Criminalidad

 

Según testimonios, en la última Operación de Liberación Humanitaria del Pueblo (OLHP) realizada en la parroquia El Valle a principios de marzo, los policías estaban máscaras de calaveras y gritan “enfrentamiento” sin siquiera haber visto al joven manipular un arma.

Los medios de comunicación y las redes sociales hicieron su parte en la difusión de esos sucesos y por más de 8 horas se vieron las fotografías de los funcionarios enmascarados y fuertemente armados que llevaban varios detenidos.

El artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía señala la obligación que tienen los cuerpos de seguridad de estar identificados en el ejercicio de sus funciones, esto está también desarrollado en la Resolución de nombre “Normas Relativas a la Dotación y Equipamiento Básico y Especializado de los Cuerpos de Policía en sus Diversos Ámbitos Políticos Territoriales” en su artículo 7 que detalla cómo debe ser el uniforme, destacando en ambas normas que los funcionarios deben estar plenamente identificados.

En este sentido, Amnistía Internacional realizó un análisis de esta práctica y ha tomado la palabra en nombre de su activismo mundial y ha manifestado que «Venezuela tiene la segunda tasa de homicidios en el ámbito mundial, pero las medidas que se están tomando para combatir el crimen han abierto una brecha en cuanto a las obligaciones que tiene el país en sus compromisos con los derechos humanos y su respeto.»

Consecuencias del terror

En el análisis, la organización asegura que las máscaras según declaraciones de algunos funcionarios son utilizadas para proteger al efectivo de seguridad de los delincuentes quienes podrían continuar engrosando la larga lista de víctimas de la violencia, pero para los expertos en temas de derechos humanos llegar a una comunidad usando este tipo de implementos en operativos policiales además de causar terror podrían garantizar impunidad a quienes actúen deliberadamente.

En cuanto a los efectos psicológicos que pudo causar el uso de estás raras máscaras, la psicóloga de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Diana González, refirió que el impacto generado en la colectividad ante lo ocurrido fue el claro mensaje que emitieron estos funcionarios.

“El uso de las máscaras por la Dirección de Contra Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, en las OLP en su nueva fase humanista dejó un claro mensaje, ya que evidentemente frente a esa imagen que fue difundida en medios de comunicación y redes sociales de alguna manera desde el punto de vista psicológico se podría decir que se vio una imagen un tanto burlesca sobre la actuación en sí de la policía y de los funcionarios militares que participaron en estos operativos y no solo el  tono de burla es frente a lo que puede ser la violencia o el modo de proceder y las consecuencias que eso puede generar en las personas que fueron detenidas, a las que les allanaron sus casas o lamentablemente a los familiares de quienes fueron asesinados, sino que en línea general este tipo de procedimiento combina angustia, amenaza latente y mucho terror”.

Para la experta en el tema de abuso policial y militar la estrategia de las máscaras fue generar psicoterror, “el psicoterror tiene que ver con eso, con el uso de simbología, el uso de ciertos tipos de lenguaje que quieran dejar un mensaje en la población o en el grupo al que se pretende atacar. Allí el mensaje no solo es para las bandas delictivas, que se supone que en estos operativos se quieren combatir, sino a la comunidad entera quienes pueden de alguna una forma sentir que existe la participación de los propios vecinos, de la gente en el barrio que finalmente se puede convertir en los llamados “sapos” o en los informantes tanto para las bandas delictivas como para el propio Estado, en este caso para los aparatos de los cuerpos de seguridad a quienes no solo se les puede aportar información sino también al momento que tengan que estar en la calle, de hacer presencia en estos espacio de la comunidad”.

Diana González afirma que para la psicología la presencia de esta simbología lo que quiere es dar es un meta mensaje que no es otro que el de la muerte, para que así la gente asocie de alguna manera la presencia de la fuerza de seguridad con una actuación violenta que puede ocasionar muerte y consecuencias, “este tipo de mensaje lo que va creando finalmente es una conducta o actitud sumisa o pasiva, porque las personas cuando vean en su barrio la presencia de estos sujetos fuertemente armados, vestidos de una determinada manera, ocultando su identidad con el uso de estas mascaras lo que te dice la lógica es que debes quedarte en la sumisión, pasividad y obediencia frente a lo que imponga el grupo de la fuerza de seguridad”.

Finalmente, la psicóloga indicó que todos estos hechos que involucró a funcionarios enmascarados lo que lleva a pensar es que la gente no entiende o entenderá la posibilidad de que la policía sea una policía de proximidad, cercana a la comunidad con una actuación preventiva sino que finalmente se va afianzando el terror en las comunidades populares, en el barrio, en los sectores donde vive gente en situación de exclusión y de mayor vulnerabilidad.

