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Criminalidad

Crímenes sin Castigo | Tres días de anomia

 

@javiermayorca

 

ES AHORA CUANDO EL PAÍS comienza a tener una noción más clara de la magnitud del caos vivido con el apagón que comenzó el 7 de marzo. Por más de tres días, Venezuela vivió prácticamente a la deriva, con una criminalidad que se salía de control.

El corte de servicio eléctrico que comenzó en todo el país desde la tarde del 7 de marzo desató un pequeño caos que tuvo consecuencias en los ámbitos económico, social, político y, desde luego, en el de la seguridad.

Es apenas ahora cuando comienza a tenerse, incluso en despachos del Gobierno, una visión clara sobre lo que sucedió en aquellos días que llenaron de profunda inseguridad a buena parte de la población del país. Se trata sin duda alguna del corte de servicio eléctrico más prolongado y con mayor alcance geográfico que se haya reportado en Venezuela.

La ausencia de información no sólo afectó a la ciudadanía, sino también a los organismos que se supone estaban encomendados a resguardar los bienes y las vidas de las personas. En esos días sin servicio eléctrico, ni de agua ni de comunicaciones, por ejemplo, quedaron en evidencia las profundas vulnerabilidades de la policía judicial. En Distrito Capital, por ejemplo, casi todos los despachos se vieron forzados a cerrar. Sus jefes, más preocupados por la protección de sus familias, abandonaron los puestos o simplemente hacían un “toque técnico” para luego volver a sus residencias. Caracas estuvo prácticamente tres días sin policía judicial, hasta que regresó la luz. Esta situación originó un nuevo reclamo de la superioridad. El 11 de marzo, durante una reunión con los jefes de unidades, el subdirector del cuerpo Johnny Salazar criticó el escaso compromiso de estos comisarios, en aquellas horas críticas.

De otro lado, tampoco se podía exigir mayor presencia, puesto que los despachos policiales generalmente carecen de servicio de agua, y sin flujo eléctrico pierden toda utilidad. Un gobierno que dispuso de miles de millones de dólares para los proyectos más inverosímiles fue incapaz de entregar plantas eléctricas a los despachos de su policía de investigación. Y ahora, se le pide a los comisarios que las provean.

El apagón sumergió al país en la penumbra, no solo por la ausencia misma de electricidad sino también por la carencia de información clara, actual, precisa. Esta circunstancia profundizó los rasgos anómicos de la conducta ciudadana. En las calles, desde entonces, se maneja como si los semáforos no existieran, y los peatones circulan sin saber por dónde saltará la amenaza.

Los saqueos se extendieron a más de la mitad del país. La ausencia de información y la autocensura ralentizaron el conocimiento cabal de esta situación que, según Fedecámaras, afectó a más de 500 locales solamente en el estado Zulia. La Guardia Nacional se vio claramente rebasada, y sus uniformados, sin medios logísticos ni pertrechos, quedaron como meros espectadores de la destrucción, tal y como se evidencia en videos transmitidos por las redes sociales. En Caracas, cinco automercados amanecieron vandalizados el domingo 10 de marzo. Ese día, una turba desesperada hizo lo propio en el centro comercial La Pirámide. Gente sin luz, agua ni comida.

En Caracas, la violencia impactó claramente las cifras de criminalidad, aunque con efecto retardado. A partir del 11 de marzo, cuando comenzaron a procesarse nuevamente las denuncias, se reportó un incremento de 85% en los robos, 163% en los robos de vehículos y 150% en las lesiones personales. En la parroquia Santa Teresa, la criminalidad general se disparó 1100% esa semana, 233% en Antímano y 188% en El Recreo. Estas cifras son apenas un pálido reflejo de una situación que ya salía de todo control, al amparo de la oscuridad.

El escenario de un apagón general como el vivido a partir del 7 de marzo era advertido por expertos en materia de servicio eléctrico. De nada sirve tratar de vivir ahora como si esto no hubiese sucedido. Cada corte de luz traerá nuevamente la inseguridad, aún si desde el Gobierno tratan de maquillarlo con el eufemismo de “administración de cargas”.

 

Breves

 

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) abrió un procedimiento administrativo por presuntas faltas cometidas por la línea aérea Copa Airlines, específicamente en el vuelo que trasladó a Juan Guaidó desde Ciudad de Panamá hasta Maiquetía, el 4 de marzo. La primera observación se refiere a un error en el registro del apellido del diputado en los listados de pasajeros. Aparecía “Guido Márquez”. Según la línea esto es debido a una limitación en el número de caracteres del sistema. Para el Inac, fue por una alteración, lo que sugiere una conducta dolosa. Luego, la autoridad aeronáutica analiza presuntas violaciones a la normativa vigente a propósito de la alocución del diputado a través del sistema de megafonía interna del jet. Y finalmente se señalan presuntas alteraciones al orden público como consecuencia del referido discurso.  Una vez notificada de la averiguación, se abre un lapso para que la línea entregue sus argumentos en descargo. En vista del fondo político de este caso, las sanciones podrían ser severas.

El instituto autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía activó un nuevo sistema de escaneo corporal no intrusivo para los pasajeros que salen por el terminal internacional. La tecnología supuestamente es capaz de detectar la presencia de “materiales peligrosos”. Fue instalada en la misma área donde revisan los equipajes de mano, justo antes de las taquillas de la policía migratoria. El problema con esto es que ya el referido instituto dispone desde 2013 de tres módulos para llevar a cabo las mismas tareas. Fueron donados por la Unión Europea, como parte de un plan de fortalecimiento de los servicios antidrogas en el principal terminal aéreo del país. Los aparatos costaron 135.000 euros, y nunca los pusieron a funcionar. Ahora, compraron otros para hacer lo mismo.

 

Cuál es la cifra Sr. Antonio Guterres? ¿Cuál es la cifra, Sra. Michelle Bachelet? ¿Cuál es la cifra, Sra. Bensouda? ¿Cuál es la cifra, señores Presidentes de un mundo moderno? ¿Es que los seres humanos somos una cifra? ¿No basta la muerte de un solo hombre?

