Frontera Colombia Venezuela

El gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, pidió este miércoles a Colombia abrir la frontera con Venezuela.

Durante una transmisión en VTV, el mandatario regional indicó que quiere un libre tránsito de colombianos y venezolanos en la frontera, por lo que solicitó al gobierno colombiano permitir la apertura para el transporte.

“El presidente Nicolás Maduro le ofreció a Colombia venderle combustible. Mensualmente a Colombia ingresan 3 millones de galones de combustible de contrabando, por lo que el gobierno venezolano quiere que esos galones pasen en paz”, destacó.

Vielma Mora aseguró que quiere generar una frontera de paz y recordó además que son 6 mil familias directas que se benefician con el paso del carbón de Colombia a Venezuela en forma legal.

El pasado 3 de enero, el gobernador aseguró que el cierre de frontera hizo del Táchira el estado más seguro de América Latina. “Los objetivos en materia de seguridad fueron sorprendentes”, expresó el mandatario. Y ahora siete meses después solicita al presidente Juan Manuel Santos la reapertura de la frontera colombo-venezolana.

Las ocho casas de cambio fronterizas que el presidente Nicolás Maduro ordenó abrir este lunes 16 operarán en base a una relación de cuatro pesos colombianos por un bolívar, lo que sitúa la conversión en aproximadamente 750 bolívares por dólar.

Estas casas de cambio, enmarcadas en el Decreto de Emergencia Económica que Maduro aprobó en la rendición de la Memoria y Cuenta, nacieron como una medida para «combatir la guerra económica que mafias criminales en contra del signo monetario venezolano» de acuerdo al gobernador de Táchira, Jose Gregorio Vielma Mora.

De estas ocho casas de cambio, todas pertenecientes a Italcambio, tres se encuentran en el estado Táchira y cinco en el Zulia.

Para que los venezolanos puedan comprar o vender pesos, deben solicitar una cita a través de la página oficial de Italcambio, y consignar una serie de documentos para poder realizar el canje: original y copia de cédula de identidad, copia del RIF, un recibo público a nombre del comprador y la última declaración del ISLR, requisito que resalta la página al momento de pedir la cita. Solo personas naturales podrán adquirir pesos colombianos en las casas de cambio.

Los ciudadanos podrán comprar hasta un máximo de pesos equivalente a 200 dólares americanos de hacerse la operación en efectivo, y 300 dólares si el método es transferencia bancaria, de acuerdo a lo informado por el gobernador tachirense, quien informó además que la Superintendencia para las Instituciones del Sector Bancario Venezolano (Sudeban) será la única responsable de inspeccionar las operaciones de las casas de cambio en las entidades fronterizas con Colombia.

Si se convierten los pesos obtenidos a la tasa de cambio que el gobierno anunció, un dólar equivaldría a 736 bolívares, por lo que adquirir los montos máximos de 200 y 300 dólares costaría 147.000 y 220.800 bolívares respectivamente.

—El tipo de cambio en @italcambio será de 4 pesos/Bs
—El T/C en Colombia es de 2.945 pesos/$
—El T/C implícito Bolívar/$ sería de 736 Bs/$

— Rendivalores (@Rendivalores) January 16, 2017

“Vamos a ofertar de acuerdo al valor del dólar americano en la República de Colombia. Lo que quiere decir que si en Colombia el dólar cuesta 2.937 pesos esto lo multiplicamos por 200 dólares americanos y va a dar 587.400 pesos”, explicó.

A pesar de que no se anunció la tasa en que las casas de cambio pagarán los pesos que tanto venezolanos como colombianos quieran vender, Vielma Mora aseguró que serán «muy bien pagados». Asimismo, sobre la disponibilidad de pesos colombianos para las operaciones de canje afirmó que “tenemos en el Banco Central reservas en monedas internacionales en nuestras bóvedas”.

El vicepresidente, Tareck El Aissami, explicó este martes que la medida adoptada por el Gobierno Nacional permitirá que el dólar paralelo disminuya “naturalmente” y afirmó que las casas de cambio estarán facultadas para la compra de cualquier moneda extranjera.

