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Detienen a presunto sicario por desaparición estudiantes en México

Arresyado

 

MEXICO (AP) — Autoridades federales detuvieron a un presunto sicario de un grupo del narcotráfico ligado a la desaparición de 43 estudiantes de magisterio hace casi cuatro meses en el sur de México.

La Procuraduría General de la República informó el viernes en un comunicado que policías federales y militares capturaron y le entregaron a Felipe Rodríguez, alias “El Cepillo” o “El Terco”, señalado como miembro de “Guerreros Unidos”, el grupo del narcotráfico al que policías habrían entregado a los estudiantes tras su desaparición el 26 de septiembre de 2014.

La versión oficial es que sicarios de esa organización habrían matado y luego incinerado a los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, aunque hasta ahora sólo ha sido identificado uno de los estudiantes a partir de pruebas de ADN a restos quemados, sin que se sepa con precisión el destino de los otros 42.

La procuraduría describió a Rodríguez como “autor material del homicidio del caso Ayotzinapa”, aunque no dio más detalles.

Familiares y compañeros de los estudiantes continúan la búsqueda de los otros 42 estudiantes y han pedido a las autoridades no cerrar las investigaciones.

Según la versión oficial, policías municipales detuvieron a los jóvenes por órdenes del alcalde de la ciudad sureña de Iguala y luego los entregaron a miembros de “Guerreros Unidos” que supuestamente quemaron a los estudiantes en un basurero y posteriormente arrojaron sus restos a un río.

Los primeros días de diciembre, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que la Universidad de Innsbruck de Austria, a donde se llevaron 17 muestras de los restos supuestamente encontrados en el río, entregó resultados que concluyen que al menos uno de los restos corresponde al joven Alexander Mora Venancio, de 19 años, uno de los estudiantes.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es considerado por las autoridades el autor intelectual de la masacre y se encuentra preso desde noviembre.

Más de 90 personas, en su mayoría policías municipales, han sido arrestadas por sus vínculos con la desaparición.

Peña Nieto viajó a Guerrero para

Guerrero

 

MEXICO (AP) — El presidente mexicano Enrique Peña Nieto visitó el jueves el convulsionado estado sureño de Guerrero por primera vez desde la desaparición hace más de dos meses de 43 estudiantes, que provocó la mayor crisis de los dos primeros años de su sexenio.

Un día después de que su gobierno anunció que policías federales y soldados asumían el control de la seguridad de una treintena de localidades afectadas por el crimen organizado, el mandatario viajó al puerto turístico de Acapulco donde anunció que su gobierno promoverá un plan para intentar reactivar las actividades económicas del estado.

El gobierno ha recibido críticas por no responder más rápidamente ante la noticia de la desaparición, y la visita del mandatario es vista ahora también como un reflejo de una reacción tardía de las autoridades.

La atención nacional e internacional se ha mantenido en Guerrero desde que el 26 de septiembre policías corruptos atacaron y detuvieron a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que luego fueron entregados a sicarios de un grupo del narcotráfico, según las investigaciones oficiales.

“El crimen organizado se ha extendido en algunas partes de nuestro territorio y ha llegado a cooptar a las propias autoridades y a las propias policías”, dijo el presidente en Acapulco, cuya seguridad también quedó bajo control de policías federales y militares.

Acompañado de miembros de su gabinete, Peña Nieto dijo que para asegurar la tranquilidad también se necesita promover el desarrollo y anunció un plan de reactivación económica que incluye una campaña de promoción turística, la creación de un fondo para empresas pequeñas en riesgo de cerrar, y la reducción en un 50% la cuota que se paga en la autopista de la ciudad deMéxico al puerto de Acapulco.

Poco antes, en la localidad de Coyuca, cercana a Acapulco, llamó a superar “esta etapa de dolor” de un caso que ha desatado indignación a lo largo del país y provocado protestas crecientes contra las autoridades.

Erubiel Tirado, experto en seguridad y profesor de la Universidad Iberoamericana, dijo a la Associated Press que la visita de Peña Nieto más de dos meses después de la desaparición es una muestra de que “están reaccionando tarde” frente a la crisis desatada.

