@loremelendez

DE LA FRONTERA NO ARRIBAN NOTICIAS ESPERANZADORAS. Luego de dos meses de cierre del paso, los choferes de carga internacional amenazan con protestas, los universitarios colombianos que estudian en Venezuela están a punto de perder sus semestres, los indígenas afectados reclaman por el respeto a los derechos humanos, los habitantes aseguran que los supermercados y las farmacias continúan desabastecidos y los pueblos de los límites son ahora territorios desolados. La guinda del desastre es la cifra que la Cámara de Integración Colombo-Venezolana (Cavecol) reveló este lunes: el intercambio comercial entre las dos naciones disminuyó 40% en el tercer trimestre de este año.

Desde que Venezuela y Colombia son naciones independientes, el tránsito de un lado a otro jamás se había paralizado de forma indefinida y menos por más de 60 días. Las clausuras que se habían registrado en el pasado, se habían resuelto en cuestión de horas y habían respondido a contingencias pasajeras. Hoy, lejos de las soluciones, la respuesta de los gobiernos de ambos países a esta crisis se ha dilatado en reuniones que no concluyen salidas inmediatas.

Los conflictos de la frontera no son de nueva data. Se trata de un espacio en donde el contrabando tiene una naturaleza endémica y donde la necesidad del cumplimiento de las normas no se atendió de ningún lado. Por esa misma razón, y con miras a contribuir a su mejoramiento, el Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) “José Manuel Briceño Monzillo”, de la Universidad de los Andes, elaboró hace varios años documentos como la “Zona de Integración Fronteriza Táchira-Norte de Santander” a partir de una propuesta de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que contemplaba impulsar “la complementariedad de las economías andinas (….) a fin de elevar la calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo de sus instituciones”.

El estudio fue realizado en 2005, justo un año antes de que Venezuela rompiera con la CAN e iniciara un proceso de alejamiento de Colombia que se consolidó con la intención de Bogotá de establecer un peaje internacional, la negativa de Caracas de resolver el problema de los trasbordos y desaduanajes de cargas, y la tensión diplomática entre los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Cualquier intento por hacer que lo escrito se llevara a la práctica se ha roto con el estado de excepción y el cierre de fronteras, que impuso el gobierno venezolano desde el pasado 19 de agosto.

Ser de la frontera

“Hay un sentimiento fronterizo que no se entiende desde el centro del país. Hay una amplísima relación familiar, cultural, de vínculos de un lado y de otro”, explica Francisco Javier Sánchez, abogado e investigador del CEFI, quien agrega que dentro de ese mismo intercambio constante se inscriben actividades como la compra de productos destinados al consumo familiar, no para revender, la cual nunca ha sido vista por los habitantes de la zona como algo ilegal.  Lo mismo sucede con los tratamientos y consultas médicas, cursar estudios, abrir negocios o trabajar de uno u otro lado de la frontera. La incomprensión de estos lazos ha hecho que se desestime el deterioro causado por el cierre de los pasos formales que comunican a ambos países.

Para Ana Marleny Bustamante, investigadora y directora del CEFI, las desigualdades políticas, económicas y sociales que existen entre colombianos y venezolanos han intensificado la búsqueda de mercancías y servicios más baratos a ambos lados del puente internacional Simón Bolívar.

“¿Qué deberíamos hacer para acabar con esta diferencias? Hay que lograr que una persona que viva en la frontera tenga igual ingreso, posibilidades sociales, económicas y de acceso a servicios públicos, que una que vive en Caracas o Bogotá. Que el salario sea igual, que no necesite irse a otra zona porque en todas hay el mismo valor.Trabajar en ese sentido es lo que haría que la situación de la frontera acabara. En el país, aún cuando sean pocas esas diferencias, siempre va a haber esa tendencia a mudarse o a trabajar donde haya más ventajas para vivir”, apunta. Para llevar a cabo el ideal, tanto la CAN como los investigadores se han fijado en el modelo, tan paradigmático como utópico, de la Unión Europea.

Letra muerta

A mediados de septiembre, el CEFI sentó su posición sobre los acontecimientos de la frontera a través de un documento llamado “Opinión desde la academia”. En la última parte del escrito se señalaba que el Estado venezolano tenía pendiente la promulgación de una Ley Orgánica de Fronteras desde hace 14 años, cuya creación la ordena el artículo 15 de la Carta Magna.

“El CEFI elaboró documentos y propuestas que permitieron la incorporación del tema en la Constitución, y ha contribuido en la investigación de los aspectos fundamentales que debe recoger la Ley, que aún hoy no se ha debatido ni aprobado. La actual coyuntura en las relaciones bilaterales con Colombia y Guyana, no pareciera ser un buen momento para promulgar una legislación de fronteras al calor de los acontecimientos, pero sí para que diversos equipos de profesionales puedan retomar el trabajo y consensuar un proyecto de ley equilibrado entre todos los actores sociales y el Estado”, indica el comunicado de los académicos.

A este tipo de moratorias y compromisos incumplidos se refiere Bustamante, quien insiste en que es vital que los gobiernos sean firmes al momento de aplicar cualquier acuerdo o pacto al que lleguen para sanear la zona limítrofe.

“Venezuela llevaba años pidiéndole a Colombia que atendiera la frontera, que no permitiera que el conflicto colombiano se viniera al país. Colombia no lo hacía porque, años atrás, para los colombianos defender a Bogotá ya era mucho. Venezuela se lo debe exigir nuevamente y ahora no lo hace (…) Estamos acostumbrados a ver que los cancilleres se reúnen y firman acuerdos que se convierten en letra muerta. Tenemos el Estatuto de Frontera (1992) y Comisión de Frontera y Seguridad, pero esto obviamente es una seguridad compartida. Si se aplica de un solo lado, obviamente se le trasladan los problemas al otro”, afirma.

