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Denuncias

OVV: En Lara se reportan entre cinco y diez denuncias diarias de violencia escolar
74 casos de acoso escolar se han reportado entre los meses de enero y abril de 2022

 

Entre 5 y 10 denuncias de violencia escolar se reciben diariamente en la sede de la Defensoría Pública de la Zona Educativa del estado Lara. Así lo indicó el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su página web.

“Acá acuden constantemente representantes de los niños, maestros y los directivos de las escuelas y colegios privados de la entidad”, dijo un funcionario de la Zona que prefirió no ser identificado. 

«La vuelta a la presencialidad llegó con violencia y agresividad manifestada a través de ataques físicos y verbales entre los muchachos”, dijo el empleado de la Zona Educativa.

Los tipos de violencia que registran en la Zona Educativa en el estado Lara fueron agresiones con golpes y objetos contundentes, y acoso verbal. Son escasos hechos de violencia con armas de fuego o cortopunzantes.

74 casos de acoso escolar se han reportado entre los meses de enero y abril de 2022, de los cuales, casi todos han sido procesados por el Ministerio Público.

Ley de Convivencia Pacífica Escolar

Con la creación de la Ley Convivencia Pacífica Escolar, se espera poder controlar los altos niveles de agresividad y violencia escolar.

El proyecto fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, y, según el funcionario, permitirá afrontar la situación con más claridad.

“Los directivos y docentes deben manejar su contenido con el fin de ofrecer protección y prevención de cualquier forma de acoso escolar, resguardando la integral a las víctimas directas e indirectas. De lo contrario, pueden ser sancionados por corresponsabilidad de acciones violentas”, aseveró.

Puede leer también: Los 20 puntos en los que debe trabajar el Gobierno para aprobar el próximo año escolar

Súmate ha recibido más de 60 denuncias durante la jornada del #21Nov
Las principales denuncias que Súmate reseña son la instalación de «Puntos Rojos» y la solicitud del Carnet de la Patria 

 

La Asociación Civil Súmate informó este domingo, 21 de noviembre, que ha recibido 64 denuncias a través del operativo “Impunidad CERO”.

Sobre las denuncias registradas, Súmate afirmó que 25% son referidas a la instalación de «Puntos Rojos» y la solicitud del carnet de la patria a los electores en los estados Bolívar, Aragua, Distrito Capital, Táchira, Anzoátegui y Carabobo.

21,87% tuvieron que ver con discrepancias o cambios en el Registro Electoral, y el resto, 20,31% de las denuncias, fueron sobre irregularidades en la constitución de las mesas de votación.

Así inicia la jornada electoral electoral de este #21Nov: 76% de las mesas constituidas y 275 violaciones al proceso
Las denuncias en el periodo previo a la campaña oficial, acumula el 60% de las denuncias totales. En ese tiempo se realizó una intensa y notoria campaña pública

 

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, informó este domingo 21 de noviembre, en un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, que pasadas las 7:30 de la mañana habían logrado la constitución de 76% de las mesas electorales en el país.

El presidente del Poder Electoral dijo que las elecciones en Venezuela, transcurren siempre con una absoluta organización, consciencia, madurez, un rasgo de nuestra cultura y pidió que se mantuviera ese espíritu.

En este primer balance, Calzadilla no informó sobre irregularidades o denuncias en, por ejemplo, los centros de votación en Zulia o los presuntos problemas con las credenciales para que los testigos de mesa ingresaran a los centros electorales.

Guachimán Electoral sí registró denuncias del proceso electoral

La jornada electoral de este domingo, en la que se elegirán a los representantes de los cargos ejecutivos y legislativos de 23 gobernaciones y 335 alcaldías, inició con 275 denuncias del proceso electoral.

Según reseña la página web de El Guachimán Electoral, el mayor número de denuncias durante el período de campaña electoral, que comenzó el 28 de octubre, se ha registrado desde el 13 de noviembre hasta el 20 de noviembre (la campaña finalizó el 18/11), periodo en el cual se han recibido 40% de las quejas ciudadanas.

Previo a la campaña 

Las denuncias en el periodo previo a la campaña oficial, que acumula el 60% de las denuncias totales. En ese tiempo se realizó una intensa y notoria campaña pública.