*Con información de La Nación y El Universal

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes la próxima apertura de casas de cambio en San Antonio del Táchira y Paraguachón, poblaciones fronterizas con Colombia, para la convertibilidad entre el peso colombiano y el bolívar venezolano.

«He decidido autorizar la creación y el funcionamiento de casas de cambio fronterizo y autorizar la convertibilidad del peso y bolívar en territorio venezolano«, aseguró el mandatario en cadena de radio y televisión, sin precisar fechas. El gobernador del estado Táchira, frontera con Colombia, desde el 30 de diciembre anunció la para entonces próxima apertura de casas de cambio en la entidad.

Desde 2003 en Venezuela existe un férreo control de cambio, con el cual el gobierno monopoliza el acceso a divisas extranjeras.

Según Maduro, «deben abrir muy pronto» las casas cambiarias en San Antonio (Táchira, oeste) y Paraguachón (Zulia, noroeste), que limitan respectivamente con las ciudades colombianas de Cúcuta y Maicao.

El gobernante justificó la decisión al reiterar denuncias sobre «mafias» en la zona fronteriza que atentan contra la moneda venezolana para depreciar su valor.

Por esa causa, Maduro ordenó el pasado 12 de diciembre cerrar los pasos limítrofes, alegando que los billetes de mayor valor en Venezuela (100 bolívares, equivalentes a 0,15 dólares) eran acaparados en el extranjero. Actualmente solo hay tránsito peatonal.

De acuerdo con el oficialista gobernador de Táchira, José Vielma Mora, la tasa de cambio pasó de «0,64 pesos por bolívar a 1,6» luego del cierre de la frontera.

Ese cambio favorece a los venezolanos que cruzan a Colombia para comprar alimentos y medicinas escasos en su país.

«Van a tener ofertas justas de pesos, de bolívares y estoy seguro que van a estabilizar aún más la economía que queremos en la frontera», agregó Maduro.

La medida se suma a la venta de combustible venezolano en pesos colombianos en Ureña (Táchira) y Paraguachón, ordenada por el gobierno desde el pasado 2 de enero como mecanismo para combatir el contrabando.

En las estaciones de servicio especiales abiertas para ello se vende el litro de gasolina a 1.200 pesos colombianos, unos 40 centavos de dólar, un precio muy superior al del resto de Venezuela, entre 0,0015 y 0,009 dólares según el octanaje.

Las autoridades colombianas negaron este jueves que vayan a exigir pasaporte a las personas que cruzan la frontera con Venezuela donde el único documento requerido es la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo.

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, dijo en un comunicado divulgado por la Cancillería que se continuará trabajando con la Tarjeta Migratoria, utilizada por quienes se movilizan por las zonas habilitadas en la frontera, al comentar versiones que han circulado sobre la supuesta exigencia del pasaporte.

El funcionario añadió que la Tarjeta es una herramienta que facilita la movilidad en la región y ha permitido registrar e identificar a los extranjeros que se mueven regularmente por la zona.

Añadió que los controles que se aplican tienen el propósito de construir “una frontera ordenada, regulada y segura”.

Según Kruger, el pasaporte se exigirá “a aquellos que quieren ingresar más allá de las zonas autorizadas para el uso de la Tarjeta”.

Asimismo destacó que no es política de la entidad realizar cambios de las medidas sin informarlos previamente a los interesados.

La frontera colombo-venezolana, que estuvo cerrada casi un año por orden del presidente de ese país Nicolás Maduro, fue reabierta en agosto pasado y desde entonces miles de personas pasan a diario al lado colombiano especialmente para adquirir alimentos y medicinas.

Este miércoles la Asociación del Sector Automotríz y sus Partes informó mediante sus redes sociales la decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) de permitir el paso de llantas y autopartes por la frontera colombo-venezolana «siempre y cuando tengan la debida factura comercial»

La Asociación del Sector Automotríz y sus Partes en Colombia había expresado su preocupación por la restricción al paso de llantas y de repuestos desde Cúcuta hacia Venezuela mediante un comunicado dirigido al jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos.

Anteriormente el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, también había solicitado a la DIAN que permita la salida de repuestos y piezas de vehículos de su país para que ingresen en territorio venezolano.

