Bloque Constitucional de Venezuela

EL BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA emitió un comunicado a la opinión pública nacional e internacional para pronunciarse sobre el caso de la jueza Maria Lourdes Affiuni y la resintitucionalización del sistema de justicia venezolano.

A continuación el comunicado:

El Bloque Constitucional de Venezuela desde su constitución en el año 2015, ha tenido como propósito la defensa de la independencia del Poder Judicial y la reinstitucionalización del Sistema de Administración de Justicia; es por ello que, presenta como paradigma del requerimiento de tales propósitos, el caso de la Jueza María Lourdes Affiuni, por significar uno de los más emblemáticos de la intervención y del control por parte del régimen en el funcionamiento de dicho Poder, mediante una estrategia de intimidación y persecución hacia los jueces que no atiendan a sus órdenes, para someterlos a un régimen de terror que les impida cumplir con su función de garantizar la integridad de la Constitución mediante la protección de los derechos humanos.

En efecto,
1.- La Jueza María Lourdes Affiuni ha estado sometida desde hace nueve (9) años a un enjuiciamiento que fue solicitado públicamente por el Presidente Hugo Chávez, por el hecho de haber cumplido como Juez 31ª de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con su deber constitucional de garantizar el derecho de todo imputado de solicitar la sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad por otras menos gravosas.

2.- No conforme con la detención arbitraria, en su propio Tribunal junto con sus empleados, inmediatamente a la solicitud que hizo el prenombrado Presidente, la Jueza Affiuni fue acusada de los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento de evasión, y asociación para delinquir, por haber dictada, conforme a la ley, una medida sustitutiva de privación de libertad a favor de un procesado que el gobierno consideraba como enemigo.

3.- Una vez detenida fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes; y, aún se le mantiene bajo ilegítimas restricciones a su derecho al trabajo, a la libertad de expresión y al libre tránsito.

4.- Además la Jueza Affiuni ha sido sometida a un proceso disciplinario sin señalamiento de las faltas que se le imputan y sin que haya podido tener acceso al expediente, ni obtener copia certificada del mismo, asignándosele, de oficio un defensor público, no obstante, contar con defensa privada.

5.- El proceso a la que se sometió a la Jueza Affiuni, desde el año 2009 ha sido suspendido en diversas oportunidades, iniciándosele un segundo proceso; que se mantiene en suspenso sin celebración de audiencia alguna por más del tiempo que corresponde a la pena máxima prevista para los delitos que, de manera infundada se atribuyen a la Jueza Afiuni.

Ante los hechos descritos y las violaciones de derecho fundamentales el Bloque Constitucional de Venezuela,

DECLARA:

1.- La Jueza María Lourdes Affiuni es víctima del delito de detención arbitraria y de torturas, de delitos de lesa humanidad, conforme a lo pautado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Principios básicos de la ONU, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Convención contra la Tortura, y otros Tratos, o Penas, Crueles o Inhumanos y los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre la función de los abogados; como lo han reconocido la Red Latinoamericana de Jueces, la Comisión Internacional de Juristas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, y Amnistía Internacional.

2.- Ello califica, en sí mismo, a los órganos ejecutivos y al propio Sistema de Justicia y a sus agentes, como responsables de tales delitos, que exigen castigo, los que habrán de establecerse cuando se restablezca la institucionalidad del Estado Democrático de Derecho y de Justicia.

3.- La detención y el enjuiciamiento de la Jueza Maria Lourdes Affiuni es manifestación burda del grado de deterioro de la institucionalidad judicial del país, como un caso de la indebida interferencia política por parte del ejecutivo en el Poder Judicial y de las represalias que se llevan a cabo en contra de los jueces por ejercer sus funciones constitucionalmente garantizadas, con el propósito de socavar el Estado de Derecho y obstruir la justicia.