Guachimán Electoral afirma que las irregularidades más frecuentes denunciadas por los ciudadanos se refieren a los reglamentos de campaña (236 denuncias), entre ellos uso de fondos públicos, políticas públicas y sociales como elementos de campaña, funcionarios e instituciones públicas involucradas en la campaña y violación al lapsos de campaña dictado por el CNE. También se han verificado 23 violaciones a las normas de bioseguridad a causa del COVID19.

Irregularidades del #21Nov pueden denunciarse en la plataforma Dilo Aquí
La abogada indicó que el equipo de Dilo Aquí también asesora a qué instituciones se puede acudir, en caso de que los denunciantes quieran ir directamente a ellas

La plataforma Dilo Aquí, encargada de prestar asesoría legal a las víctimas y testigos de la corrupción en Venezuela, prestará su aplicación para reportar irregularidades y denuncias que se lleven a cabo durante la jornada electoral este 21 de noviembre.

La abogada, Norma Ferrer, explico que Dilo Aquí es una plataforma móvil muy sencilla de usar. Además, se puede descargar tanto en teléfonos con tecnología Apple como Android.

La aplicación fue creada en 2016 por la organización Transparencia Venezuela para recibir denuncias de corrupción en Venezuela.

Desde entonces, se han recibido 2070 denuncias, 1235 fueron enviadas y 142 casos se han cerrado.

«Entre las áreas de corrupción que se despliegan en una de las pantallas de la aplicación están los abusos electorales», señaló Ferrer.

La abogada indicó que está plataforma se ha puesto a disposición de la ciudadanía durante procesos electorales anteriores para denunciar estos abusos.

En esta ocasión, el equipo base de Dilo Aquí estará en la oficina, mientras que los activistas de la Coalición Anti Corrupción, impulsada por Transparencia Venezuela, están comprometidos a monitorear los centros de votación. 

¿Cómo denunciar a través de Dilo Aquí?

«Para que nuestra sociedad funcione armónicamente debemos denunciar. La denuncia es la herramienta más efectiva que tenemos los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos ante un acto de corrupción», indicó Transparencia Venezuela en su página web. 

Por ello, la organización creó Dilo Aquí. Las denuncias o irregularidades pueden hacerse a través de la aplicación homónima. 

En caso de no tenerla, las denuncias pueden enviarse a través del correo electrónico: denuncia@transparencia.org.ve o el teléfono: (+58) 412-3122629. Se pueden reportar las denuncias a través de llamadas, mensajes de texto o WhatsApp.

La abogada indicó que el equipo de Dilo Aquí también asesora a qué instituciones se puede acudir, en caso de que los denunciantes quieran ir directamente a ellas.

Además, la plataforma cuenta con un equipo de abogados disponible para hacer acompañamiento y asesoría.

Las denuncias pueden hacerse de forma anónima. Sin embargo, Ferrer explicó que se necesita un correo electrónico.

«El correo es lo único obligatorio en los datos personales para poder contactar a los denunciantes y hacer las preguntas necesarias en caso de que se necesite más información de los hechos o para indicarles las opciones de cuáles serian las acciones a seguir», aseguró la abogada.

Registra los ilícitos electorales

Según Norma Ferrer, para esta ocasión electoral, los ciudadanos pueden reportar en Dilo Aquí cualquier ilícito electoral que se encuentre en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y hechos de corrupción estrechamente vinculados a ella.

«Irregularidades en la campaña electoral, en el propio proceso, en el voto asistido, obstrucción de material de propaganda electoral, publicación de propaganda en sitios públicos y, sobre todo, la utilización de recursos públicos para financiar las campañas son algunas de las irregularidades más comunes», aseguró. 

Por otro lado, la abogada reiteró que, en un evento electoral, Dilo Aquí se enfoca en el uso de recursos públicos. «Algo muy común, y que está muy normalizado en el país, es el uso de vehículos de la institución pública para uso personal de los funcionarios», señaló.

En este caso, Ferrer se refirió al uso de estos vehículos para hacer propaganda electoral, para participar en la campaña, para movilizar a personas y montar equipos de sonido con el que convocan a la gente. 

«Esto es lo que más ven las personas que están afuera porque para poder ver malversación tienes que estar adentro o por lo menos estar haciendo tramites y darte cuenta que se está utilizando algo, es más complicado obtener ese tipo de denuncias. Sin embargo, se pueden ver», aseguró la abogada.

