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Alberto Araujo formaba parte de un grupo de cerca de 20 personas, pero solo él no habría logrado escapar al momento de la incursión policial

@yunetzyrivero

Durante una presunta operación de inteligencia ejecutada por efectivos del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) y la Unidad Antiterrorismo de la Guardia Nacional murió Alberto Araujo, de 25 años de edad, a quien le adjudicaron en la minuta policial el apodo el Neño. Se presume que se enfrentó a las autoridades, pues era parte de la banda de Yeiko Masacre.

Según la nota de prensa difundida por la Guardia Nacional, el hombre era integrante de un “grupo de terroristas armados de narcotraficantes de Colombia” (Tancol), categoría criminal creada por el presidente Nicolás Maduro, conocido como la banda de Yeico Masacre. El presunto enfrentamiento tuvo lugar en el sector Corral de Nava, zona rural del municipio Cabimas, en horas de la tarde del sábado 5 de marzo.

Uniformados del Destacamento 113 del GAES y la Unidad contra Terrorismo lograron desmantelar un campamento donde operaba un grupo estructurado de delincuencia organizada dedicado al secuestro, la extorsión, el sicariato y el cobro de vacunas en la Costa Oriental del Lago, en el Zulia.

De acuerdo con la minuta, al momento de la incursión de la GNB, en el lugar había cerca de 20 personas que lograron escapar, a excepción de Araujo, quien murió en el procedimiento y cuyo cadáver fue retirado de la medicatura forense del hospital Adolfo D’Empaire por familiares que no hablaron con la prensa.

En el campamento encontraron 8 chalecos antibalas con insignias que identifican al Tancol, 6 uniformes camuflados del Ejército Nacional de Colombia, 3 pares de botas de caucho, una cinta eslabonada con 40 cartuchos calibre 762 x 51 mm.

Además, fue retenido un vehículo marca Ford Explorer y dos motos.

Terror en la zona

Según vecinos del lugar, el pueblo está invadido por el “Gobierno”, refiriéndose a los funcionarios policiales. Las personas, dijeron, salen lo menos posible de sus casas.

“Donde ocurrió el hecho es conocido como la zona, aquí nadie sube para allá, ese muerto no era de por aquí”, dijo una vecina del lugar que no quiso identificarse.

¿Quién es Yeico Masacre?

Erick Alberto Parra Mendoza, alias Yeico Masacre, de 28 años de edad, fue guardia nacional y tiene alerta roja de la Interpol.

Es uno de los 10 criminales más buscados, según el Ministerio de Interior y Justicia.

Fuentes policiales informaron que Parra Mendoza se mueve entre Colombia, Ecuador y Panamá, desde donde orquesta el accionar de su grupo.

Autoridades policiales de Colombia y Venezuela lo vinculan con sicariatos, extorsiones y secuestros en ambos países.

Lo caracteriza la crueldad con que ejecuta sus crímenes, además del hecho de difundirlos en sus redes sociales como forma de infundir temor a sus futuras víctimas y adversarios.

En la lista de crímenes que se le imputan figuran el homicidio de funcionarios policiales, deportistas y hasta un atentado a un comando de la Guardia Nacional.

“Le colocaron un arma para relacionarlo con la banda del Becerro. No tenía ni antecedentes”, aseguran los familiares sobre el hecho ocurrido en la Costa Oriental del Lago

@yunetzyrivero

Parientes del trabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Euro Ramón Peña, de 40 años de edad, denunciaron su asesinato por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), adscritos al Destacamento 113 de la Guardia Nacional, en el municipio Simón Bolívar del estado Zulia.

El hecho sucedió a las 9:40 a. m. del jueves 3 de febrero en el contexto de la operación “Liberación de la Costa Oriental del Lago”, en la que participan funcionarios de policías municipales, de la Policía del Zulia y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Familiares de Euro Peña desmintieron en la medicatura forense del Hospital Adolfo D’Empaire de Cabimas la supuesta relación de Peña con bandas delictivas que operan en la Costa Oriental del Lago (COL), y denunciaron su ejecución extrajudicial.

