El pasado 11 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) atendió la solicitud hecha por el presidente de la República respecto a la ampliación de una decisión dictada por el Máximo Tribunal sobre el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, y autorizó la presentación de la solicitud de aprobación del presupuesto nacional para el año 2017 ante el Alto organismo jurisdiccional. A los efectos de esta decisión, la competencia establecida a la Asamblea Nacional (AN) en el Artículo 187 de la Constitución de la República  (C.R) de  “discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”, así como la de “control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional” queda suspendida, pospuesta, o eliminada mientras dure la ejecución del referido decreto de emergencia.

Para quienes desconocen el contenido de dicha sentencia poco sentido tendría el comenzar a analizarla, toda vez que la misma ratifica lo que todo el mundo sabe y es que en Venezuela no existe ni democracia, ni mucho menos respeto al Estado de Derecho y que las formas que solía utilizar el entonces Presidente Hugo Chávez, de hacer parecer legal o constitucional lo que no lo era, han desaparecido.

Como consecuencia de la referida decisión, hace un par de días el Presidente Maduro  dirigió una asamblea popular con el objeto de aprobar dicho presupuesto a ser presentado ante el TSJ. En esa asamblea igualmente señalo que “todos los gobernadores y alcaldes deben firmar carta de acatamiento de la sentencia del TSJ», por cuanto que a quienes no lo hagan “no se les aprobarán recursos del situado constitucional”.  Esta imposición por parte del mandatario, si bien carece de asidero legal, evidencia un ejemplo más del poder absoluto que representa, así como un reto a los alcaldes y gobernadores que se dicen contrarios al régimen. Si firman la mencionada carta, aceptando lo que en todo caso ya es una decisión judicial y como tal debe cumplirse, actuaran en contra de la mayoría opositora del país, la cual ha manifestado su total rechazo a dicha sentencia. Por el contrario, de no firmar la absurda misiva se encontraran excluidos de recibir los referidos ingresos adicionales.

Mientras esto ocurría, la AN debatía en su recinto sobre el “rescate de la democracia y el respeto a la Constitución”. Dentro de las muchas opiniones que se escucharon en el debate hubo algunas que llamaron la atención de los analistas internacionales, las cuales nos proponemos resaltar.  La primera fue la realizada por el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),  quien manifestó que «el derecho al voto no es del CNE, ni del TSJ, sino del pueblo, y lo haremos valer para resolver esta crisis”; señalando más adelante  que el presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia «están fuera de la Constitución».

Por su parte el presidente de la Subcomisión de Presupuesto de la AN advertía que el parlamento desconocería el presupuesto nacional aprobado por el presidente de la República y presentado al TSJ. A cuyo efecto señalo, que harían un “llamado a los organismos públicos, ejecutores de gasto, la tesorería nacional y demás entes públicos para que no ejecuten gastos basados en el presupuesto y también a las instituciones financieras para que se abstengan de hacer operaciones de crédito público».

Por último, el presidente de la A.N declaraba que “con todos los quebrantamientos del orden constitucional (…) Luego de la recolección del 20%, iremos a la OEA a ponerlos al día sobre Venezuela y pedir la aplicación de la Carta Democrática”.

Es evidente que  los más altos representantes del organismo legislativo, los cuales hacen vida política en el país, se encuentran conscientes del “quebrantamiento del orden constitucional” en el que se encuentra el gobierno. No obstante, el planteamiento que se hacen los ciudadanos y que repercute en los análisis que presentan los investigadores sobre el tema de Venezuela, no es la ausencia de constitucionalidad de los actos del poder público, sino la manera en que esto pretende enfrentarse.

¿Qué valor puede representar para los venezolanos el que se les diga que “el voto es del pueblo”, si no pueden ejercerlo? se preguntan algunos. ¿Qué importancia podrían darle los organismos del Estado a la advertencia respecto a que la Ley de Presupuesto es inconstitucional, y qué organismos públicos rechazaran la ejecución de dicha Ley? Señalan otros con sorna.

