Ciudadania Activa

CON LA CONDENA A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE y la petición a los cancilleres de Latinoamérica de exigir al gobierno venezolano que suspenda la iniciativa propiciada por el presidente Nicolás Maduro, se efectuó ayer el foro «Unidos por los Derechos Humanos: Acciones para enfrentar la crisis».

Representantes de más de 70 organizaciones no gubernamentales se dieron cita ayer para solicitar apoyo interno y externo en torno al restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela.

«La Constituyente no es un reflejo de paz, la mayoría de los venezolanos coinciden en que hay dudas sobre el carácter democrático de ese elección», dijo el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.

«Los activistas de derechos humanos reclamamos con carácter de urgencia, un mensaje claro a los líderes políticos sobre las acciones que creen conveniente hay que tomar», agregó.

Por su parte,  Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, enfatizó que quienes más sufrirán con unas eventuales sanciones económicas a la nación serán los venezolanos de a pie.

«Ese tipo de sanciones no son eficaces para debilitar a los autoritarismo. Estamos enfrentando una situación inédita y hay que ser proactivo en la defensa de los derechos humanos».

«Estamos aprovechando que este martes se va a realizar una reunión de cancilleres para llevar a cabo una serie de exigencias en procura de que la comunidad internacional continúe presionando al Estado venezolano para que haga válido el respeto a los derechos humanos», aseveró.

También expresó que desconocían al nombrado Fiscal General de la República por la ANC, Tarek William Saab y al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. «Porque son consecuencia de esa fraudulenta Constituyente que ha abolido la vigencia de la Constitución de 1999, pero al mismo tiempo apostamos por el fortalecimiento de esas instituciones, en el caso de William Saab hay suficientes evidencias que no va actuar con equilibrio».

Por su parte, Mercedes de Freitas sentenció que Transparencia Venezuela no acepta la ANC como instrumento para remover y nombrar nuevos funcionarios en la administración pública.

«Estamos tratando de lograr unos espacios de coordinación mínimos para conseguir objetivos específicos, creemos que con la ANC pueden haber espacios de represión y corrupción mayor a la que tenemos hoy en día», confesó la directora ejecutiva de la ONG.

Aunado a eso, el politólogo John Magdaleno consideró que vienen violaciones más sistemáticas a los derechos humanos.

«Los mismos representantes de las ONG podrían ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, la actual situación del país puede acabar con el desempeño de las ONG», indicó.

Aseveró que se debe propiciar una transición por vía pacífica.»Para facilitar la transición se deben interactuar con el chavismo moderado, estimulando la participación. La transición se produce cuando hay una ruptura al interior de la autoridad dominante, lo que la deslegitima. Hay que utilizar el impulso Constituyente para desequilibrar al gobierno y provocar la ruptura de la coalición dominante».

Al evento también asistieron asistentes de  Sinergia, Ciudadanía Activa, Un Mundo sin Mordaza, Civilis, Asamblea de Educación, Fenasopadres y Acceso a la Justicia.

Texto del comunicado que 70 ONG envian a las cancillerias de la region que se reunirán 8-A #UnidosPorDDHH pic.twitter.com/1JD6ML9Ayz

— PROVEA (@_Provea) 7 de agosto de 2017

.@alfredoromero: Debemos exigir urgentemente un mensaje claro a la conducción política del país, #EnVIVO por: https://t.co/JSsNeejIlo pic.twitter.com/LUYDenRnnx — VIVOplay (@vivoplaynet) 7 de agosto de 2017

Laura Louza (@lauralouzas): La ANC es la formalización de un golpe de Estado y no tiene validez #UnidosPorDDHH#JusticiaVe

— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) 7 de agosto de 2017

Organizaciones civiles y académica nacionales entre las que destacan Asociación Civil Compromiso Ciudadano, Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ciudadanía Activa, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Control Ciudadano y Transparencia Venezuela exhortaron en un comunicado conjunto al Consejo Nacional Electoral “a cesar el retraso y obstrucción del derecho a la participación de los ciudadanos contemplados en los artículos 70 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y solicitan que se adopte una “posición institucional acorde a sus principios en la que se respete el espíritu de la Constitución. Consideramos grave el retraso en el procedimiento de constatación de las manifestaciones de voluntad de los ciudadanos que participaron en esta primera etapa para la convocatoria del referendo revocatorio presidencial”.

El pronunciamiento de estas organizaciones indica que la reciente actuación de las autoridades electorales “lesiona el principio de celeridad por el cual se debe regir el Consejo Nacional Electoral. Este trámite debió haber durado 5 días continuos según lo establecido en las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular aprobada en 2007, pero se ha extendido, injustificadamente, por 40 días”.

