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Gobierno de Transición

El conuco es una pequeño terreno apto para la agricultura en el cual el campesino y su mano de obra familiar siembran varias especies generalmente asociadas y sin la aplicación de tecnología moderna. La producción obtenida es para consumo propio, con pequeños excedentes para el mercado. El conuquero vive pobre y muere pobre. Sus hijos emigran a los centros poblados para poder progresar. Venezuela se asemeja a un conuco: la producción es muy baja, cada quien atiende su propia parcela, quienes dejaron de trabajar y los que todavía tienen empleos se convirtieron en pobres y los que emigran en búsqueda de mejores oportunidades, sufren las penurias de empezar a desmontar la nueva parcela para poder sembrar y luego cosechar.

El conuco persiste en zonas con escasez de suelos aptos para cultivos, elevada población campesina y ausencia de otras oportunidades, lo cual obliga a sembrar áreas de tamaño reducido para subsistir, aunque sea a duras penas. Desde luego que este sistema de producción tiene la ventaja de ser amigable con el medio ambiente, al requerir menos uso de productos químicos y conservar los suelos, pero promoverlo es condenar al campesino a ser esclavo de la tierra y a los citadinos a pasar hambre. Ese es el sistema de producción que predican Maduro y sus acólitos. Algunos pensarán que es por ignorancia, pero los más estamos convencidos que es para que agricultores y consumidores dependamos de las dádivas del régimen.

Ningún país puede reducir la pobreza y alimentar a su población en base a conucos. En esta Tierra de Gracia la agricultura ha ido del timbo al tambo. Hemos contado con algunos buenos ministros de agricultura y otros muy malos. La rotación ha sido muy elevada. En los últimos años del siglo pasado hubo dos importantes esfuerzos para darle a la agricultura el estímulo requerido para un crecimiento sostenido. Uno de ellos fue bajo la conducción de Felipe Gómez Álvarez (AD), quien estableció por decreto precios muy atractivos para los principales rubros. Algunos criticaron que fueron subsidios muy elevados, pero con ello se logró el objetivo inicial de darle a la agricultura un gran impulso.

 

El otro fue el esfuerzo concertado de Nidia Villegas (Copei) para elaborar un Plan Agrícola de largo plazo, que no logró su objetivo por los cambios de gobiernos. Desde que los rojos llegaron al poder solo el fallecido ministro JJ. Montilla merece respeto. Ahora, un grupo de distinguidos profesionales del sector agrícola y eficientes productores del campo han elaborado una plan para la recuperación de nuestra agricultura, lo cual debe ser prioritario para el nuevo gobierno.

El resto de los sectores del país han tenido los mismos vaivenes. Hay una bonanza ficticia cuando aumenta el precio del petróleo y volvemos a la realidad cuando los precios disminuyen. Algunos dirigentes del pasado y del presente se han concentrado en sus respectivas parcelas para defender intereses personales o de tolda política. Son, unos más, otros menos, unos conuqueros por decisión propia y no obligados por las circunstancias, como los desvalidos campesinos que luchan para subsistir.

La responsabilidad del desastre del sector agrícola, del energético y del resto de la economía es del nacorégimen. Por ello es lamentable que parte de nuestra dirigencia de oposición no esté aportando lo mejor de sí para que el usurpador Maduro y su grupo dejen el poder lo antes posible. Es el colmo que ni siquiera puedan imitar a los campesinos y acordar una cayapa o una “mano vuelta”, para realizar trabajos que ameritan unirse para lograr esa salida. Tampoco ayudan los tuiteros que por su cuenta disparan dardos contra el presidente (e ) Guaidó, sin considerar el esfuerzo que realiza con los pocos medios de que dispone.

Guaidó y la Asamblea Nacional trazaron una ruta : fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esa secuencia es la deseable, pero no puede descartarse que primero se realicen elecciones presidenciales, siempre que estas sean libres, lo cual llevaría al fin de la usurpación y, necesariamente, a un gobierno de transición para enderezar los entuertos. Lamentablemente, sin medir las propias fuerzas y sin esperar acontecimientos, algunos luchadores por la democracia pontifican que no se cuente con ellos si primero son las elecciones.

