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Criminalidad

Director PoliMiranda: La seguridad no mejorará si excluyen a la Policía de Miranda

Polimiranda

El comisario general Elisio Guzmán, director de la Policía de Miranda, expresó que la seguridad no mejorará si se excluye su organismo de los planes de seguridad, lo que podría pasar en el nuevo intento estratégico que prepara el Ejecutivo para luchar contra la criminalidad en el territorio nacional.

“En vez de corregir los errores que cometieron por no consultar sobre el problema a los involucrados, pretenden seguir aplicando un modelo incorrecto, pero sin nuestra institución”, comentó el comisario, quien también destacó que en ninguna ciudad los 23 planes de seguridad han realmente disminuido los delitos. “Esto ocurre por la falta de apoyo a los cuerpos policiales y porque han politizado el tema, generando además un enorme retardo procesal, el hacinamiento de los sitios de reclusión y un grado de impunidad que hace que cometer un delito sea lo único que sale barato en nuestra nación”, alega.

Según Guzmán no ha habido una intención real de fortalecer la estructura de los organismos policiales, que son los que tienen el conocimiento para lograr cambios significativos. “Parece que quieren crear un plan que, en lugar de reconocer el problema de la inseguridad, de dimensionarlo y luego generar soluciones en corto tiempo, pondrá en práctica el mismo formato. La única evaluación que hicieron del problema fue el de politizarlo”.

Asimismo, el comisario general destacó que seguirán cumpliendo, como lo han hecho siempre, con las obligaciones legales y morales que tienen con los mirandinos. Además informó que aún esperan ser tomados en cuenta para la elaboración de los protocolos de seguridad adecuados para la realidad que vive Venezuela, pues considera que hasta ahora solo han aplicado planes infructuosos que solo han hecho del país uno de los más violentos del mundo.

 

*Con información de Iapem Prensa

La Venezuela de la verdadera convivencia, por Roberto Patiño

venezuela

La dureza de la crisis y la emergencia nacional genera impotencia y desesperanza en la gente, planteando una visión de la realidad de problemas acuciantes frente a los que poco o nada puede hacerse. Pero también se presentan personas y organizaciones que se rebelan frente a esto y realizan un trabajo de reconstrucción de convivencia, de apoyo y de solidaridad. Marcan la diferencia para bien en la vida de muchos y materializan otras realidades, mejores y posibles. Es importante reconocerlos, visibilizarlos y apoyarlos.

Muchos han surgido en los últimos tiempos, en respuesta no solo a los embates de la crisis, sino también defendiendo una alternativa frente a la visión de un país de bandos enfrentados y diferencias irreconciliables. Una visión que fue exaltada de manera irresponsable en el liderazgo de Hugo Chávez,  no para darle solución y hacer un esfuerzo para establecer nuevos lazos entre los venezolanos, sino para explotarlo en la búsqueda y mantenimiento del poder total.

Otros individuos y organizaciones tienen varios años trabajando en comunidades populares del país, haciendo grandes esfuerzos para mantener vivos valores de respeto, tolerancia, apoyo y empatía, y constituyen importantes referentes  de una labor sostenida y profunda. Han educado, además, a generaciones de individuos que reproducen estos valores, aplicándolos, de una forma u otra,  en su vida personal, su trabajo y su relación con la sociedad.

En Venezuela tenemos muchos ejemplos de este tipo de organizaciones que van desde grupos deportivos como “Criollitos de Venezuela” hasta instituciones culturales como el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles, por hablar tan solo de dos exponentes en diversos ámbitos, de larga data en el país. En este año Fe y Alegría celebra su  62° aniversario, en un trabajo sostenido por la educación y la superación personal, la lucha contra la pobreza y la exclusión y el apoyo a las comunidades en todo el país.

Los logros de estas organizaciones más reconocidas conviven con los de otras, de alcance local. Clubes y asociaciones vecinales  como, por el ejemplo, la escuela de futbol La Ladera, liderado por Óscar González, en La Ladera en La Vega, que de manera constante, y a pesar de las dificultades, establecen espacios en sus sectores que apartan  a los jóvenes de la violencia y logran llevar a cabo proyectos de organización vecinal en beneficio de su comunidad. También debe ser destacada la participación de organizaciones internacionales como Techo, con presencia en varios países de Latinoamérica y cuyo capítulo en nuestro país, existente desde 2010, realiza una labor de establecimiento de comités comunitarios y formación de liderazgo local en zonas como Turgua, en Caracas.

Es cierto que actualmente son muchas las expresiones negativas en el  comportamiento de los venezolanos y de su relación entre sí. Venezuela exhibe altísimos índices de violencia y criminalidad, en medio de un cargado y hostil  ambiente social y político.  Un factor determinante lo constituye el régimen de carácter dictatorial que gobierna al país y que ha convertido al Estado y sus instituciones en un componente de estímulo para esta violencia, así como para la segregación y el sometimiento.  Esta situación vulnera la confianza y la credibilidad de las personas tanto en el otro, como en sí mismo, desconfiando de las intenciones de los demás y poniendo en duda las propias capacidades para enfrentar a los problemas y la emergencia.

Pero también es cierto que en los últimos tiempos se ha hecho evidente la aparición y las acciones positivas de organizaciones de ayuda social, algunas recientes, otras con un demostrado trabajo de muchos años.  Esto tal vez más se ha visibilizado más en lo relativo a la crisis alimentaria, un problema cuya dimensión actual de tragedia y hambruna es inédita para los venezolanos, pero también en otras áreas como la crisis de medicamentos y la defensa de los DDHH. Es clara la necesidad de las personas no solo de conseguir un alivio material (alimentos, medicinas, apoyo jurídico, etc.) para enfrentar la emergencia, sino también de crear espacios para la solidaridad y relacionarse a través de la participación, para ayudar y dar apoyo al otro.  