 

La criminalidad, hambruna, enfermedades, éxodos, encarcelaciones, torturas, persecución  y apartheid político que sufre Venezuela ha llegado al colmo de la ignorancia deliberada (wishful blindness) de la ONU. El veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad es absurdo y bochornoso. Ayer Lunes 10/09/18 se reunió dicho  “Consejo” bajo la fórmula de Diego Arria que habilita discutir crisis humanitarias sin necesidad de unanimidad. Una burocracia imperdonable y patibularia cuya paliación los hizo corresponsables del genocidio de Ruanda, Uganda, Somalia, Nigeria o los Balcanes.  Y no lo digo yo. Así lo denunció Kofi Annan en la Cumbre ONU/2005 sobre la justificación de la Injerencia Legitima y crisis humanitaria al introducir el principio del Deber de Proteger como doctrina. “No podemos seguir demorando y llegando tarde al rescate de los pueblos indefensos por tiranías” predijo Annan. Y hoy con Venezuela están tarde, muy tarde….

 

Un tranvía llamado Antonio Guterres… 

Trato de entender esa entelequia llamada “diplomacia” que tanto acuña la palabra soberanía y el principio de no-intervención. Tragar  la doctrina Estrada o Drago de cara a un narco-estado paria, terrorista, radical y criminal, es inexcusable. Un pesado apelativo  pontificio que lava las manos, el rostro y la boca de los flamantes cancilleres-sobretodo de Latinoamérica-quienes no pierden tiempo en exhibir sus costuras [complejos] de buenos salvajes y buenos revolucionarios. ¿Hasta cuándo la retórica primitiva? “Nos movemos en la mentira con naturalidad” decía Octavio Paz.  Burócratas (oficinas de inmigración) quienes sin manejar información, deportan venezolanos sin un mínimo de piedad ni cocimiento de causa. Empleados de ACNUR (Refugiados)  o ACNUDH, (Sra. Michelle Bachelet) que ni han ido a un asiento de venezolanos en fronteras.  Al Sec. General de la ONU, Sr. Antonio Guterres mejor le va rendir protocolo a la hija de Chávez en NY, si es que acaso no desayunó varias veces con Rafael Ramírez. Indignante: Miles de testimonios de víctimas, activistas y líderes políticos que han colmado los expedientes de delitos de lesa humanidad y aun reposan en los brazos Morfeo o de la CPI (que es lo mismo). Un tranvía llamado Guterres, Bensouda, Bachelet, brilla por su ausencia…

Estatuto de Roma. Saludo a la bandera…

El Estatuto de Roma es claro. Si un Estado miembro pide que se investiguen delitos de lesa humanidad, la Fiscal a cargo debe proceder. ¿Por qué ningún Estado miembro del Estatuto de Roma se ha hecho parte ni impulsado formalmente una investigación contra Venezuela? ¿Hasta cuando China y Rusia vetan cualquier solución a la grave desgracia Venezolana? De Siria han salido a Alemania más de 250.000 desplazados. De Venezuela a Colombia Perú o Ecuador no menos de un millón (sin contar Brasil o quienes mueren nadando a las costas de Curazao, Aruba o Trinidad). ¿Por qué Siria goza oficialmente de la declaración de crisis de refugio de la ONU y Venezuela no?  Canadá-a quien agradecemos inmensamente su política exterior hacia la restitución del orden democrático y las libertades en Venezuela-por qué deporta refugiados venezolanos? ¿Por las oficinas de Buró Migratorio de España o USA desconocen con trepidante insensibilidad la realidad humanitaria de nuestro país? ¿ Por qué Panamá es tan inquisidora en materia de visados a Venezolanos?. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con Venezuela, si es notoria la caracterización del régimen que padecemos?

Solos no podremos

Acuñar territorialidad, soberanía y no intervención en el caso venezolano es una bofetada a los DDHH, la modernidad y la Paz. Es darle rango constitucional al hambre, la muerte y la desolación del planeta. En un mundo globalizado dejar precedentes de impunidad e ignorancia deliberada se revierte. Los referentes de maldad, autoritarismo y tiranía siempre corren como polvera en la historia.

Como ocurre con una persona, un país secuestrado no puede liberarse a solas. En materia de orden público internacional existen no menos de 20 tratados y declaraciones de DDHH, Derechos Civiles, De los Niños, De las Mujeres; de Cooperación Penal, Exhortos y Rogatorias; sobre Delitos Trasnacionales, Trata de Personas o Violencia Familiar; Droga, Corrupción o Blanqueo; De Lesa humanidad…en fin. Sabemos el precio que ha pagado la humanidad por  dejar correr a megalómanos como Hitler, Bin Laden, Pol Pot, Nicolae Ceaușescu , Noriega, Slobodan Milošević, Mao o Iósif Stalin. Ignorarlo es criminal.

¿Cuál es la Cifra Sr Antonio Guterres? ¿Cuál es la cifra Sra. Michelle Bachelet? ¿Cuál es la cifra Sra. Bensouda [fiscal de la CPI]? ¿Cuál es la cifra Señores presidentes de un mundo moderno? ¿Es que los seres humanos somos una cifra? ¿No basta la muerte de un solo hombre? Cientos de miles de niños, madres, enfermos y ciudadanos sepultados bajo la vara del hambre, la opresión y la miseria en Venezuela. 800.00 Hutus y titsus en Ruanda. Millones en Bosnia y Herzegovina. Miles en Angola, el Congo o Uganda. ¿Cuantos víctimas  más para al menos abrir una investigación internacional? ¿Acaso alcanzar seis millones de muertos como el Holocausto?.

Ese día [holocausto] la humanidad habría declarado el inicio del fin del mundo…Paremos la indiferencia y la mentira con rango constitucional (Dixit Octavio Paz). Paremos el holocausto venezolano….

@ovierablanco

Crímenes sin Castigo: Las bandas de la Troncal 9

 

El Gobierno ha identificado plenamente a los integrantes de las principales bandas que operan en la principal vía a oriente. Y sin embargo los delincuentes continúan imponiendo su ley

@javiermayorca

La Troncal 9, también conocida como la vía a oriente, se ha convertido en un trayecto de altísima peligrosidad. Como en otras partes del país, aquí el Estado también ha reconocido en forma tácita su fracaso en una de sus principales misiones, como es la de resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Una evidencia de esto es que, en las vías locales, que cruzan esta troncal por los alrededores de El Guapo, las propias autoridades advierten sobre los riesgos que se corren para circular durante las noches y los fines de semana, y en oportunidades han bloqueado los accesos a estas carreteras, con la advertencia de que, si usted intenta pasar, lo hará “a su propio riesgo”.