“(El presidente) es el líder natural del Estado mexicano (y) era importante que estuviera ahí desde los primeros días”, comentó. “Debieron haber generado el mensaje de que había presencia”.

Para Tirado, las protestas y manifestaciones también muestran “esta impotencia, de sentirnos abandonados por nuestros dirigentes, por nuestras autoridades y de exigir que hagan algo”.

El presidente divulgó la semana pasada un plan anticrimen que incluyen propuestas para desaparecer las policías locales y disolver gobiernos municipales infiltrados por el narcotráfico, pero el anuncio fue recibido con escepticismo y críticas por tratarse varias de propuestas ya hechas por gobiernos anteriores que no avanzaron.

El control de las fuerzas federales de la seguridad en varias localidades de Guerrero es parte de ese plan anticrimen.

Aparejado a los efectos de la presencia criminal, algunas de las manifestaciones se han traducido en bloqueos de autopistas que han afectado actividades económicas, incluido el turismo del que dependen lugares como Acapulco.

A finales de noviembre, la embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos a evitar viajes no necesarios al puerto, por tierra o aire.

Hallan cadáveres de Miss Honduras y su hermana

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TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — Los cuerpos de la Miss Honduras 2014, María José Alvarado, y de su hermana Sofía fueron hallados sepultados cerca del balneario donde desaparecieron hace seis días, informó el miércoles el director nacional de la policía, general Ramón Sabillón.

“Estamos seguros en un 95% que los cuerpos son de ellas, pero los médicos forenses dirán la última palabra en torno al asunto”, subrayó el jefe policial en rueda de prensa.

Sabillón dijo que el novio de Sofía, identificado como Plutarco Ruiz, confesó a la policía dónde había enterrado los cuerpos junto a su cómplice Aris Maldonado. Ambos permanecen detenidos.

El lugar está situado en una montaña cerca del balneario La Aguagua, donde ambas mujeres fueron heridas de bala el 13 de noviembre.

El balneario está en la ciudad de Santa Bárbara, a unos 400 kilómetros al oeste de la capital Tegucigalpa.

HRW: México no ha respondido correctamente ante la desaparición de los estudiantes

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Vía HRW

Los esfuerzos de México para abordar la gran cantidad de casos de desaparición forzada y personas llevadas ilegalmente contra su voluntad, ocurridos en todo el país durante los últimos años, han estado plagados de demoras inexplicables y anuncios públicos contradictorios, señaló Human Rights Watch en unacarta enviada hoy al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Si bien el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha importantes medidas para encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, brindar asistencia a sus familiares e investigar y perseguir penalmente abusos, los resultados han sido muy limitados, observó Human Rights Watch.  

“Las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto está muy lejos de cumplir con su compromiso de esclarecer qué le sucedió a las miles de personas cuyo paradero se desconoce, y ahora incluso recorta el presupuesto de la unidad especial de la PGR que este mismo gobierno creó para ocuparse de estos casos”.

En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón, incluidos 149 casos en los cuales existían evidencias convincentes de que se trató de desapariciones forzadas con participación de agentes de diferentes fuerzas de seguridad del país.

Tras la publicación del informe, el Secretario de Gobernación Osorio Chong reconoció la existencia de una lista, confeccionada por el gobierno anterior, de más de 26.000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y prometió examinar estos casos y determinar con mayor precisión la magnitud del problema.

En mayo de 2014, el Secretario de Gobernación señaló que la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas había descendido a 8.000. En junio, el entonces subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República indicó que la cifra de 8.000 incluía únicamente a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto. Más tarde ese mismo mes, Osorio Chong anunció en una conferencia de prensa que todavía se desconocía el paradero de 16.000 personas. En agosto, el gobierno informó que la cantidad real de “personas no localizadas” era de más de 22.000, incluidas personas cuyo paradero desconocido había sido denunciado durante las presidencias de Calderón y de Peña Nieto.