En nuestra experiencia con el plan Alimenta La Solidaridad hemos visto la importancia tanto en llevar comida a más de 500 niños como también de los efectos en la actitud y ánimo de las personas beneficiadas y de colaboradores, benefactores y voluntariado.  Se comparten experiencias y se generan vínculos entre los involucrados, que trascienden todo tipo de diferencias y generan una base sólida para una convivencia real y sostenible. Nuestro plan se inició con menos de 100 colaboradores, entre miembros de las comunidades, patrocinantes y voluntarios, y, un año después, este grupo ha crecido hasta poco más de 1500 personas. En paralelo, hemos visto surgir distintas iniciativas, como, por ejemplo, Barriga Llena, Corazón Contento,  con su plan de sopas diarias para el hospital JM de los Ríos, que también ha podido mantenerse y, dentro de sus capacidades, intensificar su labor, gracias a un número creciente de voluntarios y de ayudas.

Venezuela se enfrenta a un futuro difícil, en el que deberá encarar una terrible y compleja crisis histórica, la distintas emergencias que esta produce y a un régimen tóxico y agresivo que ha cerrado las vías democráticas para la búsqueda de consensos y soluciones. Será determinante  la participación de todos, no desde el rencor, el oportunismo y la violencia, sino desde el encuentro, la reflexión  y el esfuerzo  sostenido. En el trabajo y logros de organizaciones como las que hemos nombrado están herramientas y maneras de convivencia que debemos conocer y reproducir para plantarnos frente a la adversidad y la tragedia y generar las condiciones posibles para nuestro bienestar.

 

@RobertoPatino

Néstor Reverol: 77% de la criminalidad en Venezuela se concentra en 79 municipios

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Los altos índices delictivos han ubicado al Zulia como el cuarto estado más peligroso de Venezuela, por encima de Caracas. Así lo reveló el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en una entrevista al diario Panorama.

“Hay 79 municipios en todo el país que tienen prioridad,  pues  estos concentran  el 77% de la criminalidad de Venezuela. Según los datos que nos aporta el  Observatorio de Seguridad Miranda, Aragua y Carabobo lideran los tres primeros puestos, le siguen Zulia y  Caracas”, acotó el ministro.

Reverol señaló que  la capital  venezolana estaba en el segundo lugar del ranking, pero descendió a la posición cinco tras la implementación de políticas de seguridad.

En relación con la región zuliana, aseveró que Maracaibo es el municipio con más cantidad de delitos. De acuerdo con una investigación realizada por este medio, se conoció que le siguen  San Franscisco, Santa Rita, Cabimas, Baralt, La Cañada de Urdaneta y Miranda.

También manifestó: “Tenemos  19 equipos de inteligencia haciendo levatamiento de información en los municipios Miranda, Jesús Enrique Lossada y La Cañada de de Urdaneta. Estos territorios están secuestrados  por las mafias y tenemos que liberarlos, hasta ahora  hemos actuado de manera silente, una Olhp silente y le hemos dado duro a todas las bandas. Todo el que esté fuera de la ley que asuma su responsabilidad”,  advirtió.

 

 

Crímenes sin castigo: El nuevo plan de Maduro

PlanPatriaSegura

 

Lo único nuevo que ofrece la versión más reciente de Patria Segura es la incorporación abierta de formaciones políticas para la recopilación de inteligencia en materia criminal

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

 

El presidente Nicolás Maduro anunció la reformulación de las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP). Ahora supuestamente tendrán una cara más amigable, y por eso se llamarán Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). La primera conocida luego de este anuncio se llevó a cabo en la Cota 905, justo en el mismo lugar donde se llevó a cabo la primera OLP en julio de 2015. En aquella oportunidad, las reseñas periodísticas dieron cuenta de por lo menos doce muertos en supuestos enfrentamientos con agentes de la ley. En la de este 23 de enero fueron tres. Claro está, entre ambos extremos se llevaron a cabo otras tres OLP en la Cota 905. En algunas, con participación de militares, fueron abarcados también los sectores de Cementerio y El Valle.

Las OLP de entonces y las OLHP que comenzamos a ver desde enero de 2017 obedecen al mismo formato: son redadas en espacios geográficos más o menos delimitados que intentan mitigar la criminalidad mediante la “neutralización”, ya sea por muerte o detención, de determinados individuos o conglomerados que operan en esos sectores. En la Policía Nacional las llaman “operaciones de saturación”, puesto que las calles de estos barrios se ven inundadas de uniformados, quienes abandonarán el lugar a la vuelta de unas horas o, en casos excepcionales, un par de días.

Decir que las OLP u OLHP se inspiraron en las experiencias de Brasil y Colombia es una expresión de ignorancia, cuando no de un interés deliberado por engañar a la gente. En las comunas del Medellín colombiano y las favelas brasileñas se hicieron operaciones de saturación, con tanta o más violencia que las vistas en Venezuela, pero el propósito no era matar a los líderes de las bandas. De hecho, por lo menos en Brasil, en las últimas versiones los funcionarios de la Policía Militar han anunciado su entrada mediante perifoneos, de manera que los criminales han abandonado el territorio. Y estos sectores han sido ocupados y reinstitucionalizados. Esto quiere decir que los policías permanecen allí, y son construidas escuelas, comedores, dispensarios, bibliotecas y desde luego estaciones para los cuerpos de seguridad. Todo esto en las partes altas, lo que permite ejercer un mayor control sobre la actividad del barrio.

Este es el error de concepto de las OLP, con o sin H.

