmente las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP), en julio de 2015, el lugar escogido para la gran redada fue precisamente el predio de Coqui. En esa oportunidad, los cuerpos policiales mataron a 16 personas. Pero Revette salió bien librado, al igual que sucedió durante otras tres operaciones llevadas a cabo posteriormente en el mismo sector. El hombre de 39 años de edad parece disponer de información privilegiada. Desde entonces han pasado más de tres años, y Coqui sigue allí, celebrando. Solo que ahora, desde luego, tiene menos competencia. Las policías le han hecho el favor.
