LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE DE ALIMENTOS Kellogg informó este martes que ejercerá «las acciones legales pertinentes» por la apropiación de sus activos y el uso indebido de su marca en Venezuela, país en el que sus instalaciones fueron expropiadas en 2018 por el gobierno de Nicolás Maduro.
«Reafirmamos que el uso de nuestras marcas no se encuentra autorizado en el territorio de Venezuela por virtud de la expropiación y toma de nuestras operaciones por parte del Gobierno de Venezuela desde el pasado 15 de mayo de 2018», indica la compañía en un comunicado difundido en medios.
La compañía denunció «la apropiación, uso y comercialización indebida» de sus activos en suelo venezolano, donde operó por más de 100 años, y adelantó que ejercerá «las acciones legales pertinentes».
En su comunicado, sostiene que los productos «ostentan ilegalmente las marcas Kellogg» y advierte que la empresa «no produce ni comercializa, de forma directa o indirecta, ninguno de sus productos en Venezuela».
En mayo del 2018 la empresa norteamericana comunicó el cierre indefinido de Alimentos Kellogg, la filial que operaba en Venezuela, a través de un aviso en el que informaba que «se ha visto forzada a cesar sus operaciones en el país».
Tras conocerse el cierre, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció la expropiación de las instalaciones de Alimentos Kellogg y luego se reiniciaron operaciones bajo control estatal.
En los supermercados se consiguen productos con las marcas de la compañía estadounidense como Corn Flakes y Zucaritas, cuyos empaques además tienen impresos logos del «Gobierno Bolivariano de Aragua», la región en la que están ubicadas las plantas expropiadas y cuyo titular es el dirigente oficialista, Rodolfo Marco Torre.
LA COMPAÑÍA ESTADOUNIDENSE Owens-Illinois (OI), empresa que estuvo en Venezuela hasta que fue expropiada en 2010 por el presidente Hugo Chávez, presentó una demanda contra el Estado venezolano por $500 millones el 11 de febrero por este motivo.
En la demanda se nombra a Petróleos de Venezuela y la filial Citgo, que según OI, son “alter egos y meros instrumentos de Venezuela”, según refiere Reuters. Y que al no tener flujo de caja, es posible que exija pago en activos.
La empresa ganó en 2015 la demanda interpuesta ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión. El documento dice que OI tiene derecho a cobrar $372 millones más los intereses por la nacionalización de esas empresas en Venezuela.
El tribunal determinó que Venezuela violó sus obligaciones en virtud de un tratado de inversión de 1991 con Holanda.
Esta expropiación, que consistió en dos fábricas en el occidente de Venezuela, fue efectuada bajo el criterio de que la empresa “había ejecutando prácticas que devienen en la violación del ejercicio de la libre competencia”, afectando presuntamente a otros productores.
Dicha acción fue ratificada por Elías Jaua, quien era vicepresidente de la República ese año, quien calificó la expropiación como una “acción legal, constitucional del Estado”.
En 2010 -recuerda Reuters– Jaua acusaba a opositores y a empleados de Empresas Polar de propiciar protestas de trabajadores de Owens Illinois que se oponen a la medida.
“Hacemos un llamado a nombre del Gobierno bolivariano a los dueños de la Empresa Polar. Es extraño que sus trabajadores en vez de estar trabajando están tomando e impidiendo o tratando de impedir la acción del estado venezolano”, dijo Jaua.
“Hacemos un llamado de advertencia a los propietarios de Empresas Polar a que tomen cartas en el asunto y se distancien de la posición que hoy mantienen algunos trabajadores y trabajadoras de Empresas Polar (…) de participar en una protesta que es ilegal”, puntualizó.
“Hoy aprobé la ocupación temporal y expropiación de la empresa Consolidada de Ferrys, Conferry. Ya basta. Eso es un desastre. Los ferrys de Conferry. Vamos a nacionalizar eso. Vamos a poner operativo todos esos buques, las seguridad de nuestros pueblos, de nuestra gente que viaja para Margarita, el turismo. Es muy importante”, dijo Hugo Chávez Frías el 26 de septiembre de 2011.
Chávez, que en ese momento estaba en tratamiento para combatir el cáncer, anunció a través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, que crearían una nueva línea de barcos, con tarifas preferenciales para alimentos y bebidas. En ese momento Conferry tenía 46 años operando, con altibajos, en Venezuela.
