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Denuncian la desaparición de seis militares al finalizar visita de Bachelet a Venezuela

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS y familiares de cuatro militares denunciaron la desaparición de los funcionarios , entre ellos un general de la aviación y dos comisarios policiales. Según la denuncia de los parientes los uniformados habrían sido detenidos el viernes 21 de junio tras la salida del país de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La recientes denuncias de las detenciones se suman a las cuatro que fueron realizadas durante el cierre de la visita de la funcionaria de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), de otros dos militares, lo que da un total de seis detenidos de quienes se desconoce el paradero.

Stephanie Sisco hija del general de la aviación Miguel Sisco Mora denunció la desaparición de su padre a través de su cuenta en la red social Twitter.

 

https://twitter.com/Stephycsv/status/1142569324659511297

 

“Denuncio la desaparición de mi papá General de Brigada de la Aviación Miguel Sisco Mora, luego de ser detenido (…) Exigimos al gobierno información sobre su paradero”, manifestó en la red social.

Detalló que su padre habría sido arrestado por agentes de seguridad a las 4:30 pm del viernes, en el estacionamiento de un centro comercial en Guatire, a unos 40 kilómetros al este de Caracas, agregó Stephanie.

Por su parte Waleska Pérez, esposa del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta, también denunció en un video divulgado por activistas que su esposo estaba desaparecido desde el viernes cuando estaba en Guarenas, zona ubicada a unos 38 kilómetros de Caracas y poco antes de llegar a Guatire.

La organización no gubernamental Foro Penal también difundió las denuncias de los dos coroneles en retiros de la aviación que fueron detenidos en sus residencias el 21 de junio en horas de la tarde. Justo antes de darse por terminada la visita de Bachelet en Venezuela.

La ONG contabiliza casi 700 presos políticos en el país. Hasta ahora no se conocen las razones por las que estas personas habrían sido detenidas.

 

Desconocen paradero de Gilber Caro a una semana y media de su detención

LA ABOGADA Theresly Malavé, que integra la defensa del diputado Gilber Caro, indicó este lunes que se desconoce el paradero del parlamentario a una semana y media de su desaparición forzosa por parte de cuerpos de seguridad.

“No se sabe absolutamente nada de Caro, nuestro equipo ha buscado en Caracas y Valencia en distintas sedes penitenciarias pero no tenemos conocimiento alguno después de una semana y media de una presunta detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional”, indicó Malavé en una entrevista para Unión Radio.

Señaló que la Sala Plena de Tribunal Supremo de Justicia no recibió la denuncia por parte del equipo de defensa de Caro por la desaparición forzosa del diputado.

“Creemos que está en el Sebin por las fuentes que tenemos, esperamos que así sea. Solo esperamos que las autoridades den la confirmación por nuestra pronunciación no generará repercusión. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas si lo hará”, aseveró la abogada.

Anteriormente, la Organización de las Naciones Unidas exigió al oficialismo que diera a conocer la ubicación de Caro y que se garantice su seguridad e integridad.

Detalló que aún se desconoce cuáles son los motivos de su detención y si se tiene previsto algún enjuiciamiento en contra del parlamentario, además de los delitos imputados en años anteriores por presunta posesión de armas.

Gilber Caro fue detenido durante la madrugada del pasado 26 de abril por motivos desconocidos. Voluntad Popular, partido político en el que participa, rechazó cualquier acción que afecte su integridad y responsabilizó a Nicolás Maduro por cualquier atentado en su contra.

Luis Carlos Díaz, víctima de desaparición forzada

A LAS 12:30 PM DE ESTE MARTES 12 DE MARZO, las autoridades de la Fiscalía General de la República informaron a Naky Soto, esposa de Luis Carlos Díaz, que no sabían del paradero del periodista, quien según informaciones extraoficiales fue detenido a las 5:00 pm del día anterior por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Que hayan transcurrido  18 horas y que la institución encargada de garantizar el debido proceso haya prolongado la incertidumbre sobre el lugar y condiciones de detención del comunicador social, apunta a la comisión de uno de los delitos más graves establecidos en el ordenamiento  jurídico venezolano: la desaparición forzada de personas.