Este es el comunicado emitido por el presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga:

-Con gran preocupación hemos visto que las autoridades colombianas han prohibido el paso de llantas y autopartes que algunos compradores venezolanos necesitan para la reparación de sus vehículos.

-Esta discriminación, pues por lo demás se puede vender todo, tiene muy molestos y preocupados a nuestros comerciantes en Cúcuta quienes han venido soportando la terriblecrueldad del contrabando los cuales pasan tranquilamente por las 320 trochas que hay entre Cúcuta y Paraguachón con el beneplácito de la Guardia Nacional Venezolana y la corrupción de dicho gobierno.

-No entendemos, señor presidente, el que nuestras mismas autoridades prohíban la venta de autopartes y llantas para el vecino país.

-Esperamos que esta discriminación, que no entendemos, sea urgentemente solucionada para un mercado que ofrece tantos impuestos y empleos a Cúcuta”.

Anteriormente el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, había solicitando a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) que permita la salida de repuestos y piezas de vehículos de su país para que ingresen en territorio venezolano.

*Con información de La Opinión

@loremelendez

DE LA FRONTERA NO ARRIBAN NOTICIAS ESPERANZADORAS. Luego de dos meses de cierre del paso, los choferes de carga internacional amenazan con protestas, los universitarios colombianos que estudian en Venezuela están a punto de perder sus semestres, los indígenas afectados reclaman por el respeto a los derechos humanos, los habitantes aseguran que los supermercados y las farmacias continúan desabastecidos y los pueblos de los límites son ahora territorios desolados. La guinda del desastre es la cifra que la Cámara de Integración Colombo-Venezolana (Cavecol) reveló este lunes: el intercambio comercial entre las dos naciones disminuyó 40% en el tercer trimestre de este año.

Desde que Venezuela y Colombia son naciones independientes, el tránsito de un lado a otro jamás se había paralizado de forma indefinida y menos por más de 60 días. Las clausuras que se habían registrado en el pasado, se habían resuelto en cuestión de horas y habían respondido a contingencias pasajeras. Hoy, lejos de las soluciones, la respuesta de los gobiernos de ambos países a esta crisis se ha dilatado en reuniones que no concluyen salidas inmediatas.

Los conflictos de la frontera no son de nueva data. Se trata de un espacio en donde el contrabando tiene una naturaleza endémica y donde la necesidad del cumplimiento de las normas no se atendió de ningún lado. Por esa misma razón, y con miras a contribuir a su mejoramiento, el Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) “José Manuel Briceño Monzillo”, de la Universidad de los Andes, elaboró hace varios años documentos como la “Zona de Integración Fronteriza Táchira-Norte de Santander” a partir de una propuesta de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que contemplaba impulsar “la complementariedad de las economías andinas (….) a fin de elevar la calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo de sus instituciones”.

El estudio fue realizado en 2005, justo un año antes de que Venezuela rompiera con la CAN e iniciara un proceso de alejamiento de Colombia que se consolidó con la intención de Bogotá de establecer un peaje internacional, la negativa de Caracas de resolver el problema de los trasbordos y desaduanajes de cargas, y la tensión diplomática entre los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Cualquier intento por hacer que lo escrito se llevara a la práctica se ha roto con el estado de excepción y el cierre de fronteras, que impuso el gobierno venezolano desde el pasado 19 de agosto.

Ser de la frontera

“Hay un sentimiento fronterizo que no se entiende desde el centro del país. Hay una amplísima relación familiar, cultural, de vínculos de un lado y de otro”, explica Francisco Javier Sánchez, abogado e investigador del CEFI, quien agrega que dentro de ese mismo intercambio constante se inscriben actividades como la compra de productos destinados al consumo familiar, no para revender, la cual nunca ha sido vista por los habitantes de la zona como algo ilegal.  Lo mismo sucede con los tratamientos y consultas médicas, cursar estudios, abrir negocios o trabajar de uno u otro lado de la frontera. La incomprensión de estos lazos ha hecho que se desestime el deterioro causado por el cierre de los pasos formales que comunican a ambos países.

Para Ana Marleny Bustamante, investigadora y directora del CEFI, las desigualdades políticas, económicas y sociales que existen entre colombianos y venezolanos han intensificado la búsqueda de mercancías y servicios más baratos a ambos lados del puente internacional Simón Bolívar.

