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Fabián Urbina

DDHH olvidados | “Tú ves a tu hijo en la mañana vivo y ya en la tarde lo asesinan”
Fabián Urbina, de 17 años, falleció el 19 de junio de 2017 durante una protesta en el Distribuidor Altamira, en Caracas. Fue herido a nivel del tórax por el impacto de una bala
Johan Rojas, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, fue identificado como el principal autor material de la muerte del joven. Después de dos años de retardo procesal, lo condenaron a 12 años y 10 meses de cárcel, pero la familia de Fabián sigue buscando justicia

@ValeriaPedicini

No existía marcha, concentración, actividad a la que Fabián Urbina no iba durante las protestas de 2017. Convocatoria que hacía la oposición y ahí estaba. Le parecía inconcebible toda la crisis que sufrían los venezolanos con los alimentos y las medicinas, así que salía a expresar su descontento. 

El 19 de junio de 2017 el llamado era para que todas las personas se concentraran en la capital, en una actividad denominada “La toma de Caracas”. Aunque Fabián vivía en Maracay, estado Aragua, decidió seguir con su asistencia casi perfecta a las manifestaciones. Cuadró con un grupo de amigos y se fueron hasta Caracas. 

Horas después, su padre que estaba en su casa en Maracay, recibió una llamada de un familiar para decirle que su hijo Fabián estaba herido en una clínica. No le dio muchos detalles, pero fue suficiente para que su mundo empezara a darle vueltas por el estado de su hijo. 

Iván Urbina se comunicó con el centro de salud y solo le contaron que su hijo estaba muy mal, sin importar cuantas veces insistiera. “Ella no me quiso decir, pero yo creo que ya mi hijo para ese momento ya había fallecido. Ellos dirán que es preferible que venga con la ilusión de que su hijo está vivo y que aquí se entere de la noticia a que vaya a venir manejando de Maracay para acá conmocionado. Hicieron lo que tenían que hacer, yo los entiendo”. 

Buscó la forma de trasladarse hasta Caracas. Llamó a una amiga de la familia para que le diera la cola, mientras su esposa se quedaba en casa. Entre la logística y el trayecto desde Aragua, llegaron de noche a la capital pero el joven ya no estaba en la clínica. Para ese momento la noticia de Fabián había corrido por las redes sociales Iván confirmó lo que ya sospechaba: su hijo de 17 años había fallecido. 

Fueron directo a la morgue de Bello Monte. Los médicos forenses y efectivos del cuerpo científico ya estaban en el sitio. Iván tuvo que esperar unas cuantas horas más para que los doctores le pudieran explicar lo que había ocurrido. “Me dijeron que hubo una herida de bala que le ocasionó lesiones viscerales y vasculares, lo que condujo a una muerte por hipovolemia”. 

Fabián Urbina

Fue al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a hacer la denuncia y buscar el documento para poder sacar el cuerpo de su hijo de la morgue a la mañana siguiente. Primero tuvo que identificarlo a través de una computadora y después en físico. Lo único que soltó a decir fue: “Hijo, ¿para qué viniste a Caracas?”. 

Iván cuenta que verlo de esa manera fue muy duro. “No te puedo ni siquiera contar lo extremadamente duro que es esa experiencia de ver a tu hijo ahí sin vida. Porque tú ves a tu hijo en la mañana vivo y ya en la tarde lo asesinaron. Es muy fuerte”. 

¿Qué ocurrió con Fabián? 

El 19 de junio de 2017 transcurrió entre marchas y represión, más la segunda que la primera. Iván Urbina cuenta que ese día la actuación de los cuerpos de seguridad fue desproporcionada. “Ni siquiera las marchas habían terminado de concentrarse en los puntos en los cuales se había destinado para ello, cuando ya empezaron a reprimir los diferentes organismos de seguridad del Estado”. 

Cuando la protesta estaba a la altura del Distribuidor Altamira, en el municipio Chacao de Caracas, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezaron a reprimir con disparos. 