“Se impone la lógica del policía es el enemigo, porque el policía ve a la comunidad como el enemigo y las comunidades populares son atacadas de esta manera porque es allí donde está el delincuente, donde está el narcotráfico, las mafias, donde está incluso la delincuencia organizada y entonces la forma de entender de la propia comunidad es que en esa lógica de guerra quien impone el poder frente a eso debe adoptar una posición de sumisión, de dejar ser dominado y controlado”.

Cultura del miedo como política de seguridad

Amnistía Internacional detalla que en un estudio de la organización Grupo Acción Comunitaria de Chile que tiene por nombre Psicología de la amenaza política y el miedo realizado en el contexto de la dictadura de Chile en el mandato de Augusto Pinochet arrojó en las investigaciones que la existencia de una amenaza política permanente produjo una respuesta de miedo crónico. El concepto de miedo crónico constituye en sí una contradicción ya que el miedo como la angustia son respuestas específicas ante una amenaza interna o externa percibida por el sujeto, el miedo crónico deja de ser una reacción específica a situaciones concretas y se transforma prácticamente en un estado permanente en la vida cotidiana, no solo de los afectados directamente por la represión, si no de cualquiera que pueda percibirse amenazado.

En la investigación desarrollan lo que es el miedo crónico como emoción y que en los casos frecuentes esa emoción sólo te alerta frente a determinada situaciones o situaciones concretas, pero cuando hay actuaciones dirigidas a causar impacto colectivo el miedo crónico se convierte en una forma y en una reacción permanente frente a cualquier tipo de situación de la vida cotidiana, suceda o no, simplemente si el grupo que recibe ese mensaje lo considera como una amenaza.

Existen alternativas verdaderamente eficaces

La organización termina el análisis explicando que las llamadas OLP han sido denunciadas por organizaciones civiles y casos individuales de la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, así como las desapariciones forzadas y ejecuciones cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, todos estos son crímenes de derecho internacional y violaciones graves a los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que la aplicación de las OLP debe cesar de inmediato y que deben ser desarrollados planes de seguridad ciudadana integrales, respetuosos de los derechos humanos, con una amplia y plural participación de la sociedad civil, así como con el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

*Con información de Amnistía Internacional

 

Autoridades de varios países suramericanos han sido alertadas sobre la existencia de una ruta de posibles elementos extremistas islámicos, cuyo paso a través de Venezuela ha quedado documentado. Esas personas en tránsito llegan a los aeropuertos internacionales de Brasil; después de un tiempo se desplazan a la frontera con Venezuela, país que intentan atravesar para alcanzar Colombia y luego probablemente seguir su itinerario hacia Centroamérica y quizás Estados Unidos.

La alerta fue realizada en 2014 por quien entonces dirigía la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo de Venezuela, Gyoris Guzmán. La denuncia de Guzmán, que ahora se encuentra en España, donde ha pedido asilo, no supuso ninguna especial reacción del Ministerio del Interior venezolano, cuya titular entonces, Carmen Meléndez, desestimó la gravedad de lo revelado por las investigaciones.

Según asegura, «todos los obstáculos puestos por la ministra estaban muy vinculados con el alto mando político del Gobierno, en el que ya para esa fecha el actual vicepresidente, Tareck el Aissami, tenía injerencia en decisiones de envergadura en el manejo de las relaciones con grupos activistas musulmanes».

«En Venezuela hay una total falta de compromiso del Gobierno para una lucha franca, sincera y acertada contra la criminalidad», lamenta Guzmán. Advierte que el régimen chavista «ni siquiera cumple con compromisos internacionales adquiridos con la ONU o con organismos regionales como Unasur y Mercosur». «Es la ausencia por completo de un Estado», sentencia.

Acuerdos secretos del chavismo para acoger en territorio venezolano células de Hezbolá, el grupo radical chií de origen libanés, ya han sido relevados con anterioridad. También han trascendido operaciones encubiertas desde embajadas de Venezuela en Oriente Medio para facilitar pasaportes a elementos extremistas islámicos. Ahora, queda al descubierto otro modo elemento de esa ayuda chavista al radicalismo musulmán: una ruta a través del territorio nacional.

Unas cuarenta personas

De acuerdo con las investigaciones que hizo el equipo de Guzmán, expuestas en un foro de seguridad de Mercosur, entre 2013 y 2014 hubo cerca decuarenta personas supuestamente vinculadas al extremismo islamista que, en diferentes viajes, entraron ilegalmente en Venezuela desde Brasil por el puesto fronterizo próximo a Santa Elena de Uairén.