El Decreto N° 8.486, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.766 del 27 de septiembre, dice en su Artículo 2° que buscan la “reivindicación del derecho del pueblo venezolano a un acceso oportuno, eficiente y digno al transporte marítimo”.
Siete años después no hay acceso oportuno, eficiente y digno porque no hay buques. Ni uno solo.
Desde su expropiación, La Nueva Conferry pasó de ser la empresa naviera con mayor cantidad de buques del país a no tener ninguna embarcación operativa.
“Desde que Conferry fue expropiada sabíamos que no iba a terminar bien”, aseguró el presidente de Conseturismo Jesús Irausquín.
Vive un ferry en el fondo del mar
Al momento de ser estatizada, la flota de La Nueva Conferry estaba conformada por ocho buques: María Libre, Concepción Mariño, Cacica Isabel, Carmen Ernestina, María Rosario, Rosa Eugenia, Tallink Autoexpress y Lilia Concepción.
Naufragios, hundimientos parciales y paralización de actividades han ido mermando la flota. El más reciente naufragio de una embarcación de la empresa estatal es el del Tallink Autoexpress. La nave comenzó a formar parte de La Nueva Conferry en 2009. Tenía una capacidad de 600 pasajeros y 175 vehículos. Se hundió el 7 de agosto de 2018. Antes de hundirse, tenía tres meses varado en el Puerto de Guanta y alrededor de tres años desincorporado de la flota. Pero este no es el único caso.
El emblemático ferry Carmen Ernestina se incorporó a Conferry en 1999 y contaba con una capacidad para 800 pasajeros y 200 vehículos. Se hundió parcialmente el 9 de octubre de 2016 en Puerto La Cruz.
El buque Rosa Eugenia forma parte de Conferry desde 2008. Tiene una capacidad para 58 pasajeros y 74 vehículos. La última posición recibida por Marine Traffic fue el 11 de marzo de 2016 en Puerto La Cruz. Se hundió el 3 de septiembre de 2018 en Puerto La Cruz. Según El Impulso la embarcación tenía tres años en desuso debido a su deterioro.
En 2011 Conferry transportaba 5458 pasajeros entre Puerto La Cruz, Puerto de La Guaira y la Isla de Margarita aproximadamente. Actualmente no ofrece traslado a ningún pasajero debido a la falla de las embarcaciones.
Los más nuevos, también varados
Desde la expropiación la empresa naviera incorporó a su flota seis buques. Ninguno está operativo. El San Francisco de Asís fue construido en 2001, inició operaciones con Conferry en 2013. Actualmente está varado en el Puerto de Guanta.
Virgen de Coromoto fue fabricado en 2002 y, al igual que el San Francisco de Asís, comenzó a operar para Conferry en 2013. La última posición recibida por Marine Traffic fue el 25 de marzo de 2018 en Puerto Cabello.
Virgen del Valle II se construyó en el 2000. El buque con capacidad para 950 pasajeros fue comprado en 2013 por La Nueva Conferry. Reinició operaciones en 2015, luego de haber estado en mantenimiento durante ese año. Actualmente está fuera de servicio.
De 14 buques que tenía La Nueva Conferry desde su expropiación, 11 se encuentran fuera de servicio y tres se hundieron. Ninguno se encuentra operativo.
El 20 y 21 de septiembre de 2018, trabajadores de la La Nueva Conferry manifestaron en la entrada principal del terminal marítimo en Puerto La Cruz, Anzoátegui, por la cancelación del nuevo salario y por la recuperación de las embarcaciones que se encuentran fuera de servicio.
#21Sep 9:30am #Anzoátegui Trabajadores de Conferry protestan en la entrada principal del terminal marítimo para reclamar por la cancelación del salario actual y por la recuperación de las embarcaciones que están paralizadas – @giovannapllpic.twitter.com/2FAfGXOoo6
Los empleados de la empresa naviera aseguraron que no hay ninguna embarcación operativa.
Jesús Irausquín aseguró que el deterioro de Conferry aumentó el desabastecimiento en la Isla de Margarita, debido a la poca producción del estado Nueva Esparta. “La isla siempre dependió del transporte marítimo para obtener alimentos y otros productos de necesidad básica de tierra firme”, afirmó.
“La única entrada por vía marítima de pasajeros y alimentos a la isla es gracias a las empresas navieras privadas” indicó el presidente de Conseturismo.