“Él pedía que no lo mataran y decía que no había hecho nada. A los vecinos ni a nosotros nos dejaron acercar a donde ocurrió todo. Los amenazaban”, afirmaron.

Los familiares precisaron que Peña salió la noche del miércoles 2 de febrero con un grupo de vecinos a la estación de servicio de Tamare, municipio Lagunillas, a hacer la cola para surtirse de gasolina.

Posteriormente, el jueves, cuando regresaba, pasó por el supermercado, y estuvo acompañado del mismo grupo hasta la carretera E, en la pasarela de Tía Juana. A la altura de la carretera D fue interceptado por la comisión y un oficial se montó en su carro.

“Lo requisaron, revisaron su camioneta Ford Explorer de color verde y todo iba normal”, según algunos testigos.

Dijeron que cuando Peña dio la vuelta para subirse en su vehículo se encontró con que ya había un uniformado ocupando el puesto del copiloto.

Manifestaron que la víctima arrancó la camioneta que iba escoltada por motorizados, hasta que llegaron casi al final de la carretera D, donde había un grupo de más de 20 funcionarios.

En el trayecto, varios vecinos vieron a Peña en su camioneta seguido por patrullas y con un policía. Poco después, escucharon los gritos desesperados del trabajador pidiendo clemencia y asegurando que no era un delincuente. Las alarmas vecinales se encendieron, pero fueron acalladas por las múltiples detonaciones, más de 20, según los testigos.

“Le colocaron un arma y lo apodaron el Gordo para relacionarlo con la banda del Becerro. No tenía ni antecedentes. En la camioneta tenía bolsas de comida y dos botellones de agua que había comprado”, aseguraron los familiares, quienes exigen justicia por su muerte.

La operación “Liberación de la Costa Oriental del Lago” se desplegó debido a los secuestros, extorsiones y asesinatos que se registraron en el mes de enero en esa región del Zulia.

Erasmo Ramos, comandante de la GNB en el Zulia, informó que por lo menos 340 funcionarios y 129 unidades de patrulla están involucrados en la acción. Esto fue ratificado por el jefe del Cicpc Zulia, Jesús Andrade.

La banda del Becerro

La banda del Becerro es liderada por Óscar Guzmán Chirinos, también conocido como el Conas. Este delincuente fue funcionario del Grupo Antiextorsión y Secuestro (Conas) hasta 2015, cuando asesinó a Carmelo Carbones, supervisor de la Policía de Cabimas, el 17 de diciembre de ese año.

Guzmán Chirinos estuvo preso desde el 19 de diciembre de 2015 en el retén de Cabimas, donde era el pran del pabellón C. Se fugó en septiembre de 2021. Después de su fuga envió audios en los que amenazaba a la presidenta del Circuito Judicial Penal del Zulia, Vanderlella Andrade. Al parecer, permanece en Colombia. Está solicitado por Interpol.

Adreannys Lameda, esposa de David José Mosquera, Pérez contó a Monitor de Víctimas que al joven se lo llevaron vivo, sin franela y descalzo, sin mostrar orden judicial. “David no quería abrirles la puerta de la casa, pero ellos le dijeron que si no la abría le mataban al hijo”, relató

@LizGascon

Un grupo de hombres armados, a bordo de dos carros particulares, sacó a David José Mosquera Pérez de su casa, ubicada en el pueblo de Aregue, municipio Torres, estado Lara, aseguraron testigos. El hecho ocurrió la noche del 27 de octubre. Horas después, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional (GN) reportó en una minuta la muerte del joven en un presunto enfrentamiento con seis funcionarios de ese organismo.

Adreannys Lameda, esposa de Mosquera, contó a Monitor de Víctimas que al hombre se lo llevaron vivo, sin franela y descalzo, sin mostrar una orden judicial. «Lo apartaron de nuestro hijo de tres añitos y lo mataron. El niño se quedó solo, llorando, pegando gritos”, se lamentó la mujer. “David no quería abrirles la puerta de la casa, pero ellos le dijeron que si no la abría le mataban al hijo», agregó. 