“La represión fue tan brutal, desmedida y despiadada, a un punto inclusive criminal, que un Guardia Nacional sacó su arma de reglamento, apuntó hacia los muchachos y disparó sin ningún tipo de miramientos. Disparó a matar. El Estado venezolano es el responsable de la muerte de nuestro hijo”, expresa Iván. Cuenta cómo el hecho quedó registrado en fotos y videos de periodistas que en ese momento cubrían las protestas. 

Fabián fue herido a nivel del tórax por el impacto de una bala alrededor de las 3:30 de la tarde. Como pudieron los jóvenes que estaban en el sitio junto a él, lo llevaron hasta uno de los puestos de la Cruz Verde para que fuera atendido, pero no fue suficiente. “Eran puesto de primeros auxilios para personas asfixiadas por bombas lacrimógenas, perdigones y cosas así. No era para atender una herida de esa magnitud”. 

De ahí lo trasladaron hasta la Clínica Ávila, cerca del lugar, pero llegó sin signos vitales. 

En un reporte que Runrun.es llevó durante las protestas de 2017, se contabilizaron 157 muertes relacionadas a las manifestaciones de esa época. El Foro Penal Venezolano, en un informe publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

En el informe publicado por la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) manifestó tener motivos razonables para creer que «las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal contra la víctima cuando no era estrictamente inevitable para proteger vidas. Los casos documentados por la Misión revelan que las fuerzas de seguridad dispararon a quemarropa y a zonas vitales del cuerpo (cabeza, tórax, abdomen)». Entre los casos investigados, se encuentra el de Fabián. 

Justicia a medias

Iván Urbina reconoce que la actuación del Ministerio Público, todavía bajo la administración de Luisa Ortega Díaz, fue acertada. Explica que actuaron de inmediato tras el asesinato de su hijo: esa misma tarde habían detenido a dos guardias nacionales y, al día siguiente, uno más. 

En 45 días elaboraron las investigaciones pertinentes, hicieron pruebas de balística y recabaron información para poder formular la denuncia ante el tribunal. Y así lo hicieron: imputaron a Johan Rojas como el principal autor material de la muerte de Fabián Urbina. 

Fabián Urbina

Pero a partir de ahí comenzó el tortuoso proceso por la justicia. Las audiencias preliminares fueron diferidas 19 veces consecutivas, en un lapso de 24 meses, dos años. “Cada vez que llegábamos al tribunal, se difería. Te podrás imaginar el sacrificio que uno hacía para trasladarse a Caracas. A veces pasábamos todo el día ahí, desde las 8 de la mañana, y a las 3 de la tarde te decían que no habría audiencia”. 

En la convocatoria número 20, más de dos años después del asesinato de Fabián se llevó a cabo la audiencia preliminar. El juez escuchó todas las partes y les dio la oportunidad a los efectivos de la GNB de aceptar los cargos y rebajarles un tercio de la pena. Pero al decirle que la condena sería de 21 años y 10 meses, el imputado dijo que no. 

Así pasaron a la etapa de juicio. “Pasaron cinco meses para que el tribunal fijara la primera audiencia de apertura de juicio, fue el 10 de diciembre de 2019. Pero fue diferida para el 25 de febrero de 2020”, explica Iván. Esa fecha coincidía con la semana de Carnaval y los tribunales no trabajaban. Quedaron en el limbo a la espera de una nueva fecha por la llegada de la pandemia. “El caso se estancó ahí”. 

El 17 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio, en el que el imputado aceptó los cargos que le fueron imputados. “Al aceptar nos da la razón a nosotros como siempre la hemos tenido que asesinó a nuestro hijo vil y cobardemente”. 

Pero hubo un detalle: la condena que le dieron fue de apenas 12 años y 10 meses, mucho menos de lo esperado. “Eso no es una pena, eso es un regalo de Navidad. Nos quedamos locos, sorprendidos. Eso no es justicia, eso es un parapeto de justicia. Porque tú no me vas a decir a mí que con todos los delitos que a ese guardia le imputan y de la forma tan horrenda en la que ese diablo asesinó a nuestro hijo, le van a dar 12 años”.

Iván Urbina y su esposa van a apelar la condena. Y no van a descansar hasta lograr una “justicia verdadera”. “Tanto mi esposa como yo, con la asistencia de los abogados del Foro Penal, vamos a conseguir una condena justa, que de verdad se apegue al tamaño del crimen. Haremos lo que tengamos que hacer, dentro de la ley, para una condena justa”.

Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón

Las familias de 14 de los asesinados durante las protestas de 2017 conformaron la Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic 2017), que exige justicia por los caídos así como el rescate de la memoria de esos días

@loremelendez

 

El expediente penal de Yorman Bervecía, asesinado en Barinas, está desaparecido desde 2018. 

Aunque hay fotos, videos y hasta una declaración de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, que confirma la participación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el homicidio de Juan Pablo Pernalete, ese componente de la Fuerza Armada insiste en que ninguno de sus miembros estaba en el lugar de los hechos aquel 26 de abril de 2017, cuando una bomba lacrimógena lo impactó en el pecho. 

Los familiares de Fabián Urbina, a quien un GNB disparó de frente en una manifestación en el Distribuidor Altamira de Caracas, cuentan que les difirieron 19 audiencias preliminares antes de que el caso del joven pasara a fase de juicio. 

Sobre el victimario de Manuel Sosa, a quien mataron en Cabudare, estado Lara, pesa una orden de captura desde el 21 de junio de 2017, pero todavía no ha sido ejecutada porque se trata de un uniformado. 

Todos, los cuatro jóvenes, fueron víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado durante las protestas contra Nicolás Maduro en 2017.

Las irregularidades están presentes en cada una de las investigaciones sobre estas muertes. “Esto es un luto permanente. Aparte del dolor que llevamos, nos tenemos que enfrentar a un sistema de justicia viciado que juega a cansarnos. Nos ponen muchas trabas en el proceso, es una lucha diaria. Queremos que sepan que vamos a seguir. No vamos a permitir que nos cansen”, reclama frente a las cámaras Elvira Llovera de Pernalete, madre de Juan Pablo, una de las voceras de la recién creada Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic 2017), una asociación civil sin fines de lucro que “persigue la memoria, verdad, reparación y no repetición de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela”, según dice el comunicado con el que anunciaron su constitución.

El grupo, conformado por 14 familias de víctimas de la acción violenta del Estado contra los manifestantes de 2017, fue presentado ante los medios de comunicación este 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, en medio de un acto frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, donde también están desde septiembre pasado los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. A ellos les entregaron una carta para informarles que, desde ahora, actuarán unidos.

Alfavic 2017 está integrada por los parientes de Juan Pablo Pernalete, Nelson Arévalo, Fabián Urbina, Luis Guillermo Espinoza, Rubén Darío González, Daniel Quéliz, Leonardo González, Yorman Bervecía, Miguel Castillo, Yoiner Peña, Augusto Pugas, Manuel Sosa, Roberto Durán, Luis Alviárez y David Vallenilla. La mayoría eran jóvenes, menores de 30 años, que salieron a protestar contra un gobierno que menoscabó sus libertades y calidad de vida.

El patrón del desgaste

La unión de las familias sirvió para que también advirtieran los patrones de irregularidades que se siguen en los casos. Una y otra vez les niegan el acceso a las copias certificadas de los expedientes, se desaparecen las solicitudes de arresto, dan tratos preferenciales a los imputados porque los cambian a retenes de los cuerpos de seguridad a los que pertenecen, difieren las audiencias para retrasar los juicios un año o más.

Un ejemplo de ese retardo procesal lo expuso Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, quien acababa de salir de la primera audiencia de apertura de juicio del homicidio de su hijo, que fue diferida para el 25 de febrero de 2020 al mediodía. La razón que le dieron para posponerla es que no se notificó de ese acto a los familiares de las otras cuatro víctimas que fueron heridas en el mismo incidente que Fabián.

“De los 14 casos sistematizados en este informe, existen nueve que están prácticamente paralizados. Nos atiende la Fiscalía, pero no hay avances en las investigaciones. En más de dos años de ocurridos los hechos, la impunidad se mantiene (…) Los órganos de seguridad siguen burlándose de nosotros como familiares, siguen negándonos la justicia y el acceso a la verdad de lo que pasó en los hechos de 2017”, leyó Elvira Llovera de Pernalete en una rueda de prensa que se efectuó más tarde. Lo hizo frente a una mesa en la que estaban las medallas deportivas que había recibido su hijo, la franela beige del liceo de Rubén González, las fotos de Vallenilla y Arévalo, una camiseta con el rostro de Urbina estampado.