El incidente con el bus de Rodovías de Venezuela, durante la madrugada del 27 de agosto, es apenas una prueba de lo que allí sucede. El conductor del colectivo, que había partido desde Maturín rumbo a Caracas, fue conminado a detenerse cuando se aproximaba al distribuidor de Los Velásquez por un grupo armado que, según los testimonios, tenía cerca de quince integrantes.

Como el profesional del volante no obedeció, estos sujetos a lo Mad Max dispararon contra los cristales del vehículo, e impactaron mortalmente al hombre que iba en funciones de colector, Oswaldo Rafael Silva.

Este suceso fue reportado en su momento por la prensa independiente. Pero no se puede decir que se trate de un caso aislado. Por el contrario, ha llamado la atención sobre una situación de profunda inseguridad que ha llevado a empresas con intereses en oriente del país a prohibir la circulación de sus empleados y gerentes por esa vía.

Cabe destacar, por ejemplo, que desde el mes de agosto hasta el momento de redactar estas líneas han sido reportados tres secuestros en distintos puntos del trayecto. En el primero, las víctimas eran miembros de una misma familia que iban a Puerto Ordaz en un vehículo compacto. Aparecieron con vida en Rio Chico. En el último caso conocido, la víctima es un hombre, identificado como Humberto Polanco, que viajaba en una camioneta de Puerto Ordaz a Puerto Cabello, el mismo lunes en que fue atacado el autobús. No se sabe de su paradero. En todos los casos, de acuerdo con las informaciones conocidas por testimonios, el factor común es que los plagiarios utilizan la carretera a oriente como escenario para llevar a cabo las capturas.

Las cifras manejadas por el propio Gobierno, y que fueron conocidas de manera extraoficial, indican que entre enero y agosto fueron reportados cartorce secuestros entre los municipios Acevedo y Andrés Bello, que abarcan el trecho entre Caucagua y Cumbo. Otros nueve casos han sido denunciados en el municipio Páez, muchos de ellos, como se refirió, con múltiples víctimas en cada ocasión.

Entre los tres municipios suman 23 casos de secuestro. Para el año pasado a esta fecha eran 24, tomando en cuenta la misma fuente. Esto quiere decir que, a pesar de la propaganda, en realidad la situación se ha mantenido casi inalterada.

En Andrés Bello, además, también se reporta un incremento superior a 6% en cuanto a los robos genéricos. El objetivo de los delincuentes ha sido casi siempre las viviendas de uso por temporadas y todo lo que encuentren adentro.

La Policía de Miranda ha intentado un trabajo de investigación para identificar a los principales actores de esta ola delictiva. De manera extraoficial, se filtraron los organigramas de tres estructuras criminales que operan, precisamente, en los municipios con mayor inseguridad.

Estas bandas, aparentemente, no tienen nombres propios. Los agentes las han bautizado por los lugares de origen. La más numerosa sería la que opera en el eje El Delirio-Cumbo-Las Delicias. Ya en 2017 los pobladores de esos caseríos advertían que no se podía transitar por la vía local sin el permiso de esta organización, gestada por Víctor Manuel Correa, alias Chocho. El grupo ha logrado reponerse de la reciente muerte de tres de sus lugartenientes a manos de la FAES, y continúa imponiendo su yugo.

Otra agrupación es la que domina en El Café, un poblado del municipio Acevedo donde se llevó a cabo la operación Orión a inicios de 2017, recordada por los desmanes cometidos por el Ejército. A pesar de lo sucedido entonces, esa banda continúa en acción, y según reportes se mueve también por Araguita, otro sector del mismo municipio barloventeño.

El líder inicial de la banda, Héctor Jesús Sojo, alias Mapengue, fue eliminado en un enfrentamiento con policías. Otros cuatro integrantes estarían tras las rejas. Pero el grupo continúa en operaciones.

Otra agrupación se formó en el sector Casañas, ubicado en la vía que une a Río Chico con El Guapo. El núcleo central tiene nueve hombres y su jefe es conocido como Palmira. Ocasionalmente, estos sujetos han tenido enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional. Pero los funcionarios no tienen permanencia en la zona, al igual que el resto de las policías.

Un aspecto interesante de estas agrupaciones es que aparentemente se movilizan de un lado a otro de los municipios barloventeños, con la finalidad de aprovechar las áreas más desasistidas por los cuerpos de seguridad. Si en 2017 era el municipio Acevedo, este año son Andrés Bello y Páez.

 

Breves

 

*El incidente con los drones se ha convertido en una especie de tema tabú para el Gobierno. El mensaje es que de eso no se habla, y si se hace tiene que ser en los términos que imponen desde el Ejecutivo. La primera señal ocurrió con el desalojo de una residente de Ciudad Tiuna, Limbania Ramírez, porque supuestamente se mofó a través de un chat vecinal de lo sucedido durante el acto aniversario de la Guardia Nacional en el centro de Caracas. Luego, le tocó al humorista Benjamín Rausseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, a quien le suspendieron sus presentaciones aparentemente por haberse burlado del suceso, mediante una parodia en la que colocaba a Maduro bajo un manto protector de cajas Clap, mientras huía de la tarima. La información sobre el tercer afectado llega gracias a dos periodistas noruegos, que encontraron en la población brasileña de Pacaraima a un supervisor de la Policía Nacional, anteriormente destacado en Santa Elena de Uairén. Este también se burló de lo sucedido en un grupo whatsapp de compañeros de cuerpo, y al parecer alguien lo delató. Poco después, tuvo que salir del país.

 

*Un grupo de abogados/comisarios de la policía judicial en actividad elaboró un anteproyecto de reforma parcial a la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En los artículos iniciales, la propuesta intenta reivindicar el carácter “científico” de la actividad de los agentes de esa institución. Igualmente, intenta que el Estado lo reconozca como el “principal” instituto de investigación a los efectos de la determinación de la existencia de delitos y la identificación de los posibles responsables. Pero el centro de esta iniciativa queda plasmado en el artículo 50, referido a las atribuciones de Cicpc. En la ley vigente desde junio de 2012 son solo cuatro, mientras que el planteamiento elaborado por los propios policías tiene nueve. Van desde el manejo de las evidencias y los antecedentes necesarios para la investigación penal hasta la elaboración de pruebas de identificación mediante comparación genética y constituir a este organismo en el “centro de referencia nacional en todos los asuntos relacionados con la criminalística”. También se propone una redefinición de las competencias del Servicio Nacional de Medicina Forense (Senamecf). Por ende, se trata de una iniciativa ambiciosa, que intenta detener el avance logrado por el Ministerio Público en materia de investigación penal y criminalística, e igualmente monopolizar otra vez el manejo de las estadísticas sobre criminalidad. Nada sencillo. Estas cosas no sucedieron de forma espontánea. En buena medida, fueron consecuencia de la pérdida de credibilidad, la corrupción y la politización de los cuadros medios y superiores de la policía judicial, antaño referencia en materia de investigación penal en toda Latinoamérica. Y muchos de estos factores aún permanecen intactos.