Al parecer, habían llegado a Brasil a los aeropuertos internacionales de Sao Paolo y Río de Janeiro. Después de cortas estancias en el país se desplazaron, posiblemente en vuelos locales, hasta Manaos, en el corazón del Amazonas. Luego siguieron su camino por carretera. Una vez en Venezuela pretendían atravesar el país y entrar a Colombia por Cúcuta. La mayoría fueron detenidos nada más entrar en Venezuela, pero otros lo fueron a punto de pasar a territorio colombiano.

La mitad de los detenidos eran de nacionalidad somalí, pero también había personas procedentes de Bangladesh, Etiopía y Kenia. «Todos eran musulmanes y pudimos constatar su radicalismo; aunque no fue posible establecer ninguna vinculación directa con grupos terroristas concretos, concluimos que algunos provenían de zonas en las que podían haber estado en contacto con Daesh o franquicias de Al Qaeda», afirma Guzmán.

Las investigaciones demostraron que la ruta ya se había asentado, gracias a contactos locales que habían permitido crear una red para pernoctar en hoteles escogidos y que incluso podían lograr permisos de trabajo (dos de los detenidos contaban con visas de empleo expedidos por las autoridades brasileñas). «Lo que detectamos muy posiblemente era el ensayo de una ruta, que con el tiempo podía funcionar a mayor escala, para enviar yihadistas hacia el Norteamérica, porque en Colombia no se iban a quedar», razona Guzmán.

 

 

El comisario general Elisio Guzmán, director de la Policía de Miranda, expresó que la seguridad no mejorará si se excluye su organismo de los planes de seguridad, lo que podría pasar en el nuevo intento estratégico que prepara el Ejecutivo para luchar contra la criminalidad en el territorio nacional.

“En vez de corregir los errores que cometieron por no consultar sobre el problema a los involucrados, pretenden seguir aplicando un modelo incorrecto, pero sin nuestra institución», comentó el comisario, quien también destacó que en ninguna ciudad los 23 planes de seguridad han realmente disminuido los delitos. «Esto ocurre por la falta de apoyo a los cuerpos policiales y porque han politizado el tema, generando además un enorme retardo procesal, el hacinamiento de los sitios de reclusión y un grado de impunidad que hace que cometer un delito sea lo único que sale barato en nuestra nación”, alega.

Según Guzmán no ha habido una intención real de fortalecer la estructura de los organismos policiales, que son los que tienen el conocimiento para lograr cambios significativos. “Parece que quieren crear un plan que, en lugar de reconocer el problema de la inseguridad, de dimensionarlo y luego generar soluciones en corto tiempo, pondrá en práctica el mismo formato. La única evaluación que hicieron del problema fue el de politizarlo”.

Asimismo, el comisario general destacó que seguirán cumpliendo, como lo han hecho siempre, con las obligaciones legales y morales que tienen con los mirandinos. Además informó que aún esperan ser tomados en cuenta para la elaboración de los protocolos de seguridad adecuados para la realidad que vive Venezuela, pues considera que hasta ahora solo han aplicado planes infructuosos que solo han hecho del país uno de los más violentos del mundo.

 

*Con información de Iapem Prensa

La dureza de la crisis y la emergencia nacional genera impotencia y desesperanza en la gente, planteando una visión de la realidad de problemas acuciantes frente a los que poco o nada puede hacerse. Pero también se presentan personas y organizaciones que se rebelan frente a esto y realizan un trabajo de reconstrucción de convivencia, de apoyo y de solidaridad. Marcan la diferencia para bien en la vida de muchos y materializan otras realidades, mejores y posibles. Es importante reconocerlos, visibilizarlos y apoyarlos.

Muchos han surgido en los últimos tiempos, en respuesta no solo a los embates de la crisis, sino también defendiendo una alternativa frente a la visión de un país de bandos enfrentados y diferencias irreconciliables. Una visión que fue exaltada de manera irresponsable en el liderazgo de Hugo Chávez,  no para darle solución y hacer un esfuerzo para establecer nuevos lazos entre los venezolanos, sino para explotarlo en la búsqueda y mantenimiento del poder total.

Otros individuos y organizaciones tienen varios años trabajando en comunidades populares del país, haciendo grandes esfuerzos para mantener vivos valores de respeto, tolerancia, apoyo y empatía, y constituyen importantes referentes  de una labor sostenida y profunda. Han educado, además, a generaciones de individuos que reproducen estos valores, aplicándolos, de una forma u otra,  en su vida personal, su trabajo y su relación con la sociedad.