Soto informó que, cuando allanaron su residencia, en la madrugada de este martes 12 de marzo, pudo ver un acta policial,  que indicaba que  su esposo fue detenido “en flagrancia”.  Pero la misma víctima pudo informar que fue interceptado cuando se desplazaba en bicicleta por un sector del Country Club, en Caracas. ¿Cómo, entonces, el Sebin podría afirmar que fue detenido durante la comisión flagrante de un delito? Sería una forma de cubrir una falla de origen que podría viciar todo el procedimiento, pues Díaz fue detenido sin orden judicial, lo cual constituye una detención arbitraria.

Al parecer, la intervención de un juez penal fue posterior, a efectos de que los funcionarios del Sebin realizaran el registro en la residencia de la pareja de periodistas, de donde se llevaron teléfonos, computadoras y, también, destacó Soto, dinero en efectivo y joyas.

El hecho de que Soto haya podido ver y conversar con Díaz, apenas durante 20 minutos, no salda totalmente la violación del debido proceso. Y no solo se trataría de una detención arbitraria, pues ni antes ni después del allanamiento a la residencia de la pareja las autoridades que practicaron la aprehensión informaron sobre el lugar donde estuvo y estaría recluido, ni los motivos precisos de la acción policial en su contra. Y, además, no le permitieron la asistencia jurídica de un abogado. Todos ellos derechos garantizados en el artículo 49 de la Constitución.

Naky Soto ofreció información que indica que Luis Carlos Díaz fue sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes: “Me dijo que lo golpearon con el casco que usa para manejar bicicleta. Que, para angustiarlo, le dijeron que yo estaba detenida y me habían trasladado al Hospital Militar, a propósito de mi condición oncológica”.

La periodista aseguró que los funcionarios del Sebin fueron enfáticos en su intento de aterrorizarla: “Me advirtieron que también me podían detener a mí. Que nos podían poner un muerto en la puerta de nuestra casa, para acusarnos de homicidio”.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, aseguró que a partir de las 10:00 pm de este lunes 11 de marzo y durante toda la madrugada siguiente, estuvieron recorriendo hospitales y centros de detención preventiva en busca de Díaz: “Fuimos a las sedes del Sebin, en Plaza Venezuela y en El Helicoide, fuimos a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, a la sede de la Policía Nacional Bolivariana… En todos esos lugares nos negaron que Luis Carlos estuviese detenido”.

Para que se configure el delito de desaparición forzada de personas no es imprescindible que transcurra largo tiempo sin saber del paradero de la víctima.

El delito está establecido en el artículo 181-A del Código Penal: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio”.

El silencio del fiscal general y del Defensor del Pueblo

Naky Soto afirmó que desde la misma noche del lunes informó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre la desaparición de Luis Carlos Díaz. “Solo recibimos como respuesta del fiscal unos stickers de mensajería telefónica”, aseguró la periodista.

El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz,  se sumó al silencio oficial, a pesar de que también le corresponde impedir excesos en la actuación de policías y militares .

Naky Soto contó con el respaldo de decenas de periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos de oposición que se concentraron a partir de las 11:00 am de este martes 12 de febrero, frente a la sede de la Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo, para expresar su solidaridad y repudiar esta nueva agresión.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destacó que el caso de Luis Carlos Díaz forma parte de una escalada de violencia estatal que ha causado más de 40 detenciones arbitrarias de periodistas durante los dos primeros meses de 2019.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, reiteró que se trata de una política de criminalización del ejercicio del periodismo en Venezuela y que, en esta oportunidad, se utilizó el patrón de las declaraciones estigmatizantes contra un comunicador social, a partir de la cuales se emprenden agresiones, entre ellas hostigamiento judicial.