Entérate de los casos más leídos de Monitor de Víctimas de esta semana

La tercera semana de abril en Monitor de Víctimas estuvo marcada por las diferentes formas en que los altos niveles de violencia y criminalidad afectan a los ciudadanos. En estos cinco casos se observa el exacerbo de violencia aplicada por los delincuentes en los crímenes que cometen, y dejan entrever el factor común que parece estar caracterizando a la criminalidad del país.

Publicar o no publicar videos sobre crímenes fue el dilema analizado en la nota más leída de Monitor de Víctimas. La discusión inició en redes sociales cuando se difundió un clip en donde un mujer es asesinada. La grabación, realizada por los propios homicidas, permitió su identificación, y no es la primera vez que las imágenes publicadas en redes ayudan a los cuerpos policiales en sus investigaciones. Pero, ¿cuáles son los límites entre el video como denuncia y como apología? ¿Qué se debe hacer al respecto?

https://runrun.es/nacional/345558/monitordevictimas-publicar-videos-de-crimenes-denuncia-o-promocion.html

 

“No pongas la denuncia, porque ella seguro aparece. Tranquila. Después vas a tener que hacer un papeleo para sacarla del sistema y quitarle ese estatus de desaparecida”, dijo el CICPC a la familia de Wanda Yenmary Luna, quien en ese momento tenía cinco días desaparecida. La joven estudiante había salido el 10 de abril a ver a un amigo, pero jamás regresó a su hogar. Ocho días después, sus padres identificaron su cadáver en la morgue de Bello Monte. Esta fue la segunda historia más leída de la semana.

https://runrun.es/nacional/345985/monitordevictimas-cicpc-ignoro-denuncia-de-familiares-sobre-desaparicion-de-joven-que-luego-fue-localizada-muerta-en-hoyo-de-la-puerta.html

Dos amigos salieron una mañana a trabajar y estaban muertos en la noche. La moto en que Jesús Hidalgo y Henry Omaña se transportaban atrapó el ojo de delincuentes que los interceptaron y robaron. Horas después, los dos amigos reciben una llamada pidiendo rescate por la moto, pero los sujetos no se conformaron solo con el dinero. Este caso ocupa el tercer puesto en lo más leído.

https://runrun.es/nacional/345998/monitordevictimas-asesinaron-a-dos-amigos-luego-de-pagar-rescate-por-moto-robada.html

El asesinato del guitarrista José Luis Lara, fundador del Festival Internacional de Guitarra de Angostura, sacudió a los venezolanos a principios de abril. Lara murió en las mismas circunstancias que cientos de venezolanos han muerto desde el aumento de la inseguridad, en un asalto para despojarlo de su carro. La nota sobre como fueron atrapados los asesinos y la banda a la que pertenecen fue la cuarta nota más leída.

https://runrun.es/nacional/345573/monitordevictimas-capturan-a-presuntos-asesinos-de-guitarrista-jose-luis-lara.html

Regresar al barrio Francisco de Miranda, un sector populoso de San Félix en el estado Bolívar, fue lo último que hizo el funcionario de la Policía Municipal de Caroní, Osman José Castillo Granado. Miembros de las bandas que operan en la peligrosa zona le habían advertido que no quería policías cerca. Castillo se había visto obligado a dejar su casa y mudarse, pero una tarea pendiente lo obligó a ir una vez más, y allí lo encontraron. Lee más sobre la quinta nota más leída.

https://runrun.es/nacional/345974/monitordevictimas-a-castillo-lo-mataron-solo-por-ser-policia.html

#MonitorDeVíctimas | La muerte de un ser querido por violencia se repitió para 142 familias en Caracas en diez meses
Al mes fueron asesinadas, en promedio, 14 personas en Caracas que ya habían perdido a algún familiar a causa de la violencia. Un patrón señala que las víctimas provienen de familias que viven en zonas de bajos recursos, caracterizadas por altos niveles de inseguridad, y fallecen en medio de robos, ejecuciones extrajudiciales o ajustes de cuentas

 

@mpaolams | Fotografía Carlos Ramírez

ANA GUERRA DESPIDIÓ A SU SEGUNDO HIJO, Carlos Luis Castro Guerra, de 16 años, el sábado previo al día de la madre, tras haber sido asesinado en el barrio 19 de abril por un vecino que no quería pagar una deuda. A su primogénito, Jesús Castro Guerra, de 23 años, lo había despedido un año antes, cerca de la misma celebración, cuando fue asesinado en una riña con un contrincante, después de un juego deportivo.

Como los jóvenes de la familia Guerra, otras 141 personas en Caracas han dejado a sus familias incompletas tras sus muertes a manos de la delincuencia, en barrios y zonas de bajos recursos azotadas por los altos índices de violencia, de acuerdo con los casos registrados por Monitor de Víctimas de mayo del año pasado a febrero de 2018 en la capital venezolana.

Las víctimas son en su mayoría hombres jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, que viven en zonas de bajos recursos y que no terminaron sus estudios. De las 142 víctimas que ya contaban con la pérdida de algún familiar por violencia, 58 % se ubican entre ese rango de edad. Del total, 38 % contaba con educación primaria, 35 % con educación media, 9 % con educación universitaria y el 1% no estudió.

Los rasgos configuran un perfil que coincide con un patrón de violencia en barrios que abarca toda Latinoamérica, explica la experta Verónica Zubillaga. “El patrón perfila a jóvenes varones de zonas expuestas a contextos de extrema dificultad económica en las que las oportunidades de obtener un trabajo debidamente remunerado escasean, por lo que recurren a actividades ilícitas para suplir sus necesidades monetarias”.