Igualmente consideran “delicado el establecimiento de normas y procedimientos no contemplados en la normativa antes citada, así como su no cumplimiento por parte del propio Poder Electoral; lo cual supone una violación de los principios legales de todo procedimiento electoral y administrativo: principio de buena fe, de petición y oportuna respuesta,  de antiformalismo, de celeridad, de transparencia, de subsanación y convalidación de errores materiales. En este orden de ideas, las nuevas reglas no solo han contribuido a demorar el trámite, sino también han traído como consecuencia la anulación de manifestaciones de voluntad por formalismos excesivos, tales como: error en el nombre del Presidente de la República, huellas con defectos de tinta, escritura incorrecta del cargo del Presidente, haber firmado en un municipio diferente al que se está inscrito en el Registro Electoral, entre otros”.

Explican en el comunican que lo anterior sienta “un precedente muy negativo que la recolección del 1% para la conformación de agrupaciones de ciudadanos se haya vinculado a las circunscripciones regionales, cuando la elección del Presidente de la República se hace en una sola circunscripción nacional; lo cual va en sentido contrario a lo establecido en la Constitución. En este orden de ideas, el anuncio realizado por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral el día 10 de junio de 2016 constata que las acciones y decisiones del organismo electoral no se ajustan a lo establecido en el artículo 294 de la Constitución, pues demuestran falta de imparcialidad y transparencia, al tiempo que socavan el derecho a la participación de los ciudadanos y ciudadanas”.

Asimismo estiman insuficiente la información sobre el número de centros para validar las manifestaciones de voluntad mediante el sistema de identificación biométrico. “Alertamos que, si el Consejo Nacional Electoral concentra dichos centros únicamente en sus oficinas regionales dificultaría el derecho a la participación política de quienes no viven en las capitales de sus respectivos estados, lo cual supone un acto de exclusión e inequidad por parte del Poder Electoral al no facilitar el procedimiento de validación de las manifestaciones de voluntad. Por tal motivo, exhortamos al Directorio del Consejo Nacional a facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos colocando al menos un centro de validación en cada parroquia del país, y aumentando su número según la densidad de manifestaciones de voluntad”, explican.

El bloque de organizaciones considera que es contrario al principio de transparencia no notificar a los ciudadanos las razones por las cuales su manifestación de voluntad ha sido anulada. “En este sentido, consideramos discriminatorio que se permita el retiro de las manifestaciones de voluntad que se validaron sin necesidad de utilizar mecanismos biométricos de identificación, mientras que no se contempla la posibilidad de que aquellos ciudadanos cuyas manifestaciones de voluntad no fueron validadas puedan enmendarlas. No permitir la rectificación de los «errores de forma» que llevaron a  excluir miles de firmas viola, de nuevo, el principio de subsanación y convalidación de errores materiales, dando más relevancia a errores de forma intrascendentes que al ejercicio del derecho fundamental a la participación ciudadana”.

Del mismo modo, emplazan a las autoridades electorales a convocar las elecciones a Gobernadores y Representantes de los Consejos Legislativos cuyos mandatos finalizan el 16 de diciembre de 2016, no hacerlo antes del 16 de junio sería una nueva violación a la carta magna.

“El Consejo Nacional Electoral tiene como responsabilidad permitir que los venezolanos y venezolanas expresen de manera pacífica, democrática y electoral su posición frente al grave conflicto político, social y económico que afronta el país. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a que se acometa una reforma electoral a la brevedad posible, la cual elimine la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral, y garantice la equidad y transparencia de los proceso electorales en nuestro país”, finaliza indicando el documento.

La ONG Ciudadanía Activa emitió un comunicado remitido a las rectoras del CNE en el que aseguran que el Poder Electoral se está apartando de la Constitución y en las Leyes al intentar ignorar o alargar innecesariamente los procedimientos o lapsos del Referéndum Revocatorio puesto en marcha por la oposición.

La organización aseguró que la mayoría de los venezolanos decidió buscar vías democráticas para salir de la «lamentable crisis política, económica y social» por la que pasa el país y entre las opciones activadas está el revocatorio. Les recordó a Tibisay Lucena, Tania D’Amelio, Sandra Oblitas y Socorro Hernández que «el momento no es para juegos de poder. Porque con la vida de los venezolanos no se puede jugar.»

A continuación el comunicado completo:

 

Venezuela está sumida en una gravísima crisis de inmensas proporciones. Nunca en la historia republicana de nuestro país se había llegado a un extremo como el que estamos padeciendo todos los venezolanos, sin distingos de ningún tipo.

El ciudadano ya no puede más. Millones de compatriotas están sufriendo penurias para sobrevivir. Muchos de ellos están muriendo, ya sea por escasez de alimentos o falta de medicinas.

