A comienzos de este año, y antes de que se produjera la situación inédita de la pandemia de COVID-19, ACNUR calculaba que en el 2020 más de siete millones de venezolanos saldrían de nuestras fronteras.
De hecho, estos números ya superarían los de los refugiados del conflicto sirio, por ejemplo; y convertiría a la migración venezolana en uno de los movimientos humanos más multitudinarios del planeta.
Con el advenimiento de la COVID-19, se produce un retorno forzado de muchos connacionales. La crisis desatada por la pandemia recrudece la ya precaria situación de muchos venezolanos en Colombia, Perú o Ecuador, que, por la imposibilidad de mantenerse en estos países, deben iniciar el camino de retorno a Venezuela. Un retorno que se encuentra de nuevo con el Estado victimario de Nicolás Maduro, en el que los migrantes son criminalizados o estigmatizados como “armas biológicas”, y sometidos a protocolos de cuarentenas en situaciones que vulneran gravemente libertades individuales y los derechos humanos.
Pero las condiciones de crisis económica, social y política en nuestro país continúan ahondándose en un contexto implacable de dictadura, hiperinflación, desempleo, violencia y colapso, forzando de nuevo a los venezolanos a escapar del país en busca de oportunidades de supervivencia. Y lo hacen en su mayoría a pie, desde distintos estados del país. Miles de personas cruzan la frontera a Colombia, expuestos al peligro de grupos paramilitares y criminales, por trochas ilegales y caminos verdes, arriesgándose a situaciones de exclusión y xenofobia en los países de llegada.
En las comunidades en las que el Movimiento Caracas Mi Convive realiza sus actividades, la realidad de migración se expresa en madres y padres, hermanos mayores y jóvenes que migran con la esperanza de enviar remesas y traer a sus familiares a sus nuevos destinos.
Muchos de nuestros líderes testimonian cómo saludan a vecinos de su misma calle que una semana después ya están enviando noticias desde otro país. En estados como Sucre, se relatan los cruces en botes de pesca desbordados que llegan hasta Trinidad y Tobago, o en Paraguaná hacia Aruba y Curazao. Ya se han producido accidentes que no son registrados ni reconocidos por las autoridades.
De igual forma, se registra la migración de líderes y activistas sociales, que deben abandonar sus comunidades debido al acoso y la amenaza de sus vidas por parte de cuerpos policiales y los llamados “colectivos”. Otro aspecto demoledor es cómo las comunidades van quedando vacías y el efecto que esto tiene en la construcción de esperanza y superación de las personas.
Gracias a nuestras redes de apoyo e información podemos recoger las experiencias de muchos migrantes y las realidades a las que están sometidos sus familiares en el país; una información que es manipulada y muchas veces sencillamente desconocida por los organismos oficiales.
Es evidente que sin un cambio político la tragedia de nuestra migración forzada, que cada vez semeja más a la situación de los refugiados de una guerra, solo podrá crecer y profundizarse. Esta situación debe ser visibilizada y la sociedad civil en su conjunto debe denunciar las violaciones de derechos humanos desde el Estado sobre estos venezolanos. En cada una de las miles de odiseas que se están produciendo en nuestras fronteras se evidencia las consecuencias terribles que, sobre Venezuela y los venezolanos, está causando el modelo dictatorial que hoy se encuentra en el poder.
* Coordinador del Movimiento Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad / Miembro de Primero Justicia.
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