Gloria Perdomo, coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), se refiere al mismo patrón para darle una explicación a estas muertes. “Las zonas en que viven las víctimas los hacen particularmente vulnerables. Hay mayor presencia de bandas delictivas -que suelen invitar a jóvenes a unirse- y situaciones de riesgo de muerte, como robos y enfrentamientos”.

El robo y la ejecución son los móviles más comunes de los asesinatos de personas que ya habían perdido a familiares de forma violenta. 26, el 18 % de los casos, personas fallecieron durante robos, y otro 18% fue asesinado en ejecuciones por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. El siguiente móvil es el ajuste de cuentas o venganza, por los cuales murieron 15 víctimas. Por resistencia a la autoridad se reportaron 10 asesinatos. Otros moviles son balas perdidas y peleas. En 26 % de los casos se desconoce el móvil del asesinato.

Bandas delictivas imponen la violencia

Las cifras recogidas también evidencian que 35 personas, de las 142 víctimas en cuestión, fueron asesinadas por bandas delictivas. Entre ellas están Carlos y Hernán De Hoyo Berrios, dos hermanos de 25 y 32 años, respectivamente. Sus homicidios ocurrieron en el barrio San Blas, de Petare, en julio de 2017.

José De Hoyo ya no recuerda el nombre de la banda que asesinó a sus dos hijos, pero afirma que no fue a ellos a los primeros que mataron en la zona. El padre nunca supo con exactitud qué fue lo que ocurrió el 23 de julio, cuando perdió a sus hijos. “Los estaban esperando cerca del Parque Bolívar, les montaron un complot y les dispararon”, fueron los únicos detalles que dio.

Algunos miembros del grupo delictivo eran amigos de Carlos y Hernán, aunque ellos no estaban metidos en problemas, afirma De Hoyo, pues trabajaban con él como ayudantes de albañilería. Cuando no estaban trabajando, estaban en casa. “Ellos nunca habían tenido problemas, nosotros somos gente tranquila, no festejamos ni los cumpleaños”, explica con pesar.

La familia llevó el caso de las muertes ante las autoridades, sin miedo a represalias por parte de la banda, pero dice que la denuncia no fue propiamente atendida. Sin embargo, la policía no olvidó el asunto. De Hoyo cuenta que, semanas después del doble asesinato, un oficial llamó a su hija, quien presentó la denuncia, para informarle que tenían ubicado al autor del delito y emprenderían un operativo en su contra. Nadie se volvió a comunicar con ella, pero al día siguiente se supo que el jefe de la banda había caído en un enfrentamiento. Lo que quedó del grupo delictivo, asegura De Hoyo, atravesó la frontera hacia Colombia para escapar de las autoridades.

Aunque los De Hoyo sienten que una especie de justicia fue hecha, admiten que nada les va a devolver a sus seres queridos asesinados, quienes ayudaban a sostener económicamente el hogar en que vivían con sus padres, tres hermanas y dos hermanos menores. Ahora, a la familia le quedan además las deudas por los gastos fúnebres.

No muy lejos de allí, en el sector de Boleíta Norte, Bladimir Zambrano fue el segundo de su familia en fallecer a causa de la violencia. El comerciante de 41 años había llevado a su esposa al trabajo la mañana del 15 de junio. Regresaba a casa a buscar algo y en el camino un grupo de hombres lo abordó para robar su carro y sus pertenencias. Se resistió y le dispararon en el abdomen.

Lea también: 571 caraqueños fueron asesinados por organismos policiales en nueve meses

Jorge Zambrano recuerda que la zona de Boleíta Norte donde vivió su hermano por muchos años solía ser segura, la clase de comunidad donde se podía estacionar el carro afuera de la casa sin que algo malo le pasara. Pero en los últimos años la inseguridad aumentó y el desvalijamiento de vehículos y robos a mano armada son ahora una cosa del día a día, dice el familiar de esta víctima.

Los Zambrano habían perdido a un sobrino de 19 años en 2015, asesinado durante una riña en La Vega. Su muerte no fue denunciada, pero la de Bladimir sí. “Ellos lograron ubicarlos por los pagos de los ladrones con las tarjetas de crédito y pudimos recuperar todo. Pero no a mi hermano”, cuenta Jorge.

De estos 142 fallecidos en hechos violentos en Caracas que ya habían sufrido pérdidas familiares en circunstancias similares, 26 murieron durante robos en zonas de bajos recursos, caracterizadas por altos niveles de criminalidad.

Criminalidad en familias

La familia de Joneiker Lugo ha perdido a tres personas por violencia y criminalidad en el barrio 19 de abril, en Petare. Allí vivían su abuela, su tío Alexánder y sus dos primos, los hijos de este. Los tres últimos fueron asesinados en los pasados años.

Joneiker recuerda que sus dos primos fueron abandonados por su madre de pequeños y el padre de ellos era adicto a las drogas y el alcohol, por lo que fueron criados por su abuela. Crecieron en las calles del barrio, sin haber estudiado debido a la precaria condición económica de la familia.

La primer muerte violenta que sufrió su familia fue la de su tío, quien tenía 45 años cuando fue asesinado en 2014 en una fiesta familiar de cumpleaños por miembros de una banda. Lo mataron de  madrugada. “Él estaba en la mala vida, pero ya se había retirado”, reconoce Joneiker. Presume que su tío tuvo problemas con familiares de loa miembros de la banda.

Dos años después murió el hijo menor de su tío, Jorge Luis Lugo, de 24 años. Él también estaba “en los malos pasos”, cuenta su primo, pues colaboraba en robos con delincuentes de Petare, a pesar de que trabajaba como jockey en el hipódromo de La Rinconada. Una noche de junio de 2016 salía del hipódromo con amigos cuando fue abordado por un grupo de hombres que le dispararon y le quitaron sus pertenencias.

Francisco Javier, el mayor de los hermanos Lugo que murieron en medio de hechos violentos, estuvo en prisión por robo, pero cuando en enero de 2017 sufrió una enfermedad y fue llevado al Hospital Domingo Luciani para ser atendido, decidió escaparse. “La cárcel es un lugar que nadie debería conocer”, repetía a su primo, advirtiéndole a Joneiker de los peligros de verse envuelto en actividades criminales.