¿Cómo es eso que antes de cualquier acción en contra de tanto abuso de poder, la sociedad venezolana tendrá que esperar a “luego de la recolección del 20% de las firmas”?, se preguntan abrumadoramente los estudiosos. ¿Será que quienes así opinan no se han enterado que el propio organismo electoral ha establecido unos requisitos, tan inconstitucionales como la mencionada Ley de Presupuesto, que de ser cumplidos posponen el referéndum revocatorio para el próximo año?

Hay quienes  solemnemente anuncian la existencia de un golpe de Estado de parte del TSJ en contra de la AN.  Quienes afirman esto se equivocan. No existe ningún golpe de Estado en contra de la AN, lo que existe es un golpe contra la República, y este fue ejecutado hace más de 15 años. Los únicos que al parecer no lo han visto son los políticos, porque el pueblo, aquellos que no tienen inmunidad, a los que no les pagan dietas por participar en comisiones ni debates, los que no tienen carro, ni mucho menos chofer, hace años que ya se dieron cuenta.

Algunos han llegado a anunciar con seria preocupación la posibilidad de que  en los próximos días el TSJ podría publicar una sentencia en contra el referendo revocatorio (RR) presidencial. ¿A cuál RR se referirán?, porque el único RR pautado formalmente por el ente electoral ha sido fijado para el próximo año. ¿Será ese el revocatorio que persiguen, el que permitiría al Presidente Maduro salir del poder sin que nadie le exigiera cuentas por sus desmanes, porque quien lo sustituiría seria su Vicepresidente?

Los días pasan y la situación que padecen los venezolanos frente a la criminalidad desatada, la impresionante inflación, y la carencia de bienes de primera necesidad es absolutamente dramática. Ya ni los medios de comunicación lo reseñan con la gravedad que lo amerita, y es que toda esta tragedia se ha convertido en cotidiana, y lo cotidiano no atrae noticias.

Son dos países en uno, describiría Kafka en alguna mágica novela de esas en las que hacía de lo absurdo una realidad, en las que nada era lo que parecía ser. Dos Venezuelas que transitan en líneas paralelas en donde nadie escucha lo que no quiere escuchar, y otros miran para otro lado porque no quieren ver. ¿Inventaremos un país, o tendremos que esperar hasta las elecciones presidenciales del 2018 para darnos cuenta que estas también no las quitaron? ¿Lo dudan?

 

Publicado en Notiminuto

Virginia Contreras Abogada experta en seguridad

En lo que va de año un total de 21 escoltas han sido asesinados para robarles sus armas y vehículos por parte de criminales, cifra que aun cuando es ligeramente menor a la del año pasado, evidencia la situación de riesgo por la que atraviesan los profesionales de la seguridad privada en el país.

Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Bolivariana de Escoltas de Venezuela expresa que “gran parte de los escoltas y funcionarios asesinados fueron ejecutados por bandas criminales que buscan el arma de la víctima para seguir equipándose más de lo que ya están».

 

 

No es en un barrio, no es producto de una encuesta en la Morgue de Bello Monte, en cualquier familia, en cualquier oficina, preguntando, sumamos que casi seis de cada diez personas entre nosotros ha sido tocada por un crimen violento.

 

La muestra puede no ser estadísticamente válida, pero es patéticamente elocuente. En una oficina de ocho personas, seis han sufrido al menos un crimen violento recientemente. A la asistente del Presidente de la Fundación que allí manejamos, le mataron al papá en un atraco hace dos años. El hermano de la abogada se salvó de chiripa, como dicen, en otro asalto, y quedó con una bala incrustada en el tórax. La administradora, al salir de la universidad, vio como mataban a un compañero con ocho disparos en plena calle, y «del tiro» se retiró. A la Gerente le mataron a un primo con un punzón en el corazón en una discusión callejera sobre Chávez. Al Consultor Legal se le mató un hijo que venía siendo perseguido en la autopista, según presumen los investigadores. Estos, como tantos otros hechos, quedaron impune. ¡Van cinco! Y eso que no le preguntamos al mensajero, ni la señora que limpia, por pena, porque esos debe tener más de un muerto cada uno en su familia…

En efecto, la Procuraduría General de la República ha dicho que 98% de los crímenes en Venezuela quedan impunes. Gallup revela en sus encuestas que la criminalidad se ubica como primera preocupación de los venezolanos, en una lucha cabeza a cabeza con la escasez y la inflación, seguramente, ahora.