El 8 de marzo, en el programa Con el mazo dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se había transmitido un video a través del cual Díaz explicaba las implicaciones de un blackout informativo. Cabello  tergiversó el mensaje del periodista y trató de responsabilizarlo de la interrupción del servicio eléctrico en todo el país a partir del jueves 7 de marzo.

Soto recordó que ese video fue elaborado el 15 de febrero y difundido el 17 de febrero, es decir  casi tres semanas antes del apagón.

Correa informó que se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para preservar la integridad física y la vida del periodista detenido ilegalmente por la policía política venezolana.

Lo más concreto y grave es que hasta el mediodía de este martes, 18 horas después de la detención de Luis Carlos Díaz, las autoridades fiscales y policiales habían negado información sobre su paradero, lo cual es un elemento clave del delito de desaparición forzada de personas.

Derechos sin revés: Crímenes de lesa humanidad

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En las últimas semanas, dentro del contexto de protestas que se vive en el país, se ha repetido en distintos momentos y escenarios, la expresión “Crímenes de Lesa Humanidad” y el carácter imprescriptible que poseen, pero, a qué nos referimos cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad.

“Lesa” significa agraviada, lastimada, ofendida. De allí que sean considerados crímenes de lesa humanidad aquellos actos que, por sus características y naturaleza ofenden y agravien a la humanidad en conjunto. Penosamente este término se ha escuchado a lo largo de la historia y en casi cualquier punto del planeta. Hoy nos toca escucharlo en Venezuela.

Los crímenes de lesa humanidad son delitos en masa que se cometen contra la población civil, y cuya primera formulación surgió con la creación del Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg.

El Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la “Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional”, señala puntualmente en su artículo 7, que un crimen de lesa humanidad es cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Asesinato: homicidio intencionado.

Exterminio: imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. El exterminio está estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas. Ahora bien, el exterminio se da en casos en que se mata a grupos de personas que no comparten características comunes o cuando se mata a algunos miembros de un grupo pero no a otros.

Esclavitud: ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, incluido el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños.

Deportación o traslado forzoso de población: expulsión de personas de la zona donde están presentes legítimamente sin motivos autorizados por el derecho internacional, entendiéndose que la deportación supone cruzar fronteras internacionales, mientras que el traslado forzoso ocurre dentro de ellas.

Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

Tortura: dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control.

Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; (La violación y otros abusos sexuales también pueden constituirse en crímenes de competencia de la Corte como tortura, en tanto que éste es un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra).

Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundadaen motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

Desaparición forzada de personas: detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los “desaparecidos” con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo periodo.

El crimen de apartheid: actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial por otro con la intención de mantener ese régimen.

Otros actos inhumanos de carácter similar que acusen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

En la definición de crímenes de lesa humanidad puede entenderse por “población civil” a todos aquellos “no combatientes”, independientemente de que sean de la misma nacionalidad del responsable o que tengan una nacionalidad diferente. Por “sistemático” puede entenderse como aquellos actos cometidos como parte de un plan o política preconcebidos, excluyéndose los actos cometidos al azar.

Una característica específica de los crímenes de lesa humanidad es que son imprescriptibles, es decir, que no hay un plazo en el que dejan de ser perseguidos y que en la primera oportunidad serán juzgados  todos los responsables. Además, no sólo se juzga a los autores materiales de los crímenes sino a toda la cadena de mando de dichos actos: desde quien lo orquestó, quien estuvo enterado de las acciones y permitió que se llevaran a cabo.

Eso significa que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados por las fuerzas del gobierno, así como por los grupos armados organizados. Es importante destacar que, a diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad no tienen por qué ser cometidos en el contexto de un conflicto armado.