Obstáculos para denunciar perpetúan la violencia de género
La mayoría de las mujeres víctimas de violencia se cohíben de denunciar por lo engorroso del proceso y la desconfianza en las instituciones 
Cepaz contabilizó que en los primeros cuatro meses del año hubo 75 femicidios consumados y 15 frustrados

 

@yeannalyfermin

Denunciar un caso de abuso sexual o violencia de género en Venezuela, es un proceso largo y complicado del cual muchas víctimas desisten principalmente por las dilaciones y la falta de confianza en las leyes e instituciones que se encargan de proteger a las mujeres. 

Karina Hernández* se cansó de esperar justicia. Su exesposo durante seis años la maltrató física y psicológicamente, le controlaba las amistades y hasta le prohibía reunirse con ciertos miembros de su familia. Después de una fuerte discusión que terminó en graves agresiones físicas, Karina decidió denunciar ante el Ministerio Público, acusación que nunca prosperó porque el proceso se hacía cada vez más desesperanzador. Agotada de recorrer varias instancias públicas en busca de ayuda, de tramitar el mismo documento hasta cuatro veces y de no recibir respuestas, decidió emigrar a Argentina, olvidar y hacer una nueva vida. 

La abogada y especialista en derechos humanos, María Cristina Parra afirmó a través de un seminario vía Zoom que en Venezuela el funcionamiento de los tribunales en materia de violencia contra la mujer es cada vez más deficiente debido a los largos procesos judiciales, las indebidas demoras y la revictimización. 

“No hay un plan nacional para combatir la violencia de género, no hay protocolos para la investigación de femicidios, no hay albergues para mujeres víctimas de violencia ni servicios de atención legal o psicológica”, dijo.

Según lo establecido en la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (DMVLV) “El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley y garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia”. 

Antonella Pérez* fue golpeada en la cabeza con un candado de hierro por su pareja cuando este malinterpretó unos mensajes que le había enviado un primo a través de WhatsApp. “Se volvió como loco de celos, rompió varias cosas de la casa y me lanzó un candado que solo me rozó porque lo logré esquivar. Aunque no era la primera vez que se comportaba así, yo supe que si seguía a su lado me iba a matar y decidí alejarme y dejar todo. No lo denuncié porque sé que en estos casos la justicia no existe, mi hermana también sufrió por violencia y denunció y lo que hizo fue perder el tiempo”, dijo Pérez. 

Una carrera de obstáculos

A juicio de Parra, son muchos los obstáculos a los que deben enfrentarse las mujeres víctimas de violencia en Venezuela. 

“En primer lugar está la falta de investigación y sanción de la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres. A nivel policial es común la práctica de evadir la atención a las víctimas, quienes al acudir a ejercer su derecho a la denuncia, suelen ser remitidas a otras instituciones sin facilitarles el proceso ni brindarle las herramientas de orientación necesarias”, explicó la abogada. 

Otra traba es que los funcionarios que llevan a cabo la investigación no dan respuestas inmediatas y las víctimas deben acudir en reiteradas oportunidades para recibir información sobre el estatus de su denuncia.

Karelys Ramírez* fue a una prefectura a denunciar que su expareja la maltrataba física y psicológicamente y también a buscar información para introducir la demanda de divorcio y en vez de encontrar ayuda y orientación, lo que encontró fue burlas y sarcasmo. “Todos los días es lo mismo y después andan del brazo con el hombre como si nada”, le dijeron. La hicieron firmar varios papeles y le sugirieron que se dirigiera al Ministerio Público a completar el proceso. Cuando estuvo en el ente, le tomaron la declaración y allí quedó todo.  

La Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia también establece que en todo caso de violencia de género deben reinar los principios procesales: gratuidad, celeridad, inmediación, confidencialidad, oralidad, concentración: (iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos), protección, perspectiva y equidad de género y la prohibición de revictimizar.

La ley DMVLV prohíbe la exposición o instrumentalización de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, a situaciones de incomprensión o reiteraciones innecesarias que las sometan a un nuevo proceso de victimización.