La madre de Juan Pernalete señala también que, en el caso de su hijo, el fiscal designado por el Ministerio Público ha sido cambiado 14 veces. Cada vez que eso sucede, todo el proceso debe comenzar de nuevo. Por eso no deja de ir todas las semanas a esa instancia para exigir que le soliciten a la Guardia Nacional los libros de novedades, el “parte” de armas usadas y todos los documentos con los que se pueda comprobar que el asesino de su hijo es un militar. La respuesta de la Fiscalía es que la Fuerza Armada no les suministra ninguna información.

En ese juego del desgaste del que se siente víctima, también la criminalizan. “Una vez, cuando fuimos a pedir una copia del documento, dijeron ‘busquen el expediente del guarimbero’. Yo les contesté que donde estaba ese término para referirse a mi hijo. Esa es una situación que no solo nos desgasta emocionalmente. Los órganos encargados de dar justicia no te acompañan, sientes que estás luchando contra un Estado completo, que no tienes instituciones”, asegura.

Memoria en lugar de sobornos

La nueva Alianza también rechazó que desde el gobierno se les haya querido sobornar con ayudas económicas. Así sucedió cuando la asamblea nacional constituyente conformó la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, órgano que convocó a reuniones a los familiares para ofrecerles sueldos mínimos de por vida, la cobertura de los gastos funerarios e incluso viviendas, con tal de que no continuaran exigiendo justicia. Ninguno de los miembros de Alfavic 2017 aceptó.

“Nosotros lo que buscamos es justicia y la no repetición de los hechos que marcaron a nuestros familias. Queremos crear memoria histórica de lo que pasó en 2017, cuando nuestros hijos salieron a protestar y fueron asesinados por los organismos del Estado”, señaló Iván Urbina. “Los jóvenes asesinados tenían historias, tenían familia y fueron tildados de delincuentes y terroristas, de criminales, todo por ejercer sus derechos fundamentales”, añadió Llovera de Pernalete.

Los familiares también reclamaron haber sido víctimas de acoso y hostigamiento. Olga González, esposa de Leonardo González, el payaso de hospital que fue acribillado por policías de Naguanagua, explicó que nunca recibió respuesta ante la solicitud de medida de protección que pidió a los tribunales, aun cuando vio que los oficiales acusados por el asesinato de su marido estaban libres.

A la familia Pernalete le fue otorgada una orden judicial para que la Policía Nacional se hiciera cargo de su seguridad, pero en ningún momento este cuerpo de seguridad se las ha ofrecido.

A Yoinier Peña, joven  con discapacidad cognitiva asesinado por colectivos en Barquisimeto,  estado Lara, lo custodiaron militares mientras estuvo hospitalizado antes de morir. “Los guardias iban y venían y él temblaba. Cuando yo me iba a buscar los medicamentos, también me observaban”, recordó su mamá, Yaneth Hernández.

A Zulmi Espinoza, madre de Luis Guillermo Espinoza, muchacho de 15 años a quien mataron en Carabobo, la persiguió la GNB poco después de ofrecer una declaración en un centro comercial, y un episodio similar se repitió cuando dio en su casa unas entrevistas a varios medios de comunicación. “Cuando los reporteros se fueron, pasaron unas 10 motos, con hombres vestidos de negro, frente a la casa. Nosotros tememos por nuestras vidas porque sabemos que estamos peleando contra gente que nos garantiza ese derecho”, afirmó.

Cambio de sitio a última hora

Rodolfo Montes de Oca, abogado de Provea que ayudó a la nueva organización, informó que la rueda de prensa debió cambiar de lugar a última hora. El lugar anunciado para el evento había sido la Sala Cabrujas, que depende de la Alcaldía de Chacao y está a pocos metros de la sede del PNUD en donde se entregó la carta. En horas de la tarde del lunes, 9 de diciembre, el coordinador de Programación del recinto informó que «por órdenes de arriba» el acto no se podría efectuar allí.

