“Nos tenemos que enfrentar a un sistema de justicia viciado que juega a cansarnos” - Runrun
Las familias de 14 de los asesinados durante las protestas de 2017 conformaron la Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic 2017), que exige justicia por los caídos así como el rescate de la memoria de esos días

@loremelendez

 

El expediente penal de Yorman Bervecía, asesinado en Barinas, está desaparecido desde 2018. 

Aunque hay fotos, videos y hasta una declaración de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, que confirma la participación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el homicidio de Juan Pablo Pernalete, ese componente de la Fuerza Armada insiste en que ninguno de sus miembros estaba en el lugar de los hechos aquel 26 de abril de 2017, cuando una bomba lacrimógena lo impactó en el pecho. 

Los familiares de Fabián Urbina, a quien un GNB disparó de frente en una manifestación en el Distribuidor Altamira de Caracas, cuentan que les difirieron 19 audiencias preliminares antes de que el caso del joven pasara a fase de juicio. 

Sobre el victimario de Manuel Sosa, a quien mataron en Cabudare, estado Lara, pesa una orden de captura desde el 21 de junio de 2017, pero todavía no ha sido ejecutada porque se trata de un uniformado. 

Todos, los cuatro jóvenes, fueron víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado durante las protestas contra Nicolás Maduro en 2017.

Las irregularidades están presentes en cada una de las investigaciones sobre estas muertes. “Esto es un luto permanente. Aparte del dolor que llevamos, nos tenemos que enfrentar a un sistema de justicia viciado que juega a cansarnos. Nos ponen muchas trabas en el proceso, es una lucha diaria. Queremos que sepan que vamos a seguir. No vamos a permitir que nos cansen”, reclama frente a las cámaras Elvira Llovera de Pernalete, madre de Juan Pablo, una de las voceras de la recién creada Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic 2017), una asociación civil sin fines de lucro que “persigue la memoria, verdad, reparación y no repetición de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela”, según dice el comunicado con el que anunciaron su constitución.

El grupo, conformado por 14 familias de víctimas de la acción violenta del Estado contra los manifestantes de 2017, fue presentado ante los medios de comunicación este 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, en medio de un acto frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, donde también están desde septiembre pasado los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. A ellos les entregaron una carta para informarles que, desde ahora, actuarán unidos.

Alfavic 2017 está integrada por los parientes de Juan Pablo Pernalete, Nelson Arévalo, Fabián Urbina, Luis Guillermo Espinoza, Rubén Darío González, Daniel Quéliz, Leonardo González, Yorman Bervecía, Miguel Castillo, Yoiner Peña, Augusto Pugas, Manuel Sosa, Roberto Durán, Luis Alviárez y David Vallenilla. La mayoría eran jóvenes, menores de 30 años, que salieron a protestar contra un gobierno que menoscabó sus libertades y calidad de vida.

El patrón del desgaste

La unión de las familias sirvió para que también advirtieran los patrones de irregularidades que se siguen en los casos. Una y otra vez les niegan el acceso a las copias certificadas de los expedientes, se desaparecen las solicitudes de arresto, dan tratos preferenciales a los imputados porque los cambian a retenes de los cuerpos de seguridad a los que pertenecen, difieren las audiencias para retrasar los juicios un año o más.

Un ejemplo de ese retardo procesal lo expuso Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, quien acababa de salir de la primera audiencia de apertura de juicio del homicidio de su hijo, que fue diferida para el 25 de febrero de 2020 al mediodía. La razón que le dieron para posponerla es que no se notificó de ese acto a los familiares de las otras cuatro víctimas que fueron heridas en el mismo incidente que Fabián.

“De los 14 casos sistematizados en este informe, existen nueve que están prácticamente paralizados. Nos atiende la Fiscalía, pero no hay avances en las investigaciones. En más de dos años de ocurridos los hechos, la impunidad se mantiene (…) Los órganos de seguridad siguen burlándose de nosotros como familiares, siguen negándonos la justicia y el acceso a la verdad de lo que pasó en los hechos de 2017”, leyó Elvira Llovera de Pernalete en una rueda de prensa que se efectuó más tarde. Lo hizo frente a una mesa en la que estaban las medallas deportivas que había recibido su hijo, la franela beige del liceo de Rubén González, las fotos de Vallenilla y Arévalo, una camiseta con el rostro de Urbina estampado.