La Nueva Conferry está adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT). El ministro de Transporte actual es el Mayor General Carlos Osorio Zambrano, expresidente de Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y de la Corporación de Abastecimiento y Servicio Agrícola (CASA). El también exministro de Alimentación está sancionado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
El presidente de la empresa naviera es Roigar López Rivas, ex director regional del MPPT y exdirector de investigación de la fundación Geoparques de Venezuela. Durante 2016, López Rivas fue designado presidente de la empresa. Ese mismo año los buques María Libre y Cacica Isabel pasaron a estar fuera de servicio, el Carmen Ernestina se hundió parcialmente y se adquirió el Jet Dalis.
En una entrevista publicada en El Sol de Margarita en septiembre del año pasado, López Rivas afirmó conocer de la compra de buques en mal estado por el ex presidente de la empresa Hebert García Plaza. «Entre los barcos que están en venta hay buques comprados hace cuatro años, conocemos el caso de corrupción de Hebert García Plaza que compró un barco que está inservible (San Francisco de Asís) y el Virgen de Coromoto está en buen estado pero su mantenimiento es costoso».
Solo los privados están a flote
A diferencia de la empresa naviera pública, empresas privadas como Gran Cacique, Naviarca y Navibus están conformadas por flotas más pequeñas. La mayoría de los buques están operativos.
En el caso de Gran Cacique su flota actual está conformada por cuatro buques: Don Nassib, Gran Cacique IV, Gran Cacique III y Aurora V, según un empleado de gerencia técnica de la empresa que pidió no revelar su nombre. El único que está fuera de servicio es el Gran Cacique IV por falta de repuestos.
La flota actual de Naviarca está constituida por cuatro buques: Guaiquerí, Caracas, Palita y Doña Mecha, todos operativos.
De acuerdo con la página web de la empresa naviera Navibus su flota está conformada por cuatro buques: La Restinga, La Caranta, La Galera y La Caracola. Igualmente, todos operativos.
Siete años después de la expropiación de la más emblemática empresa del transporte marítimo hacia la isla de Nueva Esparta, solo las compañías privadas están a flote.
La Alcaldía Libertador emitió un decretó en el que declara la expropiación y ocupación de los negocios que tenían años operando en esa parte del centro de la ciudad. Este martes los comerciantes colocaron los avisos de que estaban tomados.
Caracas. Un movimiento inusual se observó la mañana de este martes 24 de abril en los alrededores de la plaza El Venezolano. Una hilera de camiones aguardaba en un lateral de la avenida Universidad. Eran los únicos vehículos que la policía de Caracas dejaba estacionar. Carretillas iban y venían con cajas, piñatas, cartones y bolsas repletas de mercancías, sinónimo de una mudanza a toda prisa.
Mientras eso ocurría por una parte, en la plaza una mujer lloraba sin parar, mientras otra la consolaba. Ambas estaban confundidas. “Llegamos al trabajo y ya no hay nada”.
Las sillas, mesas, cajas registradoras, neveras, lámparas, bombillos, todo lo que había dentro del local estaba en la plaza. Eso era lo que cargaban los obreros hacia los camiones. “Expropiaron el negocio. Toda la manzana. No nos están dando chance de nada. Tenemos 24 horas”, dijo la señora.
La Alcaldía del municipio Libertador expropió los comercios que están frente a la plaza y la casa del Libertador.
«HACE 18 AÑOS, EL ESTADO SOLO TENÍA 34 empresas que podemos identificar, hoy en día poseen 526 y seguramente van a aumentar», así lo comentó Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela en el marco de la presentación del informe «Empresas propiedad del Estado en Venezuela, un modelo de control».
Transparencia Venezuela junto al portal de datos, Vendata y aliados de Brasil y Argentina se encargaron de llevar a cabo la investigación que comenzó en julio de 2016 logró identificar a 526 EPE (empresas del Estado).
«Parte la crisis que tenemos hoy es responsabilidad del control de las empresas por parte del Estado», añadió De Freitas.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro se expropiaron, crearon o confiscaron el 74% de las empresas que actualmente posee el Estado. La cifra de 526 es cuatro veces superior a las 130 de Brasil y diez a las 52 de Argentina.
«Las empresas tienen un valor menor a cuando se crearon, confiscaron o expropiaron. En la mayoría de los casos, las empresas solo se confiscado porque no se cancelaron», añadió.