Al final, el encuentro con los medios se hizo en las oficinas de Chacao del LaboCiudadano, otra de las organizaciones que colaboró con Alfavic 2017 en su presentación.

Entre las próximas acciones, la Alianza prevé ejercer presión sobre las instituciones al acompañar a los familiares cuando haya audiencias, reunirse con representantes de las embajadas de países que pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU y hacer un par de visitas al Comité de Derechos Humanos de la misma organización en Ginebra, Suiza. Esperan que a su nueva Alianza se unan más padres y familiares de los 158 asesinados durante las protestas de 2017.

Los familiares de los jóvenes asesinados en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en el año 2017 entregarán este martes un documento en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Caracas.

«Hacemos un a invitación a la sociedad civil y a los medios de comunicación a que nos acompañen a la sede del PNUD a las 11:30 am. Vamos a entregar un documento para demostrar la violación a los derechos humanos a la que estamos sometidos los familiares de las víctimas cuando solicitamos justicia», dijo Fabián Urbina, padre del joven asesinado en las protestas de 2017. 

La Alianza Familiares y Víctimas 2017 denunciará las violaciones de los derechos humanos y exigirá justicia para los casos, a propósito de celebrarse hoy el Día Mundial de los Derechos Humanos.

 

 

Protestas 2017 | Fabián Urbina: cuando la GNB empuñó una pistola contra los manifestantes

“Venezuela, estoy seguro de que todo esto valdrá la pena. ¡Pronto serás de nuevo tierra libre donde cada uno de nosotros podremos vivir como hemos soñado durante 18 años!”

El 12 de junio de 2017, Fabián Alfonso Urbina Barrios, de 17 años, escribió esa frase en su perfil de Facebook. Siete días después un Guardia Nacional desenfundó su arma y le disparó directamente al pecho. Fabián, quien estudiaba tercer semestre de Publicidad y Mercadeo en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte, fue asesinado durante las protestas de 2017. Él es otra de las víctimas que aún no tiene justicia.

Era lunes 19 de junio. La oposición había convocado a participar en “La Toma de Caracas”, una marcha que tenía como destino final la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), al oeste de la capital, para rechazar la elección de una asamblea nacional constituyente (ANC) convocada por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Ese lunes a las seis de la mañana, Fabián ya estaba listo para encontrarse con sus compañeros y salir a Caracas. Vestía jeans, franela, una gorra y un suéter. Llevaba en su morral una botella de agua y unos guantes de cuero para agarrar las bombas lacrimógenas y no quemarse las manos”, recordó Iván Urbina, su padre.

Aunque en esa fecha Fabián tenía un examen en la universidad, prefirió faltar a su prueba académica antes que a la manifestación, que consideraba un compromiso con su país. “No pude hacer nada para retenerlo”, dijo Iván.

Fabián estuvo activo durante los primeros 80 días de protesta hasta que, en el mes de abril, le fracturaron un brazo con una bomba lacrimógena, una lesión que ameritó una intervención quirúrgica. Sin embargo, a los pocos días y con una recuperación incompleta, siguió participando en las manifestaciones.

Como era costumbre, ese lunes 19 los manifestantes no lograron avanzar más allá del Distribuidor Altamira, al este de Caracas. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana hicieron retroceder la marcha con bombas lacrimógenas, perdigones, metras de metal, la ballena y armas de fuego.

A la una de la tarde, medios de comunicación ya informaban de la fuerte arremetida de los funcionarios castrenses y del uso indiscriminado de bombas lacrimógenas para dispersar la concentración. Todo para evitar que los marchistas llegaran al CNE.

 

 

 

Hora y media después, la represión continuaba pese a que varios jóvenes tocaban instrumentos musicales para apoyar y pacificar la manifestación. Debido a la intensidad de las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado, algunos ciudadanos se dispersaron hacia la avenida principal de Las Mercedes, mientras que otros buscaron refugio en zonas aledañas.