El momento exige decisiones trascendentes. El gobierno actual presidido por Nicolás Maduro tiene una altísima cuota de responsabilidad en lo que está sucediendo.

Una mayoritaria porción del país ha decidido, dentro de reglas constitucionales, democráticas, electorales y pacíficas, buscar vías de solución a esta lamentable crisis política, económica y social. Se han activado diversos mecanismos, pero cada uno de ellos está encontrando sorprendentes obstáculos por parte de quienes no quieren, bajo ningún concepto, dejar el poder.

Lamentablemente, algunos estamentos controlados por el oficialismo, o no se han dado cuenta de la gravedad de la situación, o están dispuestos, sólo por conservar cuotas de poder, a que los venezolanos continuemos indefinidamente sufriendo las catastróficas consecuencias de un pésimo gobierno.

Como una de las vías de solución, se ha activado un proceso de Referéndum Revocatorio, mediante el cual se desea consultar si el pueblo de Venezuela desea o no que el Presidente Maduro continúe en su cargo.

Al Poder Electoral le corresponde ayudar a agilizar este mecanismo y dar todas las garantías de realización lo antes posible del mismo. 

Sin embargo, con asombro observamos cómo las rectoras Tibisay Lucena, Tania D’Amelio, Sandra Oblitas y Socorro Hernández han venido retardando los procedimientos para la activación de este Referéndum. Han venido realizando interpretaciones incorrectas de lo establecido en la Constitución Nacional en relación dicho instrumento. Han inventado sobre la marcha resoluciones que contradicen el espíritu de la Constitución. Están ofreciendo declaraciones públicas en las que manifiestan sus intenciones de ignorar o de alargar innecesariamente los procedimientos y los lapsos establecidos.

La Asociación Civil Ciudadanía Activa considera esto inaceptable. El CNE se está apartando de lo establecido en la Constitución y en las Leyes, e inclusive, de las resoluciones emanadas del propio organismo electoral.

Es el caso, por ejemplo, de la activación del proceso de revisión de las firmas que ya fueron debidamente entregadas al CNE el pasado lunes 2 de mayo de 2016. La Rectora Tania D’Amelio, malinterpretando la resolución vigente en cuanto a los plazos, han declarado que se deben esperar 30 días para comenzar la revisión de las mismas.

Según se establece en la Resolución Nro. 070906-2770 emitida por el CNE, las firmas deben ser entregadas dentro de un plazo de 30 días. Se entiende perfectamente que a partir de momento de la entrega, sea en el momento que sea dentro de esos 30 días, comienza el proceso de 5 días continuos para la verificación de las mismas, por lo que no hay que esperar la finalización de los 30 días para comenzar dicha verificación.

Es importante mencionar que dentro de los Principios rectores de la actividad de la Administración en general establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) se establece claramente los principios de celeridad e imparcialidad.

“Artículo 30. La actividad administrativa se desarrollará con arreglo a principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad”.

En este sentido, la Asociación Civil Ciudadanía Activa:

 

1. Rechaza enérgicamente el uso, por parte del CNE o de cualquiera de los demás Poderes Públicos, de argucias jurídicas y de aviesas malinterpretaciones de nuestra Constitución y de nuestras Leyes.

2. Hace un público llamado a las Señoras Rectoras del Consejo Nacional Electoral para que se ajusten a los lapsos y procedimientos ya establecidos en el proceso de convocatoria del Referéndum Revocatorio solicitado.

3. Solicita que cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) en cuanto al principio de celeridad e imparcialidad, entendiendo la necesidad de que el pueblo venezolano cuente pronto con una solución a la delicada situación que sufre.

 

El momento no es para juegos de poder. Porque con la vida de los venezolanos no se puede jugar.

 

¿Le estamos exigiendo al CNE mejores condiciones para poder votar? La respuesta parece obvia. Sin embargo, la gente de Ciudadanía Activa decidió darnos un empujoncito e iniciar un reclamo justo, amparado en nuestros derechos, establecidos en la Carta Magna y la Ley Electoral. Esta ONG enumeró las “20 Garantías Electorales para las Elecciones Parlamentarias” que deberíamos exigir y lograr así participar en unos comicios realmente transparentes, limpios, sin tufo a fraude, por un lado, y pestilente a victorias mal habidas, por el otro; como ha ocurrido en procesos anteriores en los que, a como dé lugar, resultan favorecidos con el voto los adeptos al partido que, durante estos tortuosos 16 años –no son 2 Nicolás, son ¡16!- nos mal gobierna.