Según el estudio, 775 millardos de bolívares es la estimación de pérdidas por parte de empresas del Estado el año pasado.
«Esto tiene que ver con los 35 puntos negativos del PIB que tiene Venezuela en los últimos cuatro años», aseguró De Freitas, quien informó además que en el estudio no se incluyeron las empresas vinculadas con alcaldías y gobernaciones.
«También vemos que las nóminas de estas empresas se usan para ampliar la militancia política del partido de gobierno», puntualizó.
De Freitas indicó igualmente que no fue fácil emprender la investigación que les llevó más de un año. «Hay una gran opacidad en cuanto a las empresas del Estado».
«La producción decreció, mientras la nómina aumentó, por ejemplo Lácteos Los Andes infló su plantilla en 117% desde que fue adquirida por el Estado».
Agroisleña, actualmente Agropatria, denunció al gobierno de Venezuela ante el Banco Mundial para que devuelva la empresa, expropiada en 2010, o les otorguen el dinero necesario en compensación por la nacionalización.
Fraga Afonso, familia del fundador del grupo, se encuentra a la espera de forzar un encuentro a través de los acuerdos de protección de inversiones que hay entre España y Venezuela, en vigor dede 1997.
La petición, en forma de demanda ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ha sido presentada por las siguientes empresas españolas: Agroinsumos Iberoamericanos, Inica Latinoamericana, Proyefa Internacional y Verica Atlántica, reseñó ABC.
Agroisleña tenía 59 tiendas en áreas agrícolas, realizaba más de 800.000 operaciones comerciales por año, atendía una cartera de clientes que superaba los 207.000 ganaderos y agricultores y empleaba a más de 2.250 trabajadores directos.
Un año antes de la expropiación, producía más de 12.000.000 de kilos de semillas. Además exportaba productos agrícolas a más de 15 países, principalmente de Iberoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá.
CARACAS/TORONTO (Reuters) – La pequeña minera ruso-canadiense Rusoro dijo el martes que un tribunal arbitral del Banco Mundial le otorgó una compensación de 1.200 millones de dólares por la expropiación de sus activos en Venezuela.
El fallecido Hugo Chávez nacionalizó en el 2011 la industria aurífera y, tras un año de negociaciones con el gobierno, Rusoro, que operaba ricos yacimientos en el sureste del país, dijo que no había llegado a acuerdo y que iniciaría un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Rusoro, con sede en Vancouver, solicitó 3.000 millones de dólares de compensación a pesar de que sus activos estaban valorados en unos 1.000 millones al momento de su nacionalización.
«En general, estamos muy satisfechos con la decisión del tribunal y esperamos recibir el dinero», dijo a Andre Agapov, presidente de Rusoro, a través de un mensaje de WhatsApp.
Posteriormente, la firma precisó en un comunicado que el laudo del CIADI le concedió 967,77 millones de dólares más intereses, lo que suma más de 1.200 millones de dólares.
El ministerio de Minería de Venezuela no estuvo disponible inmediatamente para comentar sobre el caso.
A pesar de haberse retirado del CIADI en 2012, Venezuela aún enfrenta una veintena de millonarios arbitrajes internacionales en esa corte luego de una agresiva política de nacionalizaciones llevada a cabo por Chávez durante sus años en el poder.
El país ha optado por solicitar anulaciones y revisiones de los laudos recientes, buscando ganar tiempo en medio de una profunda crisis de liquidez.
En abril, Venezuela dijo que «ejercerá los recursos legales a su disposición» para debilitar la decisión que la obliga a pagar 1.386 millones de dólares a la canadiense Crystallex en compensación por la expropiación de un yacimiento.
Un director de Rusoro, Gordon Keep, dijo a Reuters que la empresa buscará un acuerdo, similar al que obtuvo la canadiense Gold Reserve, que firmó a principios de mes un convenio para crear una empresa mixta con el Estado venezolano que aceptó pagarle 769 millones de dólares como indemnización por la nacionalización de sus activos.
Keep dijo que el pago a Gold Reserve, cuya primera parte de 600 millones de dólares se debe dar a fines de octubre, será la «verdadera prueba» para saber si Venezuela honrará sus compromisos.
Venezuela posee vastas reservas de oro, pero aún es un jugador menor en la industria luego de años de trabas legales que han impedido a firmas extranjeras explotar a gran escala el recurso.
Las acciones de Rusoro subieron más de un 80 por ciento en la bolsa de Vancouver tras conocerse el fallo favorable.