 

 

Fabián, en cambio, se quedó en Altamira con varias decenas de muchachos de la Resistencia. En un video quedó registrado cómo los jóvenes que se mantenían en el puente del distribuidor de la autopista Francisco Fajardo se defendían con piedras y palos del ataque con bombas lacrimógenas. Aunque llovía y el pavimento estaba mojado, nada detenía la trifulca. De repente, los efectivos militares comenzaron a huir y los muchachos a perseguirlos. En ese momento un GNB se volteó, desenfundó y accionó un arma de fuego en contra de la manifestación; algunos se defendieron de la arremetida con los escudos, cinco resultaron heridos.

Cuando eran aproximadamente las 4:00 pm se volvió viral en las redes sociales la noticia de que un joven de 17 años había fallecido en la Clínica El Ávila de Altamira, después de recibir un disparo. Era Fabián.

 

 

 

“Como a las 5:00 pm un primo me llamó y me dijo que lo contactó la Clínica El Ávila para decirle que necesitaban a un representante de Fabián Urbina. Cuando yo me comunico con la clínica, ellos me dicen que Fabián estaba muy mal, pero en ningún momento me dijeron qué tenía. Yo ya sabía que mi hijo estaba muerto”, comentó el padre de Fabián. “La intención de la guardia era matar y eso fue lo que hicieron con mi hijo’”, concluyó.

Cuando Iván Urbina llegó a Caracas alrededor de las 8:00 pm, su hijo había sido trasladado a la Morgue de Bello Monte para hacerle la autopsia. El padre recordó que el proceso para la entrega del cuerpo fue rápido.

Durante “La Toma de Caracas” en Altamira, al menos cinco personas resultaron heridas de bala. Salud Baruta reportó no menos de 90 lesionados, mientras que Salud Chacao registró 27. Jóvenes con heridas de perdigones, politraumatismos y asfixias eran las urgencias en esos centros de salud.

Fabián no solo era estudiante de publicidad, se inclinaba mucho por las letras y tenía un blog CONTINUAL MIND, donde escribía textos motivacionales. Sus ideas se centraban en vivir plenamente, disfrutar la vida porque era muy corta y ser feliz a pesar de las dificultades.

 

 

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A Fabián le preocupaba mucho la situación país y así lo dejaba ver en su blog. Aunque en sus textos comentaba que el país estaba en crisis, también alentaba a salir adelante. “Era de esos jóvenes que querían seguir, desarrollarse y prosperar en Venezuela”, dijo su papá.

 

 

A un año sin Fabián

“La vida sin Fabián no ha sido fácil. Yo te puedo asegurar que mi esposa todos los días lo llora (…), es un dolor que no ha podido superar”, comentó el padre.

Para Iván, el gobierno no solo le arrebató a su hijo varón, sino que también le quitó a su hija Gabriela, porque después del asesinato ella sintió mucho miedo y decidió irse del país. “Ahorita estamos solos mi esposa y yo. Ni siquiera hay justicia para decir que no tengo a mi hijo pero por lo menos el culpable está preso”, apuntó con voz quebrada.

Para Aurys García, amiga inseparable de Fabián, este año ha sido muy duro no tenerlo, porque era el “psicólogo’ de todos sus amigos. “Fabián era único. No solo asesinaron a un excelente ser humano, asesinaron al pilar de una familia. A Fabián nunca lo hemos olvidado y la sociedad venezolana no debería olvidarse de él, ni de Neomar, ni de Pernalete”.

Aurys recuerda una frase de Fabián cada vez que está decaída: “Dejemos de aferrarnos a los efímero y comencemos a vivir en libertad con lo eterno”. En esas palabras, consigue consuelo.

Los responsables del asesinato

El uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones es ilegal según el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones”.

Además de ignorar el artículo antes mencionado, durante las protestas se violaron al menos dos apartados más. Entre ellos, el artículo 2, el cual establece que en Venezuela se respeta el derecho a la vida, la libertad y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Otro irrespeto a la Constitución se cristaliza con el artículo 43, que sentencia que “el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna para aplicarla”.

Pero, violando la norma constitucional, el 27 de enero del año 2015 Vladimir Padrino López, ministro de Interior, Justicia y Paz, firmó la resolución 008610, en la que se permite el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones.

