Departamento de Estado

Ambos son acusados de aceptar beneficios monetarios, «incluidos sobornos y comisiones ilegales, a cambio de adjudicar contratos de equipos de suministro lucrativos» para Corpoelec

El Departamento de Estado de EEUU sancionó este martes 28 de julio a los exministros chavistas Luis Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez.

Motta Domínguez fue ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y Presidente de Corpoelec; mientras que Lugo Gómez fue viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas de Venezuela para el Ministerio de Energía Eléctrica y Director de Adquisiciones de Corpoelec.

De acuerdo con un comunicado, ambos son sancionados por aceptar beneficios monetarios, «incluidos sobornos y comisiones ilegales, a cambio de adjudicar contratos de equipos de suministro lucrativos» para Corpoelec.

También se les acusa de recibir dinero «para malversar fondos públicos para su propio enriquecimiento».

Vale recordar que, en el mes de junio del 2019, el Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, sancionó a Lugo y Motta Domínguez por socavar la democracia en Venezuela.

Por otra parte, el Departamento de Estado designó a un grupo de familiares de Motta Domínguez como no elegibles para entrar a EEUU. Se trata de: Karina Isabel Carpio Bejarano, Luis Alfredo Motta Carpio, Nakary Marialy Motta Carpio

En cuanto a los familiares de Lugo Gómez, se designó por el mismo motivo a: Yomaira Isabela Lugo de Lugo, Virginia Del Valle Lugo Lugo, Víctor Jesús Lugo Lugo y José Lugo Lugo.

Además, el texto agrega: «Esta designación reafirma el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción en Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando al presidente interino, Juan Guaidó, la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica».

Vecchio aplaude

Carlos Vecchio, embajador de EEUU designado por Juan Guaidó, aplaudió las sanciones que emitió el Departamento de Estado contra Motta Domínguez y Lugo Gómez.

A través de su cuenta de Twitter, Vecchio responsabilizó a ambos exfuncionarios, junto a Nicolás Maduro, por la crisis eléctrica nacional que mantiene sufriendo a más de 80% de #Venezuela, especialmente al Zulia.

Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que Motta Domínguez y Lugo Gómez «usaron sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos en lugar de al pueblo venezolano”.

Former Minsters of Venezuela, Luis Alfredo Motta Dominguez and Eustiquio Jose Lugo Gomez used their powerful positions to enrich themselves rather than the Venezuelan people. I'm designating Motta and Lugo as ineligible for entry into the U.S.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 28, 2020

Luis Motta y Eustiquio Lugo son responsables, junto a Maduro, de crisis eléctrica nacional que mantiene sufriendo a más de 80% de #Venezuela, especialmente al Zulia. En #EEUU cursa acusación contra ellos por lavado de dinero proveniente de la corrupción.https://t.co/8iP5Ky0Kkx https://t.co/O5joommo3H

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) July 28, 2020

TODOS los miembros de la corporación trasnacional de crimen organizado de la dictadura de Maduro deben responder ante la justicia (en Venezuela, cuando se restablezca, e instancias internacionales) por su corrupción que ha causado tanto dolor y sufrimiento para los venezolanos.

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) July 28, 2020

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Moreno no es el primer funcionario chavista por el cual EEUU ofrece una recompensa. En la lista figura también Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Hugo Carvajal y Cliver Alcalá

El gobierno de los EEUU anunció una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista.

A través de su cuenta de Twitter, Mike Pompeo, secretario de Estado, manifestó los motivos por los cuales tomaron esta decisión.

«Maikel José Moreno Pérez, un amigo de Maduro, usó su posición de autoridad para beneficio personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela», expresó.

También señaló: «Al designarlo públicamente hoy, enviamos un mensaje claro: Estados Unidos está firmemente en contra de la corrupción.

Por otra parte, en un comunicado del Departamento de Estado, se manifestó que esta recompensa se ofrece en el marco del Programa contra el Crimen Organizado Transnacional.

Además, detalla que la cantidad se ofrece «por información que lleve al arresto o a la condena del ciudadano venezolano Maikel José Moreno Pérez».