La reformulación de estas operaciones fue decidida ante las numerosas críticas, algunas incluso de sectores afines al Gobierno, que advertían la creciente impopularidad de las OLP en lo que llaman la “base de sustentación política” del chavismo-madurismo.

Ahora bien, esta decisión se inscribe dentro del llamado relanzamiento del plan Patria Segura. La primera versión de este plan fue en 2013 por iniciativa del entonces ministro de Relaciones Interiores, general Miguel Rodríguez Torres, que luego incorporó un sistema de patrullajes por circuitos, calcado de la experiencia en algunas ciudades de Colombia.

El gran problema con este sistema, según me comentó el actual director de PoliMiranda Elisio Guzmán, es que resulta inviable en Venezuela debido a la crónica carencia de recursos en las policías. Este déficit se incrementará ahora, puesto que el Gobierno planea aumentar 15% el total de circuitos en el país y cada uno deberá tener un “estado mayor”.

Me pregunto cómo llevar a la práctica esta expansión de los circuitos de patrullaje, cuando actualmente las flotas de patrullas y motocicletas de todos los cuerpos policiales, incluida la PNB, están inservibles en más del 45%, de acuerdo con diagnósticos disponibles. La situación es tan grave que los propios funcionarios motorizados deben pagar de su bolsillo los repuestos y las reparaciones. En la PNB además se ha admitido ya que algunos vehículos sean “canibalizados”, es decir, despojados de las piezas que aún sirven para colocárselas a otros y ponerlos en funcionamiento.

También está el problema del llamado “pie de fuerza” de los cuerpos de seguridad. En Caracas solamente son necesarios unos 30.000 policías, pero no se dispone de más de 9.000. A esto hay que restar los agentes que no van a trabajar porque están de reposo, presos, de permiso académico, en comisión de servicio en otros cuerpos, en grupos de apostamiento (vigilancia de detenidos) o son escoltas de algún jerarca. Además, hay otros que no van a sus cuarteles porque no les da la gana, se jubilan y se ponen a trabajar como parceleros o custodios de pequeños comercios, léase abastos o panaderías.

Estas carencias terminarán por desvirtuar el plan Patria Segura II. Sin embargo, Maduro cree que las podrá afrontar mediante la incorporación de nuevos recursos humanos desde varias procedencias: 1) 10.000 nuevos oficiales de la Policía Nacional; 2) 10.000 tropas de la Fuerza Armada Nacional; 3) el pie de fuerza del Sebin, y 4) miembros de colectivos y unidades de batalla que actúen como “patriotas cooperantes” y aporten pie de fuerza en determinadas operaciones.

Sobre el último punto hay que señalar que la participación de colectivos y miembros de formaciones políticas oficialistas ya venía ocurriendo en asuntos de seguridad ciudadana. Para esto se tomaban en consideración las disposiciones de las leyes orgánicas de Seguridad de la Nación, los Consejos Comunales y las Comunas. Hubo experimentos en sectores como Catuche, Mérida, Juan Pablo II y Ciudad Caribia. En esto se avanzó hasta tal punto que ciertos colectivos de “inteligencia popular” participan en operativos de control a transeúntes en Catia y Sabana Grande, tal y como quedó en evidencia a finales del año pasado.

Todas estas decisiones acentuarán la politización de la actividad de los cuerpos policiales, algo que es rechazado no sólo por buena parte de los funcionarios de tales instituciones sino también por la población en general. Quede claro entonces que el problema de fondo no será proteger a la ciudadanía sino incrementar el control político a través de cuerpos profundamente ideologizados.

Ahí está el sentido de la segunda versión de Patria Segura.

Breves

* La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará el 9 de febrero en San José de Costa Rica para debatir sobre una posible denegación de justicia por parte del Estado venezolano en el caso del homicidio del estudiante de la Guardia Nacional Johan Alexis Ortiz. Esta muerte se produjo el 15 de febrero de 1998 durante un ejercicio en una cancha del destacamento 19 de ese componente militar en Táchira. Por este caso ha sido imputado Jean Carlos Rafael Malpica, un efectivo de tropa que se suponía debía disparar salvas con un fusil M61 calibre 7.62mm. Malpica se encuentra en libertad. Además, de acuerdo con el papá de la víctima, Edgar Ortiz, él no fue el responsable por este homicidio. Las pruebas de planimetría y experticias balísticas indican que los dos disparos que mataron a Johan Ortiz fueron hechos desde un lugar distinto al que ocupaba el imputado, presumiblemente por un oficial que entonces tenía el grado de capitán y hoy es flamante general de brigada de la GN, gracias a un ascenso otorgado por Maduro en 2013.

* La Policía Nacional adelanta un plan para el “rescate de la imagen” de ese cuerpo. El documento correspondiente no hace un diagnóstico preciso sobre las condiciones de hecho que motivaron esta iniciativa. Pero es obvio que la evaluación general de la PNB entre la ciudadanía no es positiva. Una de las evidencias más claras al respecto es que se trata del cuerpo armado civil con mayor número de procesados por diversos delitos, en especial homicidios, robos y extorsiones. El plan establece dos frentes de acción: puertas adentro y hacia las comunidades. En el primero se intentará incrementar el “sentido de pertenencia” y el orgullo de formar parte de las filas de esta policía. Algunas historias relativas a procedimientos exitosos serán exaltadas, al punto que un comité escogerá al “héroe del mes”. Hacia afuera la cuestión es más complicada. El plan reconoce de antemano las dificultades para transmitir una sensación de efectividad. La Dirección de Comunicaciones será reestructurada. Se ordenó un monitoreo constante a las redes sociales, los medios y los periodistas que general opinión en cuestiones de seguridad. El mensaje a transmitir es que “los funcionarios que roban y matraquean son lunares en la institución”.