Sobre este decreto el artículo 25 de la Constitución aclara que todo acto del Poder Público que viole los derechos garantizados por la Constitución y la ley, es nulo y que dicha actuación incurre en responsabilidades penales, administrativas o civiles, según sea el caso.

En el artículo 29, la violación a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y deben ser investigados y juzgados por tribunales ordinarios y excluidos de beneficios como el indulto o la amnistía.

Aunque todos los atropellos quedaron registrados en videos y los victimarios de Fabián están plenamente identificados, estos no han sido juzgados. “El caso está estancado, aún no se ha realizado la audiencia preliminar pues ha sido diferida siete veces”, comentó Iván Urbina.

Iván señaló que los guardias que dispararon están detenidos en una comandancia del DGCIM en Boleíta, Caracas. Pero eso no le basta: “Yo hasta que no vea que a esos tres guardias no sean juzgados, para mí no habrá justicia”.

Para el padre de Fabián Urbina, el gobierno está jugando al olvido con los asesinatos de las protestas de 2017. “Casos como el de mi hijo, el de Vallenilla, el de Neomar Lander y el de Pernalete también están estancados (…) Es muy lamentable que algo como esto vuelva a suceder solo porque la sociedad se olvidó de las protestas del año 2017”, lamentó.

Este 19 de junio, cuando se cumplió un año del asesinato de Fabián Urbina, estaba pautada por octava vez la audiencia. “No sabemos si fue casual, a propósito o algo divino, pero ojalá que se haga justicia justo cuando mi hijo cumple un año de muerto”, esperaba el padre.

Aunque la audiencia estaba programada para las 11:00 am, se conoció que el juez de la causa volvió a diferirla una vez más por falta de traslados para los indiciados. La nueva audiencia quedó fijada para el 19 de julio.

Como la misa no pudo realizarse el 19, cuando correspondía, para honrar su memoria, los familiares de Fabián Urbina organizaron una ceremonia eclesiástica el próximo sábado 23 de junio a las 5:00 pm en la Parroquia San Judas Tadeo en las Acacias, Maracay.

@yeannalyfermin

Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó represión en Venezuela

cidh

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la represión ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado en las protestas que comenzaron en abril de este año en Venezuela y han traído como consecuencia la muerte de casi ochenta personas, según cifras manejadas por el Ministerio Público.

La Comisión urgió al Estado a investigar la muerte de los jóvenes Juan Pablo Pernalete y Fabián Urbina «con la mayor celeridad posible» y con apego a las garantías del debido proceso. Asimismo asevera que es crucial que estos hechos no queden en impunidad para prevenir el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

El organismo calificó de preocupante, los asaltos armados que se estarían realizando en zonas residenciales con la participación de la GNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en los estados Mérida, Lara, Táchira, Carabobo, Zulia, Miranda y en varias zonas del Área Metropolitana de Caracas.

La Comisión también expresó su preocupación por la actuación de las autoridades policiales en estos sitios y llamó la atención sobre las denuncias que realizó la sociedad civil sobre una «práctica sistemática de represión indiscriminada». Asimismo expresó su preocupación por la gravedad de las denuncias registradas sobre las circunstancias en que se habría llevado a cabo dicho operativo, y por la falta de información oficial sobre el cumplimiento de los requisitos legales para realizar allanamientos y detenciones.

Privan de libertad a 3 sargentos de la GNB por muerte de Fabián Urbina

MinisterioPublico

El Ministerio Público logró privativa de libertad para los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Johan Rojas Díaz, Raymon Ávila León y Jesús Rojas Báez, por su presunta responsabilidad en la muerte de Fabián Urbina, un adolescente de 17 años de edad, ocurrida durante una manifestación realizada el pasado 19 de junio en el Distribuidor Altamira, municipio Chacao del estado Miranda.

Vale destacar que durante el hecho también resultaron heridas otras cuatro personas.

En la audiencia de presentación los fiscales 98°, 125° y auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Renny Amundarain, Jorge Rebolledo y Aldo Leiva, respectivamente, imputaron a Rojas Díaz, Ávila León y Rojas Báez como coautores en los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles en perjuicio de Urbina y frustrado en relación a las personas lesionadas, con el agravante establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica de Niños Niñas y Adolescentes, así como uso indebido de arma orgánica.