“¿Qué deberíamos hacer para acabar con esta diferencias? Hay que lograr que una persona que viva en la frontera tenga igual ingreso, posibilidades sociales, económicas y de acceso a servicios públicos, que una que vive en Caracas o Bogotá. Que el salario sea igual, que no necesite irse a otra zona porque en todas hay el mismo valor.Trabajar en ese sentido es lo que haría que la situación de la frontera acabara. En el país, aún cuando sean pocas esas diferencias, siempre va a haber esa tendencia a mudarse o a trabajar donde haya más ventajas para vivir”, apunta. Para llevar a cabo el ideal, tanto la CAN como los investigadores se han fijado en el modelo, tan paradigmático como utópico, de la Unión Europea.

Letra muerta

A mediados de septiembre, el CEFI sentó su posición sobre los acontecimientos de la frontera a través de un documento llamado “Opinión desde la academia”. En la última parte del escrito se señalaba que el Estado venezolano tenía pendiente la promulgación de una Ley Orgánica de Fronteras desde hace 14 años, cuya creación la ordena el artículo 15 de la Carta Magna.

“El CEFI elaboró documentos y propuestas que permitieron la incorporación del tema en la Constitución, y ha contribuido en la investigación de los aspectos fundamentales que debe recoger la Ley, que aún hoy no se ha debatido ni aprobado. La actual coyuntura en las relaciones bilaterales con Colombia y Guyana, no pareciera ser un buen momento para promulgar una legislación de fronteras al calor de los acontecimientos, pero sí para que diversos equipos de profesionales puedan retomar el trabajo y consensuar un proyecto de ley equilibrado entre todos los actores sociales y el Estado”, indica el comunicado de los académicos.

A este tipo de moratorias y compromisos incumplidos se refiere Bustamante, quien insiste en que es vital que los gobiernos sean firmes al momento de aplicar cualquier acuerdo o pacto al que lleguen para sanear la zona limítrofe.

“Venezuela llevaba años pidiéndole a Colombia que atendiera la frontera, que no permitiera que el conflicto colombiano se viniera al país. Colombia no lo hacía porque, años atrás, para los colombianos defender a Bogotá ya era mucho. Venezuela se lo debe exigir nuevamente y ahora no lo hace (…) Estamos acostumbrados a ver que los cancilleres se reúnen y firman acuerdos que se convierten en letra muerta. Tenemos el Estatuto de Frontera (1992) y Comisión de Frontera y Seguridad, pero esto obviamente es una seguridad compartida. Si se aplica de un solo lado, obviamente se le trasladan los problemas al otro”, afirma.

¿Qué hacer?

Explica Sánchez que el estudio de la “Zona de Integración Fronteriza” incluía tres casos que mostraban cuán aliados estaban los habitantes de Táchira y Norte de Santander. El central azucarero de Ureña, por ejemplo, utilizaba cañaverales tanto venezolanos como colombianos porque en el vecino país había más plantas. Este trato, por cierto, acabó cuando la compañía fue expropiada por el Estado. En las marroquinerías de San Antonio, los venezolanos elaboraban carteras, bolsos, chaquetas y correas con cueros colombianos, porque de este lado la mano de obra era mejor y más barata. Una industria de carrocería armaba vehículos para el transporte público a partir de un chasis que se trasladaba desde Carabobo y que se completaba con piezas colombianas. El capital humano venía de ambas naciones.

Ante estas iniciativas, señala Sánchez, los gobiernos deben establecer legislaciones que no sólo normen la actividad económica de la región, sino que además incentiven estas relaciones. Lo mismo, incluso, pudiera aplicarse a la compra y venta de productos.

“Si tú le das formalidad a cierto trabajo informal, puedes verlo como un emprendimiento en vez de verlo como un contrabando, siempre que la mercancía esté dentro del marco legal”, sentencia el abogado.

Bustamante acota que la excesiva libertad contribuye al delito, de allí la necesidad de imponer el orden a través de leyes que sí se respeten, algo que no sucede de ningún lado del límite colombo-venezolano. Con esos mismos mecanismos se puede otorgar a los habitantes de la zona un documento de identificación que no sólo permita el libre tránsito “sin grandes inconvenientes”, sino también la posibilidad de trabajar o de abrir microempresas sin mayores limitantes.

