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Las “pruebas” de Maduro que nunca vieron la luz (Interactivo)

@AdrianitaN

DICEN LAS ABUELAS QUE NADIE OFRECE TANTO, como quien no va a cumplir. “Tengo pruebas” es la sentencia de la que echa mano el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cada vez que quiere dar peso a sus tesis sobre cualquier hecho que sucede en el país. En 28 meses de gobierno, el Jefe de Estado ha prometido 42 veces pruebas sobre algún problema. Mínimo una oferta al mes. Sin embargo, extraña vez las pruebas de Maduro salen la luz.

El catálogo de Maduro incluye “evidencias” sobre conspiraciones para desestabilizar su Gobierno, actos de corrupción de figuras de la oposición, agudización de la “guerra económica”, “sabotaje” del sistema eléctrico, planes secesionistas, magnicidios, asesinatos, actividades paramilitares en el país y hasta una crítica a la Conferencia Episcopal Venezolana por “sabotear” la beatificación del Venerable José Gregorio Hernández.

El sociólogo Tulio Hernández mira con asombro cómo los venezolanos se han acostumbrado al poco valor que tienen la palabra y las promesas. “Lo que generaría una interpelación en la Asamblea Nacional, en Venezuela no tiene consecuencias políticas, ni mediáticas”, señala. Para Hernández es vital que el Parlamento le siga los pasos a los gobernantes hasta que cumplan con sus promesas, que los medios de comunicación independientes hagan seguimiento a sus declaraciones y que la oposición se ocupe de formar el pensamiento crítico en los ciudadanos.

Umberto Eco bautizó al hecho de prometer y luego desconocer lo dicho como “populismo mediático”. El escritor italiano explica —tomando como referencia el gobierno de Silvio Berlusconi— que “si vas al Parlamento a decir una cosa, te la registran en el acta enseguida, y después no puedes decir que no la has dicho”. Empeñar su palabra en televisión aumentaba automáticamente la popularidad del gobernante. Si luego se retractaba o ignoraba sus promesas, era en privado, fuera del conocimiento y recuerdo de los ciudadanos.

Mariana Bacalao, especialista en Análisis de Discurso y profesora universitaria, explica que el gobierno de Maduro apuesta por la relativización al momento de evaluar cualquier hecho real. “Tenemos un liderazgo que considera que todo es relativo. El ejemplo más claro fue el caso del descuartizamiento de la señora Liana Hergueta. Fue asesinada con un nivel de violencia que va más allá de cualquier cosa y lo único que importó fue mostrar las supuestas pruebas, unas fotos, que demostraban que era de un partido. Se actuó de manera cómplice por un testimonio”, explica.

Sospechosos habituales

Los acusados predilectos en el discurso de Maduro son la oposición política (16 menciones), el gobierno de Estados Unidos y sus funcionarios en el país (14 menciones) y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (4 menciones). El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles; el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig; Consecomercio, Venancham, el gobierno guyanés, los empresarios del país, las cadenas de supermercados y la Conferencia Episcopal Venezolana completan el mapa de sospechosos.

Hernández asegura que “todo modelo totalitario necesita un enemigo interno y uno externo, que es tratado casi como si no fuese humano. Responde a un manual, un modelo”. A la oposición se le ha amenazado con mostrar “pruebas” de su vinculación con hechos de violencia política, corrupción, con carteles de narcotráfico. Además, el Presidente ha acusado a sus adversarios políticos de liderar un plan secesionista, de tener relaciones con la petrolera Exxon Mobil para despojar a Venezuela de la Guyana Esequiba, de incentivar saqueos, asesinatos selectivos y magnicidios.  

A Estados Unidos se le ha achacado la responsabilidad de financiar y azuzar hechos de violencia política en el país, de aplicar sanciones políticas injustas a funcionarios del gobierno venezolano y de fraguar magnicidios. Mientras que el asesinato del parlamentario Robert Serra y el paramilitarismo son responsabilidad —según la versión de Maduro— del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Bacalao explica que este tratamiento de la información es la consecuencia de “un Estado formal que sólo protege a una cúpula” que “escoge al enemigo para ir en contra de él con todos sus recursos”.  La credibilidad del presidente Maduro queda en entredicho cada vez que suelta un “tengo pruebas” que no aterriza en ningún lado, de acuerdo con los especialistas. “La autoridad moral es algo más que el cargo. Eso no se decreta. El liderazgo genera confianza”, asegura la especialista en análisis de discurso.