El conuco en el sector agrícola no permite sacar al campesino de su pobreza. El conuco político de algunos opositores es uno de los factores que dificultan salir de este totalitarismo aderezado con narcotráfico.

 

Como (había) en botica: Las protestas pacíficas son bienvenidas en cualquier democracia, pero los actos de vandalismo en Chile no pueden justificarse. Tampoco explicarse solo por la desigualdad social o la pobreza, las cuales existen pero con clara tendencia a disminuir. En los mismos hay indudable participación de agitadores de extrema izquierda, pero también de un grupo de gamberros o malandros, así como de personas que quieren tener todo con muy poco esfuerzo. La situación en la Pdvsa roja es cada día más crítica con tomas de instalaciones, por sus trabajadores, robos de equipos, corrupción y renuncias ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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Guaidó cambió su agenda, por Carlos Blanco
  1. GUAIDÓ CAMBIÓ SU AGENDA, que estipulaba como primer punto “el cese de la usurpación”, entendida como la salida del régimen y su asunción como presidente de la República en un gobierno de transición que concluyese en unas elecciones libres y limpias.
  2. Este cambio puede haber ocurrido por considerar que la salida inmediata del régimen se hizo inviable porque aunque hay apoyo de la opinión pública mayoritaria del país y de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil, no tendría apoyo de la Unión Europea y de la mayoría del Grupo de Lima. Guaidó, así se habría plegado no a Estados Unidos (que ni propició ni comparte las operaciones de Noruega y Barbados), sino a Europa.
  3. La tesis, entonces, sería buscar afanosamente elecciones sobre la razonable hipótesis de que si son “medianamente libres”, como algún sofista argumentó, no habría forma de perderlas. Por esta razón, lo que se sabe del diálogo es que se ha concentrado en el sistema electoral y la oportunidad de realización de elecciones; los delegados de Guaidó insisten en que Maduro abandone la Presidencia (que “el usurpador” acceda voluntariamente a “cesar la usurpación”) y los del régimen se oponen; pero, en la práctica, la insistencia en el tema electoral empujado sin rubor por los europeos, tiene como hipótesis la de que eventualmente podrían competir Guaidó y Maduro. Este último podría retirarse de “la Presidencia” unos meses antes de las elecciones y así se habría cumplido “el cese de la usurpación”.
  4. ¿Por qué afirmo que en la práctica hay un cambio de agenda? Porque a pesar de que se diga y rediga que el orden de prioridades no ha cambiado, ya se observa que Guaidó anda en campaña electoral, sobre la base de la idea de que debe imponerse en su propio partido y que si la usurpación no cesa, el país democrático estaría obligado a respaldar al candidato único opositor. Por el contrario, si el régimen es el que cesa y las elecciones son verdadera y francamente libres (no “medianamente libres”), no habría razón alguna para candidaturas únicas.
  5. Lo que soslaya todo este galimatías es una cuestión básica: Maduro y toda la banda descompuesta que lo acompaña no quieren, ni pueden disponerse a abandonar el poder voluntariamente, y la amenaza mortífera que lo podría obligar no se puede articular mientras los diálogos adormecedores sigan.
  6. Estimo que una rectificación de Guaidó es posible y es necesaria. Posible porque pienso que comprenderá en algún momento que no puede pasar impune de Presidente de todos a candidato, sin que se erosione su prestigio gravemente; necesaria, porque es la persona que en virtud del artículo 233 de la Constitución puede encabezar una vasta coalición nacional e internacional para, entonces sí, salir del régimen sin Maduro, sin Padrino, sin el Maikel y toda la pandilla.
El orden de los factores y el producto, por Ángel Oropeza

SIN ÁNIMOS DE OFENDER a la inteligencia de quienes leen esto, comencemos con recordar una precisión teórica necesaria y básica: todo pensamiento o diseño estratégico parte de la definición de un objetivo, luego de lo cual se establecen o planifican los pasos requeridos para alcanzarlo. En consecuencia, los pasos se definen en función del objetivo. Esto es, son útiles en la medida que nos acercan o contribuyen a la consecución del objetivo planteado. Es el objetivo lo que importa. Los pasos son herramientas para alcanzarlo.