Carlos Luna, expresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta y ex ministro consejero de la Embajada de Colombia en Venezuela, recalca la importancia del control, pero también el de los factores encargados de vigilar que toda actividad esté amparada en un marco jurídico.

“La corrupción, la arbitrariedad, el desorden, la vinculación con grupos al margen de la ley y la incapacidad técnica para vigilar y ordenar el intercambio socio económico de la frontera, es el principal evento  que debe asumir un gobierno de legalidad. De acuerdo al también candidato a la Alcaldía de Cúcuta, Venezuela debe “reestructurar sus fuerzas armadas en un marco de institucionalidad y respeto a los derechos fundamentales y procurar un orden económico estable y armónico entre ambas naciones (…) Sin ello, proyectar medidas políticas que incidan en lo económico y social sería en vano”, señala Luna.

Afirma Bustamante que los Estados pudieran pactar intercambios de servicios. Propone, por ejemplo, que se lleguen a acuerdos para que el Norte de Santander surta de agua a algunos municipios de Táchira -por medio de una represa construida en el río limítrofe- y Venezuela, a cambio, atienda a colombianos a través de su red hospitalaria en la frontera. Todo en el marco de los valores reales de cada beneficio. “En la medida en que hay transparencia, se restablece la confianza y el respeto a las normas”, dice.

En esa misma línea, Luna apunta un comentario: “Si logramos pactar los recursos humanos necesarios para impulsar esas capacidades a través del conocimiento y la tecnología de ambos países, en temas  como la industrialización de los hidrocarburos y la minería, agroindustria, salud, seguridad, un régimen común arancelario y la conectividad física y virtual, podremos sin duda alguna avanzar sobre el mejoramiento de las condiciones de vida en la frontera”.

La tarea imposible

Hablar de la gasolina y del valor del bolívar en la frontera es entrar en un terreno fangoso. Los disímiles modelos económicos de Colombia y Venezuela han contribuido a la disparidad de los precios, de allí a que sea tan complejo lograr que peso y bolívar se equilibren, o que la gasolina venezolana y la colombiana cuesten lo mismo.

“Mientras haya diferencias económicas es difícil concertar una moneda única. Venezuela no está produciendo y Colombia tiene una alta capacidad de producción y el valor de la moneda lo da precisamente eso (…) Colombia trata de tener una moneda que le permita ser competitiva, es decir, no muy alta, no muy baja, que pueda comprar a buen precio, y que pueda colocar a buen precio afuera y tener comprador. Colombia cree en esa política económica, en cambio Venezuela, no: está actuando con control de cambio, precios y  movimiento”, asevera Bustamante.

“La desdolarización y el libre acuerdo monetario entre los actores del comercio internacional,  permitirán que el bolívar retorne a su espacio natural y reasuma su valor como moneda de pago a través de las distintas modalidades que la legislación colombiana permite para la integración económica”, añade Luna.

La dificultad de detener el contrabando de gasolina radica en la característica “porosa” de una frontera plagada de trochas y senderos informales que comunican ambos países. Sánchez indica que por estos caminos se va el combustible que se mercadea al menudeo, y advierta que por los puentes internacionales atraviesan gandolas con el mismo fin. Si el precio de la gasolina venezolana no se sincera, esta fuga continuará.

“Mientras haya estas diferencias tan grandes desde el punto de vista ideológico y de visión de futuro, es muy difícil acabar con este contrabando. Cada quien está pensando en cómo lograr su propósito y no está pensando en la frontera, ni en la población”, insiste Bustamante.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, afirmó el jueves que desde Colombia se está promoviendo un plan para montarle un expediente a Venezuela, y sostuvo que Bogotá usó a un jefe militar para denunciar que aviones venezolanos violaron el espacio aéreo colombiano.

«Fíjense como usa el gobierno colombiano a la fuerza armada. Ponen un jefe militar a mentir, a decir que Venezuela violó su espacio aéreo… Es un expediente que quieren montarle a Venezuela, es un plan», indicó Cabello.