VENEZUELA ESTÁ ATRAPADA EN LA MAYOR CRISIS económica de su historia. Lejos de mostrar una salida, las señales anuncian que al cierre de este año la inflación de 180,9%, registrada en 2015 por el Banco Central de Venezuela, palidecerá, y que la escasez se profundizará debido al severo recorte de las importaciones aplicado por el Gobierno.
El año 2016 será también el tercer ejercicio consecutivo de contracción del Producto Interno Bruto (PIB), tras los desplomes de 2014 y 2015. Desde el Gobierno la explicación es la misma desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República, en abril de 2013: la “guerra económica”.
En el discurso oficial se trata de un plan orquestado por Estados Unidos, los empresarios y la oposición venezolana. “El Gobierno de Estados Unidos está al frente de la guerra económica contra Venezuela, pero no pueden ni podrán con nosotros”, manifestó recientemente el mandatario nacional.
Economistas y organizaciones empresariales coinciden en que la crisis que se vive sólo responde a las políticas aplicadas por el Gobierno de Hugo Chávez y su sucesor. “Los problemas económicos que sufren los venezolanos son consecuencia de una serie de políticas económicas y reguladoras que fueron implementadas por el presidente Hugo Chávez y continuadas por Nicolás Maduro. Se trata de políticas que constituyen la esencia del modelo intervencionista implementado bajo el nombre de Socialismo del siglo XXI, como el control de precios, las estatizaciones y el control de cambios”, escribió el economista, Ángel Alayón, en un artículo de opinión para el New York Times.
Antonio Pestana, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), se muestra igual de tajante. “La famosa guerra económica no existe en la producción de alimentos (…) Ningún agricultor ha jugado a no sembrar”.
Una mirada a los datos y a los resultados de las medidas promovidas por el Gobierno durante los últimos años confirma que detrás del ardid de la “guerra económica” se esconde un recetario de medidas que allí donde se han aplicado han conducido al fracaso.
La “guerra económica” al desnudo
Expropiación de Tierras
Hugo Chávez impulsó una política dirigida a expropiar e intervenir tierras agrícolas. Al menos 1.200 “unidades productivas” que suman poco más de 5 millones de hectáreas fueron asumidas por el Estado para ensayar distintos esquemas de producción, pero los resultados revelan el fracaso. “Evidentemente tenemos que revertir esto (…) Hoy en día no producen lo que sus dueños originales podían producir porque no hay sentido de pertenencia”, sostiene el presidente de Fedeagro.
Las cifras de esa organización, basadas en las del Ministerio de Agricultura y Tierras, muestran que al cierre de 2015 la producción de rubros como el maíz, arroz, caña de azúcar, sorgo y café es menor a la registrada en 2008. Asimismo, indican que prácticamente en ninguno de los principales rubros agrícolas hay “autoabastecimiento”, a pesar de que en casos como los del café y el arroz Venezuela tuvo una oferta exportable.
Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), también asegura que las expropiaciones en el campo impactaron negativamente la producción agropecuaria. “Las confiscaciones de tierras causaron un daño impresionante que ha venido a parar en lo que vemos hoy en día”, manifiesta Albornoz. Los datos de Fedenaga indican que hoy sólo se produce entre 35% y 38% de la carne que se debería producir, pero la caída del consumo en las familias venezolanas impide ver ese grave déficit de producción. “Con esa tercera parte estamos abasteciendo todo el mercado por la caída del consumo”, apunta el directivo.
De Agroisleña a Agropatria
La expropiación de Agroisleña en 2010 marcó un punto de inflexión para la producción agrícola. Las consecuencias de esa medida se ven hoy en los productores de diversas regiones que no pueden sembrar ante la falta de insumos como semillas y agroquímicos para los cultivos. La empresa, rebautizada por el Gobierno como Agropatria, es incapaz de atender oportunamente la demanda de los productores. “El monopolio que significa Agropatria es una gran desgracia para los productores venezolanos. Hay que permitir que el resto de empresas privadas que importaban insumos o los producían aquí puedan trabajar”, opina el presidente de Fedeagro.