En Venezuela tenemos muchos ejemplos de este tipo de organizaciones que van desde grupos deportivos como “Criollitos de Venezuela” hasta instituciones culturales como el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles, por hablar tan solo de dos exponentes en diversos ámbitos, de larga data en el país. En este año Fe y Alegría celebra su  62° aniversario, en un trabajo sostenido por la educación y la superación personal, la lucha contra la pobreza y la exclusión y el apoyo a las comunidades en todo el país.

Los logros de estas organizaciones más reconocidas conviven con los de otras, de alcance local. Clubes y asociaciones vecinales  como, por el ejemplo, la escuela de futbol La Ladera, liderado por Óscar González, en La Ladera en La Vega, que de manera constante, y a pesar de las dificultades, establecen espacios en sus sectores que apartan  a los jóvenes de la violencia y logran llevar a cabo proyectos de organización vecinal en beneficio de su comunidad. También debe ser destacada la participación de organizaciones internacionales como Techo, con presencia en varios países de Latinoamérica y cuyo capítulo en nuestro país, existente desde 2010, realiza una labor de establecimiento de comités comunitarios y formación de liderazgo local en zonas como Turgua, en Caracas.

Es cierto que actualmente son muchas las expresiones negativas en el  comportamiento de los venezolanos y de su relación entre sí. Venezuela exhibe altísimos índices de violencia y criminalidad, en medio de un cargado y hostil  ambiente social y político.  Un factor determinante lo constituye el régimen de carácter dictatorial que gobierna al país y que ha convertido al Estado y sus instituciones en un componente de estímulo para esta violencia, así como para la segregación y el sometimiento.  Esta situación vulnera la confianza y la credibilidad de las personas tanto en el otro, como en sí mismo, desconfiando de las intenciones de los demás y poniendo en duda las propias capacidades para enfrentar a los problemas y la emergencia.

Pero también es cierto que en los últimos tiempos se ha hecho evidente la aparición y las acciones positivas de organizaciones de ayuda social, algunas recientes, otras con un demostrado trabajo de muchos años.  Esto tal vez más se ha visibilizado más en lo relativo a la crisis alimentaria, un problema cuya dimensión actual de tragedia y hambruna es inédita para los venezolanos, pero también en otras áreas como la crisis de medicamentos y la defensa de los DDHH. Es clara la necesidad de las personas no solo de conseguir un alivio material (alimentos, medicinas, apoyo jurídico, etc.) para enfrentar la emergencia, sino también de crear espacios para la solidaridad y relacionarse a través de la participación, para ayudar y dar apoyo al otro.  

En nuestra experiencia con el plan Alimenta La Solidaridad hemos visto la importancia tanto en llevar comida a más de 500 niños como también de los efectos en la actitud y ánimo de las personas beneficiadas y de colaboradores, benefactores y voluntariado.  Se comparten experiencias y se generan vínculos entre los involucrados, que trascienden todo tipo de diferencias y generan una base sólida para una convivencia real y sostenible. Nuestro plan se inició con menos de 100 colaboradores, entre miembros de las comunidades, patrocinantes y voluntarios, y, un año después, este grupo ha crecido hasta poco más de 1500 personas. En paralelo, hemos visto surgir distintas iniciativas, como, por ejemplo, Barriga Llena, Corazón Contento,  con su plan de sopas diarias para el hospital JM de los Ríos, que también ha podido mantenerse y, dentro de sus capacidades, intensificar su labor, gracias a un número creciente de voluntarios y de ayudas.

Venezuela se enfrenta a un futuro difícil, en el que deberá encarar una terrible y compleja crisis histórica, la distintas emergencias que esta produce y a un régimen tóxico y agresivo que ha cerrado las vías democráticas para la búsqueda de consensos y soluciones. Será determinante  la participación de todos, no desde el rencor, el oportunismo y la violencia, sino desde el encuentro, la reflexión  y el esfuerzo  sostenido. En el trabajo y logros de organizaciones como las que hemos nombrado están herramientas y maneras de convivencia que debemos conocer y reproducir para plantarnos frente a la adversidad y la tragedia y generar las condiciones posibles para nuestro bienestar.

 

@RobertoPatino

 

Los altos índices delictivos han ubicado al Zulia como el cuarto estado más peligroso de Venezuela, por encima de Caracas. Así lo reveló el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en una entrevista al diario Panorama.

“Hay 79 municipios en todo el país que tienen prioridad,  pues  estos concentran  el 77% de la criminalidad de Venezuela. Según los datos que nos aporta el  Observatorio de Seguridad Miranda, Aragua y Carabobo lideran los tres primeros puestos, le siguen Zulia y  Caracas”, acotó el ministro.