Habló en una sesión especial que realizó la Asamblea Nacional en el estado Apure donde los diputados oficialistas aprobaron los decretos de los estados de excepción que se establecieron en algunos municipios fronterizos.

Colombia denunció a inicios de semana que aviones venezolanos incursionaron entre el sábado y el domingo en el espacio aéreo de Colombia, señalamiento que fue rechazado por las autoridades venezolanas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre de un nuevo punto de frontera con Colombia, esta vez entre el venezolano estado Zulia y el colombiano departamento de La Guajira, en el norte de ambos países.

Como en el cierre del puesto fronterizo entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, el mandatario argumentó la necesidad de combatir al paramilitarismo colombiano.

Pero ¿quiénes son los supuestos paramilitares a los que el gobierno venezolano acusa de buena parte de los males que aquejan a su país?

Investigación de BBC Mundo.

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AFP

Germán*, un contrabandista colombo-venezolano, cruza la frontera a pie como quien está en su casa a pesar del cierre fronterizo impuesto por Nicolás Maduro hace 20 días.

En una lujosa oficina en uno de los municipios venezolanos donde se vive en estado de excepción desde hace dos semanas, Germán habla con BBC Mundo en condición de anonimato sobre la actividad ilegal que reina en esta zona montañosa compartida por dos países.

El contrabandista, que aunque creció en Venezuela tiene acento colombiano, posee una finca en plena frontera, por la que cruza sin apuro no solo ahora: lo ha hecho así durante los últimos años, en los que ha acumulado una fortuna gracias al contrabando de carne, azúcar y gasolina, productos que en Colombia se venden cientos de veces más caros que en Venezuela.

«Incluso con la frontera cerrada, hoy voy a pasar unos kilitos de carne porque la conseguí barata», dice, para sorpresa de cualquiera que pase por el ahora militarizado río Táchira.

«Mira: acá todo está infectado por donde lo mires, empezando por las autoridades del Estado venezolano; acá todo tiene su precio«, asegura, citando a manera de ejemplo los supuestos sobornos que él como contrabandista debe pagar a la Guardia Nacional Bolivariana o al ejército venezolano.

También, asegura, les paga vacunas y vigilancia a las bandas armadas que ejercen control sobre esta zona Andina de la frontera y son consideradas un reducto del paramilitarismo colombiano.

Los paramilitares por los que Maduro cerró la frontera.

AFP

Polémico cierre

El presidente venezolano justificó la medida con la necesidad de combatir los grupos paramilitares colombianos que según él generan la delincuencia y la crisis económica que se viven actualmente en toda Venezuela.

Según el gobierno venezolano, al menos 100 personas fueron arrestadas por supuestos vínculos con grupos paramilitares y miles de toneladas de productos –así como armamento– han sido incautados.

El cierre fronterizo es la nueva fase de una polémica política denominadaOperación de Liberación del Pueblo (OLP), que busca «liberar a Venezuela del paramilitarismo», en palabras de Maduro, y con la que se han allanado decenas de barrios populares que están controlados por bandas armadas.

Al menos un centenar de presuntos delincuentes han muerto en los operativos policiales, según cifras oficiales.

La arrolladora llegada de la OLP a los barrios de invasión fronterizos –donde derrumbaron casas que estaban marcada con una ‘D’– generó una ola de migraciones de colombianos en Venezuela hacia el país que los vio nacer: casi 1.200 colombianos han sido deportadas y más de 10.000 personas cruzaron por su propia voluntad, según la ONU.

«Me trataron como paramilitar, como criminal, solo porque soy colombiana», le dijo a BBC Mundo Yolanda*, una madre de tres niños que fue deportada pero había vuelto ilegalmente a Venezuela a recoger sus pertenencias.

Su denuncia se agrega a muchas otras que alegan la violación por parte de autoridades venezolanas de los derechos humanos de personas humildes que hace años vivían en estas zonas; y, lejos de ser paramilitares, dicen ser desplazados de la violencia que flagela a Colombia hace más de medio siglo.

El gobierno venezolano sostiene que estos barrios de invasión eran bases de paramilitares que sometían a la gente al trabajo criminal.