* El criminólogo y docente Luis Gerardo Gabaldón llevó a cabo una encuesta de victimización para la región centro-norte-costera del país, que incluye a los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda y Distrito Capital. Se hicieron entrevistas en hogares para determinar si esa persona había sido afectada por secuestros y extorsiones, lesiones personales, robo y hurto genéricos, corrupción, abuso sexual, estafa, amenaza y el homicidio de algún familiar directo. Por razones metodológicas, las preguntas abarcaron el lapso julio 2014 a julio 2015. Los resultados indican hasta qué punto la criminalidad violenta arremete contra la población. Por ejemplo, se proyectó una cifra de 28.241 secuestros y 32.151 extorsiones solo para los referidos estados, así como 845.406 robos y 12.285 homicidios. Este último dato es muy relevante, pues la región centro-norte-costera suele abarcar el 50% de tales crímenes. Por lo tanto, durante el año objeto de investigación la cifra homicidios para el país debió estar alrededor de 24.570. Esto se acerca mucho a los cálculos hechos por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Gabaldón fue miembro de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y corredactor del Estatuto para la Función Policial.

En la medida en que avanza la disolución del Estado venezolano, los medios para el ejercicio legal de la fuerza son reemplazados por agrupaciones de diversa índole. Llámelas comités de vigilancia, frentes bolivarianos o colectivos. En este último caso, es claro que algunos gozan de beneficios clientelares a través de instituciones estatales como Petróleos de Venezuela o el Ministerio para las Comunas, por citar algunos. Pero el flujo de dinero también ha mermado para estos grupos. La crisis finalmente les llegó, y para mantener las lealtades ahora es necesario acudir a otros mecanismos. El primero es la extorsión. Los comerciantes de la avenida Sucre de Catia pueden hablar de esto. También los habitantes de los barrios ubicados a partir del kilómetro 7 de la vía a El Junquito. En octubre del año pasado un colectivo se reunió con los residentes para exigir el pago de 2 mil bolívares mensuales a cambio de garantizar la seguridad. Posteriormente, pasaron casa por casa para reunir los aportes. El dinero era recibido por una mujer acompañada por un sujeto encapuchado. En una oportunidad, colocaron una pancarta con los números telefónicos a los que se podía llamar para comunicar las novedades. Pero los robos continuaron y el colectivo no dio respuesta, así que la removieron.

 

Un Estado dueño del petróleo: la fuente del empobrecimiento de Venezuela, por Alexander Guerrero

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El venezolano ha empobrecido velozmente, los indicadores más duros nos muestran un país con un Estado fallido, reñido con el Estado de Derecho, sostenido con propaganda, represión criminalizando a ciudadanos sin que medie la ley, con controles y con una constitución en el suelo, aunque es una mala constitución, repartiendo bolsas de comida, con medio país pasando hambre, y un líder político pidiendo almuerzos populares, un Presidente convocando a los “camaradas del hampa” , con una AN en desacato que declara abandono del poder del Presidente, no es un país que este bien, veamos detalles.

Empobrecer y dominar: el “camino al servilismo” [1]

Vemos el empobrecimiento en las corrientes migratorias negativas, en las colas para adquirir alimentos, en la hiperinflación, en el empobrecimiento del capital humano y en la estructura por oficios del mercado laboral donde la demanda es por trabajadores no calificados, también en la igualdad forzada hacia abajo en la distribución del ingreso, más venezolanos devengan salario mínimo, el cual en términos de poder compra equivale a 35 dólares, cerca del 75% de la fuerza laboral empleada con salario mínimo, el doble lo que era hace 20 años, y en oficios informales, en la descapitalización de los servicios públicos de educación y salud, en el retorno de enfermedades contagiosas de comportamiento epidémico, en la escasez de medicinas, en el incremento de la moralidad infantil.

En el incremento de la criminalidad y victimas contabilizada por cada 100 mil habitantes, esta es una variable que ha alcanzado valores extremos con perdida humana superior a las guerras asimétricas, con una fuerte caída del producto nacional en actividades económicas modernas como actividad industrial, destrucción de derechos de propiedad y vulnerabilidad plena de la propiedad privada, incremento de la represión militar y policial y perdida de libertades civiles, el ritmo de típica africanización,  fuerte deterioro de la infraestructura vial y transporte, envejecimiento del parque automotriz, racionamiento de servicio de aguas limpias y servidas, y racionamiento eléctrico,  descapitalización de los servicios de comunicación modernos, telefonía wire less e internet.

En el crecimiento de la mortalidad infantil que se junta con el incremento de la mortalidad de adultos, más allá de lo que caracteriza a un país que cruzó la transición demográfica sin que mejorara la calidad de vida del individuo, terrible ecuación que nos proyectas niveles grotesco de pobreza, en el marco de una moneda que se ha devaluado/depreciado desde 0.5 Bs/$ en 2000 a 3500 Bs/$ en el 2017, todo lo podemos resumir en una caída de dos terceras partes del ingreso per cápita y vuelta a 1956 donde con un per cápita similar al de hoy el venezolano vivía en paz, con una moneda fuerte y Venezuela era un país, además para querer, con mucha atractivo a otras culturas, lo cual ha sido capital humano trabajador venido de ultramar.

Todo este largo proceso de empobrecimiento y pérdida de calidad de vida, se ha dado con un enorme ingreso fiscal petrolero durante unos 10 años, por fiscal, entiéndase, plata en manos de la política, con un crecimiento de 100% del tamaño del Estado, “enriquecido” en términos de su capacidad empleadora, expropiando y nacionalizando y creando decenas de miles de empresas hoy asaltadas, quebradas y cerradas y millones de hectáreas que pasaron a su propiedad que redujo el ganado en pie en un 50%, un Estado que siendo dueño del subsuelo, de las aguas, de los bosques, del espacio electromagnético, el la gente se pelea por un Kg de harina de maíz, y con las armas de la República utilizadas para reprimir, convertidos sus garantes en cancerberos de las mafias políticas que controlan el poder, pero también para apoyo logístico del narcotráfico, del tráfico ilegal de armas y capturado por los servicios represivos y policiacos cubanos con una tropa en condiciones de indigencia y una corrupción rampante, que penetro los muros del pudor.