73,1% de los reportes de delito organizado se concentraron en: Miranda, Zulia, DC, Carabobo, Anzoátegui y Lara https://t.co/pPXBmxwQpt

— Runrunes (@RunRunesWeb) March 13, 2017

Reverol señaló que  la capital  venezolana estaba en el segundo lugar del ranking, pero descendió a la posición cinco tras la implementación de políticas de seguridad.

En relación con la región zuliana, aseveró que Maracaibo es el municipio con más cantidad de delitos. De acuerdo con una investigación realizada por este medio, se conoció que le siguen  San Franscisco, Santa Rita, Cabimas, Baralt, La Cañada de Urdaneta y Miranda.

También manifestó: “Tenemos  19 equipos de inteligencia haciendo levatamiento de información en los municipios Miranda, Jesús Enrique Lossada y La Cañada de de Urdaneta. Estos territorios están secuestrados  por las mafias y tenemos que liberarlos, hasta ahora  hemos actuado de manera silente, una Olhp silente y le hemos dado duro a todas las bandas. Todo el que esté fuera de la ley que asuma su responsabilidad”,  advirtió.

 

 

 

 

 

El venezolano ha empobrecido velozmente, los indicadores más duros nos muestran un país con un Estado fallido, reñido con el Estado de Derecho, sostenido con propaganda, represión criminalizando a ciudadanos sin que medie la ley, con controles y con una constitución en el suelo, aunque es una mala constitución, repartiendo bolsas de comida, con medio país pasando hambre, y un líder político pidiendo almuerzos populares, un Presidente convocando a los “camaradas del hampa” , con una AN en desacato que declara abandono del poder del Presidente, no es un país que este bien, veamos detalles.

Empobrecer y dominar: el “camino al servilismo” ^[1]

Vemos el empobrecimiento en las corrientes migratorias negativas, en las colas para adquirir alimentos, en la hiperinflación, en el empobrecimiento del capital humano y en la estructura por oficios del mercado laboral donde la demanda es por trabajadores no calificados, también en la igualdad forzada hacia abajo en la distribución del ingreso, más venezolanos devengan salario mínimo, el cual en términos de poder compra equivale a 35 dólares, cerca del 75% de la fuerza laboral empleada con salario mínimo, el doble lo que era hace 20 años, y en oficios informales, en la descapitalización de los servicios públicos de educación y salud, en el retorno de enfermedades contagiosas de comportamiento epidémico, en la escasez de medicinas, en el incremento de la moralidad infantil.

En el incremento de la criminalidad y victimas contabilizada por cada 100 mil habitantes, esta es una variable que ha alcanzado valores extremos con perdida humana superior a las guerras asimétricas, con una fuerte caída del producto nacional en actividades económicas modernas como actividad industrial, destrucción de derechos de propiedad y vulnerabilidad plena de la propiedad privada, incremento de la represión militar y policial y perdida de libertades civiles, el ritmo de típica africanización,  fuerte deterioro de la infraestructura vial y transporte, envejecimiento del parque automotriz, racionamiento de servicio de aguas limpias y servidas, y racionamiento eléctrico,  descapitalización de los servicios de comunicación modernos, telefonía wire less e internet.

En el crecimiento de la mortalidad infantil que se junta con el incremento de la mortalidad de adultos, más allá de lo que caracteriza a un país que cruzó la transición demográfica sin que mejorara la calidad de vida del individuo, terrible ecuación que nos proyectas niveles grotesco de pobreza, en el marco de una moneda que se ha devaluado/depreciado desde 0.5 Bs/$ en 2000 a 3500 Bs/$ en el 2017, todo lo podemos resumir en una caída de dos terceras partes del ingreso per cápita y vuelta a 1956 donde con un per cápita similar al de hoy el venezolano vivía en paz, con una moneda fuerte y Venezuela era un país, además para querer, con mucha atractivo a otras culturas, lo cual ha sido capital humano trabajador venido de ultramar.

Todo este largo proceso de empobrecimiento y pérdida de calidad de vida, se ha dado con un enorme ingreso fiscal petrolero durante unos 10 años, por fiscal, entiéndase, plata en manos de la política, con un crecimiento de 100% del tamaño del Estado, “enriquecido” en términos de su capacidad empleadora, expropiando y nacionalizando y creando decenas de miles de empresas hoy asaltadas, quebradas y cerradas y millones de hectáreas que pasaron a su propiedad que redujo el ganado en pie en un 50%, un Estado que siendo dueño del subsuelo, de las aguas, de los bosques, del espacio electromagnético, el la gente se pelea por un Kg de harina de maíz, y con las armas de la República utilizadas para reprimir, convertidos sus garantes en cancerberos de las mafias políticas que controlan el poder, pero también para apoyo logístico del narcotráfico, del tráfico ilegal de armas y capturado por los servicios represivos y policiacos cubanos con una tropa en condiciones de indigencia y una corrupción rampante, que penetro los muros del pudor.