Informes del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos indican que somos la ruta predilecta del narcotráfico hacia el norte. Y apartando las versiones de «Alicia en el País de las Maravillas» que nos presenta la Fiscal General, el Observatorio Venezolano contra la Violencia ubica la tasa de asesinatos sobre 90 muertos de cada 100.000 habitantes. ¡Díganselo a la gente de la oficina!

Y no estamos hablando de robos, ni secuestros, sino de muertos. Las reaseguradoras internacionales indican que en Venezuela, en todo momento, hay al menos 90 personas secuestradas. Y las agencias de seguridad del mundo alertan que hay militares y policías involucrados en esto, como en el narcotráfico, cosa que leemos en la prensa a diario.

Y si queremos sumar algo más humanitario, la revolución mata. Nuestro propio padre muere en diciembre por falta de medicinas. A decir verdad, en alguna oportunidad se consiguieron solo dos de un cocktail de cuatro pastillas que tomaba a diario. Ese desbalance le disparó un ACV que un año en cama después terminó llevándoselo.

Es que hasta el perro se nos murió la semana pasada por falta de alimentos y medicinas. Lo que se conseguía para darle de comer era basura con tinta que le causaba alergias y problemas renales y hepaticos que se fueron agravando.

¿Qué se puede decir? Maduro, desde mi corazón…

 

@fjuevedo

¿Cuando la historia, que quizás se escriba esta semana, juzgue el legado del Presidente, contará los «muertos» que menciona el Vice-Presidente, o las «graves consecuencias» a que se refiere el ex-Vice-Presidente, ambos hablando de la llamada «Toma de Caracas» del 1º de Septiembre (¿Cuál será «la sorpresita» que mencionó Maduro?) o se limitarán las páginas a hacer un recuento económico, social y político de las consecuencias de esta crisis?

Hay elementos obvios en este legado: Una moneda que no vale sino una décima de un centavo de dólar americano, aun quitándole esos tres ceros que eliminó Chávez para crear la ridiculez llamada «el bolívar fuerte»; reservas internacionales que no cubren la quinta parte de las importaciones venezolanas en su mejor época; la inflación más alta del mundo y de la historia del país; la criminalidad más alta del mundo, caso Caracas; el país más corrupto del mundo, o casi, como indica la organización Transparencia Internacional; una institucionalidad democrática sumamente debilitada que no sirve para gobernar sino para mandar; una infraestructura en ruinas; miles de empresas quebradas; una millonaria fuga de talentos y capitales; en fin, un país en crisis que ocho de cada diez electores clama por rescatar.

Pero los elementos ocultos no son tan obvios: La malnutrición infantil, que aparte de muertes de neonatos nos dejará con un país de adultos tarados, es uno de los principales daños causados por la crisis cuya autoría el gobierno niega; un país dominado y saqueado por una minoría es otro que vendrá a descubrirse cuando salgan; una nación de pedigüeños y mantenidos que cobran por hacer cola y bachaquear que habrá que ver si querrán trabajar en la Sexta República; una institucionalidad comprometida con el narco y con la ideología del fracaso son algunas de las consecuencias de este disparate llamado revolución bolivariana. «El Día Después» será de película.

¡Ah! Y he allí los muertos, muchos muertos, demasiados muertos. Al menos 300.000 debe ser la cifra de asesinatos revolucionarios, con quizás unos 80.000 en los últimos tres años. ¡Es que no solo los recién nacidos mueren en las maternidades, es que hasta los animales en calles y zoológicos mueren de inanición! Y mientras el país se cae a pedazos y la gente grita por comida y porque se vayan, no paran, y siguen, y se ufanan, se llenan la boca, y los bolsillos, y viajan por el mundo, hasta hacen compras los fines de semana en el Caribe mientras retrasan u obstaculizan los procesos democráticos.

«Tanto va al agua el cántaro, hasta que revienta…» ¿Reventará el 1º de Septiembre? ¿Qué quedará del país al día siguiente? Se solicita: Un gobierno de verdad.

