La política comunicacional del gobierno venezolano es la más pura de todas sus políticas, pues mientras en el resto de sus programas y medidas se permite desviaciones y mixturas con respecto al socialismo, en la forma en la que explica la realidad y expone sus ejecuciones es siempre la más apegada a la lógica del materialismo histórico de vertiente cubana. Y es esa política comunicacional militante y consistente el canal por medio del cual trata de demostrar su cosmovisión con respecto a la política internacional, lo que trae como resultado una simplificación de las relaciones internacionales, las cuales se reducen a la oposición entre el imperio opresor (dependiendo del vocero, la noción de “imperio” puede ir más allá de un Estado concreto, como los Estados Unidos, y abarcar a una cultura, la occidental o de origen europeo, o bien a un modo de producción, el Capitalismo) y los pueblos del mundo que, por medio de gobiernos revolucionarios, operacionalizan su poder nacional para contrarrestar la opresión histórica.
Visto así, el caso del exmagistrado Aponte Aponte ha sido interpretado, tanto por seguidores como por detractores del gobierno venezolano, como una herida mortal al control político y la gobernabilidad misma de la actual élite del poder en nuestro país. Las acusaciones de “narco-Estado” que pesan sobre Venezuela por el presunto involucramiento de altos oficiales, civiles y militares, del gobierno autoproclamado como “bolivariano”, se anuncian como una argucia más del gran poder imperial para desplazar a un gobierno con gran apoyo popular que le ofrece una excepcional resistencia en un área geopolítica clave del mundo; o como un acto de justicia que desnuda la profunda corrupción del régimen venezolano y pone a sus más altos responsables al borde de la defenestración. Ambas visiones, aunque contrarias, se complementan, pues parten de la misma interpretación simple de la política como una confrontación pura entre dos bandos.
La paradoja del caso affaire Aponte Aponte es que debilita internacionalmente al gobierno venezolano, pero lo fortalece internamente. Ello es así porque mientras se robustecen los expedientes de los hombres clave del régimen chavista, no se manifiesta ninguna acción jurídica, política ni económica en su contra. Como la espada de Damocles, aquellos expedientes penden sobre las cabezas de los indiciados limitando su libertad de acción frente a intereses extranjeros. Decimos extranjeros y no sólo estadounidenses porque pueden ser de la misma utilidad para Washington como para Moscú, Brasilia o Beijing, siempre que los intereses de las potencias dicten que es necesario aplicar presión. Para que ese control sea efectivo, el régimen debe sobrevivir, los indiciados deben seguir ocupando posiciones importantes en la estructura del Estado venezolano. Un cambio radical en el actual orden de las cosas dejaría a los poderes foráneos sin recursos suficientes para hacer valer sus intereses en Venezuela, lo cual coopera con la tesis de la necesaria continuidad que sostiene el actual gobierno.
Esta interpretación no pretende ser apocalíptica, ni mucho menos indica la inevitabilidad histórica de la continuidad chavista, pues otra lección política de vital importancia estriba en comprender la inestabilidad inherente de los intereses. El objetivo es abrir nuevas líneas de discusión que rompan con el esquema simple que se ha instalado en Venezuela de la política como dicotomía.
Por Víctor M. Mijares