Falta de orientación

En la mayoría de los casos de violencia y abuso sexual las víctimas se sienten desorientadas y sin saber qué hacer, a dónde acudir y mucho menos las leyes que las protegen. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han venido desempeñando un papel importante en el apoyo a mujeres que han sido víctimas de abuso y violencia de género. Sobre esto, la psicóloga clínica y coordinadora de Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Magdymar León explicó que es importante que las víctimas de abuso sexual o de cualquier forma de violencia sexual tengan presentes varias cosas:

1.- La denuncia puede ser presentada de manera oral o de manera escrita. Llevar el testimonio de la denuncia de manera escrita, puede facilitar el que no se dejen por fuera del relato elementos importantes de la declaración sobre lo que se quiere denunciar. 

2.- Son diversos los órganos receptores de denuncias que de acuerdo a la norma jurídica venezolana están facultados para recibir este tipo de denuncias. Tenemos el Ministerio Público, las diversas policías municipales y estatales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Consejos de protección del municipio donde hayan ocurridos los hechos, donde estos mismos pueden recibir la denuncia, dictar medidas de protección y canalizar la denuncia al MP. 

3.- Hay que saber que desde el momento que se hace la denuncia pueden ser ordenadas evaluaciones, experticias que van dirigidas a recabar las pruebas necesarias para la comprobación del delito, pero que también otras van dirigidas a canalizar la atención que requiere la víctima, como atención psicológica, orientación legal, social. 

4.- Es recomendable llevar pruebas si es que las tenemos al momento de poner la denuncia, sin embargo, no es imprescindible el acompañamiento de las pruebas, es favorable, pero no es obligatorio, el relato de lo ocurrido, la declaración de la víctima es el principal elemento requerido para iniciar todo el proceso de investigación.

5.- La víctima debe saber que es un proceso lento, que puede haber una espera larga para el momento en que sean atendidas. Deben ir preparadas a enfrentarse a unos mecanismos y unos procedimientos que no son los más expeditos. 

6.- Los órganos receptores de denuncias están en la obligación de recibir la denuncia. Es decir, ellos deben recibir el testimonio y con eso hay varias acciones que deben continuar. Por un lado, colocar medidas de protección y seguridad o de protección dependiendo del caso que se esté presentando para evitar nuevas situaciones de violencia. Hay diversas medidas de protección y seguridad dirigidas a que no se repitan situaciones abusivas. 

7.- La no recepción de la denuncia por parte de un funcionario o funcionaria, es en sí misma una violencia institucional. La Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece que esto es un delito y los funcionarios que incurran en esta situación pueden ser denunciados por violencia institucional porque están obstruyendo el acceso a la justicia y están descalificando la denuncia y ese no es su trabajo. Ante una situación de este tipo la víctima tendría que acudirse a la dirección inmediata superior en la institución a la que se está acudiendo para colocar la denuncia por violencia institucional 

8.- La revictimización es una realidad. Esto ocurre cuando los funcionarios no reciben la denuncia, cuando ocurren descalificaciones hacia el relato de la víctima, cuando hay insinuaciones vinculadas a su culpabilidad, cuando no hay un trato respetuoso y digno ante la persona que está denunciando. Cuando hay múltiples entrevistas, solicitud de repetición del testimonio una y otra vez. 

9.- Es importante que las víctimas estén al tanto de que pueden estar expuestas a un trato de esta naturaleza, es por eso que es importante que vayan con alguien que pueda acompañarlas y apoyarlas. 

10.- El apoyo psicológico siempre es un recurso útil y beneficioso ante una situación de abuso sexual. Contar con un acompañamiento psicológico tanto para procesar la situación abusiva vivida, como para tener claras las ideas al momento de tomar decisiones, de ver cuales son las acciones que deben realizarse y por supuesto para iniciar el camino de acceso a la justicia es importante contar con apoyo psicoterapéutico.

Femicidios en ascenso y la falta de denuncia

Karla Ríos no corrió con la misma suerte que Karelys, Antonella y Karina. La noche del 31 de julio de 2020 fue asesinada a tiros por su expareja, con quien mantuvo una relación de cinco años y de quien se separó por ser víctima de constantes amenazas, maltratos verbales, físicos y psicológicos. Aunque Karla denunció ante el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) que el hombre la maltrataba, acosaba y la amenazaba de muerte, familiares de la víctima comentaron a El Pitazo que en una oportunidad el hombre fue detenido, pero se le impuso una multa y lo liberaron.