«Yo, como mucha gente de acá, no te voy a negar que alguna vez compré algo en Venezuela y lo vendí en Colombia, pero lo hice porque es una forma de sobrevivir acá», dijo Yolanda, quien niega ser paramilitar, pero se siente perseguida como si fuera el más poderoso de ellos.

Para este reportaje BBC Mundo solicitó entrevistas con el ministro venezolano del Interior, Gustavo González, y con el gobernador del Táchira, el oficialista José Gregorio Vielma Mora, pero no obtuvo respuesta.

AFP

Paramilitarismo en Colombia

Los grupos civiles y armados que se organizaron en Colombia en los años 80 para combatir a la guerrilla –en alianza con el narcotráfico y algunas unidades militares– fueron denominados paramilitares en ese país.

En 2003, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se inició un proceso de negociación que dio como resultado un masivo proceso de desmovilización, en el que miles de combatientes abandonaron las armas.

Sin embargo, en los último años, cientos de estos desmovilizados volvieron a organizar bandas criminales –como los Urabeños y Los Rastrojos– que operan en gran medida en la frontera y se lucran del narcotráfico, del contrabando de productos que vienen de Venezuela y la extorsión de habitantes y comerciantes.

«Si antes de la desmovilización la situación de la frontera era grave, ahora es mucho peor, porque estas bandas delincuenciales ya no tienen una estructura jerárquica que los controle u organice sino que todo es un desorden, una anarquía», le dijo a BBC Mundo en condición de anonimato un funcionario de la fiscalía colombiana que ejerció en Cúcuta como fiscal de paramilitares desmovilizados.

Jorge Restrepo, director del independiente Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos en Bogotá, dice que este «neoparamilitarismo» tiene dos facetas.

«Hay un paramilitarismo de vigilancia armada que no es ofensivo, ni antiestatal ni antiinsurgente, sino que corresponde a una seguridad privatizada, muy común en la gran mayoría del campo colombiano», dice el investigador.

«Otro paramilitarismo es el funcional al crimen organizado, de carácter ofensivo y violento, más notorio y muy cercano al poder en aquellas zonas donde se arraigó el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2003: en la costa Caribe, el norte del Valle del Cauca y el Catatumbo y Cúcuta».

«En todos los anteriores la frontera no existe«, concluye Restrepo. «Son proyectos que utilizan la frontera».

GPDP

El paramilitarismo en Venezuela

Mientras el paramilitarismo en Colombia ha sido documentado y estudiado por todo tipo de organizaciones, en Venezuela la información se reduce a la versión oficial.

El oficialismo culpa al paramilitarismo de la crisis económica y de inseguridad que padece Venezuela en los dos años que coinciden con el gobierno de Maduro, pero hay varios casos puntuales que el gobierno usa como «prueba de la incursión paramilitar».

El más representativo es el caso del joven diputado chavista Robert Serra, quien murió a puñaladas en su casa en Caracas en octubre de 2014.

El presunto autor material del homicidio, Leiver Padilla, alias ‘El Colombia’, fue extraditado desde su país y se declaró en medios colombianos «víctima de un chivo expiatorio del gobierno venezolano».

Por su parte, el presunto autor intelectual del crimen de Serra, un concejal de Cúcuta llamado Julio Vélez, fue arrestado en Venezuela después de dos años prófugo de la justicia colombiana, según anunció Maduro.

El Ministerio Público, sin embargo, no lo ha imputado por homicidio; según medios locales citando fuentes de la fiscalía, porque no tiene pruebas para dicho señalamiento.

Medios venezolanos de oposición reportaron que el móvil del asesinato de Serra fue, según fuentes policiales, un altercado entre él y su jefe de escoltas, que supuestamente decidió robarlo y matarlo.

                                                                                                                                                                                                                                          EPA

Otro caso que tuvo repercusión mediática fue el de Liana Hergueta, una mujer de 53 años que apareció hace un mes descuartizada en un carro en Caracas.

El homicidio se añade a otros casos de descuartizamiento de cuerpos que fueron noticia recientemente.

Dos jóvenes venezolanos, José Pérez Venta y Carlos Trejo, son acusados por la justicia del homicidio de Hergueta.

Y el oficialismo los acusa de ser paramilitares y activistas de la oposición venezolana, después de que Maduro divulgó fotos de ellos con líderes opositores y videos en los que llamaban a derrocar al mandatario.