En el diseño estratégico de lucha de la oposición democrática venezolana, el objetivo es claro y compartido por todos: la finalización cuanto antes de la dolorosa tragedia humanitaria que sufren los venezolanos, lo cual no es posible sin la urgente superación de la dictadura.

Para lograr este objetivo se han establecido una serie de pasos, simplificados de manera didáctica en terminación de la usurpación, conformación de un gobierno de transición y  realización de elecciones libres. Por supuesto, cada uno de estos pasos supone a su vez un conjunto de tácticas, que son las acciones necesarias y tareas concretas para desarrollar esa estrategia.

Ahora bien, una condición indispensable para que una estrategia resulte exitosa es su viabilidad práctica, lo que implica –entre otras cosas– su capacidad para adaptarse y responder a la naturaleza cambiante del entorno que enfrenta. Es por ello que el orden original de los pasos de una estrategia diseñada es uno, y su factibilidad real (que es producto de las circunstancias inciertas y muchas veces impredecible de la lucha política) una vez que ella comienza a ejecutarse puede ser algo distinto. Lo importante es que no se abandone ni se sacrifique el objetivo.

En días recientes algunos opinadores han salido –seguramente de muy buena fe– a exigir el respeto estricto al orden original de la estrategia cuando fue diseñada (esto es, antes de comenzar a ser desarrollada en la práctica), y a denunciar como sacrílego cualquier intento de modificar su secuencia inicial.  Si bien algunos de sus argumentos resultan interesantes y válidos, quienes así se expresan olvidan que la estrategia siempre debe ser evaluada en función de su factibilidad concreta. Y si el objetivo es alcanzable por una secuencia distinta a la prevista, esa es la secuencia correcta. Así, por ejemplo, puede que las circunstancias conduzcan a que el cese de la usurpación se logre por una elección que garantice el respeto a la voluntad de las mayorías. Si esa resulta en la práctica la forma más rápida o factible de alcanzar el objetivo, ello es lo que verdaderamente importa. Aquí la clave es el producto, no el orden de los factores.

Pero más allá de esto, lo que está resultando peligroso es que esta discusión sobre la secuencia estratégica originaria vs la factible nos está haciendo olvidar que lo crucial –y lo que el país realmente reclama–  es que nos pongamos de acuerdo para trabajar con urgencia en lo que todos parecen coincidir, y es que sin presión social no hay salida posible, no importa la secuencia.

Hay que decirlo con claridad: si no hay una presión social contundente, sostenida y sistemática, ninguna de las “secuencias” estratégicas que hoy se discuten podrá tener éxito. Por ello, es urgente no abandonar y seguir fomentando la movilización social cívica y la protesta pacífica permanente y creciente, articulándolas y dándoles contenido político, generando en conjunto con el resto de las formas de presión y lucha cívica (tales como la negociación y la presión internacional), las condiciones que precipiten una salida constitucional del gobierno.

Si a pesar de nuestras diferencias, todos asumimos esta tarea común y nos lanzamos a la única acción urgente y necesaria de presión social que reclama este momento histórico, no solo construiremos en la práctica la verdadera unidad que demandan los venezolanos, sino que estaremos generando las condiciones políticas que conduzcan al éxito de la estrategia democrática, sea cual sea su secuencia de ocurrencia.  Sin estas condiciones derivadas de la presión social, el cambio del régimen y la superación de la crisis seguirá siendo un irrealizable e insatisfecho anhelo.

Si estamos unidos en el objetivo, que no nos separe ni la táctica ni el orden de los pasos para alcanzarlo. Sin embargo, como hemos dicho otras veces pero es necesario repetirlo, el problema no es ponernos de acuerdo en cómo es el final, sino hacer lo que se requiere para que haya un final. 