En todo el mes de abril de 2021, el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), registró 15 femicidios consumados y 6 frustrados en Venezuela. En promedio, hubo una acción femicida cada 34 horas.

Cepaz también contabilizó que en los primeros cuatro meses del año hubo 75 femicidios consumados en el país y 15 femicidios frustrados, de los cuales, el  6,7% de los cuerpos presentó como signos de violencia mutilaciones o descuartizamientos.

En su informe mensual del mes de abril, Cepaz señaló que en ninguno de los casos de femicidios consumados se hizo referencia a la existencia de una denuncia previa contra el agresor por parte de la víctima. En cuanto a los femicidios frustrados, en uno de los casos se hace expresa mención a una denuncia previa interpuesta contra el agresor.

Según el monitor de femicidios de Utopix, en 2020 se registraron 256 casos de femicidios en el país. Un 53 % más con respecto al 2019, cuando hubo 167 mujeres asesinadas en Venezuela. 

#MeToo venezolano

Un tuit que acusaba a un cantante venezolano de estupro y abuso sexual, fue el detonante para que muchas mujeres víctimas de agresiones se sumaran y alzaran sus voces para denunciar a sus agresores con la etiqueta #YoTeCreoVzla, una iniciativa similar a la que se de ha desarrollado en otros países con el nombre de #MeToo. 

Las denuncias realizadas a través de las redes sociales involucraban principalmente a figuras del medio artístico. Entre los casos más relevantes destacó el de Alejandro Sojo, vocalista de la banda de rock Los Colores, el del escritor Willy Mckey quien luego de haber admitido que sostuvo relaciones sexuales con una menor de edad, se suicidó el pasado 29 de abril en Argentina y el del director del grupo actoral Skena, Juan Carlos Ogando

Según cifras publicadas, #YotecreoVzla en menos de una semana recibió 575 testimonios de mujeres víctimas de acoso sexual, de ellos, 86 de las víctimas pedían ayuda psicológica, 26, ayuda legal y las 453 restantes solo solicitaron “ser escuchadas”.

En entrevista para el diario El Nacional, el abogado Alí Daniels señaló que aunque se haga una denuncia por redes sociales, es importante formalizarla ante el Ministerio Público para que se abra un procedimiento legal. “Si no consta en expediente el abuso debidamente identificado, no se puede hacer nada”, dijo.

*La identidad de las víctimas fue cambiada a petición de ellas mismas.

AN de Guaidó denuncia la existencia de un mercado negro de vacunas
La diputada María Teresa Pérez explicó que el «tráfico de vacunas» ocurre por la opacidad y por el control social que el gobierno de Maduro, quiere imponer sobre todos

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, denunció la existencia de un mercado negro de vacunas contra la COVID-19, en varios hospitales de Caracas. 

En la sesión virtual de este martes, 25 de mayo, los diputados aseguraron que se pueden vender entre $60 y $300 las vacunas. La parlamentaria Desirée Barboza indicó que está siendo impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro. «Han llegado algunos lotes de vacunas y no sabemos quiénes han sido vacunados, lo único que vemos es a la gente desesperada por salvar a sus familiares», añadió.

Barboza dijo que las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19 aumentan en el país, al mismo tiempo que la venta de vacunas, aunque no ofreció alguna evidencia. «Tenemos una sistema de salud colapsado, vemos en televisión a todos los personeros del régimen ponerse las vacunas, mientras los venezolanos mueren en sus casas», aseveró.

La diputada zuliana señaló que esto ha obligado a un grupo de venezolanos, a irse a otros países para vacunarse, aunque la mayoría de los ciudadanos debe esperar porque lleguen las dosis al país. 

También refirió que han convocado a personas mayores a vacunarse, a través del sistema Patria, pero tampoco han aportado datos. «El régimen miente y juega con la vida de los venezolanos. Necesitamos un plan de vacunación urgente, hay que detener la muerte de los trabajadores de la salud», concluyó. 

En el mismo debate de la AN, la diputada María Teresa Pérez aseveró que la adquisición de vacunas se hizo de forma tardía y que tan solo el 0,8% de los venezolanos ha recibido las dosis. «Ni siquiera le han cumplido al sector salud», expresó. 

Pérez explicó que el «tráfico de vacunas» ocurre por la opacidad y por el control social que el gobierno de Maduro, quiere imponer sobre todos. Exhortó a los ciudadanos a denunciar esta situación, porque además «no sabemos si lo que están vendiendo es agua». Además comentó que es necesario denunciarlo en el país y ante los organismos internacionales. 