¿Somos un país rico? ¡NO! tenemos un Estado sufriendo de obesidad mórbida

Ese Estado, con una anatomía de obesidad mórbida, costoso, es la fuente de la hiperinflación, su gasto que supera el ingreso fiscal “natural” su déficit es monetizado en el BCV, el Leviatán se comió sus hígados. El crecimiento de ese Estado fue financiado por dos fuentes, la corrupción y el petrolero, si forzamos la misma fuente, las finanzas del Estado se mezclaron con las finanzas personalizadas de la clase político-militar gobernante. Creo que es fácil saber porque somos el país con mayor velocidad de empobrecimiento en el mundo, y que nos deja perplejos oír al Presidente de la AN en su discurso inaugural que Venezuela es un país rico, me gustaría demostrarle que eso que dijo además de no ser cierto, es ideología peligros, y que no tiene el menor sentido pedagógico frente a un país que hay que llamarlo a trabajar y duro, pero no lo culpo, es una vieja cultura de la “Venezuela rica”, una manera de venderle gratis esperanzas al venezolano más humilde así como a las clase media mediando domesticar sus reacciones.

¿Cómo es posible que ante tanto ingreso fiscal hayamos alcanzado tal nivel de empobrecimiento? La respuesta es muy simple, y la encontramos en la política. ¿Y qué definimos como política? Hagámoslo sencillo, es el juego de incentivos que mueve a sectores corporativos, políticos, mercaderes, militares, etc. a la captura del Estado a cualquier precio, desde los fusiles hasta el voto, dependiendo del “costo de oportunidad” de cada opción; sin embargo, la historia nos ha mostrado que del fusil al voto la diferencias se la come el tiempo y la sociedad rentista a punto de ser capturada junto a sus instituciones por las corporaciones mencionadas arriba,

El objetivo la captura de la renta del Estado es para insumirlo, no importando el método, desde la corrupción y robo plano hasta favores, privilegios todos navegando en el ingreso o renta que producen y que dejaron de producir los activos del Estado, el petróleo particularmente, todas esas corporaciones mencionadas, harán todo lo posible para convencer a sus ciudadanos que esas fuentes de renta tienen estar en manos del Estado y por ello pelean como borrachos por una botella vacía. Desalambrando esos incentivos, para esa corporación es más fácil administrar para su interés la renta del Estado que desarrollar en el individuo el espíritu emprendedor y venderle esa riqueza para que sus ciudadanos la sostenga sobre sus derechos de propiedad y que con esfuerzo y trabajo, la familia se levanta y el país se hará vivible.

Me refiero al capitalismo a secas, o una economía de mercado, esta se convierte entonces en el anatema que une todas las diferentes ramas ideológicas del socialismo que vemos en el PSUV que gobierna y en Unidad de partidos de la oposición, todos piden que las renta del petróleo debe ser Estado, ellos la administraran en su representación; lo demás está en la historia, solo esperamos que no tengamos historiadores celestinos y les cuenten a los hijos, nietos toda la verdadera historia y no hagan como hicieron con la historia del siglo XIX que lograron esconderla de los jóvenes. ¿Qué tiene esto de conexión con el petróleo? Lo explicaremos más adelante.

Un Estado que destruye la riqueza creada por sus ciudadanos

Hasta ahora, solo contábamos con la premisa que, con el tiempo y algún día, el Estado acabaría con la industria petrolera, era una fatalidad evidente, descrita por muchos sabios, pero citare la profecía de  Adam Smith, quien  lo había recogido en la “Riqueza de las Naciones …….” al afirmar, “…..el Estado no crea riqueza, sus regidores la destruyen….” (1786)- porque sus incentivos son definidos con carácter redistributivo; porque no son beneficios ni ganancias, sino solo una renta definida fiscal de acuerdo a los mecanismos de captura por parte del gobierno sobre la propiedad del Estado, en virtud de derechos de propiedad difusamente definidos, como ingreso fiscal. Esa presión fiscal determinaría tarde o temprano el ocaso de la industria petrolera, algo similar ocurrió con Indonesia -Pertamina- en los ochenta. Para elaborar esa hipótesis no teníamos que inventar nada, es teoría económica empíricamente comprobada.

Este proceso de destrucción, -para utilizar un verbo que grafica lo ocurrido-, haya venido este por consecuencias no intencionada o por agenda política, o ambas, ocurriría en el momento en que la renta no alcanzase para cubrir costos operativos y obligaciones -para producir petróleo- sin que ello vaya a cargo de la desinversión y perdida por agotamiento natural. Muy simple, la renta del petróleo dejo de crecer y el beneficio -ganancia- se desvanecía porque la presión fiscal sobre la renta para redistribuir por parte de su dueño -el Estado/Gobierno- la minimice, al punto en el cual, la renta sea negativa en el sentido que, sumando pasivos -financieros y no financieros-  costos y obligaciones con socios y sin considerar la contribución fiscal petrolera -regalías e impuestos- no son pagados por el ingreso petrolero antes de sus impuestos.