@fjquevedo

No nos hacemos la pregunta con sorna o ánimo alarmista. Surge a partir del análisis de  las acciones y propuestas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro. La crisis alimentaria, por hablar sólo de uno de los problemas más graves que nos afectan,  ha sido abordada por el gobierno a través de iniciativas nocivas, cuyas consecuencias han actuado como revulsivos, empeorando, recrudeciendo y complejizando la situación.

Los CLAPS, por ejemplo, entregan cantidades insuficientes de comida, en un esquema de distribución incompleto. Denuncias en torno al acaparamiento, tráfico y sobreprecio de las bolsas del CLAP se han reproducido a partir de la instauración del plan.  Su activación “relámpago” en junio pasado en la Avenida Fuerzas Armadas, produjo enfrentamientos entre personas que habían estado esperando desde la madrugada por alimentos y los “comités” supuestamente encargados de su distribución, en una situación irregular que culminó en violencia.

Situaciones como las colas para obtener comida, durante varias horas y muchas veces accediendo a pocas cantidades o ninguna de productos, producen una carga de desánimo, ira y conflicto. Han propiciado además nuevas formas de corrupción, criminalidad y alteración del orden: mercado negro de alimentos, irregularidades en la distribución, revendedores de comida, mafias de los “puestos” y números en la cola, actuaciones corruptas de los funcionarios policiales encargados de vigilarlas, roces entre personas de la comunidades que se sienten “invadidas” por personas de otra comunidad que acuden a su zona buscando alimentos.  

De una forma cruel, el gobierno evade  responsabilidades en un discurso que criminaliza a las víctimas de la situación: las personas que manifiestan  por el hambre  forman parte de grupos subversivos; los “bachaqueros” han sido creados y trabajan en conjunto con productores y empresarios, las personas que no pueden comer pertenecen a grupos disidentes al gobierno. Se evade la realidad: el hambre en la que han sumido a nuestra gente es uno de los peores padecimientos que puede sufrir el ser humano y fisiológicamente, tiene consecuencias en nuestro comportamiento y actitud.

Una gran mayoría de los venezolanos se enfrenta al hambre a diario, con consecuencias terribles para sí mismos y los suyos. Una madre en la Vega nos brindaba un testimonio desgarrador al relatarnos cómo sufría episodios de rabia con sus hijos, luego de privarse de comida para dársela a ellos. La mujer se sorprendía de una rabia que no sabía explica en un principio y que luego relacionó alarmada con su falta de alimentación. Una respuesta fisiológica natural para una persona  que prácticamente vive un cuadro de inanición.

Un reporte del Observatorio Venezolano de la Violencia, confirma algo que venimos viendo desde hace algún tiempo en nuestra experiencia en los sectores populares de la Caracas: un aumento de la criminalidad, con una incidencia importante de “crímenes por hambre”. Hurtos y saqueos de comida o robos de bienes para vender y poder comer. Delitos que actualmente no son, en su totalidad, cometidos por delincuentes regulares, sino por personas desesperadas, llevadas al extremo por la situación.

Ante esta situación.  es notoria la respuesta de muchas comunidades, que con gran esfuerzo y entereza, se resisten a continuar esa dinámica gubernamental de  sinsentido e irresponsabilidad, y que representan la verdadera cara de lo que somos y queremos para nuestro entorno.

El pasado fin de semana en  La Pastora participamos en un sancocho comunitario, organizado por la gente para enfrentar el hambre y celebrar un bingo para recaudar fondos para una iniciativa contra la violencia. El dinero reunido se utilizaría para dotar de timbres a diferentes puntos del barrio y así establecer un sistema informal de alarma para robos y hurtos con el que alertar  a todos los vecinos.

En la misma actividad, pudimos conocer la percepción de la gente en torno al último anuncio presidencial de aumento de sueldos. Las personas se veían preocupadas por la noticia: sabían que el aumento incidiría en la subida de precios y pondría en peligro sus lugares de trabajo, a sabiendas de que muchas empresas no podrían financiarlo. Su respuesta ante el anuncio era de desconfianza y molestia, eran conscientes de las realidades económicas que implicaba y sólo podían esperar nuevos problemas a partir de esta  decisión gubernamental.