¿Somos un país rico? ¡NO! tenemos un Estado sufriendo de obesidad mórbida

Ese Estado, con una anatomía de obesidad mórbida, costoso, es la fuente de la hiperinflación, su gasto que supera el ingreso fiscal “natural” su déficit es monetizado en el BCV, el Leviatán se comió sus hígados. El crecimiento de ese Estado fue financiado por dos fuentes, la corrupción y el petrolero, si forzamos la misma fuente, las finanzas del Estado se mezclaron con las finanzas personalizadas de la clase político-militar gobernante. Creo que es fácil saber porque somos el país con mayor velocidad de empobrecimiento en el mundo, y que nos deja perplejos oír al Presidente de la AN en su discurso inaugural que Venezuela es un país rico, me gustaría demostrarle que eso que dijo además de no ser cierto, es ideología peligros, y que no tiene el menor sentido pedagógico frente a un país que hay que llamarlo a trabajar y duro, pero no lo culpo, es una vieja cultura de la “Venezuela rica”, una manera de venderle gratis esperanzas al venezolano más humilde así como a las clase media mediando domesticar sus reacciones.

¿Cómo es posible que ante tanto ingreso fiscal hayamos alcanzado tal nivel de empobrecimiento? La respuesta es muy simple, y la encontramos en la política. ¿Y qué definimos como política? Hagámoslo sencillo, es el juego de incentivos que mueve a sectores corporativos, políticos, mercaderes, militares, etc. a la captura del Estado a cualquier precio, desde los fusiles hasta el voto, dependiendo del “costo de oportunidad” de cada opción; sin embargo, la historia nos ha mostrado que del fusil al voto la diferencias se la come el tiempo y la sociedad rentista a punto de ser capturada junto a sus instituciones por las corporaciones mencionadas arriba,

El objetivo la captura de la renta del Estado es para insumirlo, no importando el método, desde la corrupción y robo plano hasta favores, privilegios todos navegando en el ingreso o renta que producen y que dejaron de producir los activos del Estado, el petróleo particularmente, todas esas corporaciones mencionadas, harán todo lo posible para convencer a sus ciudadanos que esas fuentes de renta tienen estar en manos del Estado y por ello pelean como borrachos por una botella vacía. Desalambrando esos incentivos, para esa corporación es más fácil administrar para su interés la renta del Estado que desarrollar en el individuo el espíritu emprendedor y venderle esa riqueza para que sus ciudadanos la sostenga sobre sus derechos de propiedad y que con esfuerzo y trabajo, la familia se levanta y el país se hará vivible.

Me refiero al capitalismo a secas, o una economía de mercado, esta se convierte entonces en el anatema que une todas las diferentes ramas ideológicas del socialismo que vemos en el PSUV que gobierna y en Unidad de partidos de la oposición, todos piden que las renta del petróleo debe ser Estado, ellos la administraran en su representación; lo demás está en la historia, solo esperamos que no tengamos historiadores celestinos y les cuenten a los hijos, nietos toda la verdadera historia y no hagan como hicieron con la historia del siglo XIX que lograron esconderla de los jóvenes. ¿Qué tiene esto de conexión con el petróleo? Lo explicaremos más adelante.

Un Estado que destruye la riqueza creada por sus ciudadanos

Hasta ahora, solo contábamos con la premisa que, con el tiempo y algún día, el Estado acabaría con la industria petrolera, era una fatalidad evidente, descrita por muchos sabios, pero citare la profecía de  Adam Smith, quien  lo había recogido en la «Riqueza de las Naciones …….» al afirmar, “…..el Estado no crea riqueza, sus regidores la destruyen….» (1786)- porque sus incentivos son definidos con carácter redistributivo; porque no son beneficios ni ganancias, sino solo una renta definida fiscal de acuerdo a los mecanismos de captura por parte del gobierno sobre la propiedad del Estado, en virtud de derechos de propiedad difusamente definidos, como ingreso fiscal. Esa presión fiscal determinaría tarde o temprano el ocaso de la industria petrolera, algo similar ocurrió con Indonesia -Pertamina- en los ochenta. Para elaborar esa hipótesis no teníamos que inventar nada, es teoría económica empíricamente comprobada.