Conductores vieron caminar a Mosquera por la carretera de Aregue escoltado por un carro rojo y otro blanco. Sin embargo, de acuerdo con el reporte oficial, el joven estaba en la vía con otros sujetos para interceptar unos vehículos y hubo un tiroteo con los militares. Mosquera resultó con un disparo en el pecho. Pese a lo indicado en la minuta, no hay información sobre otros heridos o detenidos en el procedimiento. La familia de la víctima niegan que él se hubioera enfrentado a los funcionarios o que portara una escopeta, como señalaron las autoridades.

“Inmediatamente pedí una cola y llegué a un sitio donde estaba cerrado el paso por el Conas. Ahí estaban los dos carros. Yo pedía razón de mi esposo y los funcionarios respondían que no sabían de qué hablaba, que ahí lo que había era un accidente de tránsito. Yo sabía que tenían a mi esposo”, agregó Lameda.

Mientras la mujer pedía información sobre su esposo, el papá de Mosquera fue hasta una sede del mencionado organismo en Carora, para conocer el paradero de su hijo. El hombre estuvo en el comando hasta las 8:20 de la noche. Media hora después el cuerpo del joven  fue ingresado a la morgue del Hospital Pastor Oropeza de Carora y luego trasladado a Barquisimeto.

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Según la minuta, Mosquera estaba solicitado por el delito de homicidio. “Una entrada policial no justifica una muerte. ¿Por qué le disparan alegando que estaba solicitado? Él salió limpio en la revisión”, reiteró Lameda.

Exigen una investigación

La familia de la víctima denunció la presunta ejecución extrajudicial del hombre ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como ante el Ministerio Público (MP).

El hijo de Mosquera, el pequeño que presenció la llegada de los militares, le ha contado a su familia que a su papá se lo llevaron hombres armados. “Él dice: ‘policías malos mataron a papi con esos pistolones’. Yo pido justicia, que se abra una investigación. Esa gente está matando a trocha y mocha en Carora”, sostuvo Lameda.

El hombre vendía chivos en las carnicerías de Aregue y tenía once años radicado en ese pueblo. Deja cuatro niños huérfanos. “Todo lo que hablaba era de sus hijos y estaba entusiasmado porque iba a viajar al Zulia a trabajar y se iba a ganar cien dólares para comprarle ropita a los muchachos”, recordó su pareja.

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El hecho ocurrió en el estado Táchira el pasado 1° de septiembre. El hombre tenía 4 meses de haber llegado de Colombia

@anggyp

José Manuel Rodríguez Pacheco, de 37 años de edad, estaba dentro de su vivienda en compañía de su familia cuando arribaron 15 funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), entre hombres y mujeres, quienes  rodearon la casa, situada en el barrio Caño e´Guerra, municipio Ayacucho, en Táchira. El hombre resultó muerto.

Así lo indicaron parientes de la víctima, que aseguraron que el hecho, que ocurrió a las 3:15  de la tarde del pasado miércoles 1° de septiembre, se presentó 15 minutos después de que se registrara el allanamiento a una  vivienda ubicada en la población de Colón, municipio Ayacucho, de la mencionada entidad, por parte de funcionarios del Conas.

«Lo tirotearon y tardaron como 15 minutos para sacarlo. Dijeron que lo traían para el hospital Ernesto Segundo Paolini. Lo sacaron entre cuatro hombres, sostenido de pies y brazos, como un perro, lo montaron en una camioneta Cherokee color azul y a los 200 metros de distancia de la casa, los vecinos escucharon otra detonación más. Mi hijo fue asesinado, le metieron dos tiros, como a un metro de distancia», relató el hombre.

Parientes del occiso presumen que Rodríguez Pacheco iba con signos vitales y que por eso lo remataron. De acuerdo con estas versiones, los funcionarios disparaban algunas armas cortas y los que portaban fusil sólo cuidaban que los vecinos y los familiares no se acercaran a la casa. 

Se supo que los familiares de la víctima salieron detrás de la camioneta  en la que llevaban al joven hacia el hospital, pero que no los dejaban acercarse. Aseguran que incluso un funcionario del Conas amenazó al padre del hombre con darles golpes. 

Había llegado hace 4 meses de Colombia

En la vivienda en la que ocurrió el hecho, que se encuentra en obra negra, quedaron los huecos de los impactos de bala que recibió el hombre.