Maikel Jose Moreno Perez, a Maduro crony, used his position of authority for personal gain, accepting bribes to influence the outcomes of criminal cases in Venezuela. In publicly designating him today, we are sending a clear message: the U.S. stands firmly against corruption.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2020

Agradecemos al @SecPompeo, @StateDept y la administración del Pdte. @realDonaldTrump por su constante presión sobre la dictadura de Maduro.

El corrupto jefe del TSJ, Maikel Moreno ($5 MILLONES DE RECOMPENSA por él), ha contribuido a la consolidación de un ilegítimo NARCOrégimen. https://t.co/tXWvMrLPgz pic.twitter.com/cDQk3EZ1Mu

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) July 21, 2020

Pompeo también anunció sanciones contra contra Moreno y su esposa, la modelo Debora Menicucci, por estar envueltos en una “significativa corrupción”.

Además de corrupción, se les acusa de por presuntamente haber recibido soborno para “influir en el resultado de casos criminales y civiles en Venezuela”.

Otros en lista de recompensa

Maikel Moreno no es el primer funcionario chavista por el cual EEUU ofrece una recompensa. En la lista figura también Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Hugo Carvajal y Cliver Alcalá.

En el caso de Maduro, la recompensa que se ofrece es de 15 millones de dólares. Por Cabello EEUU ofreció 10 millones de dólares.

Asimismo, anunció que se ofrecen 10 millones de dólares por la captura de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, ambos exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Según dijo Pompeo en ese momento, EEUU comparte con Colombia la preocupación de que Maduro presuntamente brinda apoyo a grupos armados ilegales de Colombia como las FARC y el ELN.

Con información de EFE

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Departamento de Estado refiere a personajes como Iván Márquez y Jesús Santrich, ambos exlíderes de las FARC en Colombia

El Departamento de Estado de EEUU catalogó a Venezuela como un país «santuario para el terrorismo», por albergar distintos personajes y grupos armados en el país.

De acuerdo con la web del Departamento de Estado, un país que se califica como «santuario para el terrorismo», mantienen las siguientes características:

Con respecto a Venezuela, advierten que la administración de Nicolás Maduro «permite y tolera el uso de su territorio por parte de organizaciones terroristas».

Además, señalan que gran parte de Venezuela «es no gobernada, subgobernada o mal gobernada».

Respecto a los terroristas que ha acogido Venezuela, el Departamento de Estado refiere a personajes como Iván Márquez y Jesús Santrich, ambos exlíderes de las FARC en Colombia.

Además, recuerdan que el 28 de julio del 2019, durante los comentarios de clausura del Foro de Sao Paulo en Caracas, Maduro declaró que Márquez y Santrich eran bienvenidos en Venezuela.

Posteriormente, el 29 de agosto, Márquez y Santrich aparecieron en un video en el que vestían uniformes, portaban armas y pedían a las FARC que volvieran a las armas contra el gobierno colombiano.

Tras lo ocurrido, la Asamblea Nacional criticó la provisión de territorio del régimen, la identificación nacional venezolana, y pasaportes para miembros de la organización terrorista.

«Venezuela también es un ambiente permisivo para los simpatizantes del ELN y Hezbolá», añade la comunicación del Departamento de Estado.

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@BrianFincheltub 

Durante años la dictadura chavista ha usado su aparato represor para intimidar, perseguir y encarcelar a todo aquel que se convierta en un estorbo en sus planes hegemónicos. Pero también para sembrar terror generalizado en la población. Nada más efectivo para un régimen totalitario que controlar a través del miedo, pues en términos de tiempo y recursos siempre es una mejor opción. Es así como han procedido en todo este tiempo, si los medios se ponen muy habladores cierran unas cuentas radios y le mandan un mensaje a los demás; si un periodista se vuelve incómodo lo envían a prisión para que quienes están libres aprendan a valorar su libertad; si un militar se pone rebelde lo secuestran, lo torturan y hostigan a su familia para que nadie más se atreva a seguirle los pasos. Se llama castigo ejemplarizante, sirve de escarmiento a todo el mundo, un mecanismo que las dictaduras consideran eficaz.