Este proceso de destrucción, -para utilizar un verbo que grafica lo ocurrido-, haya venido este por consecuencias no intencionada o por agenda política, o ambas, ocurriría en el momento en que la renta no alcanzase para cubrir costos operativos y obligaciones -para producir petróleo- sin que ello vaya a cargo de la desinversión y perdida por agotamiento natural. Muy simple, la renta del petróleo dejo de crecer y el beneficio -ganancia- se desvanecía porque la presión fiscal sobre la renta para redistribuir por parte de su dueño -el Estado/Gobierno- la minimice, al punto en el cual, la renta sea negativa en el sentido que, sumando pasivos -financieros y no financieros-  costos y obligaciones con socios y sin considerar la contribución fiscal petrolera -regalías e impuestos- no son pagados por el ingreso petrolero antes de sus impuestos.

Nos encontramos precisamente en esa circunstancia, un tanto compleja de comprender, dada la cultura rentista del venezolano y la miopía del sector político, fundamentalmente la oposición política, en procurarse una información precisa de lo que estaba ocurriendo con la industria petrolera, sobre todo cuando ello muchos de nosotros lo investigábamos y los estábamos presentado y a la oposición política se lo entregamos por allá en 2011.. Lo habíamos advertido, el endeudamiento de PDVSA que se detuvo en seco en 2011, cubría la insolvencia económica y financiera de la industria petrolera nacional, al faltar los dólares de esas deudas, la empresa y el país se fueron por ese barranco financiero y económico.

Y adelante una industria petrolera que languidece

Ese es el momento en el cual la industria habiendo llegado a acumular un considerable volumen de pasivos, bajo un largo proceso de descapitalización, haría más que imposible re-capitalizarla, reinvirtiendo lo que no produce, constituyendo en tal sentido un imposible financiero que cumpla, tanto física como económicamente, dado que su voluminoso pasivo expresa que, en el mediano plazo, la industria no podría recuperarse y expandirse por sí sola, al mismo tiempo que pagar sus deudas. Necesitaría de socios que vuelvan a creer en un país, hoy un Estado fallido, que desee convertirse nuevamente en proveedor, seguro, la vuelta a ello no será fácil además porque ya no somos un país “petrolero competitivo”..

Como se aprecia, el problema y la restricción es de naturaleza política, y no económica, esta tiene remedio, la primera no lo tiene implica costos que llamas revoluciones, golpes, violación de derechos políticos, dictadura, etc. Y ello más allá de una realidad que apunta el petróleo en reserva podría generar un margen de confianza que le permita a la industria asumir o reestructurar sus pasivos, sobre el entendido que el costo de esos nuevos préstamos no afecten la rentabilidad -distributiva- del negocio y para esto una sola interrogante: quienes vienen asegurándose que tengan bolsillo profundo, tecnología y quiera asumir los riesgos políticos en el trópico pedirá protección la cual por ahora no podemos darle.

Todo ese complejo de relaciones económicas y financieras ha generado por una fatal asimetría entre propiedad estatal y crecimiento, que el proceso de agotamiento no logre ser superado porque la industria se descapitalizó, no invirtió, como dijimos arriba por razones fiscales de la asimetría mencionada. Ese modelo se ha cumplido al pie de la letra en las naciones que escogieron el socialismo, o el comunismo, regímenes en los cuales la propiedad de cada activo en la sociedad era dispuesta como propiedad del Estado, sus economías fueron destruidas por la presión fiscal, la sociedad pago ese fenómeno con intenso empobrecimiento.

En nuestro caso ese proceso tendría otra etapa adicional, En un primer paso, antes de destruirla, la industria seria nacionalizada y estatizada (1975), convertida en monopolio estatal, privando a sus ciudadanos a explotar el recurso bajo su propiedad y libre albedrio. Así en un segundo paso, vendría el de la destrucción, tomaría unos 5-7 años y se materializaría bajo el preámbulo y sus reglas de explotación y producción, bajo propiedad estatal, en el marco de una nueva constitución, la de 1999.

De esas maneras, nuevas reglas, nuevo juego, donde toda la renta es del Rey, llegaría inexorablemente, como parte de la misma profecía auto cumplida al caótico momento que hoy vive la industria petrolera. El ahora que hacemos se cumpliría, antes o después, pero llegaría inevitablemente, y en ese punto, volveremos a lo que nos trajo hasta acá, el modelo del Estado petrolero simplemente no es viable. ¿Y volvemos con la misma pregunta circular, y ahora qué? Simplemente cambiar modelo del negocio petrolero que durante más de cinco décadas cumplió la profecía de agotarla industria.