Sus allegados denunciaron que le sembraron un arma con tres balas percutidas y una sin percutir. Aseguraron que, además, los funcionarios del Conas se llevaron la moto de la víctima, de la cuál su familia tiene los documentos. El hombre tenía 4 meses de haber arribado desde Colombia.

Romer Rodríguez, hermano del fallecido, dijo que a su hermano nunca lo llamaron por el apodo de Loco, como indicó la versión del Conas publicada en medios regionales. 

La víctima había estado detenida a mediados de 2017 por porte ilícito de un arma y en 2018 tuvo problemas legales cuando le localizaron varios metros de cable de televisión, que según sus familiares, había recogido porque le cortaron el servicio.

Por este hecho, que fue considerado como tenencia de material estratégico, estuvo pocos días privado de libertad y cumplió su pena bajo medida de presentación, explicaron sus allegados. 

Detuvieron a algunos de sus familiares

Parientes de Rodríguez Pacheco indicaron que a su esposa, a sus dos hijos -de 6 y 10 años- y su hermano se los llevaron detenidos a un comando en Colón, argumentando que estaban grabando lo que ocurría con sus teléfonos.

Allegados a la víctima aseguraron que a estos otros parientes los tuvieron detenidos  durante tres horas, en medio de palabras obscenas.

Rodríguez Pacheco se dedicaba a la albañilería. Su papá recordó que el hombre y su familia algunas veces se acostaban sin comer. Argumentó que de estar cometiendo fechorías, al menos se le hubiese visto comida.

Ya había ocurrido con otro miembro de la familia 

En la familia aseguraron que este es el segundo caso de presunta ejecución extrajudicial. Contaron que la noche del 6 de enero de este año, a las 9:30 pm, también funcionarios del Conas arribaron a la casa del padre de Rodríguez Pacheco y se llevaron a uno de los nietos del señor: Jesús Maikel Granados Rodríguez.

Testigos de aquel hecho aseguraron que los funcionarios que lo llevarían a interrogarlo. Al día siguiente apareció muerto, con impactos de bala en la trocha de La Virgen, en Guarumito, al lado del cuerpo de otro hombre.

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Parientes de Yuleiber Antony Sequera, la víctima, aseguran que el hombre no pudo haber amenazado a los policías con un arma de fuego porque no tenía alguna

Por este hecho quedaron privados de libertad dos funcionarios de la Policía de Lara. Según la versión policial, el entonces detenido estaba armado e intentó fugarse

@KaryPerazaR

A las 7:00 de la noche del pasado jueves 27 de mayo una detonación se escuchó dentro del centro de coordinación policial de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco, estado Lara. 

La mencionada comisaría está a un lado de la plaza Bolívar de la localidad, por lo que las personas que allí se encontraban escucharon el disparo. Después observaron cómo sacaban a una persona herida, la cual fue trasladada hasta el Hospital José María Bengoa de Sanare. 

El hombre tenía una herida de bala en el brazo derecho y otra en el abdomen, su estado de salud era grave y en dicho centro asistencial no contaban con los insumos para atenderlo. Fue remitido al Hospital Central de Barquisimeto. 

La ambulancia salió con lo que hasta ahora era un hombre desconocido y en el camino falleció. La unidad se devolvió al pueblo de Sanare. A eso de las 8:30 de la noche el fallecido fue identificado como Yuleiber Antony Sequera, de 28 años de edad. 

Un pariente de la víctima relató al equipo de Monitor de Víctimas que el joven era ex funcionario del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional. 

En dicho organismo el hombre prestó sus servicios por ocho años en Tinaquillo, estado Cojedes. Sin embargo, por la crisis del país y los bajos salarios a Sequera se le hacía cuesta arriba su traslado desde Sanare hasta su lugar de trabajo, por lo que dejó de asistir y estaba en calidad de desertor.

Tenía que mantener a su esposa y a sus hijos: un bebé de 4 meses y dos niños de 2 y 5 años de edad. Había empezado a sembrar caraota y café en unas tierras de su propiedad. 