4. El caso de la Jueza Affiuni, ha sido considerado emblemático, por ello en el ámbito de los organismos internacionales a quienes corresponde velar por las violaciones de los derechos humanos, cada vez que se encuentran en presencia de expedientes que relatan violaciones y torturas, los califican como “Efecto Affiuni”, denotando con ello que, en este caso, se conjugan practicamente todo tipo de violaciones, tortura y afrenta a las cuales un ser humano puede ser impunemente sometido. Por ello, el caso Affiuni es, y así quedará para la historia judicial de nuestro país, como una verguenza que nos marcará para siempre, cometida por aquellos que deambulan por las masmorras en donde pueden dejar expresado con holgura abusando de su “autoridad”, el lado más obscuro del ser humano; sin embargo, como Bloque Constitucional y abogados comprometidos con el rescate del Sistema de Justicia, trabajaremos vehementemente, en borrar de nuestra historia esa mancha escabrosa y dolorosa, devolviendo a cada ser humano que viva en este país la protección del respeto por su dignidad y condición humana.

Por todo lo expuesto, el Bloque Constitucional de Venezuela reitera su exigencia del restablecimiento pleno de los derechos de la Juez Maria Lourdes Affiuni, y su compromiso firme de reinstitucionalización del Sistema de Justicia independiente y democrático, atendiendo a la restructuración y evaluación de la idoneidad de la gestión de los jueces, para sustituir el presente Sistema ideologizado y subordinado por un Poder Judicial autónomo sin el cual el Estado de Derecho es inexistente.

A través de un comunicado, el Bloque Constitucional de Venezuela se refirió a la polémica generada en torno a la aprobación del presupuesto nacional para el año 2017, y en este sentido recordó que el único ente público que está en capacidad de evaluar los aspectos técnicos (financieros y políticos) que contiene el presupuesto nacional es la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 187 número 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ignorarlo es una grave falta que genera la nulidad de los compromisos que de él nazcan y la responsabilidad civil, administrativa y penal de quienes lo hagan.

La contundente fue hecha por el exmagistrado Perkins Rocha, quien como vocero del Bloque Constitucional de Venezuela en esta oportunidad, refiere que lo que desea el presidente de la República enviando el presupuesto a una sala compuesta por 7 personas que él controla directamente, es evadir el escrutinio ciudadano.

Sobre la proposición de Nicolás Maduro de dirigirle una consulta al TSJ para que se le informe si es procedente que él, como Presidente de la República, «deba o no» presentarle a la Asamblea Nacional (AN), el Proyecto de Presupuesto que regirá el ejercicio fiscal del año 2017, en virtud de que según su consideración la Asamblea Nacional encuentra en «desacato»; el Bloque Constitucional de Venezuela aclara ante la opinión pública nacional e internacional que la «consulta» que el Ejecutivo Nacional formula al TSJ para que le aclare dudas jurídicas o vías administrativas a tomar, no existe en el ordenamiento jurídico venezolano.

”El TSJ no es órgano de consulta ni del ejecutivo nacional (como si lo es la Procuraduría General de la República o el Consejo de Estado, entre otros órganos consultivos) ni de ningún órgano de la administración pública, sea cual fuere su nivel o grado. El TSJ solo dirime conflictos y controversias en ejercicio de la función jurisdiccional o en ejercicio de su control constitucional.” refiere Rocha

En nombre del Bloque Constitucional de Venezuela, el ex magistrado Perkins Rocha insiste en que la discusión y posterior aprobación que del presupuesto nacional haga la Asamblea Nacional -una vez sea presentado ante ella por el Ejecutivo- conforma un acto legislativo complejo, que como toda ley nacional, es facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo nacional (n° 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

No hay duda alguna- recalca Rocha- que el Presupuesto Nacional, es un acto parlamentario con forma de Ley y solo lo puede dictar constitucionalmente la Asamblea Nacional. El que un órgano judicial lleve a cabo esto, es una completa desnaturalización de sus funciones, además de un claro abuso y usurpación de funciones, lo cual también conforma delito.