AN denuncia un monopolio

El diputado Richard Blanco aseguró en el debate, que no existe ningún interés por parte de la administración de Maduro, de dar solución a la pandemia del COVID-19. Igualmente se refirió a un artículo de opinión de Carolina Jaimes Branger, que según el diputado, denunció que llegó un lote de vacunas Sputnik V a ciertos hospitales de Caracas, donde son asignadas con antelación a representantes del gobierno y «enchufados». 

Blanco dijo que en el artículo una enfermera del Hospital de Lídice, una enfermera manifestó que se cobra entre $60 y $80, dependiendo de la persona que lo solicite. Carolina Jaimes Branger aclaró en su cuenta de Twitter, que su artículo, titulado «Las vacunas: la nueva segregación del chavismo» se hizo viral pero con un «copiar y pegar» que otra persona hizo, agregando comentarios personales. 

Por último, la diputada Dinorah Figuera aseguró que la denuncia de la venta ilegal de presuntas vacunas, forma parte de una práctica de monopolio de mafias, que ha nacido por parte del gobierno de Maduro y que genera control social. 

Figuera recordó que hasta el momento, no existe información oficial sobre el número de dosis administradas en el país, pero se cree que son menos de 300 mil, con rumores crecientes de un mercado negro. 

La diputada dijo que ante la AN se había denunciado esta situación que se aplica en el hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo. 

“En el hospital Militar si existe un mercado de compra de cupos exprés para las vacunas de la COVID-19 y lo hacen a la vista de militares que se pasean antes las personas que ellos saben que pagaron por las mismas, esto es producto de la ausencia de un plan de vacunación oportuna por parte del régimen”, expresó. 

AN denuncia crisis del gas

Los parlamentarios también aprobaron un Proyecto de Acuerdo en el que se acordó la designación de una comisión mixta entre Energía y Petróleo y Administración y Servicios para investigar la situación del servicio de gas en el país.

Sobre esto, el diputado Elías Matta aseguró que más del 50% de las familias venezolanas cocinan con leña, porque no consiguen gas. Explicó que la fuente principal del gas está asociada a la producción petrolera, que pasó de 3.329.000 barriles diarios a 538 mil barriles por día. 

Matta señaló que antes se producían 270 mil barriles equivalentes de petróleo en gas y con eso se abastecía el mercado interino y sobraba para exportar. «Pero hoy en día apenas son 15 mil barriles diarios».

«Las plantas de fraccionamiento han sido abandonadas, no tienen mantenimiento y eso ha generado este desastre. Hay que sumar que las bombonas deben tener un mantenimiento cada 5 años, y deben ser cambiadas cada 10 años y tenemos grave problemas de explosiones en todo el país. Monagas ha sido epicentro de estos hechos», manifestó. 

El parlamentario denunció un mercado negro de bombonas de gas, que se pueden vender entre $10 y $30, dependiendo de los kilos.

Mientras que el diputado Luis Stefanelli indicó que en el país hay un déficit de 20 mil barriles diarios. Además señaló que, según datos de ONG, 33% de los venezolanos pasaron a cocinar en fogón de leña y otro 33% pasó a cocinar en hornillas eléctricas, lo que provoca un mayor consumo de energía que abona a la crisis. 

La diputada Deyalitza Aray denunció que han observado un uso de operativos para proselitismo político y control, en cuanto a la venta de bombonas de gas. «En Carabobo se han hecho anuncios de producción de gas en la refinería El Palito, cuando sabemos que está completamente paralizada», dijo. 

Igualmente el diputado de la AN, Avilio Troconiz señaló que el llenado de las bombonas se viene haciendo de manera irregular, sin un buen manejo lo que ha provocado accidentes, con fallecidos. Asimismo dijo que antes el llenado se hacía casa por casa, pero que ahora los venezolanos son obligados a ir a los llenados o andar «detrás de los consejos comunales» para poder conseguir bombonas, «a un costo altísimo que a veces es imposible poderlo obtener». 

Santrich en Venezuela

En la sesión virtual de la AN, los parlamentarios denunciaron nuevamente la presencia de grupos irregulares en el país. La diputada Gaby Arellano aseguró que hasta el momento no hay certeza sobre la muerte del miembro de las FARC, Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias «Jesús Santrich», pero sí confirmó que está en territorio venezolano.