No tenía arma propia 

Un familiar del occiso indicó que el hombre iba en su moto, cuando fue detenido por cuatro funcionarios de la Policía del estado Lara, quienes se trasladaban en dos motos y le pidieron que lo acompañara a la comisaría. Ya dentro de la comisaría no saben en qué circunstancias ocurrieron los hechos.

La versión policial indica que desde el primer momento que fue detenido, el ex funcionario del CONAS mostró resistencia para ser revisado y por eso se lo llevaron al centro de coordinación policial. Una vez allí, Sequera forcejó con los funcionarios y sacó un arma de fuego de sus partes íntimas. Supuestamente al verse amenazado, el uniformado disparó.

Los familiares del fallecido manifiestan que esa versión es falsa y aseguran que el hombre no estaba armado, ni siquiera tenía arma personal. “Todos los que son de este pueblo y conocen esa comisaría no hacen el intento de escapar de allí. Si él  hubiera querido fugarse lo hubiera hace desde el momento en que lo detuvieron. Esos policías están mintiendo”, manifestó un pariente del occiso.

Dos imputados por homicidio

El caso está siendo investigado por funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Alfonso de la Torre, Fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales, luego de indagar , verificar las versiones del hecho y estudiar las evidencias recabadas, solicitó la aprehensión de dos funcionarios: los oficiales Yimmi Miguel Goyo Pérez y Leonel Alexander Aguilar.

Ambos fueron presentados ante los tribunales larenses e imputados por el delito de homicidio. Los Polilara quedaron privados de su libertad, mientras dura el proceso penal en su contra.

Testigos aseguraron que las víctimas fueron ejecutadas. Según la versión de las autoridades, ambos hombres murieron en un enfrentamiento. El hecho ocurrió en el municipio Jiménez

Wisley José Gutiérrez Flores, de 30 años de edad, y José Manuel Urdaneta Rodríguez, de 31, murieron a manos de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El hecho ocurrió en el caserío El Pozón, ubicado en el municipio Jiménez, estado Lara.

Ambos eran expresidiarios y tenían una meta: trabajar la agricultura para «regenerarse», así lo señalaron familiares de las víctimas. Wisley y José Manuel se conocieron en uno de los penales en los que coincidieron e hicieron amistad porque eran de Quíbor. Tras salir de la cárcel se buscaron para trabajar juntos y el pasado 4 de noviembre decidieron ir a visitar las tierras donde laborarían.

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Ese miércoles al mediodía los dos hombres salieron de la comunidad La Ceiba II en un camión 350, que era manejado por José Manuel y en el que llevaban unas semillas, un ventilador. Sus planes eran instalarse ese mismo día en las tierras que trabajarían.

«Cuando iban por La Tinaja de Quíbor fueron interceptados por una camioneta del Conas y los obligaron a irse hasta el caserío El Pozón. Ellos (los funcionarios del Conas) los bajaron frente a una vivienda, los arrodillaron y los asesinaron a tiros», indicó un familiar de Wisley.

Minutos antes del crimen, los militares, fuertemente armados, amedrentaron a los vecinos del mencionado caserío y los obligaron a meterse en sus casas. Sin embargo, en el lugar hubo testigos que aseguraron haber visto cómo ocurrieron los hechos y desmintieron la versión del enfrentamiento que ofrecieron posteriormente las autoridades.

Según el reporte militar, los dos hombres eran miembros de la banda de Josué Ángel Santana, alias el «Santanita», que se dedica a extorsionar y lanzar artefactos explosivos en negocios comerciales para que las víctimas paguen las llamadas vacunas, es decir, a entregar dinero a cambio de que no atenten contra sus vidas.

Los familiares de Wisley desmintieron esta versión, aseguraron que no pertenecía a ninguna banda y que no conocía a «Santanita». Detallaron que había estado detenido desde 2013 y que para el día de su asesinato sólo llevaba 20 días en libertad.

De cola en cola

Wisley había recobrado su libertad a mediados del pasado mes de octubre. El último sitio de reclusión en el que estuvo fue la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar. Sus parientes contaron que el día que quedó fuera del penal decidió trasladarse a Lara, su tierra natal.