“Apela el Presidente Maduro, al Estado de Emergencia Económica que sobre el país pesa, como consecuencia de la declaratoria de un quinto Decreto de Emergencia que dictó de manera consecutiva el pasado 13 de septiembre (Decreto N° 2.452) y que le permite considerar que no es el Poder Legislativo actual, el órgano que debe proceder a la aprobación del presupuesto nacional. Al respecto es necesario advertir que, al margen de que las declaratorias de emergencia han sido cinco veces desaprobadas por la AN dentro de los plazos constitucionales para ello, y que dichos decretos conforman prórrogas inconstitucionales que han excedido en demasía el límite temporal de la vigencia de la emergencia en al menos doscientos cincuenta (250) días; es además cierto que, la existencia de un estado de excepción económica, jamás podría justificar el que se utilice vías alternas a las previstas formalmente, para evadir la debida actuación del Poder Legislativo como lo es dictar la Ley de Presupuesto.

Para demostrar la falsedad de ese argumento, basta con citar lo expresamente establecido por el constituyente del año 99 en el último aparte del artículo 339 de la CRBV, cuando señala que «la declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder público”.

El Bloque Constitucional de Venezuela, manifiesta a la opinión pública internacional, en particular, a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Mercado Común del Sur (Mercosur) así como a su Parlamento (Parlasur), a la Comisión Internacional de Juristas, al Parlamento Europeo, pero en especial, a la sociedad venezolana, que la verdadera razón del Presidente de la República al ejercer presión política al TSJ con esta escurridiza decisión, es la evadir el escrutinio ciudadano a través de sus legítimos representantes como lo son los diputados nacionales.

“Además de significar una equivocada ejecutoria pública: es sin lugar a dudas, una conducta altamente reprochable, y como tal, evidentemente, generadora de responsabilidad pública desde todo punto de vista, pero especialmente desde el ángulo jurídico, político y ético, que no podemos dejar de advertir por las graves consecuencias que para la estabilidad del orden constitucional ella provoca”, concluye el ex magistrado Perkins Rocha en representación del Bloque Constitucional de Venezuela.

A continuación reproducimos el pronunciamiento íntegro del Bloque:

EL BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA

A la Opinión Nacional e Internacional,

ante la decisión tomada por Nicolás Maduro de dirigir una «consulta» al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que este máximo órgano judicial del País le «informe» sobre una vía para aprobar el presupuesto de su Gobierno para el ejercicio fiscal 2017, sin necesidad de ser sometido a la discusión del Parlamento, considera oportuno y conveniente fijar su posición al respecto:

Sobre la proposición de Maduro de dirigirle una consulta al TSJ para que se le informe si es procedente que él, como Presidente de la República, «deba o no»  presentarle a la Asamblea Nacional (AN) el Proyecto de Presupuesto que regirá el ejercicio fiscal del año 2017, en virtud de que según su consideración -y como consecuencia de sentencias de la Sala Constitucional por el citadas- dicho poder legislativo se encuentra en «desacato»; dado el grave desconocimiento jurídico que tal solicitud encierra, no solo por proceder de quien se presume debe ser el funcionario de mayor nivel administrativo que debe estar más interesado en cumplir con las normas que informan la materia pública, sino además por comprometer políticamente la actuación de otro poder público como el judicial; consideramos necesario ante la opinión pública, manifestar lo siguiente:

Primero: La «consulta» que el Ejecutivo Nacional formula al TSJ para que le aclare dudas jurídicas o vías administrativas a tomar, no existe en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. El TSJ no es órgano de consulta ni del ejecutivo nacional (como si lo es la Procuraduría General de la República o el Consejo de Estado, entre otros órganos consultivos) ni de ningún órgano de la administración pública, sea cual fuere su nivel o grado. El TSJ solo dirime conflictos y controversias en ejercicio de función jurisdiccional o en ejercicio de su control constitucional;