Nos encontramos precisamente en esa circunstancia, un tanto compleja de comprender, dada la cultura rentista del venezolano y la miopía del sector político, fundamentalmente la oposición política, en procurarse una información precisa de lo que estaba ocurriendo con la industria petrolera, sobre todo cuando ello muchos de nosotros lo investigábamos y los estábamos presentado y a la oposición política se lo entregamos por allá en 2011.. Lo habíamos advertido, el endeudamiento de PDVSA que se detuvo en seco en 2011, cubría la insolvencia económica y financiera de la industria petrolera nacional, al faltar los dólares de esas deudas, la empresa y el país se fueron por ese barranco financiero y económico.

Y adelante una industria petrolera que languidece

Ese es el momento en el cual la industria habiendo llegado a acumular un considerable volumen de pasivos, bajo un largo proceso de descapitalización, haría más que imposible re-capitalizarla, reinvirtiendo lo que no produce, constituyendo en tal sentido un imposible financiero que cumpla, tanto física como económicamente, dado que su voluminoso pasivo expresa que, en el mediano plazo, la industria no podría recuperarse y expandirse por sí sola, al mismo tiempo que pagar sus deudas. Necesitaría de socios que vuelvan a creer en un país, hoy un Estado fallido, que desee convertirse nuevamente en proveedor, seguro, la vuelta a ello no será fácil además porque ya no somos un país “petrolero competitivo”..

Como se aprecia, el problema y la restricción es de naturaleza política, y no económica, esta tiene remedio, la primera no lo tiene implica costos que llamas revoluciones, golpes, violación de derechos políticos, dictadura, etc. Y ello más allá de una realidad que apunta el petróleo en reserva podría generar un margen de confianza que le permita a la industria asumir o reestructurar sus pasivos, sobre el entendido que el costo de esos nuevos préstamos no afecten la rentabilidad -distributiva- del negocio y para esto una sola interrogante: quienes vienen asegurándose que tengan bolsillo profundo, tecnología y quiera asumir los riesgos políticos en el trópico pedirá protección la cual por ahora no podemos darle.

Todo ese complejo de relaciones económicas y financieras ha generado por una fatal asimetría entre propiedad estatal y crecimiento, que el proceso de agotamiento no logre ser superado porque la industria se descapitalizó, no invirtió, como dijimos arriba por razones fiscales de la asimetría mencionada. Ese modelo se ha cumplido al pie de la letra en las naciones que escogieron el socialismo, o el comunismo, regímenes en los cuales la propiedad de cada activo en la sociedad era dispuesta como propiedad del Estado, sus economías fueron destruidas por la presión fiscal, la sociedad pago ese fenómeno con intenso empobrecimiento.

En nuestro caso ese proceso tendría otra etapa adicional, En un primer paso, antes de destruirla, la industria seria nacionalizada y estatizada (1975), convertida en monopolio estatal, privando a sus ciudadanos a explotar el recurso bajo su propiedad y libre albedrio. Así en un segundo paso, vendría el de la destrucción, tomaría unos 5-7 años y se materializaría bajo el preámbulo y sus reglas de explotación y producción, bajo propiedad estatal, en el marco de una nueva constitución, la de 1999.

De esas maneras, nuevas reglas, nuevo juego, donde toda la renta es del Rey, llegaría inexorablemente, como parte de la misma profecía auto cumplida al caótico momento que hoy vive la industria petrolera. El ahora que hacemos se cumpliría, antes o después, pero llegaría inevitablemente, y en ese punto, volveremos a lo que nos trajo hasta acá, el modelo del Estado petrolero simplemente no es viable. ¿Y volvemos con la misma pregunta circular, y ahora qué? Simplemente cambiar modelo del negocio petrolero que durante más de cinco décadas cumplió la profecía de agotarla industria.

¿Qué hacemos? Subastarla, la mejor idea, el Estado la destruyo

En otras palabras, solo queda subastarla. Permítanme explicar, privatizarla, unos cuantos modelos de negocio privado salen a la vista, adelantemos que no nos referimos exclusivamente a PDVSA, que sería la perdida de menor valor, después de todo, operadores sobrarían, bajo ciertas circunstancias e incentivos, bajo un mercado abierto, propiedad y producción, me refiero al recurso petrolero. ¿Entonces como privatizarla?

Hay decenas de modelos, pero solo el mercado abierto mercado diría si somos/seremos productores competitivos. Previo a ello, hay que hacer la tarea mayor, crear las nuevas reglas del juego, -the rule of law- reducir el riesgo sobre la propiedad de contratos sobre el recurso y su producción, para poder ser un país creíble, lo que implica si nuestro riesgo nos hace no competitivos, así los costos nos den ventajas comparativas, no avanzaremos y nos conformaremos con producir para el mercado doméstico, dejando claro que esto tampoco es negativo, además que nos permite ver que no es el petróleo el culpable sino nosotros mismos. El venezolano de avanzada, de pensamiento liberal, que busca democracia y libertad y propiedad se ha ido, lo cual no es una fatalidad, puede regresar, y nos ayuda a educar los más jóvenes que no se fueron porque no conocen el más allá de nuestras fronteras.

Para entender lo que estoy diciendo recomiendo leer a “Trust (Confianza)” de Francis  Fukuyama titulado, uno de sus mejores libros, allí está escrito en una sesuda investigación como es se come eso que llamamos capitalismo y “trust”, cualquier otra via, ya la hicimos, diversas formas de socialismo, resulto un costoso fracaso de décadas, Comprendo que esta visión no sea de cómoda y rápida digestión que sea metabolizado para ayudar a hacer comprender al resto que solo bajo propiedad privada y un rule of law, -imperio de la ley- crearemos el progreso. Habrá entonces que derrotar la tesis muy curios que podemos producir petróleo inteligentemente solo porque poseemos reservas de petróleo, esto es un error intenso, y expresa un supuesto destino manifiesto, basado solo en la abundancia del recurso en el subsuelo.