Como no contaba con dinero tuvo que pedir que lo llevaran gratis: unas 17 horas de trayecto, aproximadamente. Sus familiares detallaron que las ansias de estar en casa eran tantas que no le importó viajar de «cola en cola».

«Llegó muy flaco, estaba desnutrido. Wisley estuvo en varios penales del país, pero el más fuerte fue El Dorado, por lo lejos, porque no podíamos visitarlo. Cuando llegó a Quíbor lo que quería hacer era trabajar para mantener a sus tres hijos de 10, 9 y 2 años de edad», comentó uno de sus parientes, quien por temor a represalias no quiso identificarse.

Wisley había estado detenido por los delitos de porte ilícito de arma de fuego y homicidio, mientras que José Manuel estuvo preso por robo y porte ilícito de arma de fuego.

José Manuel tenía tres meses en libertad. Se supo que una vez que salió de la cárcel se fue del país, pero regresó a los pocos días porque tenía en mente trabajar en la siembra.

VP dice que, extraoficialmente, pudieron conocer que supuestamente Salazar será trasladado a Caracas

El partido político Voluntad Popular (VP) denunció este sábado, 17 de octubre, la detención del dirigente Yovanny Salazar, ejecutada en el estado Guárico. 

A través de Twitter, VP informó que la detención de Yovanny Salazar la llevó a cabo el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).

Según la tolda, Salazar fue sacado de la casa de su hijo, ubicada en Chaguaramas, por funcionarios de este organismo de seguridad.

Ante estos hechos, VP sostiene que desconoce el paradero del dirigente y responsabilizan «a la dictadura por la integridad física» de este.

También, el partido denunció que el Conas mantiene detenidos a dos hijos de Salazar y asegura que ambos están siendo «intimidados y torturados psicológicamente».

Por otra parte, VP dice que, extraoficialmente, pudieron conocer que supuestamente Salazar será trasladado a Caracas.

#ATENCIÓN | A esta hora desconocemos el paradero de nuestro responsable regional de @VP_Guarico, @YovannySGuarico luego que fue secuestrado por el CONAS #YovannySalazarSecuestrado

— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) October 17, 2020

Salazar fue alcalde de Chaguaramas y, hace unos días, Últimas Noticias publicó una nota donde se asegura que dos exalcaldes de Guárico, específicamente Salazar y Denal Lamas, fueron identificados por organismos de inteligencia como quienes estarían detrás de un supuesto «plan para generar violencia en la entidad».

Vale recordar que, recientemente, en Guárico se suscitaron protestas en reclamo de servicios básicos como gas doméstico, agua, comida, escasez de gasolina y por las fallas en el servicio eléctrico.

Tras las protestas, en Guárico se registró la presencia de organismos de seguridad del Estado en el lugar aumentaron el número de persecuciones en contra de dirigentes.

Con información de Tal Cual

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Deben consumir agua de una laguna aledaña, no apta para el consumo humano

Más de 400 presos que se encuentran distribuidos en diversos calabozos del municipio San Fernando de Apure sufren por la distribución del agua potable.

Aunque la población en general de Apure también padece el problema del agua, hay un centro de detención donde la situación es aún más preocupante. Los familiares explicaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que ellos mismos deben llevarles el agua a los detenidos.

Los presos que se encuentran en la Comandancia General de la Policía, que en el mes de marzo sumaban 198 según los registros del OVP, en ocasiones deben consumir agua de una laguna aledaña, aunque no es apta para el consumo humano.

En la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional de Apure, los presos usan tobos para extraer el vital líquido de un tanque; mientras que los 72 privados de libertad del Destacamento 351 de la Guardia Nacional deben esperar más de cinco horas para llenar un pequeño tanque con una manguera y de allí cada reo tiene derecho a dos o tres tazas de agua para aseo personal.

En cuanto a la recepción de alimentos, más de 400 presos que permanecen en los distintos calabozos de la Comandancia General de la Policía; del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales, y Criminalísticas (CICPC), CONAS y GNB de San Fernando de Apure sufren por el suministro irregular de insumos.

Muchos presos han bajado abruptamente de peso, especialmente durante la cuarentena por COVID-19, todo esto a causa de las limitaciones para que los familiares puedan llevarles alimentos u otros insumos a diario