Segundo: El TSJ, en Sala Constitucional, solo puede resolver omisiones de actos autorizatorios o ablatorios, donde la administración pública omita un pronunciamiento en el que deba negar o aprobar algo, así como, declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, » (…) o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección (…)», todo de conformidad con el numeral 7º del artículo 336 de nuestro máximo texto normativo. De ahí que, la omisión no convierte al Juez en legislador,  y resulta que, la discusión y posterior aprobación  que del presupuesto nacional haga la Asamblea Nacional -una vez sea presentado a ella el proyecto por el Ejecutivo- conforma un acto legislativo, que como toda ley nacional, es facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo nacional (n° 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). No hay duda alguna: el Presupuesto Nacional, es un acto parlamentario con forma de Ley y solo lo puede dictar constitucionalmente la Asamblea Nacional;

Tercero: Como acto legislativo complejo, la aprobación del Presupuesto Nacional implica necesariamente la revisión de múltiples aspectos financieros y presupuestarios, los cuales embargan esfuerzos técnicos que no sólo no son de la competencia del Poder Judicial sino para los que el TSJ carece de la formación especializada para atenderlos. El juez constitucional, con ocasión de una omisión, solo podría autorizar -previa y exclusivamente mientras el poder legislativo se pronuncia-  la ocurrencia de un acto o un hecho, pero nunca legislar sobre el presupuesto. La aprobación presupuestaria (dicho de manera sencilla) es el resultado expresado mediante la forma de ley, de una minuciosa revisión técnica de la proposición administrativa que de un gasto previsto hace el ejecutivo en relación a unas determinadas metas políticas. El único ente público que está en capacidad de evaluar estos dos aspectos técnicos (el financiero y el político) es la Asamblea Nacional. El que un órgano jurisdiccional lleve a cabo esto, es una completa desnaturalización de sus funciones, además de un claro abuso y usurpación de funciones, lo cual también conforma delito;

Cuarto: En la alocución que por cadena nacional realizó el Presidente, pretendiendo justificar ante la colectividad la razón por la cual consideraba que a «su» presupuesto (Sic.) un órgano distinto a la Asamblea Nacional,  debía impartirle aprobación, mencionaba de manera especial, la grave situación que rodea las finanzas públicas con motivo de la supuesta Guerra Económica que -según su parecer- se encuentra enfrentando su gobierno. Al respecto, menciono que el Estado de Emergencia Económica, que sobre el país pesa, como consecuencia de la declaratoria de un Decreto de Emergencia que el dictó -por cierto, el quinto (5to.) de manera consecutiva- el pasado trece (13) de septiembre (Decreto N° 2.452), le permite considerar que no es el Poder Legislativo actual el órgano que debe proceder a la aprobación del presupuesto nacional.  Al respecto es necesario advertir que, al margen de que tales declaratorias de emergencia han sido desaprobadas por la AN dentro de los plazos constitucionales para ello, y de que  tal como lo ha afirmado un calificado sector de nuestra comunidad jurídica patria, estos cinco Decretos conforman prórrogas inconstitucionales que han excedido en demasía el límite temporal de la vigencia de la emergencia en al menos doscientos cincuenta (250) días; es además cierto que, la existencia de un estado de excepción económica, jamás podría justificar el que se utilice vías alternas a las previstas formalmente, para evadir la debida actuación del Poder Legislativo en la producción de un acto propio de su esencia como lo es dictar la Ley de Presupuesto. Para fundamentar tal aserto, basta con citar lo expresamente establecido por el constituyente del 99 en el último aparte del artículo 339 del supremo texto, cuando señala «La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público».