Arellano aseveró que el conflicto de narcotráfico que ocurre en Colombia traspaso a Venezuela, y reveló “que en el estado Amazonas, Apure, Bolívar, Táchira, y Zulia viven terroristas, cúpulas guerrilleras y jefes de carteles del narcotráfico que están protegidos por militares venezolanos”.

Igualmente el diputado Williams Dávila aseguró que los militares venezolanos muertos y secuestrados en los enfrentamientos con la disidencia de las Farc en Apure, “son víctimas de una geopolítica del terrorismo desarrollada por Nicolás Maduro para favorecer a Iván Márquez, Jesús Santrich y todos los grupos irregulares que controlan el negocio ilegal de las trochas; el Arco Minero, la Amazonia y parte del territorio nacional”.

Por eso dijo que la comunidad internacional debe tomar acciones contundentes contra esta situación, porque representa un «peligro para la paz y la estabilidad de la región” y recordó que el gobierno colombiano, pidió al gobierno de Maduro verificar la presencia y permanencia de varios altos jefes del ELN y en caso, positivo hacer efectiva la circular de Interpol; sin embargo, esto no ocurrió.

Simonovis informó que han recibido 189 casos en página de denuncias de corrupción
Simonovis detalló que no todas las denuncias son nuevas, pero es información valiosa que permite nutrir expedientes que ya existían

Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia, informó que se han recibido 189 casos de denuncias contra la administración de Nicolás Maduro.

A través de Twitter, Simonovis indicó que estas denuncias se recibieron en el portal de la Comisión de Seguridad e Inteligencia.

Al respecto, el excomisario enfatizó que el 80% de las informaciones se relacionan con hechos de corrupción en la administración de Maduro.

También, explicó que el otro 20% de las denuncias corresponden a hechos de narcotráfico, terrorismo, legitimación de capitales y violación a los DDHH.

«Uno de los aspectos más importantes de estas denuncias es que hemos podido crear, por lo menos, 277 vínculos con los denunciados, vínculos que nos ha permitido identificar empresas y personas», explicó.

Asimismo, señaló que con dichos vínculos también identifican familiares, socios y amigos que colaboran «en estas operaciones corruptas» y que antes «no estaban en el radar de investigaciones».

Simonovis detalló que no todas las denuncias son nuevas, pero es información valiosa que permite nutrir expedientes que ya existían.

En tal sentido, el comisionado felicitó a los denunciantes por su valor para hacer estas denuncias, así como agradecerles por compartir esa información.

El pasado 22 de marzo, Simonovis informó el lanzamiento de esta página web, donde las personas podrían denunciar de forma anónima, actos de corrupción, terrorismo, extorsión, narcotráfico, violación de derechos humanos, entre otros.

Intimidación y chantaje son el mayor registro de incidencias en la plataforma Guachimán Ciudadano
La iniciativa de la Red Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE) había recibido reporte de 600 irregularidades cuando ya había iniciado la jornada electoral. Cerca del mediodía se incorporaba la ausencia de miembros de mesa como parte de las irregularidades

La mañana de este 6 de diciembre, el mapa de incidencias del Guachimán Ciudadano, iniciativa de la Red Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE), registró que las violaciones a la campaña electoral y amenazas con despidos e intimidación para que los funcionarios públicos acudan a votar son las denuncias más frecuentes de los ciudadanos.

De las casi 600 denuncias registradas cuando ya había iniciado la jornada electoral, 492 se referían a la intimidación de los afectos o miembros del partido de gobierno para que los empleados públicos, incluso, sus familiares, acudan a los centros de votación; mientras que 321 reportes de irregularidades se refieren a violación del reglamento de campaña, especialmente en el uso de fondos públicos por parte del partido de gobierno (transporte y el uso de instalaciones educativas, de salud y deportivas en actos de proselitismo).

Cerca del mediodía de este domingo, 6 de diciembre, se incorporaban incidencias sobre la ausencia de miembros de mesa y habilitación de testigos o electores de la cola como miembros de mesa sin haber recibido algún tipo de entrenamiento.

Puede explorar el mapa aquí o en el siguiente enlace Guachiman.org para una visualización más amplia