Desde hace un tiempo llamaron a este modus operandi la “Operación Tun tun”, básicamente porque a cualquiera le pueden, en el mejor de los casos, tocar la puerta los esbirros de la dictadura y llevárselo sin ningún tipo de orden judicial o respeto al debido proceso. Muchas veces las órdenes de captura son anunciadas por la televisión pública, como si los tribunales se hubiesen convertido en cortes de inquisición trasmitidas en vivo y directo. Tras la privación ilegal de libertad viene el asesinato moral de la dictadura, también en el mejor de los casos, porque otros han sido asesinados y no solamente moralmente. La dictadura se encarga de quebrar moralmente a sus rehenes y a sus familias, la idea es que si salen con vida nunca más se atrevan a retar a la mafia chavista.

Pero como la impunidad no es para toda la vida, el destino se les devolvió. Los perseguidores ahora son perseguidos y no por cualquiera, nada más y nada menos que por la justicia estadounidense. Sus cabezas tienen precio y sus vidas están condenadas, en el mejor de los casos, a pasar unos cuantos años en una cárcel en el norte. Es lo que en redes sociales algunos han llamado la “Operación Trump Trump”, pero que está lejos de ser una política del gobierno de turno y se ha instalado como una política de Estado no solo en la principal potencia del mundo, sino también en las mayorías de las naciones civilizadas que ven la permanencia del chavismo en el poder como una grave amenaza a la paz y a la estabilidad internacional.

La operación naval conjunta en el Caribe así lo demuestra, y que se desarrolle en momentos donde el mundo en pleno lucha contra una pandemia es más que elocuente. Les llegó el momento en que le tocarán la puerta a ustedes, que creyeron que el poder era eterno y que la justicia jamás llegaría. Como dicen en las películas policiales: están rodeados, entréguense antes de que sea muy tarde, pero sobre todo, entreguen a sus rehenes: treinta millones de venezolanos que merecen ser libres cuanto antes.

La dirigencia opositora y los partidarios del narcorégimen deben entender que la situación  tuvo un giro de 180 grados. Quien acusa a Maduro y a sus compinches es la justicia de los Estados Unidos, la cual no es sumisa al Poder Ejecutivo, como en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Es decir,  que la acusación no es política, sino basada en hechos o indicios que los acusados deberán rebatir o aceptar. 

Seguir discutiendo si en tiempos de pandemia se debe o no  coordinar esfuerzos con el narcorégimen para paliar la situación y si es apropiado o no solicitar eliminar las sanciones, como propone  la señora Bachellet, Enrique Ochoa Antich  y otros, no tiene justificación. Esas propuestas, aunque quizá válidas para alguien que no conoce nuestra realidad, en la práctica no tendrán ningún resultado positivo. El narcorégimen desmanteló nuestro sistema hospitalario público, obligó a muchos médicos a emigrar y sometió a los enfermos a sufrir las penurias de la escasez de medicinas. Pretender que ese mismo equipo de corruptos pueda enderezar entuertos es ser ingenuo o cómplice.

Nuestra dirigencia unida debe exigir a la Fuerza Armada y al sistema judicial el desconocimiento del usurpador Maduro. No hay otra opción, como lo acaba de expresar Horacio Medina, presidente de Unapetrol y miembro de la Asociación Civil Gente del Petróleo.

Por su parte, Maduro y otros acusados tienen solo dos caminos sensatos : irse a Cuba o a cualquier otro país que se comprometa a no extraditarlos o entregarse a la justicia norteamericana. Esta última opción es la que más les conviene, para no vivir con el temor de ser extraditados. En los tribunales se pueden declarar culpables para obtener el beneficio de una condena reducida o correr el riesgo de ir a un juicio que pueden perder y, en consecuencia, pasar muchos más años entre rejas. Una tercera opción es aferrarse al poder, lo cual sería suicida para los acusados y para quienes decidan seguir apoyándolos.

Una vez que se instale en Miraflores un gobierno de transición, nuestros dirigentes deberán evidenciar su disposición a enrumbar a Venezuela por el camino de la inclusión y del desarrollo sustentable. No puede ser una transición corta, ya que la situación es muy diferente a la de 1958

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Leopoldo Cintra Frías fue incluido en el listado “debido a su implicación, por responsabilidad de mando, en violaciones graves de los derechos humanos”

El Departamento de Estado incluyó este jueves al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Leopoldo Cintra Frías, y dos hijos suyos en su lista de personas que tienen prohibida la entrada a Estados Unidos por presuntas “violaciones graves de los derechos humanos” en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, destaca EFE.