La madre de Juan Pernalete señala también que, en el caso de su hijo, el fiscal designado por el Ministerio Público ha sido cambiado 14 veces. Cada vez que eso sucede, todo el proceso debe comenzar de nuevo. Por eso no deja de ir todas las semanas a esa instancia para exigir que le soliciten a la Guardia Nacional los libros de novedades, el “parte” de armas usadas y todos los documentos con los que se pueda comprobar que el asesino de su hijo es un militar. La respuesta de la Fiscalía es que la Fuerza Armada no les suministra ninguna información.

En ese juego del desgaste del que se siente víctima, también la criminalizan. “Una vez, cuando fuimos a pedir una copia del documento, dijeron ‘busquen el expediente del guarimbero’. Yo les contesté que donde estaba ese término para referirse a mi hijo. Esa es una situación que no solo nos desgasta emocionalmente. Los órganos encargados de dar justicia no te acompañan, sientes que estás luchando contra un Estado completo, que no tienes instituciones”, asegura.

Memoria en lugar de sobornos

La nueva Alianza también rechazó que desde el gobierno se les haya querido sobornar con ayudas económicas. Así sucedió cuando la asamblea nacional constituyente conformó la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, órgano que convocó a reuniones a los familiares para ofrecerles sueldos mínimos de por vida, la cobertura de los gastos funerarios e incluso viviendas, con tal de que no continuaran exigiendo justicia. Ninguno de los miembros de Alfavic 2017 aceptó.

“Nosotros lo que buscamos es justicia y la no repetición de los hechos que marcaron a nuestros familias. Queremos crear memoria histórica de lo que pasó en 2017, cuando nuestros hijos salieron a protestar y fueron asesinados por los organismos del Estado”, señaló Iván Urbina. “Los jóvenes asesinados tenían historias, tenían familia y fueron tildados de delincuentes y terroristas, de criminales, todo por ejercer sus derechos fundamentales”, añadió Llovera de Pernalete.

Los familiares también reclamaron haber sido víctimas de acoso y hostigamiento. Olga González, esposa de Leonardo González, el payaso de hospital que fue acribillado por policías de Naguanagua, explicó que nunca recibió respuesta ante la solicitud de medida de protección que pidió a los tribunales, aun cuando vio que los oficiales acusados por el asesinato de su marido estaban libres.

A la familia Pernalete le fue otorgada una orden judicial para que la Policía Nacional se hiciera cargo de su seguridad, pero en ningún momento este cuerpo de seguridad se las ha ofrecido.

A Yoinier Peña, joven  con discapacidad cognitiva asesinado por colectivos en Barquisimeto,  estado Lara, lo custodiaron militares mientras estuvo hospitalizado antes de morir. “Los guardias iban y venían y él temblaba. Cuando yo me iba a buscar los medicamentos, también me observaban”, recordó su mamá, Yaneth Hernández.

A Zulmi Espinoza, madre de Luis Guillermo Espinoza, muchacho de 15 años a quien mataron en Carabobo, la persiguió la GNB poco después de ofrecer una declaración en un centro comercial, y un episodio similar se repitió cuando dio en su casa unas entrevistas a varios medios de comunicación. “Cuando los reporteros se fueron, pasaron unas 10 motos, con hombres vestidos de negro, frente a la casa. Nosotros tememos por nuestras vidas porque sabemos que estamos peleando contra gente que nos garantiza ese derecho”, afirmó.

Cambio de sitio a última hora

Rodolfo Montes de Oca, abogado de Provea que ayudó a la nueva organización, informó que la rueda de prensa debió cambiar de lugar a última hora. El lugar anunciado para el evento había sido la Sala Cabrujas, que depende de la Alcaldía de Chacao y está a pocos metros de la sede del PNUD en donde se entregó la carta. En horas de la tarde del lunes, 9 de diciembre, el coordinador de Programación del recinto informó que “por órdenes de arriba” el acto no se podría efectuar allí.

Al final, el encuentro con los medios se hizo en las oficinas de Chacao del LaboCiudadano, otra de las organizaciones que colaboró con Alfavic 2017 en su presentación.

Entre las próximas acciones, la Alianza prevé ejercer presión sobre las instituciones al acompañar a los familiares cuando haya audiencias, reunirse con representantes de las embajadas de países que pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU y hacer un par de visitas al Comité de Derechos Humanos de la misma organización en Ginebra, Suiza. Esperan que a su nueva Alianza se unan más padres y familiares de los 158 asesinados durante las protestas de 2017.