Las pruebas que sí se presentaron

El presidente solo ha presentado evidencias, personalmente, 10 veces y otras seis valiéndose de emisarios como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas y Miguel Rodríguez Torres,  ex ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En la mayoría de los casos la “prueba” no tiene que ver con la acusación lanzada previamente.

Del conteo total de “evidencias”, 7 de ellas fueron adquiridas de forma fraudulenta: interviniendo las comunicaciones personales o divulgando videos grabados bajo el formato de cámara oculta. El artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y señala que sólo podrán ser interferidas por orden de un tribunal competente.

Dos “pruebas” son videos musicalizados con la finalidad de desprestigiar a una de las partes. Dos más son interpretaciones libres de escritos: el Documento para la transición, rubricado por la exparlamentaria María Corina Machado y el National Security strategy, emitido por el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En el documento estadounidense, según el propio Maduro se indica que el país norteamericano apoya “a los ciudadanos de países en los cuales el ejercicio pleno de la democracia está en riesgo, tales como Venezuela”.

En otras oportunidades el Presidente mostró videos, fotos de cables eléctricos picados e imágenes de municiones y uniformes militares como evidencias del asesinato del diputado Robert Serra, de sabotaje del sistema eléctrico y de la presencia de paramilitares en el país, respectivamente.

La cronología de los «tengo pruebas»

cintilloTC

May 13, 2015 | Actualizado hace 9 años
El rapto de la estadística por Francisco Ibarra Bravo

BCV

 

Como en la escultura de Giambologna hay tres figuras. La primera es la mujer raptada, tratando se zafarse de los brazos de su captor. La segunda el romano que se la lleva, y tercero el sabino vencido en el suelo. En Venezuela se viene dando desde hace mucho tiempo un rapto continuado.

Este rapto es la continuación de un proceso que se inició en 1999 que consiste en utilizar todas las instituciones del Estado para favorecer a quienes gobiernan. La degeneración institucional le permitió al gobierno hacerse con el control de dos instituciones que por ley deberían ser autónomas. Estas dos instituciones son el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambos organismos son los responsables de producir y publicar las estadísticas nacionales, entre ellas las estadísticas económicas.

Tanto el INE como el BCV han sido utilizados de forma ilegal para malear las estadísticas nacionales para favorecer el discurso oficial. Además, el BCV opera hoy como la caja chica de PDVSA y el fisco en violación flagrante de las leyes. No conforme con este triste papel al que han puesto a jugar al BCV y el INE, dese hace algunos años el Gobierno ha presionado a estos organismos para que limiten y retrasen la publicación de estadísticas económicas, a la que por ley todos los venezolanos tenemos derecho.

Cuando la manipulación de las cifras ya no es suficiente para ocultar el desastre económico, se ha hecho necesario que Nelson Merentes y su combo rapten las estadísticas del país. Ya ni siquiera es un secuestro, el Gobierno no tiene interés alguno en entregar las estadísticas a sus verdaderos dueños: los ciudadanos. El Gobierno mediante su ministerio de asuntos monetarios, otrora llamado BCV, privatiza información pública tan valiosa como la inflación y cuentas nacionales. Esta información es vital para la planificación estratégica de los agentes económicos; que ahora se ven en la necesidad de pagar por obtener información que debería ser pública. El directorio del BCV es por lo tanto responsable de apropiación indebida de un bien público. La información estadística no solo debe ser pública sino oportuna.

Las estadísticas, maleadas en muchos casos, se siguen calculando. El Estado dedica recursos importantes para la recolección y procesamiento de estas cifras. La crisis económica no ha impedido a los organismos poder llevar a cabo su deber. Los ciudadanos con nuestros impuestos, incluida la inflación, estamos sufragando los costos de poder contar un sistema de estadísticas nacionales. Pese a asumir los costos no se nos está entregando la información.

El rapto de la estadística por el Gobierno y sus agentes en diferentes organismos públicos es un acto ilegal y que destruye la rendición de cuentas a la que debe estar sujeto todo gobierno democrático. La opacidad del Gobierno a todo nivel contrasta con el proyecto ofrecido de democracia participativa y protagónica. Hoy los venezolanos somos menos ciudadanos de lo que éramos en 1998. El Gobierno no rinde cuentas y privatiza información que debería ser pública. Esperemos que esto no se salde como aquel rapto, cuando quienes perpetraron el atropello al final terminaron saliéndose con la suya.