¿Qué hacer?

Explica Sánchez que el estudio de la “Zona de Integración Fronteriza” incluía tres casos que mostraban cuán aliados estaban los habitantes de Táchira y Norte de Santander. El central azucarero de Ureña, por ejemplo, utilizaba cañaverales tanto venezolanos como colombianos porque en el vecino país había más plantas. Este trato, por cierto, acabó cuando la compañía fue expropiada por el Estado. En las marroquinerías de San Antonio, los venezolanos elaboraban carteras, bolsos, chaquetas y correas con cueros colombianos, porque de este lado la mano de obra era mejor y más barata. Una industria de carrocería armaba vehículos para el transporte público a partir de un chasis que se trasladaba desde Carabobo y que se completaba con piezas colombianas. El capital humano venía de ambas naciones.

Ante estas iniciativas, señala Sánchez, los gobiernos deben establecer legislaciones que no sólo normen la actividad económica de la región, sino que además incentiven estas relaciones. Lo mismo, incluso, pudiera aplicarse a la compra y venta de productos.

“Si tú le das formalidad a cierto trabajo informal, puedes verlo como un emprendimiento en vez de verlo como un contrabando, siempre que la mercancía esté dentro del marco legal”, sentencia el abogado.

Bustamante acota que la excesiva libertad contribuye al delito, de allí la necesidad de imponer el orden a través de leyes que sí se respeten, algo que no sucede de ningún lado del límite colombo-venezolano. Con esos mismos mecanismos se puede otorgar a los habitantes de la zona un documento de identificación que no sólo permita el libre tránsito “sin grandes inconvenientes”, sino también la posibilidad de trabajar o de abrir microempresas sin mayores limitantes.

Carlos Luna, expresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta y ex ministro consejero de la Embajada de Colombia en Venezuela, recalca la importancia del control, pero también el de los factores encargados de vigilar que toda actividad esté amparada en un marco jurídico.

“La corrupción, la arbitrariedad, el desorden, la vinculación con grupos al margen de la ley y la incapacidad técnica para vigilar y ordenar el intercambio socio económico de la frontera, es el principal evento  que debe asumir un gobierno de legalidad. De acuerdo al también candidato a la Alcaldía de Cúcuta, Venezuela debe “reestructurar sus fuerzas armadas en un marco de institucionalidad y respeto a los derechos fundamentales y procurar un orden económico estable y armónico entre ambas naciones (…) Sin ello, proyectar medidas políticas que incidan en lo económico y social sería en vano”, señala Luna.

Afirma Bustamante que los Estados pudieran pactar intercambios de servicios. Propone, por ejemplo, que se lleguen a acuerdos para que el Norte de Santander surta de agua a algunos municipios de Táchira -por medio de una represa construida en el río limítrofe- y Venezuela, a cambio, atienda a colombianos a través de su red hospitalaria en la frontera. Todo en el marco de los valores reales de cada beneficio. “En la medida en que hay transparencia, se restablece la confianza y el respeto a las normas”, dice.

En esa misma línea, Luna apunta un comentario: “Si logramos pactar los recursos humanos necesarios para impulsar esas capacidades a través del conocimiento y la tecnología de ambos países, en temas  como la industrialización de los hidrocarburos y la minería, agroindustria, salud, seguridad, un régimen común arancelario y la conectividad física y virtual, podremos sin duda alguna avanzar sobre el mejoramiento de las condiciones de vida en la frontera”.

La tarea imposible

Hablar de la gasolina y del valor del bolívar en la frontera es entrar en un terreno fangoso. Los disímiles modelos económicos de Colombia y Venezuela han contribuido a la disparidad de los precios, de allí a que sea tan complejo lograr que peso y bolívar se equilibren, o que la gasolina venezolana y la colombiana cuesten lo mismo.

“Mientras haya diferencias económicas es difícil concertar una moneda única. Venezuela no está produciendo y Colombia tiene una alta capacidad de producción y el valor de la moneda lo da precisamente eso (…) Colombia trata de tener una moneda que le permita ser competitiva, es decir, no muy alta, no muy baja, que pueda comprar a buen precio, y que pueda colocar a buen precio afuera y tener comprador. Colombia cree en esa política económica, en cambio Venezuela, no: está actuando con control de cambio, precios y  movimiento”, asevera Bustamante.

“La desdolarización y el libre acuerdo monetario entre los actores del comercio internacional,  permitirán que el bolívar retorne a su espacio natural y reasuma su valor como moneda de pago a través de las distintas modalidades que la legislación colombiana permite para la integración económica”, añade Luna.

La dificultad de detener el contrabando de gasolina radica en la característica “porosa” de una frontera plagada de trochas y senderos informales que comunican ambos países. Sánchez indica que por estos caminos se va el combustible que se mercadea al menudeo, y advierta que por los puentes internacionales atraviesan gandolas con el mismo fin. Si el precio de la gasolina venezolana no se sincera, esta fuga continuará.

“Mientras haya estas diferencias tan grandes desde el punto de vista ideológico y de visión de futuro, es muy difícil acabar con este contrabando. Cada quien está pensando en cómo lograr su propósito y no está pensando en la frontera, ni en la población”, insiste Bustamante.