 

@AngelOropeza182

El Nacional

Debate en Mercosur priorizó la crisis de Venezuela

L A CRISIS DE VENEZUELA fue el centro del debate político entre los jefes de Estado que, este miércoles, acudieron a la ciudad de Santa Fe (Argentina) a la cumbre semestral del Mercosur, bloque del que ese país se encuentra actualmente suspendido.

El anfitrión de la cita regional, el presidente argentino, Mauricio Macri, afirmó que reconoce a la Asamblea Nacional como órgano legítimo del país, y expresó su solidaridad con Venezuela y la crisis humanitaria de la que actualmente es víctima a causa del régimen despótico de Nicolás Maduro. Además, reclamó al mismo que «deje de obstruir la transición democrática y cese con las violaciones de derechos humanos de los venezolanos».

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sostuvo que la crisis social, política y económica que vive Venezuela nació «a partir del populismo y de la irresponsabilidad de un proyecto de país que no tuvo límites».

“No queremos lo que pasa lamentablemente con Venezuela. Le pedimos a Dios que nos dé fuerza e inteligencia y que el destino de Venezuela sea el mismo que tenemos nosotros, es decir, la democracia, la libertad y la prosperidad”

Por su parte, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, recordó a todos los presentes que «uno de los pilares fundamentales del Mercosur es la concertación política, la cual debe traducirse en mecanismos que garanticen la vigencia plena del Estado de Derecho y la Democracia».

“Nuestra solidaridad para esa gran Venezuela que estoy optimista de que en poco tiempo su pueblo protagonizará la vuelta a la democracia de esa gran nación hermana”

En cuanto a los demás miembros del debate, los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, de Bolivia, Evo Morales, y de Chile, Sebastián Piñera, respectivamente, optaron por no emitir palabra alguna con relación a la crisis que vive Venezuela.

En agosto del año 2017, el Mercosur suspendió a Venezuela debido a la ilegítima toma de posesión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pero a pesar de esta suspensión adoptada por consenso, la posición de los miembros del bloque no es del todo unívoca respecto a la situación en Venezuela, persistiendo así la constante de cómo ayudar para lograr el cese de la usurpación.

 

*Con información de EFE 

Abusos de las fuerzas de seguridad del Estado reportadas en el informe del ACNUDH a la luz de los datos del Monitor de Víctimas y Caracas Mi Convive

@gsardi90

 

EL PASADO 4 DE JULIO, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) presentó su informe acerca de la grave crisis humanitaria y de institucionalidad que vive Venezuela actualmente. Entre los elementos que el informe logra visibilizar, se encuentran las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos por parte de organismos de seguridad del Estado.

Estas prácticas no solo constituyen un daño directo a las víctimas, a sus familiares y allegados, sino que a su vez representan un claro deterioro de las libertades y derechos de todos los venezolanos, sobre todo de aquellos que pertenecen a los sectores sociales más excluidos, quienes son el objetivo principal de estos abusos desde el Estado.

Monitor de Víctimas, desde 2017 y Caracas Mi Convive desde 2013, han venido registrando, publicando e interviniendo sobre la violencia policial en Caracas. En este sentido, a continuación serán presentados datos y experiencias que permiten ampliar la información publicada por ACNUDH el pasado 4 de Julio.

“Los escuadrones de la muerte”

En primer lugar, el informe reporta: Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”.

Monitor de Víctimas ha registrado, desde mayo de 2017 hasta Mayo de 2019, que las fuerzas de seguridad del Estado son responsables de alrededor del 30% de las muertes violentas en la zona metropolitana de Caracas, a su vez, a nivel nacional datos oficiales sugieren una proporción similar.

Le puede interesar: Informe de Monitor de Víctimas 2016, 256 personas murieron en manos de las FAES

En relación a los datos oficiales sobre letalidad policial en Venezuela, existen limitaciones en su registro, cuantificación y tipificación. El Estado históricamente ha reducido el registro de las muertes violentas en dos categorías: “homicidios” y “resistencia a la autoridad”. Los homicidios se refieren a muertes causadas por civiles y resistencia a la autoridad son aquellas que son causadas por organismos de seguridad del Estado. El llamarlo “muerte por resistencia a la autoridad” hace más difícil el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, ya que la misma terminología sugiere que en todos los casos hubo un uso proporcionado de la fuerza o el uso de la legitima defensa por parte de los funcionarios.