La incapacidad de Agropatria es tal que en zonas como Los Andes el 75% del área de siembra no se está aprovechando por falta de insumos, mientras que en rubros como arroz este año apenas se sembrarán 110 mil hectáreas de arroz, menos de un tercio de las 360 mil hectáreas que se requieren anualmente. En el café el resultado es peor y la producción apenas llega al 25% de las necesidades del país porque los productores no tienen insumos para combatir la plaga de “la roya”. “Mientras no llegan los insumos no podemos hacer el milagro de convertir tierra en alimentos”, insiste el presidente de Fedeagro.
El Estado empresario
El Estado también se convirtió en un gran industrial a punta de expropiaciones e intervenciones de empresas en los últimos años. Cifras de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) señalan que entre 2002 y 2015 se expropiaron 1.322 empresas, siendo los años 2009, 2010 y 2011 en los que hubo el mayor número de intervenciones.
De acuerdo a ese conteo, casi un tercio de las expropiaciones ocurrió en el sector industrial y afectó particularmente operaciones agrícolas y plantas agroindustriales. Sólo el ministerio de Alimentación administra alrededor de 300 empresas agrupadas en varios “conglomerados”: el de aceites y grasas con 9 empresas, el de arroz con 17 empresas, el cárnico con 29 empresas, el avícola con 8 empresas, el de los silos con 46 empresas y el de harina de maíz con 15 empresas, entre los más importantes.
Pero en compañías emblemáticas que fueron expropiadas la producción va en picada. En Industrias Diana, por ejemplo, entre 2013 y 2015 la producción se redujo 55% al pasar de 164.904 toneladas de aceites y grasas a tan sólo 73.406, según la Memoria y Cuenta de 2015 del Ministerio de Alimentación. En Lácteos Los Andes se repite la historia y en ese mismo período de dos años el rendimiento de la empresa cayó 12% al pasar de las 298.045 toneladas de 2013 a sólo 263.094 toneladas el año pasado.
Empresarios han planteado al Ejecutivo nacional la necesidad de que esas instalaciones vuelvan a manos privadas, pero el diputado Diosdado Cabello le ha cerrado la puerta a esa posibilidad, pese a que el ex ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, y otros funcionarios llegaron a reconocer que estaban evaluando esa opción.
Control de cambio: corrupción, fuga de divisas y otros males
Además de convertirse en una fuente de corrupción, el control de cambio vigente desde hace 13 años terminó siendo una medida perniciosa para la producción. El sostenimiento de tipos de cambio artificialmente bajos hizo más atractivo y rentable recurrir a las importaciones que producir en el país. “Las importaciones lamentablemente tuvieron un crecimiento desmedido”, cuestionó recientemente el presidente de Fedeagro.
Los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) muestran que entre 2003 y 2014 –las cifras totales de 2015 no están disponibles- las compras al exterior de Venezuela pasaron de los 10.483 millones de dólares a 47.508 millones de dólares, esto es, un crecimiento de 353%. En ese auge destaca el salto de las importaciones públicas que brincaron de los 2.483 millones de dólares a los 23.445 millones de dólares, esto es, un alza de 844% en once años.
En paralelo al festín de importaciones el aparato productivo se fue desmantelando, situación que ha quedado al desnudo con la caída de los ingresos petroleros y la imposibilidad de mantener las importaciones. “Desde 1998 hasta 2015 la producción de Venezuela per cápita creció 0,03%, o sea, 0%. El consumo per cápita del Gobierno creció 2,3% cada año durante 18 años, el consumo privado per cápita creció 1,9% cada año durante 18 años. Tienes un país que se acostumbró a consumir bastante, basado en importaciones, y en paralelo fue destruyendo su capacidad productiva”, explicó recientemente el economista Miguel Ángel Santos en entrevista con el Circuito Éxtos.
Del control de precios a los bachaqueros
El Gobierno ha insistido en la política del control de precios para frenar el alza de los mismos. Los resultados han sido exactamente contrarios: Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo y las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que al cierre de 2016 la inflación será de 700%. Desde las organizaciones empresariales han cuestionado el control porque en la práctica se ha traducido en una “congelación” que obliga a las empresas a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.
Un desabastecimiento crónico y la reducción de la diversidad de marcas y presentaciones de productos básicos han sido algunas de las consecuencias. En septiembre de 2014 la filial venezolana de Clorox, fabricante de marcas como Nevex y Mistolín, cesó sus operaciones en el país y atribuyó la decisión a los efectos que había ocasionado en la compañía el control de precios, ya que “durante casi tres años” se vio obligada a “vender más de dos tercios de sus productos a precios congelados por el Gobierno venezolano”, generando “constantes pérdidas operativas”. Este año se filtró a la prensa un comunicado interno de Colgate Palmolive en el que la empresa también advertía a sus trabajadores la imposibilidad de trabajar con precios que no reconocen los costos de producción. “Ninguna empresa puede sostener la producción con pérdidas permanentes”, decía el texto.