El Estatuto de Roma también contempla otras categorías de crímenes como el  genocidio,  crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Cofavic, en un comunicado público, difundido el pasado 30 de abril, hizo un llamado urgente a las autoridades a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la obligación de respetar, facilitar y garantizar las manifestaciones y protestas,  respetando y garantizando el derecho a la vida e integridad personal de los manifestantes y excluir de manera determinante para el control de las protestas sociales: el uso de gases tóxicos, armas de fuego y métodos de castigo y persecución a los participantes de la manifestación y a todo ciudadano que se encuentre en la zona donde se lleva a cabo la misma. Cesen los ataques a zonas residenciales, Iglesias, comercios, hospitales, centros de salud, centros educativos y en general sitios donde las personas desarrollan su vida, dado que estos actos  represivos configuran crímenes de lesa humanidad.

Piden investigar existencia de otras fosas comunes en cárceles venezolanas

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El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, responsabilizó al gobierno nacional por la desaparición de reos que se encontraban bajo su custodia en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.

Prado señaló que además de la fosa común localizada el pasado viernes, en el recinto penitenciario existen otras tumbas comunes que deben ser localizadas e investigadas.  Agregó que en uno de estos sepulcros improvisados “está sepultado Francisco Dionel Guerrero Larez, quien se encuentra desaparecido desde el año 2009, cuando fue supuestamente asesinado debido a que no pagó la “causa” o el “obligaíto” que debía cancelar a los pranes de la penitenciaría.

Presentó un croquis sobre la posible ubicación de otra fosa común, a partir de un plano elaborado por un recluso que en su momento “fue compañero de celda de Francisco Guerrero y sabe dónde fue sepultado. El lugar estaría ubicado en las inmediaciones del antiguo teatro, en la actual de gallera, cerca de donde funcionó un centro hípico. Allí habrían sepultado a Guerrero”.

Destacó que el Estado venezolano no puede continuar evadiendo la responsabilidad que tiene en el asesinato y desaparición de presos que se encontraban bajo su custodia.

“Si la situación está así en la Penitenciaría General de Venezuela, nada nos dice que esta realidad no se repita en otros centros penitenciarios, por lo que es necesario iniciar una investigación a fondo que pueda aclarar esta situación, que ha estado oculta desde hace mucho tiempo”.

Recordó que el caso de la desaparición de Guerrero fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas,  y en ambos casos se emitieron medidas a favor del desaparecido, sin que hasta los momentos haya mediado la más mínima intención de localizarlo y entregar sus restos a sus familiares.

“El OVP viene diciendo desde hace ocho años que debe buscar a Guerrero Larez, y no hemos obtenido oportuna y adecuada respuesta por parte del Estado. Con el hallazgo de la fosa común en la PGV queda confirmada nuestra denuncia,  familiares, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos veníamos advirtiendo la posibilidad de existencia de fosas comunes en varias cárceles del país, teniendo como respuesta la descalificación y la negación de que tal situación se estuviese presentando”, destacó Prado.

Finalmente dijo que las desapariciones en las cárceles  no deben ser asumidas como una responsabilidad exclusiva de los detenidos.

Aseguró que “en muchos casos los responsables pudieron haber sido los custodios o efectivos militares de guardia en los centros, por lo que es necesario que el Ministerio Público investigue a fondo”.

Denuncian desaparición forzada de Yon Goicoechea

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El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, denunció que el dirigente de Voluntad Popular Yon Goicoechea está desaparecido desde las 9:30 am, después de haber sido interceptado por un grupo armado.

Smolansky hizo pública la información a través de su cuenta en Twitter. Detalló que Goicoechea fue interceptado por ocho sujetos armados a la altura del túnel de La Trinidad.

Indicó que quienes interceptaron al dirigente de Voluntad Popular manejaban una “machito” blanca, de acuerdo con testigos.

“Presumimos que el secuestro de fue ejecutado por funcionarios del DGCIM o SEBIN. Sigue desaparecido”, escribió el alcalde.