Pocos meses después un carro de color negro pasó frente al porche donde estaba sentado Francisco. Le dispararon en la pierna. Una comisión del CICPC acudió a los pocos  minutos y lo llevaron supuestamente a ser atendido en un hospital. Cuando los familiares lo encontraron en un centro asistencial distinto al que los oficiales dijeron que lo llevarían, Francisco tenía tres impactos de bala. Había fallecido.

La noticia de la ejecución extrajudicial no sorprendió a los familiares de la víctima y de acuerdo a Joneiker, el mismo Francisco sabía que eso ocurriría tarde o temprano. “Cuando mataron a su hermano un policía le dijo a la tía de ellos que faltaba el otro. Ellos sabían que tenían que ir por él”, admite el joven estudiante.

El miedo inhibe las denuncias

La escasez de denuncias sobre actividades delictivas en Venezuela es común para los cuerpos de seguridad. En los casos en los que las víctimas son personas que residen en zonas pobres, que se ven expuestas a conflictividad con bandas, el problema es el miedo a las consecuencias que se pueden generar si denuncian, ese es el principal obstáculo, indica la coordinadora del OVV, Gloria Perdomo.

Varios familiares de víctimas que fueron contactados para la realización de este trabajo evitaron dar declaraciones por miedo a retaliación de banda o de autoridades policiales que estuvieron involucradas en los sucesos.

En Táchira la criminalidad aumentó mucho antes del inicio de las protestas
Las estadísticas del MRI indican que San Cristóbal ha sido el principal escenario de la actividad criminal en el estado andino, antes y después del recrudecimiento de las manifestaciones callejeras

 

@javiermayorca

EL JUEVES EN LA NOCHE, el gobernador del estado Táchira José Vielma Mora emitió el decreto 175 que restringe el derecho a manifestar en la región, basado en la presunción de que las protestas con bloqueos de calles han propiciado muertes por el uso indebido de armas de fuego “y de otras armas letales”, así como “actos de vandalismo por parte de grupos violentos”.

Antes de emitir la orden ejecutiva, el 26 de abril, el mandatario regional declaró a través de su cuenta twitter que el incremento en las cifras de criminalidad en Táchira era supuestamente el producto de un “plan opositor”. Según esta lógica, las manifestaciones han permitido “que criminales cometan hurtos, robos y extorsiones”.

Según Vielma, un ejemplo de esta situación fue el homicidio de Efraín Sierra Quintero, ultimado con un disparo para robarle la moto el lunes 24 de abril, en una calle de San Cristóbal que estaba bloqueada por una barricada. Este caso, por cierto, no figura en la lista de fallecidos como consecuencia directa de la conflictividad política, elaborada por el Ministerio Público.

En el discurso del gobernador Vielma, la criminalidad en Táchira se habría disparado debido a las manifestaciones. Pero lo cierto es que la violencia interpersonal viene en incremento sostenido desde 2014 de acuerdo con los estudios del Observatorio Social del estado Táchira, una dependencia de la Universidad Católica de esa entidad.

La decana de Investigación y Postgrado Rina Mazuera afirmó que en 2014 (cuando hubo tres meses de intensa conflictividad política) los homicidios representaron 39% de los registros hemerográficos sobre violencia interpersonal. En 2015 estos crímenes ocuparon el 59% de los registros.

Los datos correspondientes a 2016 aún están en proceso, pero según la investigadora ese año se mantuvo la tendencia registrada en los períodos precedentes.

Atribuir el incremento de la criminalidad violenta a un solo factor, como es la conflictividad política, pareciera entonces un error. Mazuera recordó que los crímenes no disminuyeron su frecuencia a pesar del cese de las manifestaciones opositoras y del prolongado cierre de la frontera con Colombia, decidido en agosto de 2015 por el presidente Maduro luego de un ataque armado contra unos militares que circulaban por una población fronteriza, en una camioneta no identificada.

“La ausencia de protestas no significa que no te van a robar”, afirmó la académica.

Explosión criminal

Las cifras manejadas por el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz parecieran confirmar la apreciación de la docente universitaria.

En 2016, Táchira finalizó en el cuarto lugar entre los estados que mayor incremento tuvieron en la criminalidad general (+19,8%). El estado fronterizo incluso superó a Miranda en este rubro, de acuerdo con las estadísticas conocidas extraoficialmente.

El año pasado los homicidios se incrementaron en Táchira 27% con respecto a 2015, las lesiones personales 13% y 8% los robos. En ese lapso, las manifestaciones tuvieron casi siempre un motivo social. La frontera con Colombia fue reabierta progresivamente a partir del mes de diciembre. Por lo tanto, el argumento de la “violencia importada” no aplicó para gran parte del lapso.

A partir de la primera semana de abril, cuando empezaron en Táchira y el resto del país las manifestaciones organizadas por la oposición, el comportamiento de la criminalidad en el estado andino ha sido errático. Los análisis del MRI sugieren que los delincuentes intentan de alguna forma aprovechar la circunstancia planteada por las marchas y concentraciones, aunque tienen poco impacto en las tendencias generales.

De hecho, los cálculos ministeriales indican que San Cristóbal, el principal escenario de las protestas de los tachirenses, aglutinaba el 36,4% de los casos criminales antes de que se agudizara el conflicto político. Para la tercera semana de abril, este porcentaje apenas se había elevado medio punto.

De hecho, los homicidios descendieron en el estado durante la primera semana de manifestaciones, luego bajaron para totalizar una cifra inferior a la que hubo en la primera semana de marzo, y en la semana siguiente subieron levemente.

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Fuente: MRI

Las lesiones personales también descendieron durante la primera semana de protestas en Táchira, no solo en todo el estado sino también en San Cristóbal. Luego, el registro subió tanto en la capital como en el resto de la región.

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Fuente: MRI

En cuanto a los robos, ocurrió también un descenso durante la primera semana de protestas, y luego hubo un repunte.

Tanto en los robos como en las lesiones, San Cristóbal representa aproximadamente el 38% del total de Táchira.

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Fuente: MRI

Aún en estas circunstancias, los informes ministeriales no establecen que las protestas sean la causa primordial de los vaivenes en las estadísticas de criminalidad, tal y como lo ha señalado el gobernador Vielma.