El sistema informal de alarmas que estaban desarrollando cobraba más fuerza aun para ellos, porque sabían que debían valerse por sí mismos, buscando alianzas con organizaciones y otros sectores de la ciudad, para encontrar soluciones a sus problemas que el gobierno, en su ceguera y actitud impositiva y burda no podía brindar y más bien dificultaba.

Al ver estas iniciativas, realizadas sin apoyo del Estado, donde aflora la necesidad autentica de resolver los problemas a través de formas solidarias y convivenciales, donde la gente apela a lo mejor de sí misma para tenderle la mano al otro y meterle el cuerpo a la crisis, la pregunta que formulábamos al comienzo de este texto se hace aún más pertinente. ¿Por qué son tan nefastas las políticas del gobierno hacia la gente? ¿Por qué parecen llevarnos a situaciones extremas, situaciones a las que tenemos que resistirnos para poder mantener nuestra humanidad, en vez de ayudarnos a organizarnos y propiciar el encuentro  y una mínima convivencia?

¿Busca el Estado convertirnos a todos en criminales?

@RobertoPatino

 

El Departamento de Estado de EE UU emitió hoy una alerta de viaje sobre Venezuela, en la que advierte a sus ciudadanos que “el crimen violento” en el país caribeño “es un fenómeno generalizado, tanto en la capital Caracas”, como en el resto del territorio nacional.

En un comunicado, el Departamento de Estado alerta también de que, debido a las restricciones que sufren los diplomáticos estadounidenses en Venezuela, es posible que no sean capaces de prestar toda la asistencia necesaria.

Todos los integrantes de la Embajada estadounidense en Caracas están sujetos a una política que limita el movimiento de la legación y su capacidad para viajar tanto en la capital como en otras partes del país “por su seguridad y bienestar”.

“La escasez en todo el país de alimentos, agua, medicinas, electricidad y otros bienes básicos ha conducido a la violencia y el saqueo”, por lo que esta alerta reemplaza la advertencia de viaje emitida el pasado 18 de septiembre de 2015.

El Departamento de Estado subraya además que, según organismos independientes, Venezuela tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo y la segunda en homicidios.

Asimismo, EE UU advierte de los robos a mano armada y la delincuencia callejera en las zonas urbanas, “incluso en las zonas que en general son presuntamente seguras y frecuentadas por los turistas”.

Las reuniones y manifestaciones políticas -precisa la nota oficial- pueden ocurrir sin previo aviso, y se espera que esto se produzca con mayor frecuencia en los próximos meses en Caracas y otras regiones de todo el país.

“Las largas colas para adquirir bienes básicos son algo común” y “ha habido informes de disturbios y violencia mientras los clientes esperan, resultando a veces en tiendas saqueadas y bloqueos de calles”, reitera la alerta.

“Estos incidentes provocan una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad de la policía que puede suponer el uso de la violencia contra los participantes”, ya que “varias muertes han sido reportadas durante este tipo de protestas”.

Por último, la diplomacia estadounidense explica que, a pesar de que Venezuela es signatario de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, “el Gobierno venezolano a veces no notifica a la Embajada de EE UU cuando los ciudadanos estadounidenses son detenidos, o retrasa o deniega el acceso consular a los detenidos”.

 

EL EXDIPUTADO FREDDY BERNAL se refirió vía Twitter a la actividad de las bandas criminales en el país y a la violencia que han generado, de la que han sido víctimas tanto funcionarios policiales como civiles.

«¿Cuántos funcionarios policiales y civiles deben morir? ¡Hay que tomar policial y militarmente los corredores de la muerte de Caracas», tuiteó Bernal, poco después de conocerse el asesinato del jefe de la brigada motorizada de Policaracas, Larry Morillo.

Bernal considera necesario que la fuerza y la autoridad del Estado haga frente a «la ola criminal que no discrimina entre civiles, policías o postura política».

«O ejercemos el peso de la autoridad legítima del Estado o el mismo se diluye ante la violencia criminal desatada en Venezuela», agregó.

Además, el exdiputado pidió cero tolerancia al paramilitarismo y las bandas criminales que operan en el país.

Por nuestro pueblo valiente y trabajador ¡Tolerancia CERO al paramilitarismo y a las bandas criminales que operan en el País!

— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 24 de marzo de 2016

O ejercemos el peso de la autoridad legítima del Estado o el mismo se diluye ante la violencia criminal desatada en #Venezuela

— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 24 de marzo de 2016

Es necesario ejercer toda la fuerza y autoridad del Estado,ante la ola criminal que no discrimina entre civiles, policías o postura política

— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 24 de marzo de 2016

¿Cuántos funcionarios policiales y civiles deben morir? ¡Hay que tomar policial y militarmente los corredores de la muerte de #Ccs !

— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 24 de marzo de 2016

 

La Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia parece corresponder a un país imaginario. En el enrevesado documento de 373 páginas no existe información alguna sobre el número de homicidios, secuestros, robos, hurtos, violaciones y otros delitos graves ocurridos durante 2015. Tampoco existe nada acerca de los ataques a estaciones policiales, linchamientos o la cantidad de policías asesinados el año pasado. En este informe Venezuela queda dibujada como tierra de fantasía, una especie de Narnia.

Un dato llama la atención: el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses refleja haber realizado 29.610 levantamientos de cadáveres durante 2015. Es conocido que cerca del 80% de las muertes violentas registradas en las distintas morgues del país corresponden a asesinatos. En este sentido, tendríamos que oficialmente el número de homicidios ocurridos el año pasado en Venezuela rondaría los 23.000, una cifra muy lejana a los 17.778 asesinatos indicados por la Fiscal General en su informe anual. Un punto para analizar e investigar.

Durante 2015 el CICPC «logró el esclarecimiento de 41.597 averiguaciones relacionadas con los cuatro delitos de mayor incidencia: homicidios, robos, secuestros y hurtos de vehículos». Esta cifra por si sola dice poco, pero si consideramos que la última Encuesta de Victimización realizada por el INE (2009) señala que cada año, entre estos cuatro delitos, se producen más de un millón y medio de casos, podemos hacernos una idea de la gigantesca impunidad que existe hoy en Venezuela.

Por otra parte, la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo de seguridad que debió ser creado en 1999 por mandato de la Constitución, el cual terminó finalmente naciendo en 2009, se encuentra hoy desplegado en menos de la mitad de los estados del país (10). De «nacional» solo tiene el nombre.

En cuanto a los distintos planes de desarme, el Ministerio de Interior y Justicia indica que en 2015 solo se incautaron e inutilizaron 18.686 armas de fuego en Venezuela. A este ritmo tardaría unos 300 años recoger la mitad de las armas de fuego ilegales que hoy circulan en el país.

En relación a la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), no se indica nada acerca de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, el derribo de humildes viviendas, detenciones ilegales y otras violaciones a los derechos humanos señaladas por las víctimas a través de los medios de comunicación.

En 2013, el entonces ministro Miguel Rodríguez Torres lanzó con bombos y platillos el denominado «Proyecto Sima», un plan que contemplaba, entre otros aspectos, la colocación de 30.000 cámaras de vídeo vigilancia en 16 ciudades del país y la adquisición de «drones» o aviones no tripulados para apoyo de las operaciones de seguridad ciudadana. El proyecto, que debía estar finalizado en este 2016, tenía previsto una inversión de más de $1.000 millones. Alguien ha visto esas cámaras en algún lado? La Memoria y Cuenta solo indica la colocación de 1.789 cámaras en los municipios Libertador y Sucre de Caracas, algunos municipios de Nueva Esparta, unos pocos municipios de Táchira, en la capital de Barinas, en los municipios Mara y Guajira del estado Zulia, en el municipio Pedro Camejo de Apure y 92 instaladas en otros lugares del país. Como puede observarse, cifras muy lejanas a las previstas inicialmente. Sin duda un caso digno de ser investigado por la AN, la Contraloría y la Fiscalía General de la República.

La Memoria y Cuenta indica la intervención de 11 policías municipales y estadales, una figura que no ha dado resultados positivos y que claramente atenta contra la descentralización. Asimismo, los datos señalados en el documento evidencian las deficiencias en la dotación de los cuerpos policiales y, en general, la baja inversión del Estado en materia de seguridad ciudadana.

Cuando uno lee la Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia, entiende inmediatamente el porqué Venezuela se ha convertido en el segundo país con mayor criminalidad en el mundo.

 

@luisizquiel