El gobierno indica que la cantidad de personas que se reportaron como extraviadas durante la presidencia de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce se ha reducido en 17.000 (de 29.000 a 12.000), mientras que el número de extraviados desde que Peña Nieto asumió la presidencia se redujo en 13.000 (de 23.000 a 10.000). Sin embargo, el gobierno no ha proporcionado una lista de personas cuyo paradero aún se desconozca ni de aquellas que han sido localizadas. En lugar de ello, simplemente ha generado una base de datos en línea que permite determinar la situación de personas específicas, pero que prácticamente no aporta información relevante sobre cada uno de los casos.

“En vez de aclarar el problema, el gobierno de Peña Nieto ha emitido una serie de anuncios contradictorios que han suscitado más interrogantes de los que han respondido”, observó Vivanco. “El gobierno afirma que han aparecido 30.000 personas que no estaban localizadas, pero no ha revelado quiénes son ni qué les sucedió”.

El gobierno, en particular la Procuraduría General de la República, ha impulsado diversas iniciativas, en principio prometedoras, para responder al problema de las desapariciones, que incluyeron la creación de una unidad especial de la PGR para investigar desapariciones y buscar a personas con paradero desconocido. También creó un sistema denominado “Alerta Amber” para buscar a mujeres, niños, niñas y adolescentes extraviados.

No obstante, estas iniciativas se han traducido en resultados limitados. Las autoridades han encontrado solamente a 214 mujeres, niños, niñas y adolescentes a través del sistema “Alerta Amber” desde 2011, y a 86 personas a través del trabajo de la unidad especial.

Ninguna persona ha sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006, según información oficial. Entre 2006 y 2013, las autoridades iniciaron 99 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada a nivel federal, y 192 en el ámbito de los estados. Durante ese período, solamente seis personas fueron condenadas por la desaparición forzada de siete víctimas, y todos estos casos habían ocurrido antes de 2006.

Funcionarios de la unidad especial dijeron a Human Rights Watch que, a pesar de que el procurador general de la República había asignado carácter prioritario a esta iniciativa, no contaban con recursos suficientes para gestionar el gran volumen de casos de la unidad. Sin embargo, según se informó en la prensa, en septiembre el gobierno anunció que recortaría en más del 60 por ciento el presupuesto de la unidad especial.

“Sin apoyo adecuado, será imposible que los agentes del Ministerio Público a quienes se les ha asignado esta enorme tarea puedan encontrar a las personas cuyo paradero se desconoce y llevar a los responsables ante la justicia”, observó Vivanco.

En febrero de 2013, la Procuraduría General de la República firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva con información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas cuyo paradero sea desconocido, que podría ser crucial para esclarecer el destino de muchas de las personas desaparecidas. No obstante, hasta agosto de 2014, solamente seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para que la CICR les donara el software necesario, y el sistema no estaba funcionando en ninguna de ellas.

De manera similar, el gobierno cuenta con varias iniciativas para ofrecer apoyo a víctimas de delitos, incluida la sanción de una Ley de Víctimas que prevé medidas de justicia y reparación, y la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y una oficina en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, con un mandato similar al de la comisión. No obstante, la Comisión Ejecutiva no puede brindarles reparación a las víctimas debido a que el gobierno no ha reglamentado la ley, un paso necesario para ejecutar el presupuesto de cerca de 500 millones de pesos mexicanos (aproximadamente USD 38 millones) que ya ha sido aprobado por el Congreso.

El gobierno tampoco ha incluido medidas para dar respuesta al problema de las desapariciones en el Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, adoptado en abril. 

El gobierno de Peña Nieto debería difundir la lista de personas que, según afirma, fueron reportadas como extraviadas y han sido encontradas, indicó Human Rights Watch. El gobierno debería además priorizar la investigación penal de presuntos casos de desaparición forzada y acelerar la implementación en todo el país de la base de datos donada por la CICR.

Human Rights Watch mencionó otras medidas que el gobierno debería adoptar, como asegurarse de que la definición de desaparición forzada sea consistente en las diferentes jurisdicciones y acorde con el derecho internacional, definir una estrategia clara de prevención del delito para que no ocurran desapariciones, y asegurar una colaboración genuina entre autoridades federales y de los estados, así como entre dependencias federales con un ámbito de actuación similar.