Ciudadanía Activa, en una Carta Abierta dirigida a la ONU, Nuncio Apostólico, Mercosur, Unasur, Centro Carter y OEA, entre otros, plantea las condiciones mínimas para los próximos comicios en el que elegiremos a los diputados. Unos comicios a los que le han colocado una nueva guinda a la torta: la Asamblea Nacional aprobó la proyección población realizada por el INE, con la cual se cambian los circuitos electorales y la cantidad de diputados que se escogerán para cada uno de estos –con la anuencia, por supuesto, del cada vez menos imparcial Poder Electoral. Con esta decisión, aprobada a pie juntillas por los diputados oficialistas, una vez más, se tuerce el curso natural de unas elecciones, imponiendo el favoritismo y la ventaja para el partido del “desgobierno”.

Revisando los nuevos datos poblaciones del INE, ahora, circuitos evidentemente opositores, cuyo crecimiento ha sido sostenido, se proyecta que verán mermada su población, con un decrecimiento inexplicable (imposible de atribuir al desplazamiento, migración a otras naciones o la matazón con la que nos azota el hampa). Razón por la cual, el número de diputados que se elegirá en estos bastiones tradicionalmente liderados por la oposición será menor. Incluso, el alegato del PSUV en la Asamblea para amañar los circuitos mirandinos, es decir que allí no se construyen viviendas, que la gente migrará y no habrá tantos electores. Con este argumento ridículo, Miranda pierde un diputado. Y esto se aprobó en el debate de la Asamblea ¡y punto! No se discute más: la triquiñuela se echó a andar. Pero, ¿qué podíamos esperar de un señor como Diosdado Cabello, quien es en sí mismo, él sólo, la Asamblea Nacional? Su soberbia y autoritarismo de nuevo se puso en evidencia cuando vociferó, y transcribo sus palabras: “no voy a discutir con usted ni con nadie las atribuciones que tiene el Presidente de la Asamblea Nacional. No lo voy a discutir. No hay elecciones; solo para elegir diputados parlamentarios. Ustedes, con sus dinosaurios, verán dónde los meten. Pero no será en el Parlamento Latinoamericano”. Un ejemplo de cómo se deciden las cosas en nuestro país.

Un asiduo audio participante de mi programa de radio comentó que los ciudadanos no podemos dejar sólo en manos de los partidos políticos, las ONG′s y la MUD este tema. Que todos tenemos que reclamar porque “no podemos ir a meternos ingenuamente en la boca del lobo”. Insiste en que cada uno de nosotros, como ciudadanos, debemos exigir al CNE, con todos los medios a nuestro alcance, las mejores condiciones posibles para estas elecciones -que, sospechosamente, aún no tienen fecha. ¡Qué raro! ¿No les parece? Tenemos que alzar la voz ahora, porque después no tendremos chance de quejarnos. Y en ese sentido, le concedo toda la razón. ¿A cuántos comicios hemos acudido en los últimos años, creyentes de los cambios a través de la vía electoral y democrática; pero, conscientes de que algo no está bien con el proceso ni con el ente que los organiza? Todavía está fresco el recuerdo de un Capriles sabiéndose ganador y a los pocos minutos reconociendo su derrota, en unas elecciones en la que Maduro ganó dudosamente la Presidencia, con un margen tan pequeño de ventaja, gracias a unos votos “milagrosos” que aparecieron de la nada cuando se concedió la prórroga en el horario de las votaciones, tal como lo revela el estupendo reportaje publicado recientemente en el diario ABC de España.

Y esa es la gesta que emprendió Ciudadanía Activa, con Francisco Moreno y Carlos Villasmil a la cabeza de este reclamo al que debemos sumarnos. Son veinte condiciones mínimas necesarias para que podamos depositar nuestro voto sin el acecho de la trampa y el fraude. Tenemos que exigir unas elecciones limpias y transparentes. Nosotros, como ciudadanos, sabemos lo que debemos reclamar, hemos visto lo que ha pasado en los últimos años.

Es determinante en este momento, solicitar claridad en la definición del número de diputados y circunscripciones electorales, porque es ilógico que la distribución geográfica de la población favorezca con la mayoría de los curules a Estados que tienen baja densidad poblacional y electoral. Es apremiante que tengamos un nuevo CNE, imparcial y plural, y no uno donde sus directores son una pieza del régimen. Los militares, chavistas confesos, no pueden seguir custodiando un proceso eminentemente civil. Es obligatorio exigir y divulgar públicamente la auditoría que se la haga a los cuadernos de votación y a las captahuellas. Pero, en especial, tenemos que exigir que se cumpla con la representación proporcional que establece la Constitución. Insisto, como ya lo he expresado en artículos anteriores, son muchas las exigencias que, como sociedad civil organizada, debemos hacer para poder participar en los comicios y salir de esta pesadilla en la que estamos inmersos. De lo contrario, nuestra conformidad con las imposiciones del sistema, nos hará, de nuevo, votar para perder.

@mingo_1

mingo.blanco@gmail.com