Según el director del Observatorio Venezolano de la Violencia Roberto Briceño León la gran mayoría de los delitos que ocurre durante las manifestaciones no es denunciada a las autoridades, pues la gente tiene temor de ser perseguida. Esto ocurre además en un contexto general de lo que llamó “descreimiento” hacia los cuerpos policiales en general. En 2015, precisó, esta posición abarcaba al 64% de la población encuestada en sus estudios, y en 2016 se elevó a 68%.

Abandono policial

Las estadísticas parecieran indicar que los delincuentes dejaron pasar varios días hasta que encontraron una forma de sacar partido de la situación planteada a propósito de las manifestaciones.

“Hay situaciones en las que los delincuentes sacan provecho de la confusión”, explicó el exdirector de la Policía del Estado Táchira, comisario Jesús Berro.

El exfuncionario afirmó que los hampones pueden beneficiarse de los congestionamientos y las barricadas, haciéndose pasar por integrantes de colectivos o incluso funcionarios de cuerpos del Estado.

La otra circunstancia que aprovechan los antisociales es la fase de dispersión de las manifestaciones, cuando la gente camina a sus casas.

“Aparecen estos grupos en motos, con gorras y uniformes. Da la impresión de que se trata de una reprimenda, y ahí se mete el hamponato común, que le encanta el desorden”, advirtió.

La mayoría de estos delitos, según Berro, no queda en registros oficiales.

“La gente tiene temor. Es por eso que los lesionados en las manifestaciones no van a hospitales sino que son atendidos por médicos amigos”, explicó.

Para Mazuera, los delincuentes se percataron de que durante estos tiempos de conflictividad los policías tienden a permanecer en sus cuarteles hasta que ocurre una manifestación. Y una vez sofocada, regresan a sus comandos. El resto de los espacios públicos queda sin la debida atención. Entonces, el riesgo de victimización es mayor no solo en las periferias de las protestas sino también en otros lugares donde no se manifiesta el conflicto político.

“Los robos ocurren simplemente porque la fuerza pública no está, y los delincuentes se aprovechan”, resumió.

¿Cuáles son las consecuencia del uso de máscaras de calavera en las OLHP?

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Según testimonios, en la última Operación de Liberación Humanitaria del Pueblo (OLHP) realizada en la parroquia El Valle a principios de marzo, los policías estaban máscaras de calaveras y gritan “enfrentamiento” sin siquiera haber visto al joven manipular un arma.

Los medios de comunicación y las redes sociales hicieron su parte en la difusión de esos sucesos y por más de 8 horas se vieron las fotografías de los funcionarios enmascarados y fuertemente armados que llevaban varios detenidos.

El artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía señala la obligación que tienen los cuerpos de seguridad de estar identificados en el ejercicio de sus funciones, esto está también desarrollado en la Resolución de nombre “Normas Relativas a la Dotación y Equipamiento Básico y Especializado de los Cuerpos de Policía en sus Diversos Ámbitos Políticos Territoriales” en su artículo 7 que detalla cómo debe ser el uniforme, destacando en ambas normas que los funcionarios deben estar plenamente identificados.

En este sentido, Amnistía Internacional realizó un análisis de esta práctica y ha tomado la palabra en nombre de su activismo mundial y ha manifestado que “Venezuela tiene la segunda tasa de homicidios en el ámbito mundial, pero las medidas que se están tomando para combatir el crimen han abierto una brecha en cuanto a las obligaciones que tiene el país en sus compromisos con los derechos humanos y su respeto.”

Consecuencias del terror

En el análisis, la organización asegura que las máscaras según declaraciones de algunos funcionarios son utilizadas para proteger al efectivo de seguridad de los delincuentes quienes podrían continuar engrosando la larga lista de víctimas de la violencia, pero para los expertos en temas de derechos humanos llegar a una comunidad usando este tipo de implementos en operativos policiales además de causar terror podrían garantizar impunidad a quienes actúen deliberadamente.

En cuanto a los efectos psicológicos que pudo causar el uso de estás raras máscaras, la psicóloga de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Diana González, refirió que el impacto generado en la colectividad ante lo ocurrido fue el claro mensaje que emitieron estos funcionarios.

“El uso de las máscaras por la Dirección de Contra Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, en las OLP en su nueva fase humanista dejó un claro mensaje, ya que evidentemente frente a esa imagen que fue difundida en medios de comunicación y redes sociales de alguna manera desde el punto de vista psicológico se podría decir que se vio una imagen un tanto burlesca sobre la actuación en sí de la policía y de los funcionarios militares que participaron en estos operativos y no solo el  tono de burla es frente a lo que puede ser la violencia o el modo de proceder y las consecuencias que eso puede generar en las personas que fueron detenidas, a las que les allanaron sus casas o lamentablemente a los familiares de quienes fueron asesinados, sino que en línea general este tipo de procedimiento combina angustia, amenaza latente y mucho terror”.

Para la experta en el tema de abuso policial y militar la estrategia de las máscaras fue generar psicoterror, “el psicoterror tiene que ver con eso, con el uso de simbología, el uso de ciertos tipos de lenguaje que quieran dejar un mensaje en la población o en el grupo al que se pretende atacar. Allí el mensaje no solo es para las bandas delictivas, que se supone que en estos operativos se quieren combatir, sino a la comunidad entera quienes pueden de alguna una forma sentir que existe la participación de los propios vecinos, de la gente en el barrio que finalmente se puede convertir en los llamados “sapos” o en los informantes tanto para las bandas delictivas como para el propio Estado, en este caso para los aparatos de los cuerpos de seguridad a quienes no solo se les puede aportar información sino también al momento que tengan que estar en la calle, de hacer presencia en estos espacio de la comunidad”.

Diana González afirma que para la psicología la presencia de esta simbología lo que quiere es dar es un meta mensaje que no es otro que el de la muerte, para que así la gente asocie de alguna manera la presencia de la fuerza de seguridad con una actuación violenta que puede ocasionar muerte y consecuencias, “este tipo de mensaje lo que va creando finalmente es una conducta o actitud sumisa o pasiva, porque las personas cuando vean en su barrio la presencia de estos sujetos fuertemente armados, vestidos de una determinada manera, ocultando su identidad con el uso de estas mascaras lo que te dice la lógica es que debes quedarte en la sumisión, pasividad y obediencia frente a lo que imponga el grupo de la fuerza de seguridad”.