Expertos en el área sugieren que, en países con altos niveles de criminalidad y poca institucionalidad capaz de hacer contraloría policial, cuando las muertes en manos de fuerzas de seguridad del Estado sobrepasan la proporción de 10 civiles muertos por cada funcionario, se debe sospechar de un uso desproporcionado de la fuerza. La tasa “por muertes por resistencia a la autoridad” en Venezuela, según datos oficiales, es de 17.61 en el 2017 (5.283 muertes) y 16.80 (5.040 muertes) en el 2018, estos números son 5 veces mayor a la proporción de 10 civiles por policía previamente descrita.

            A su vez, desde la creación de la FAES, este organismo ha tomado un protagonismo importante en la letalidad policial. Solo en Caracas, de acuerdo con Monitor de Víctimas, fueron responsables del 85% de las muertes cometidas por fuerzas de seguridad del Estado en el mes de Abril y en meses anteriores fueron responsables del 79% de los casos. Anteriormente, durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), no había ningún organismo que tuviera tal magnitud de proporción de ejecuciones.

7 de cada 10 de estas ejecuciones extrajudiciales ocurren dentro de los hogares de las personas, lo cual revela un grado de sistematicidad y un modus operandi que sugiere que este tipo de violaciones a los Derechos Humanos constituye una política de Estado, donde los funcionarios reciben órdenes de sus superiores para cometer dichos actos hacia objetivos específicos. Testimonios extraoficiales de víctimas de violencia policial, levantados por Caracas Mi Convive en el 2018 en la investigación cualitativa “Cuando Suben los de Negro”, confirman esta hipótesis.

 

La Mano dura y el control social

En segundo lugar, el reporte describe lo siguiente: al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social.

Los datos de Monitor de Víctimas sirven como sustento para afirmar que el control social constituye uno de los motivos principales de la letalidad policial. Monitor registró que en Enero y Abril de 2019, meses donde aumentaron las protestas, sobre todo en sectores populares, las muertes en manos de Fuerzas de Seguridad del Estado representaron el 51% del total de las muertes violentas, en el resto de los meses del 2019 han representado un número considerablemente menor, alrededor del 40%.

A su vez, las sociólogas Verónica Zubillaga y Rebeca Hanson, reportan que desde el 2009 ha existido una política de encarcelamiento masivo, donde la mayoría de las personas recluidas en centros penitenciarios y calabozos policiales son jóvenes varones de los estratos socioeconómicos más bajos. De igual forma, a pesar de que Venezuela es uno de los países con mayor tasa de homicidio, de acuerdo con PROVEA, en el 2010, el 62.4% de las personas recluidas estaban presas por robo y tráfico de droga y solo 22.7% a causa de homicidio, para este último crimen, el porcentaje de impunidad llega hasta el 90%. Lo que sugiere que la política penitenciaria en Venezuela está diseñada para castigar al más excluido y no al más violento.

Actualmente, de acuerdo a las organizaciones Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a Libertad, 65% de las personas que están en prisión no ha recibido condena, esta cifra aumenta a 90%, si solo se consideran las personas que están recluidas en calabozos policiales. Esta problemática se ve empeorada por el hecho de que la capacidad instalada de prisiones en Venezuela está a más de dos veces por debajo de la población penitenciaria que hoy en día está recluida, teniendo unos niveles de hacinamiento críticos e inhumanos.  

 

¿Qué puede hacerse con las víctimas secundarias de la letalidad policial en un gobierno de transición? Recuerdo, reparación y no repetición.

Es urgente que en un gobierno de transición las políticas de seguridad ciudadana migren de un modelo represivo a uno prioritariamente preventivo, cercano con las comunidades populares, inteligente en la investigación criminalística y estratégico en el uso proporcionado de la fuerza. Un eje fundamental de la prevención de la violencia lo constituye el no olvidar a las víctimas de la violencia institucional de todos estos años.