Atendiendo que al menos en economía el concepto de abundancia -y dotación- solo se materializa con un precio, es decir fuera del lecho donde se encuentra, sometido a las fuerzas del mercado, no le queda otra. Mi propuesta es sencilla, subasta, una vez arreglado el setting institucional llevarla de un activo desaparecido: ¡TRUST!

@AlexGuerreroE

 

[1] F Hayek “EL Camino a la Servidumbre”

OVV: Venezuela vuelve a ubicarse como el segundo país más violento del mundo con 28.479 muertes en 2016

“ESTE AÑO 2016 HA SIDO particularmente violento y criminal”, asegura el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en el que se revelan que este año estiman una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos.

Esta tasa de homicidios, explica el OVV, mantiene a Venezuela como el 2do país mas violento del mundo, solo superado por El Salvador, que tiene una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. De los 28.000 fallecidos, estiman que 18.230 casos son homicidios legalmente aceptados como tales5.281 muertos son víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad; y los 4.968 restantes son los casos de muertes violentas consideradas en averiguación.

Estas estimaciones también colocan a Caracas como la capital más violenta del mundo. Tiene 15 veces más homicidios que Ciudad de México, México, y 10 veces más que Bogotá, Colombia. Otro dato revelador de informe es que los sicariatos aumentaron en 2016. Hubo hasta 4 semanales.

El observatorio explica que no solo el delito ha incrementado su violencia y letalidad, sino que las respuestas dadas, tanto por cuerpos de seguridad del Estado como por ciudadanos, “muestran manifestaciones de violencia y contravención de la ley”.

El OVV indica que entre las consecuencias de esta violencia está la generalización del miedo en la sociedad, lo que hace que la gente no salga, se impongan toques de queda no oficiales y los negocios cierren temprano. Igualmente la criminalidad ha generado desplazamiento de la población. No solo de un sector a otro, o de un estado a otro, sino también a otros países.

En el informe, explican que este año la violencia también tiene tres nuevos componentes: la ocurrencia de delitos vinculados al hambre como resultado de una severa crisis de carestía y escasez de alimentos; el incremento de los linchamientos por la población, entre 2 y 3 linchamientos por semana dejando más de 100 víctimas; y las acciones militares y policiales que emprendió el gobierno nacional con prácticas de dudosa legalidad.

Igualmente denuncian que ha continuado la censura oficial de información sobre criminalidad y seguridad ciudadana pues ya van trece años en los cuales el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, incumplen con la entrega de la información oficial.

 

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Oct 17, 2016 | Actualizado hace 4 años
Kafka en Venezuela, por Virginia Contreras

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El pasado 11 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) atendió la solicitud hecha por el presidente de la República respecto a la ampliación de una decisión dictada por el Máximo Tribunal sobre el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, y autorizó la presentación de la solicitud de aprobación del presupuesto nacional para el año 2017 ante el Alto organismo jurisdiccional. A los efectos de esta decisión, la competencia establecida a la Asamblea Nacional (AN) en el Artículo 187 de la Constitución de la República  (C.R) de  “discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”, así como la de “control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional” queda suspendida, pospuesta, o eliminada mientras dure la ejecución del referido decreto de emergencia.

Para quienes desconocen el contenido de dicha sentencia poco sentido tendría el comenzar a analizarla, toda vez que la misma ratifica lo que todo el mundo sabe y es que en Venezuela no existe ni democracia, ni mucho menos respeto al Estado de Derecho y que las formas que solía utilizar el entonces Presidente Hugo Chávez, de hacer parecer legal o constitucional lo que no lo era, han desaparecido.

Como consecuencia de la referida decisión, hace un par de días el Presidente Maduro  dirigió una asamblea popular con el objeto de aprobar dicho presupuesto a ser presentado ante el TSJ. En esa asamblea igualmente señalo que “todos los gobernadores y alcaldes deben firmar carta de acatamiento de la sentencia del TSJ”, por cuanto que a quienes no lo hagan “no se les aprobarán recursos del situado constitucional”.  Esta imposición por parte del mandatario, si bien carece de asidero legal, evidencia un ejemplo más del poder absoluto que representa, así como un reto a los alcaldes y gobernadores que se dicen contrarios al régimen. Si firman la mencionada carta, aceptando lo que en todo caso ya es una decisión judicial y como tal debe cumplirse, actuaran en contra de la mayoría opositora del país, la cual ha manifestado su total rechazo a dicha sentencia. Por el contrario, de no firmar la absurda misiva se encontraran excluidos de recibir los referidos ingresos adicionales.

Mientras esto ocurría, la AN debatía en su recinto sobre el “rescate de la democracia y el respeto a la Constitución”. Dentro de las muchas opiniones que se escucharon en el debate hubo algunas que llamaron la atención de los analistas internacionales, las cuales nos proponemos resaltar.  La primera fue la realizada por el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),  quien manifestó que “el derecho al voto no es del CNE, ni del TSJ, sino del pueblo, y lo haremos valer para resolver esta crisis”; señalando más adelante  que el presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia “están fuera de la Constitución”.

Por su parte el presidente de la Subcomisión de Presupuesto de la AN advertía que el parlamento desconocería el presupuesto nacional aprobado por el presidente de la República y presentado al TSJ. A cuyo efecto señalo, que harían un “llamado a los organismos públicos, ejecutores de gasto, la tesorería nacional y demás entes públicos para que no ejecuten gastos basados en el presupuesto y también a las instituciones financieras para que se abstengan de hacer operaciones de crédito público”.

Por último, el presidente de la A.N declaraba que “con todos los quebrantamientos del orden constitucional (…) Luego de la recolección del 20%, iremos a la OEA a ponerlos al día sobre Venezuela y pedir la aplicación de la Carta Democrática”.