 

Malasia declara como accidente la desaparición del vuelo MH370

MH370

 

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — La Autoridad de Aviación Civil de Malasia declaró el jueves oficialmente que el desaparecido vuelo 370 tuvo un accidente, abriendo la puerta a solicitudes de compensación. La noticia enfureció a las familias de las víctimas que siguen esperando pruebas del siniestro, aunque las autoridades dijeron que la búsqueda del avión seguiría adelante.

Buscar el avión de Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo de 2014 en su ruta de Kuala Lumpur a Beijing con 239 personas a bordo, “sigue siendo una prioridad”, dijo el responsable de aviación civil de Malasia, Azharuddin Abdul Rahman.

Se cree que el avión se estrelló en el sur del océano Índico, al oeste de Australia. Por el momento no se ha encontrado ningún resto.

“Después de 327 días y basándonos en todos los datos disponibles (…) la supervivencia en las áreas definidas es muy improbable. Es por lo tanto que con el corazón más apesadumbrado y el más hondo pesar que oficialmente declaramos un accidente del vuelo MH370 Malaysia Airlines”, dijo Azharuddin en un mensaje pregrabado y emitido en la televisión malasia.

Se cree que los 239 pasajeros y tripulantes del avión perdieron la vida, indicó el responsable de aviación civil. La declaración oficial facilitará las reclamaciones financieras de las familias, y la aerolínea está preparada para avanzar en el proceso de compensaciones, señaló.

El ministro malasio de Transportes, Liow Tiong, dijo que la declaración estaba acordada por los gobiernos de Malasia, China y Australia, y pretendía “permitir a las familias seguir adelante”.

“La noticia no afecta a las operaciones de búsqueda. La búsqueda del MH370 continuará”, dijo.

En China, de donde procedían la mayoría de los pasajeros, algunos familiares se negaron a aceptar la posición oficial de que el avión se perdió.

“No hay nada nuevo. Las autoridades malasias ocultaron la verdad desde el principio y no tienen ninguna credibilidad. No aceptamos esta conclusión”, afirmó Wen Wancheng, cuyo hijo viajaba en el avión.

“No tienen pruebas en absoluto. ¿Cómo pueden llegar a esa conclusión?”, preguntó Wang Chunjiang, que perdió a su hermano Wang Chunyong. “Se acerca el Año Nuevo chino. ¿Por qué eligieron este momento para hacer el anuncio?”.

Li Jingxin, hermano de Li Zhixin, un trabajador que volvía a China en el vuelo, dijo que su familia no podía aceptar ninguna compensación de la aerolínea por ahora.

“No han encontrado nada. Sin ningún hallazgo, ¿cómo pueden hacer ningún anuncio?”, dijo Li Jingxin, que vive en la provincia norteña de Hebei.

Azharuddin dijo que Malasia, China y Australia no repararon en gastos ni recursos en su búsqueda de la nave, pero aun así no lograron localizarla.

La búsqueda se reanudó en octubre tras un parón de cuatro meses con equipo de sónar más sofisticado. El equipo australiano que coordina la operación dijo que la fase submarina actual podría llevar otro año y sigue sin haber garantías de éxito.

Azharuddin explicó que la Convención Internacional de la Aviación Civil, conocida como la “Convención de Chicago”, indica que la definición del término “accidente” contempla que “la nave está desaparecida”.

La investigación del equipo de seguridad y la policía de Malasia seguían en marcha, dijo, pero ambas estaban limitadas por la falta de pruebas físicas en este momento, en especial las cajas negras que registran datos del vuelo.

“En este punto, no hay pruebas que sustenten ninguna especulación sobre la causa del accidente”, indicó, añadiendo que el 7 de marzo se presentaría un informe interno sobre el progreso en las investigaciones de seguridad.

“Esta declaración no es en ningún caso el final”, aseguró, señalando que Malasia, está comprometida a llevar la tragedia a su conclusión con la ayuda de China y Australia.