En países como Alemania y Chile que han pasado períodos de graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado, han trabajado con las víctimas y familiares de estos abusos mediante tres principios fundamentales: recuerdo, reparación y no repetición. El recuerdo hace referencia a que, como lo hace el informe de ACNUDH, estas muertes deben ser contabilizadas y la información debe ser de acceso público para garantizar la contraloría desde la sociedad civil y para facilitar los procesos judiciales de investigación y castigo para los culpables directos e indirectos de estas violaciones.

La reparación consiste en reconocer desde el Estado que fueron graves violaciones de Derechos Humanos e iniciar un proceso de indemnización a las víctimas por un periodo de tiempo específico. La no repetición consiste en crear estructuras visibles que garanticen que estas violaciones no van a volver a pasar, estas medidas van desde el fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia hasta la creación de monumentos y museos destinados a la memoria.

Desde la Red de Atención a la Víctima de Caracas Mi Convive hemos venido haciendo murales y eventos en homenaje a personas víctimas de homicidio y ejecuciones extrajudiciales en sectores populares del Municipio Libertador. Implementando este tipo de intervenciones hemos aprendido que, cuando existe un elemento físico visible que permita recordar al fallecido, los familiares y la comunidad logran darle un nuevo significado a estas muertes, esta vez desde la resistencia y no olvido de sus seres queridos. Consideramos que este es un ejemplo replicable de política pública, en donde, en un futuro será necesario crear nuestro propio museo en homenaje a todas las personas asesinadas injustamente en manos de fuerzas de seguridad del Estado. 

 

Plan-País: ¿programa económico o discurso político?, por Antonio José Monagas

CUANDO UNA GESTIÓN DE GOBIERNO se hace acompañar por propuestas ordenadas, se piensa en la planificación como recurso de beneficioso aporte. Así se entiende, por cuanto la planificación anima una inmensa carga de esperanza cuya racionalización induce consideraciones capaces de orientar el rumbo de una sociedad. Indistintamente, de la extracción teórico-conceptual que encarne el modelo de planificación aprovechado.

En Venezuela, la planificación se conoce desde los tiempos de Juan Vicente Gómez. Posteriormente, abarcó mayor espacio, en la administración pública. Sólo que su ejercicio se hacía a través de llamados “programas políticos”. De esa manera, sus lineamientos generales, lejos de reñir con el discurso político imperante para el momento, interpretaban la visión respecto del modelo de sociedad que buscaba construirse. Criterio éste que sigue igual aprovechándose en la actualidad para direccionar posibilidades de desarrollo guiadas por el discurso político en la coyuntura. Aunque sumado a convenientes, pertinentes y acertadas variables.

El denominado “Plan País. El día después”, presentado como razón teórica para darle sentido, dirección, representación y estructura a las propuestas que por estos días habrán de cimentar el discurso político del presidente encargado de la República, a instancia de los artículos constitucionales, 233 y 333, particularmente, pudiera devenir en interesantes resultados.

Dicho plan, al argumentar la crisis que exhibe el Estado venezolano, dada su apesadumbrada condición de “Estado-fallido” propone tres consideraciones para recuperar la institucionalidad democrática extraviada. 1. Recuperar el Estado y ponerlo al servicio de la gente. 2. Empoderar a los venezolanos para liberar a sus fuerzas creativas y productivas, y 3. Reinsertar al país en el concierto de las naciones libres del mundo.

Sin embargo, aunque dichos compromisos son inminentes en cuanto a la urgencia de sus ejecuciones, son igualmente inmodestos en términos de sus plazos. Si acaso, tales tiempos se corresponden con el lapso de la transición aludida. De no ser ésta su intención, luego de superar los embates de una transición bastante exigente, tal como habrá de suceder, entonces las propuestas presentadas como vías para alcanzar la situación-objetivo trazada, pecan de generalistas, imprecisos o difusos. Problema éste en el que incurre toda planificación normativa. Problema éste que acusan casi todos los planes de desarrollo pretendidos en Venezuela durante los 40 años de democracia, y los veinte de autoritarismo hegemónico de mano del militarismo insolente.