Es evidente que  los más altos representantes del organismo legislativo, los cuales hacen vida política en el país, se encuentran conscientes del “quebrantamiento del orden constitucional” en el que se encuentra el gobierno. No obstante, el planteamiento que se hacen los ciudadanos y que repercute en los análisis que presentan los investigadores sobre el tema de Venezuela, no es la ausencia de constitucionalidad de los actos del poder público, sino la manera en que esto pretende enfrentarse.

¿Qué valor puede representar para los venezolanos el que se les diga que “el voto es del pueblo”, si no pueden ejercerlo? se preguntan algunos. ¿Qué importancia podrían darle los organismos del Estado a la advertencia respecto a que la Ley de Presupuesto es inconstitucional, y qué organismos públicos rechazaran la ejecución de dicha Ley? Señalan otros con sorna.

¿Cómo es eso que antes de cualquier acción en contra de tanto abuso de poder, la sociedad venezolana tendrá que esperar a “luego de la recolección del 20% de las firmas”?, se preguntan abrumadoramente los estudiosos. ¿Será que quienes así opinan no se han enterado que el propio organismo electoral ha establecido unos requisitos, tan inconstitucionales como la mencionada Ley de Presupuesto, que de ser cumplidos posponen el referéndum revocatorio para el próximo año?

Hay quienes  solemnemente anuncian la existencia de un golpe de Estado de parte del TSJ en contra de la AN.  Quienes afirman esto se equivocan. No existe ningún golpe de Estado en contra de la AN, lo que existe es un golpe contra la República, y este fue ejecutado hace más de 15 años. Los únicos que al parecer no lo han visto son los políticos, porque el pueblo, aquellos que no tienen inmunidad, a los que no les pagan dietas por participar en comisiones ni debates, los que no tienen carro, ni mucho menos chofer, hace años que ya se dieron cuenta.

Algunos han llegado a anunciar con seria preocupación la posibilidad de que  en los próximos días el TSJ podría publicar una sentencia en contra el referendo revocatorio (RR) presidencial. ¿A cuál RR se referirán?, porque el único RR pautado formalmente por el ente electoral ha sido fijado para el próximo año. ¿Será ese el revocatorio que persiguen, el que permitiría al Presidente Maduro salir del poder sin que nadie le exigiera cuentas por sus desmanes, porque quien lo sustituiría seria su Vicepresidente?

Los días pasan y la situación que padecen los venezolanos frente a la criminalidad desatada, la impresionante inflación, y la carencia de bienes de primera necesidad es absolutamente dramática. Ya ni los medios de comunicación lo reseñan con la gravedad que lo amerita, y es que toda esta tragedia se ha convertido en cotidiana, y lo cotidiano no atrae noticias.

Son dos países en uno, describiría Kafka en alguna mágica novela de esas en las que hacía de lo absurdo una realidad, en las que nada era lo que parecía ser. Dos Venezuelas que transitan en líneas paralelas en donde nadie escucha lo que no quiere escuchar, y otros miran para otro lado porque no quieren ver. ¿Inventaremos un país, o tendremos que esperar hasta las elecciones presidenciales del 2018 para darnos cuenta que estas también no las quitaron? ¿Lo dudan?

 

Publicado en Notiminuto

Virginia Contreras Abogada experta en seguridad

21 escoltas han sido asesinados en lo que va de año

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En lo que va de año un total de 21 escoltas han sido asesinados para robarles sus armas y vehículos por parte de criminales, cifra que aun cuando es ligeramente menor a la del año pasado, evidencia la situación de riesgo por la que atraviesan los profesionales de la seguridad privada en el país.

Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Bolivariana de Escoltas de Venezuela expresa que “gran parte de los escoltas y funcionarios asesinados fueron ejecutados por bandas criminales que buscan el arma de la víctima para seguir equipándose más de lo que ya están”.

Asegura que los escoltas se han convertido en un objetivo fácil porque la mayoría vive en lugares populares o barriadas y deben llegar a altas horas de la noche a esos sitios con su arma y la moto que utilizan para su trabajo, lo que los deja en desventaja ante la acción de los antisociales.

Los escoltas estamos prácticamente a nuestra suerte, ya que muchos tenemos nuestros portes de arma vencidos y no podemos renovarlos debido a los obstáculos que les ponen en la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), dijo y agregó:  no contamos con el gobierno, ni con la oposición, nadie está pendiente de nuestra situación, en los próximos días solicitaremos ante los tribunales un amparo constitucional, ya que no sólo se nos está negando el derecho al trabajo al no renovar los portes de arma, sino que además nos tratan como delincuentes, al detenernos por porte ilícito de arma de fuego.

Asesinado por hacer un favor

Josué David Guiche Briceño, de 26 años de edad trabajaba como escolta para un grupo de abogados; el miércoles en horas de la noche regresaba a su casa ubicada en el sector El Rosario de las Minas de Baruta, cuando se encontró con una amiga que le pidió un favor: que la ayudara a recuperar una laptop y un teléfono celular que le habían robado unos asaltantes del sector; ese fue el último favor que hizo.

Cuando Guiche llegó a donde estaban los ladrones, no tuvo tiempo de nada, le cayeron a tiros, cinco impactos dieron entre el pecho y el abdomen, le robaron la moto y el arma, lo dejaron agonizando en la vía hasta que fue trasladado a un centro de salud de la Alcaldía ubicado en el mismo sector, llegó sin signos vitales.

Horas después dos de los tres atacantes fueron capturados por efectivos policiales; Guiche los conocía, habían crecido juntos en el mismo barrio, “pero uno nunca sabe que se habían metido esos muchachos para matarlo de esa manera”, dijo su papá José Guiche.

Josué David deja un hijo de meses.