Jaquita Gomes, cuyo esposo Patrick Gomes era asistente de vuelo en el avión, dijo estar molesta porque no se hubiera informado primero a los familiares sobre la declaración oficial.

“¿No deberíamos saberlo antes de que se lo digan al mundo entero? ¿Dónde está su corazón? Esto no está bien”, dijo.

Aunque Gomes dijo comprender que la decisión pretendía facilitar el proceso de reclamaciones a las familias, señaló que no podía aceptar ninguna declaración hasta que se hallara el avión. “Tomo la palabra al gobierno en su promesa de que no se detendrán hasta que se encuentre a nuestros seres queridos”, añadió.

Masiva protesta en México por la desaparición de los 43 estudiantes

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MEXICO (AP) — Cuando se cumplen cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el sur de México, en la capital se registran varias marchas de protesta convocadas por familiares y organizaciones sociales descontentos con la supuesta responsabilidad del estado en los hechos y lo que consideran como mala gestión de la investigación por parte de las autoridades.

El Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabaja con la fiscalía mexicana como grupo de expertos independientes avalado por las familias de los desaparecidos, informó el domingo a The Associated Press de que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular a los desaparecidos con el hallazgo de varias bolsas de plástico que aparecieron junto a un río y en las que había restos calcinados.

Los restos y el testimonio de varios sicarios detenidos ofrecen el sustento de la versión ofrecida por las autoridades mexicanas para explicar lo sucedido con los jóvenes, que desparecieron el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.

Los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban recaudando fondos y secuestrando autobuses y conductores para desplazarse a una marcha de protesta en la ciudad de México, como habitualmente hacían, cuando la policía municipal intervino contra ellos por órdenes del alcalde José Luis Abarca.

Después de varios ataques policiales que ya habían provocado seis muertes y un tiroteo en el que participaron también miembros del crimen organizado, el informes oficial de los hechos es que la policía entregó a los estudiantes a los narcos, quienes los asesinaron y quemó sus restos en un basurero cercano antes de arrojarlos a un río en la cercana población de Colula. La versión es cuestionada por familiares y organizaciones sociales.

Las autoridades mexicanas enviaron los restos, muy dañados por el calor, a una universidad en Austria, donde comprobaron científicamente que entre los restos hallados se encuentra uno de los estudiantes.

Los resultados dan credibilidad al relato de los autores confesos y los análisis científicos, pero las organizaciones sociales opinan que no existen evidencias suficientes de que los 43 desaparecidos fueron calcinados en un basurero ni para saber cuál fue el destino de los 42 no identificados.

Que las pruebas de ADN sobre los restos hallados no tengan prácticamente ninguna posibilidad de ofrecer resultados debido a su mal estado, alimenta la desconfianza en el estado de quienes protestan.

Por ejemplo, Amnistía Internacional ha pedido que el estado investigue el papel del ejército en los hechos.

Según testimonios de los supervivientes, miembros del batallón 27 del ejército entraron en la clínica donde se refugiaban estudiantes e incluso hicieron salir a algunos heridos. Ellos sobrevivieron al secuestro y desaparición de sus compañeros.

El Procurador General de la República se ha mostrado siempre de acuerdo con el hecho de que el ejército no hubiera intervenido contra la policía para evitar consecuencias aún peores.

Amnistía Internacional también ha pedido que el gobierno de Enrique Peña Nieto haga un reconocimiento público de la crisis en materia de derechos humanos que vive el país así como un compromiso de que la respuesta a esta crisis se convierta en una prioridad de su administración.

Desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón, predecesor de Peña Nieto, lanzara la llamada “guerra contra las drogas”, se han registrado más de 100.000 muertos y el Estado reconoce alrededor de 23.000 desaparecidos.

Para Amnistía Internacional, la situación actual de México es equiparable a la de algunos países en un conflicto abierto.