Tras evaluar los elementos de convicción, y a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 41º Control del AMC dictó la medida privativa de libertad para los tres GNB, quienes serán recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleita, municipio Sucre del estado Miranda.

El citado día, en horas de la tarde de este lunes, un grupo de personas manifestaba en las inmediaciones del Distribuidor Altamira, cuando los tres funcionarios habrían accionado sus armas de fuego reglamentarias, resultando heridas cuatro personas.

En este sentido, las víctimas fueron trasladadas a una clínica privada de la zona, donde el adolescente falleció tras recibir un disparo en el tórax.

Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas efectivos de la Dgcim, se determinó la responsabilidad de los tres efectivos militares en el hecho, por lo que fueron detenidos entre el 19 y 20 de junio tras ser puestos a la orden del Ministerio Público por el Comando de Zona N° 431 de la GNB, ubicado en la parroquia Coche del municipio Libertador.

Foro Penal solicita a Fiscalía tipificar asesinatos y heridos en protestas como crímenes de lesa humanidad

alfredoromero

Foto Prensa Mud

El Foro Penal Venezolano dio a conocer las cifras de la protestas hasta este jueves 22 de junio e instó a la Fiscalía General de la República a investigar como crímenes de lesa humanidad y no delitos individuales las «atrocidades» denunciadas por el propio Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

«Hasta hoy han habido 3278 arrestos en el marco de las manifestaciones que comenzaron en abril, 1247 personas están recluidas actualmente, 388 personas presentadas ante tribunales militares y 220 privadas de libertad, por otro lado la cifra de presos políticos es de 391», dijo el director de la ONG, Alfredo Romero.

«Tenemos múltiples denuncias de torturas, descargas eléctricas, golpes, personas abusadas sexualmente y bombas lacrimógenas arrojadas dentro de cuartos cerrados para asfixiar a las personas».

«La Fiscalía esta obligada a investigar esta sucesión de hechos no como crímenes de lesa humanidad, no como delitos personales, porque se observa una especie de patrón en el comportamiento de los funcionarios de los organismos de seguridad del Estado», acotó.

Manifestó que ha habido «uso excesivo de la fuerza» como dijo el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, no solo en el caso del asesinato de Fabián Urbina sino en cada una de las manifestaciones en estos 83 días de protesta.

«Invito a los funcionarios de la GNB, PNB, Conas y demás a leerse el artículo 29 de la Constitución, el Estatuto de Roma y las recomendaciones de la Corte Penal Internacional», agregó.

Informó que se presume la participación de miembros de la GNB en al menos 16 asesinatos en estas protestas. Consideró muy difícil para la justicia venezolana y específicamente el Ministerio Público, actuar cuando no hay colaboración de parte de estos organismos.

«Existen 15 GN solicitados por el asesinato de Tony Canelón, asesinado en Lara en abril de este año y este cuerpo los tiene escondidos, igualmente en el caso de Armando Cañizalez se le ha solicitado información a esta institución de los funcionarios que estaban en Las Mercedes ese día y no ha sucedido nada».

Dijo que el general Antonio Benavides Torres se despide de la Guardia Nacional con 47 asesinatos.

Instó a las personas a denunciar los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad. «Entiendo que hay mucho miedo a denunciar, por las amenazas que han recibido los ciudadanos, pero es necesario hacerla nacional e internacionalmente».

 

 

 

 

Defensor del Pueblo asegura que fueron trasladados a tribunales implicados en asesinato de Urbina

gnb

Foto AFP

 

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó que tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron trasladados al tribunal 41 de control del Área Metropolitana de Caracas con la finalidad de ser procesados por el asesinato del joven de 17 años, Fabián Urbina.

Según expuso, el funcionario público Raymon Avila León, Jesús Baez Rojas y Jhon Rojas Díaz serán procesados por el uso indebido de armas de fuego.

Urbina fue asesinado el pasado lunes de un disparo en el toráx mientras participaba en una manifestación, a la altura del distribuidor Altamira.