El contrabando de extracción, primero, y posteriormente la extensión del fenómeno del “bachaqueo” han sido otras de las consecuencias del control de precios. Hoy las distorsiones son tan amplias que en algunos productos la rentabilidad que se puede obtener en el mercado informal es tal que ni si quiera es necesario sacarlo de contrabando a Colombia para obtener ganancias. Cifras de Datanálisis revelan que dos de cada tres de personas que hacen colas están allí para comprar los productos con precios regulados y luego revenderlos.
Pese a los malos resultados, el Gobierno no parece dispuesto a cambiar su política. Recientemente las empresas de servicios de telecomunicaciones anunciaron ajustes de precios en las tarifas de telefonía celular, internet y televisión por cable. El alza se había discutido en las mesas de trabajo del “motor de telecomunicaciones” a raíz de que la estructura de costos del sector pasó a la tasa del Dicom, en casi 650 bolívares por dólar, pero aun así el presidente de la República ordenó revertir los aumentos de tarifa.
Control a la distribución o repartir lo que no existe
Pese a que todas las señalas apuntan a que el problema principal en la oferta de bienes es la caída de la producción, el Gobierno ha insistido en que la clave está en controlar la distribución. Así a los esquemas de control vigentes desde hace años como el “sistema de guías de movilización” instrumentado por la Sunagro, en el que obligan a las empresas a notificar el traslado de la mercancía, se han ido sumando mecanismos como el de las máquinas capta huellas en los supermercados, el cierre de la frontera con Colombia o los recientes Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
“Estamos enfrentado un monstruo de mil cabezas: la guerra económica, porque (actualmente) el sistema distributivo y el sistema comercializador de todo el país, en un 95%, está en mano de los distribuidores privados y son cuatro o cinco grupos distribuidores del país que controlan todo lo que es el metabolismo y el mecanismo de distribución», ha denunciado Nicolás Maduro.
Sin embargo, desde la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) han insistido en que el problema principal es la caída de la producción por la imposibilidad para importar materia prima, la falta de insumos, el ausentismo laboral o la crisis eléctrica, entre otros obstáculos. “No es un problema de distribución, es un problema de producción (…) Concentrar la distribución en menos puntos de venta no resuelve el problema”, alertó en febrero pasado Manuel Felipe Larrazábal, presidente de Cavidea.
Aumentos salariales, una ilusión monetaria y más presión inflacionaria
El Gobierno nacional esgrime como una bandera los aumentos de salario. Ricardo Menéndez, Vicepresidente de Planificación, afirmó que el alza de 50% en el salario mínimo decretada recientemente por el presidente de la República forma parte de una política de “protección salarial” y “combate de manera frontal la inflación y la especulación de los precios”.
Sin embargo, para los economistas los cada vez más frecuentes ajustes salariales son una señal clara del deterior de la moneda y de la pérdida del poder adquisitivo. “Ello va a causar inflación. Todo aumento de salario superior al de la productividad causa siempre, por definición, inflación (…) La única forma que gane poder de compra el salario es cuando aumente la productividad”, declaró a Globovisión el economista y director de Econométrica, Ángel García Banchs.
Las cifras de Econométrica indicaban que en julio de este año –antes del aumento salarial- el poder adquisitivo del salario mínimo integral (incluye bono de alimentación) “es casi un tercio del que tenía en julio de 2007”, como consecuencia de la inflación registrada en ese período. En otras palabras, los venezolanos han ido teniendo cada vez más bolívares en sus bolsillos que compran menos.
Aunado al factor de la productividad está la política monetaria del Gobierno como causante de la inflación que evapora los salarios. Durante años el Gobierno ha apuntalado la expansión del gasto público a través del financiamiento del Banco Central de Venezuela (BCV) a Pdvsa, generando lo que los economistas llaman dinero “inorgánico”, que al entrar a la economía presiona más los precios de los productos que escasean en el mercado.
Los resultados indican que en los últimos diez años Venezuela ha figurado entre los diez países con mayor inflación del mundo y que desde 2013 la economía nacional ha registrado la tasa de inflación más alta del planeta.