No es de negar que las prioridades que demanda el país, de cara a la agobiante crisis que la hundió en el marasmo, reclaman proyectos que reconozcan la gravedad de la situación. Así, no habrá de esperarse oportunidades que signifiquen sacrificios innecesarios. Contrariamente a tal ambigüedad, debe hablarse de capacidades definidas y establecidas para construir oportunidades del tamaño de cada compromiso planteado. Por consiguiente, cada vía se vería acompañada de tantas estrategias y directrices operacionales como objetivos puedan estructurarse en función de condiciones dictadas por disposiciones, recursos, data, tiempos de ejecución y criterios de eficacia, entre otras consideraciones igualmente significativas y pertinentes.

El hecho de referir necesidades de estabilizar la economía, atender la crisis humanitaria, reactivar la industria petrolera, asegurar el acceso a los servicios públicos, garantizar la seguridad ciudadana, tanto como generar confianza y seguridad integral que implique alimentación y salud, si bien indican el amplio universo de dificultades por donde debe trascender cualquier propuesta de alineación con el desarrollo económico y social, en ningún aparte se señala el detalle de cómo, cuándo, con quién, dónde y específicamente qué debe hacerse. La precisión de las mismas, no debe verse desplazada por el ruido propio del momento político toda vez que se estila el empleo de adornos lingüísticos que tienden a crear confusión . O igualmente, su exactitud operacional se ve corrida por exhortaciones muchas de las cuales no pasan de ser manifestaciones emocionales sin asidero conceptual-metodológico. O la sindéresis necesaria, por la incorrecta concepción de los objetivos del plan en curso.

Si el “Plan país. El día después” busca incitar para comenzar de inmediato la recuperación de libertades y derechos conculcados por la gestión intolerante e intransigente del régimen de facto, entonces cuentan los tiempos, el modelo de planificación a seguir, las capacidades de dirección del plan, el manejo de la incertidumbre y la viabilidad en procura. Asimismo, deben considerarse valores que asomen preceptos constitucionales con el fin de radiar el mejor ambiente político, económico y social para asentir la gobernabilidad necesaria para volver a la democracia.

No obstante al lado de tan importantes recaudos, es igualmente insoslayable sumar la intención de un ordenamiento político-jurídico y socioeconómico acorde con las circunstancias. El hecho de comprender que la viabilidad del referido plan, cuyo compromiso es íntegramente envolvente de cuanto abarca el país en términos de sus necesidades y vivas carencias, hace que su trazado conceptual devenga en una planificación participativa y concertada para que en lo sucesivo sea razón de acción y garantía de futuro sólido. De lograrse esto, pudiera entonces superarse la duda o limitación de si es el Plan-País: ¿programa económico o discurso político?

Las cuatro propuestas de María Corina Machado para un Gobierno de transición

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La coordinadora nacional Vente Venezuela, María Corina Machado, extendió a la Asamblea Nacional (AN) una lista de propuestas para reforzar el planteamiento de un Gobierno de transición al de Nicolás Maduro.

“No podemos hacer cosas que le den legitimidad y tiempo al régimen o que distraigan nuestros objetivos”, señaló la dirigente durante una rueda de prensa.

1) “Exhortamos a nombrar sin demora a los cinco rectores del CNE, no solo porque están vencidos sus mandatos, sino porque la actitud cómplice del 30 de julio hace inmoral que permanezcan en sus cargos”.

2) “Proponemos que la AN designe embajadores de Venezuela en los 40 países que han desconocido la asamblea nacional constituyente”.

3) “Exhortamos a todos los países que rechazan la constituyente a que respalden las sanciones y que impongan sanciones propias”.

4) “Proponemos crear el Fondo Internacional para la Reconstrucción de Venezuela con todos los recursos que esos bandidos del gobierno se han robado del país. Este fondo debe ser auditado por la Organización de Estado Americanos (OEA) una vez que Maduro salga del poder”.