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, indicó que esta medida se adopta en caso de disponer de “información creíble” de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos.

Leopoldo Cintra Frías fue incluido en el listado “debido a su implicación, por responsabilidad de mando, en violaciones graves de los derechos humanos”, detalló la nota.

Más información en TalCual.

La sanción también afecta a sus dos hijos. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este domingo a Julio César Gandarilla Bermejo, ministro del Ministerio del Interior de Cuba, por su responsabilidad “en graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela”.

La medida afecta a los familiares inmediatos, quienes no son elegibles para ingresar en los Estados Unidos, según aclara la comunicación de la institución. Por este motivo, sus hijos, Julio César Gandarilla Sarmiento y Alejandro Gandarilla Sarmiento, también son parte de la medida tomada. 

Además de la participación en las violaciones de derechos humanos en Venezuela, el Ministerio del Interior de Cuba es responsable de arrestar y detener arbitrariamente a miles de ciudadanos cubanos y encarcelar ilegalmente a más de 100 presos políticos en Cuba.

«Los funcionarios del ministerio han supervisado la tortura de disidentes políticos, detenidos y prisioneros, así como el asesinato de algunas de estas personas por la policía y las fuerzas de seguridad. Gandarilla Bermejo es cómplice en la vigilancia arbitraria o ilegal de estos grupos, ya sean ciudadanos o visitantes», reza el anuncio.

Además, el comunicado aclara que Estados Unidos continúa apoyando al pueblo cubano y venezolano, y el Departamento implementa esta designación con ese objetivo en mente. Asimismo, expresa que debe existir una preocupación mundial la represión del régimen de Castro de los derechos humanos y las libertades fundamentales tanto en Cuba como en Venezuela y hace un llamado a acciones internacionales más contundente. 

La administración de Trump está monitoreando el posible involucramiento de actores externos en las manifestaciones

El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó preocupación por los focos de violencia surgidos durante manifestaciones en países de la región.

Namita Beggins, vocera del Departamento de Estado EE.UU. le dijo a la Voz de América: “nos preocupa mucho la violencia, la destrucción que hemos hemos visto, no solo en Chile, sino en otras partes del hemisferio. Pedimos que haya respeto al estado de derecho y que haya soluciones pacificas”.

Sobre si estas protestas o focos de violencia en los países de Latinoamérica podrían tratarse de injerencia de intereses ajenos en las naciones convulsionadas, la vocera dice que éstas se deben a los pueblos “alzando sus voces”, pero señaló que cada situación es diferente y que son puntuales.

El presidente Lenín Moreno señaló durante las protestas presentadas en su país, que el régimen de Nicolás Maduro, y su gobierno podrían tener intereses en estos hechos. Al respecto, Beggins le dijo a la VOA que EE.UU. está monitoreando “el involucramiento de un actor externo en estas manifestaciones”.

Así mismo Beggins manifestó que para su gobierno la prioridad es proteger a los ciudadanos estadounidenses en el exterior: “Nuestra embajada en Chile ha trabajo mucho y en otras embajadas en la región para emitir instrucciones, para mantener la seguridad de nuestros ciudadanos en el exterior”.

La funcionaria reiteró que seguirán colaborando con los socios democráticos de la región para ver una solución democrática en los diferentes países.

Así mismo, se refirió a la declaración conjunta de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos sobre las elecciones en Bolivia, pera pedir el trabajo de “las autoridades electorales con la misión de observación electoral de la OEA para asegurar o verificar lo que sucedió en la primera vuelta y si esta misión no puede verificar lo que sucedió, pedimos al gobierno de Bolivia que trabaje para tener una segunda vuelta de elecciones”.

Sobre Venezuela, la vocera del departamento de Estado señaló que el gobierno de Estados Unidos continuará apoyando de manera continua al gobierno encargado de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional.

Así mismo, sobre la emisión de una licencia que prohíbe por tres meses las transacciones relacionadas con el bono de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 2020, Beggins le dijo a la VOA que “es nuestro intento (el de EE.UU.) por proteger los recursos que pertenecen al pueblo de Venezuela”.