¿Qué hacemos? Subastarla, la mejor idea, el Estado la destruyo

En otras palabras, solo queda subastarla. Permítanme explicar, privatizarla, unos cuantos modelos de negocio privado salen a la vista, adelantemos que no nos referimos exclusivamente a PDVSA, que sería la perdida de menor valor, después de todo, operadores sobrarían, bajo ciertas circunstancias e incentivos, bajo un mercado abierto, propiedad y producción, me refiero al recurso petrolero. ¿Entonces como privatizarla?

Hay decenas de modelos, pero solo el mercado abierto mercado diría si somos/seremos productores competitivos. Previo a ello, hay que hacer la tarea mayor, crear las nuevas reglas del juego, -the rule of law- reducir el riesgo sobre la propiedad de contratos sobre el recurso y su producción, para poder ser un país creíble, lo que implica si nuestro riesgo nos hace no competitivos, así los costos nos den ventajas comparativas, no avanzaremos y nos conformaremos con producir para el mercado doméstico, dejando claro que esto tampoco es negativo, además que nos permite ver que no es el petróleo el culpable sino nosotros mismos. El venezolano de avanzada, de pensamiento liberal, que busca democracia y libertad y propiedad se ha ido, lo cual no es una fatalidad, puede regresar, y nos ayuda a educar los más jóvenes que no se fueron porque no conocen el más allá de nuestras fronteras.

Para entender lo que estoy diciendo recomiendo leer a “Trust (Confianza)” de Francis  Fukuyama titulado, uno de sus mejores libros, allí está escrito en una sesuda investigación como es se come eso que llamamos capitalismo y “trust”, cualquier otra via, ya la hicimos, diversas formas de socialismo, resulto un costoso fracaso de décadas, Comprendo que esta visión no sea de cómoda y rápida digestión que sea metabolizado para ayudar a hacer comprender al resto que solo bajo propiedad privada y un rule of law, -imperio de la ley- crearemos el progreso. Habrá entonces que derrotar la tesis muy curios que podemos producir petróleo inteligentemente solo porque poseemos reservas de petróleo, esto es un error intenso, y expresa un supuesto destino manifiesto, basado solo en la abundancia del recurso en el subsuelo.

Atendiendo que al menos en economía el concepto de abundancia -y dotación- solo se materializa con un precio, es decir fuera del lecho donde se encuentra, sometido a las fuerzas del mercado, no le queda otra. Mi propuesta es sencilla, subasta, una vez arreglado el setting institucional llevarla de un activo desaparecido: ¡TRUST!

@AlexGuerreroE

 

[1] F Hayek “EL Camino a la Servidumbre”

«ESTE AÑO 2016 HA SIDO particularmente violento y criminal», asegura el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en el que se revelan que este año estiman una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos.

Esta tasa de homicidios, explica el OVV, mantiene a Venezuela como el 2do país mas violento del mundo, solo superado por El Salvador, que tiene una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. De los 28.000 fallecidos, estiman que 18.230 casos son homicidios legalmente aceptados como tales; 5.281 muertos son víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad; y los 4.968 restantes son los casos de muertes violentas consideradas en averiguación.

Estas estimaciones también colocan a Caracas como la capital más violenta del mundo. Tiene 15 veces más homicidios que Ciudad de México, México, y 10 veces más que Bogotá, Colombia. Otro dato revelador de informe es que los sicariatos aumentaron en 2016. Hubo hasta 4 semanales.

El observatorio explica que no solo el delito ha incrementado su violencia y letalidad, sino que las respuestas dadas, tanto por cuerpos de seguridad del Estado como por ciudadanos, «muestran manifestaciones de violencia y contravención de la ley».

El OVV indica que entre las consecuencias de esta violencia está la generalización del miedo en la sociedad, lo que hace que la gente no salga, se impongan toques de queda no oficiales y los negocios cierren temprano. Igualmente la criminalidad ha generado desplazamiento de la población. No solo de un sector a otro, o de un estado a otro, sino también a otros países.

En el informe, explican que este año la violencia también tiene tres nuevos componentes: la ocurrencia de delitos vinculados al hambre como resultado de una severa crisis de carestía y escasez de alimentos; el incremento de los linchamientos por la población, entre 2 y 3 linchamientos por semana dejando más de 100 víctimas; y las acciones militares y policiales que emprendió el gobierno nacional con prácticas de dudosa legalidad.

Igualmente denuncian que ha continuado la censura oficial de información sobre criminalidad y seguridad ciudadana pues ya van trece años en los cuales el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, incumplen con la entrega de la información oficial.