Finalmente, la psicóloga indicó que todos estos hechos que involucró a funcionarios enmascarados lo que lleva a pensar es que la gente no entiende o entenderá la posibilidad de que la policía sea una policía de proximidad, cercana a la comunidad con una actuación preventiva sino que finalmente se va afianzando el terror en las comunidades populares, en el barrio, en los sectores donde vive gente en situación de exclusión y de mayor vulnerabilidad.

“Se impone la lógica del policía es el enemigo, porque el policía ve a la comunidad como el enemigo y las comunidades populares son atacadas de esta manera porque es allí donde está el delincuente, donde está el narcotráfico, las mafias, donde está incluso la delincuencia organizada y entonces la forma de entender de la propia comunidad es que en esa lógica de guerra quien impone el poder frente a eso debe adoptar una posición de sumisión, de dejar ser dominado y controlado”.

Cultura del miedo como política de seguridad

Amnistía Internacional detalla que en un estudio de la organización Grupo Acción Comunitaria de Chile que tiene por nombre Psicología de la amenaza política y el miedo realizado en el contexto de la dictadura de Chile en el mandato de Augusto Pinochet arrojó en las investigaciones que la existencia de una amenaza política permanente produjo una respuesta de miedo crónico. El concepto de miedo crónico constituye en sí una contradicción ya que el miedo como la angustia son respuestas específicas ante una amenaza interna o externa percibida por el sujeto, el miedo crónico deja de ser una reacción específica a situaciones concretas y se transforma prácticamente en un estado permanente en la vida cotidiana, no solo de los afectados directamente por la represión, si no de cualquiera que pueda percibirse amenazado.

En la investigación desarrollan lo que es el miedo crónico como emoción y que en los casos frecuentes esa emoción sólo te alerta frente a determinada situaciones o situaciones concretas, pero cuando hay actuaciones dirigidas a causar impacto colectivo el miedo crónico se convierte en una forma y en una reacción permanente frente a cualquier tipo de situación de la vida cotidiana, suceda o no, simplemente si el grupo que recibe ese mensaje lo considera como una amenaza.

Existen alternativas verdaderamente eficaces

La organización termina el análisis explicando que las llamadas OLP han sido denunciadas por organizaciones civiles y casos individuales de la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, así como las desapariciones forzadas y ejecuciones cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, todos estos son crímenes de derecho internacional y violaciones graves a los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que la aplicación de las OLP debe cesar de inmediato y que deben ser desarrollados planes de seguridad ciudadana integrales, respetuosos de los derechos humanos, con una amplia y plural participación de la sociedad civil, así como con el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

*Con información de Amnistía Internacional

 

ABC.es Mar 24, 2017 | Actualizado hace 3 años
Ruta de la yihad a través de Venezuela


Autoridades de varios países suramericanos han sido alertadas sobre la existencia de una ruta de posibles elementos extremistas islámicos, cuyo paso a través de Venezuela ha quedado documentado. Esas personas en tránsito llegan a los aeropuertos internacionales de Brasil; después de un tiempo se desplazan a la frontera con Venezuela, país que intentan atravesar para alcanzar Colombia y luego probablemente seguir su itinerario hacia Centroamérica y quizás Estados Unidos.

La alerta fue realizada en 2014 por quien entonces dirigía la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo de Venezuela, Gyoris Guzmán. La denuncia de Guzmán, que ahora se encuentra en España, donde ha pedido asilo, no supuso ninguna especial reacción del Ministerio del Interior venezolano, cuya titular entonces, Carmen Meléndez, desestimó la gravedad de lo revelado por las investigaciones.

Según asegura, «todos los obstáculos puestos por la ministra estaban muy vinculados con el alto mando político del Gobierno, en el que ya para esa fecha el actual vicepresidente, Tareck el Aissami, tenía injerencia en decisiones de envergadura en el manejo de las relaciones con grupos activistas musulmanes».

«En Venezuela hay una total falta de compromiso del Gobierno para una lucha franca, sincera y acertada contra la criminalidad», lamenta Guzmán. Advierte que el régimen chavista «ni siquiera cumple con compromisos internacionales adquiridos con la ONU o con organismos regionales como Unasur y Mercosur». «Es la ausencia por completo de un Estado», sentencia.

Acuerdos secretos del chavismo para acoger en territorio venezolano células de Hezbolá, el grupo radical chií de origen libanés, ya han sido relevados con anterioridad. También han trascendido operaciones encubiertas desde embajadas de Venezuela en Oriente Medio para facilitar pasaportes a elementos extremistas islámicos. Ahora, queda al descubierto otro modo elemento de esa ayuda chavista al radicalismo musulmán: una ruta a través del territorio nacional.

Unas cuarenta personas

De acuerdo con las investigaciones que hizo el equipo de Guzmán, expuestas en un foro de seguridad de Mercosur, entre 2013 y 2014 hubo cerca decuarenta personas supuestamente vinculadas al extremismo islamista que, en diferentes viajes, entraron ilegalmente en Venezuela desde Brasil por el puesto fronterizo próximo a Santa Elena de Uairén.

Al parecer, habían llegado a Brasil a los aeropuertos internacionales de Sao Paolo y Río de Janeiro. Después de cortas estancias en el país se desplazaron, posiblemente en vuelos locales, hasta Manaos, en el corazón del Amazonas. Luego siguieron su camino por carretera. Una vez en Venezuela pretendían atravesar el país y entrar a Colombia por Cúcuta. La mayoría fueron detenidos nada más entrar en Venezuela, pero otros lo fueron a punto de pasar a territorio colombiano.

La mitad de los detenidos eran de nacionalidad somalí, pero también había personas procedentes de Bangladesh, Etiopía y Kenia. «Todos eran musulmanes y pudimos constatar su radicalismo; aunque no fue posible establecer ninguna vinculación directa con grupos terroristas concretos, concluimos que algunos provenían de zonas en las que podían haber estado en contacto con Daesh o franquicias de Al Qaeda», afirma Guzmán.

Las investigaciones demostraron que la ruta ya se había asentado, gracias a contactos locales que habían permitido crear una red para pernoctar en hoteles escogidos y que incluso podían lograr permisos de trabajo (dos de los detenidos contaban con visas de empleo expedidos por las autoridades brasileñas). «Lo que detectamos muy posiblemente era el ensayo de una ruta, que con el tiempo podía funcionar a mayor escala, para enviar yihadistas hacia el Norteamérica, porque en Colombia no se iban a quedar», razona Guzmán.