La oposición y la prensa opositora, sin embargo, denunciaron que eran infiltrados del gobierno en partidos opositores.

En los últimos meses el gobierno también ha acusado a los revendedores de productos básicos –conocidos como «bachaqueros»– y a los líderes de bandas criminales –o «Pranes»– de tener vínculos con paramilitares.

Personas que cumplen esos perfiles negaron ser colombianos, paramilitares o, incluso, opositores en varias conversaciones con BBC Mundo.

«Lo mismo que crimen organizado»

Saúl Ortega es un diputado oficialista que preside una comisión parlamentaria sobre política exterior y una subcomisión de temas fronterizos.

En un receso de la cuarta campaña parlamentaria que hace, el diputado explicó a BBC Mundo que para él el cierre de la frontera se tornó necesario después de años de «negligencia» del gobierno colombiano ante la emergencia de paramilitares en la región.

«Estos paramilitares son pequeños grupos con armas y prácticas de guerra, que operan desde la frontera y entran al resto del país para delinquir», le dijo a BBC Mundo.

«Acá no los hemos visto haciendo política, aunque sí trabajando para políticos. Pero fundamentalmente se dedican a delinquir. Es crimen organizado trasnacional».

«¿Pero crimen organizado y paramilitares son lo mismo?», le preguntó BBC Mundo.

«Sí, son lo mismo», respondió Ortega.

Asimetría, impunidad y corrupción

El exgobernador del Táchira y opositor César Pérez Vivas coincide con Ortega en que Venezuela ha sido víctima de la violencia colombiana durante años, pero asegura que la profundización del problema en los últimos años se debe a las «malas políticas» del gobierno bolivariano.

Una, dice, son los controles de cambio y precios, que para él generan una distorsión cambiaria que fomenta el contrabando; la otra razón es una supuesta «orden de Hugo Chávez de permitirles actuar con salvoconducto a grupos ilegales en Venezuela».

Por un lado, estudios académicos e imágenes satelitales divulgadas por el gobierno colombiano han documentado que en Venezuela se refugian frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), las dos guerrillas más importantes de Colombia que comparten ideología con el gobierno bolivariano.

Por otro lado, el gobierno venezolano apoyó la creación de colectivos armados «para la defensa de la revolución» que operan como policías paralelas en algunas urbanizaciones; «son los paramilitares del chavismo», dice Pérez Vivas.

«Ese nivel de impunidad les dio mal ejemplo a todas las fuerzas armadas, que empezaron a colaborar con las bandas criminales que controlan la frontera», dice el exgobernador.

«Aquí lo que tenemos no es paramilitarismo, sino bandas delincuenciales de colombianos y venezolanos que se aprovechan de la asimetría económica y han creado mafias para el tráfico de drogas y bienes».

«El mismo fenómeno se ve en la frontera con Brasil y en las costas, donde no hay Uribe, ni paramilitares, ni historia violenta de un país», dice Pérez Vivas.

Por eso el exgobernador, así como otros dirigentes opositores, no ve el cierre de la frontera como una medida que busca solucionar el problema de fondo: «Esto es un show para generar un enemigo común cuando estamos en campaña electoral en Venezuela y el gobierno sabe que puede perder», opina.

Extorsión y desplazamiento

Francisca* es una de las miles de personas en la frontera que se plantea irse de su país por adopción y regresar a su país natal: está empacando su casa en dos maletas para cruzar el río Táchira y volver a Colombia.

De 55 años, dice que lleva toda su vida huyendo de la extorsión de los grupos criminales que han dominado estas tierras desde que tiene uso de razón.

«Primero fueron los guerrilleros, después los ‘paracos’, después los ‘guerrillos’ otra vez y ahora son los Guardias Nacionales», dice, en medio del llanto, sentada en una mecedora de plástico al frente de una de las casas que esperan ser demolidas.

«Yo lo único que he querido siempre es que me dejen en paz; he pagado por eso con mi trabajo».

«Y mira: ahora me vuelven a sacar de donde estaba», dice, riendo, entre lágrimas.

AFP

*Los nombres con asterisco son ficticios para proteger la identidad de la fuente.