 

En conclusión, es el deseo del Bloque Constitucional de Venezuela, por las razones anteriores, manifestarle a la Opinión Pública Internacional, en particular, a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Mercado Común del Sur (Mercosur) así como a su Parlamento (Parlasur), a la Comisión Internacional de Juristas, al Parlamento Europeo, pero en especial, a la sociedad venezolana que, al ejercer presión política al máximo órgano judicial del país como lo ha hecho el Presidente de la República, prevalido del poder de los medios de comunicación que tiene a su disposición para generar una matriz de opinión errada, que permita evadir no solo el examen técnico presupuestario que de manera pública está obligado a darle la Asamblea Nacional a su proyecto de gastos de gobierno, sino -lo que consideramos la verdadera razón de su  escurridiza decisión- evadir el escrutinio ciudadano a través de sus legítimos representantes -como lo son los Diputados nacionales- es algo más que una equivocada ejecutoria pública: es sin lugar a dudas, una conducta altamente reprochable, y como tal, evidentemente, generadora de responsabilidad pública, desde todo punto de vista, pero especialmente desde el ángulo jurídico, político y ético, que no podemos dejar de advertir, por las graves consecuencias que para la estabilidad del orden constitucional ella provoca. se advierte a la opinión internacional, especialmente la OEA, Mercosur y el Parlasur, así como a la Comisión Internacional de Juristas y al Parlamento Europeo

En Caracas, a los seis (06) días del mes de Octubre del año 2016.-

Por el Bloque Constitucional de Venezuela:

Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Aníbal Rueda, Jorge Rosell Senhenn, Blanca Rosa Mármol, José Peña Solis, Alberto Arteaga Sánchez, Pedro Rondón Haz, Julio Elías Mayaudón, Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Miguel Ángel Martín, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rene Molina Galicia, Rodrigo Rivera Morales, Rubén Pérez Silva, Alejandro Canónico, Iván Pérez Rueda, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Gustavo Briceño, Marcos Solis Saldivia, Mariana León Mármol, José Ignacio Hernández, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, Clara Inés Valecillos. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Rombet Camperos (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilme Pereira (Falcón), Mary de Muguesa (Guárico), Enrique Romero (Lara), Eliseo Moreno (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), José Neira (Táchira), Mario Torres (Zulia).

Coordinación Ejecutiva: Miguel Ángel Martín, Perkins Rocha y Juan Carlos Apitz.

El Bloque Constitucional de Venezuela señala que la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y en especial de la Sala Constitucional se ha perdido, al dictar el pasado 19 de agosto un amparo cautelar donde pretende suspender sesiones de la Asamblea Nacional, dos del mes de abril y cinco del mes de mayo de 2016.

La agrupación de destacados juristas venezolanos recuerda la manera irregular como fueron designados los magistrados que lo integran; además de las decisiones jurisdiccionales que han tomado pretenden usurpar funciones y desconocer la nueva mayoría de la AN.

Agregan que “Estas sentencias de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional han sido dictadas para impedir que la AN ejerza el control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional y concentrar todo el poder público en el Presidente de la República”.

La comunicación está firmada por personalidades como Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, BlancaRosa Mármol, Alberto Arteaga Sánchez, Pedro Rondón Haas, Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Miguel Ángel Martín, Carlos Ayala Corao, entre otros destacados especialistas del derecho; así como por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los Presidentes de Colegios de Abogados del país.

Recuerdan también que a los magistrados designados “express”, les fueron anuladas sus designaciones por el parlamento, y están actuando al margen de la Constitución por incurrir en “usurpación de funciones”, delito grave contra la nación que los hace acreedores de la responsabilidad individual según el artículo 139 de la Constitución.  

El Poder Ciudadano Pierde la Moral

El Bloque Constitucional de Venezuela recuerda que procedió el 2 de febrero pasado a  denunciar ante el Poder Ciudadano las faltas graves cometidas por jueces que integran la Sala Electoral del TSJ, cuando en sentencia del 30 de diciembre de 2015, suspenden actos del Consejo Nacional Electoral, ya cumplidos, de totalización, adjudicación y proclamación, de diputados electos por el Estado Amazonas en las elecciones parlamentarias del 6 D.

Posteriormente el Poder Ciudadano, en una inédita decisión del 5 de mayo, notificada el 28 de julio, declara que “no es su competencia, por considerar que el error judicial solo puede ser reparado por el Tribunal Supremo de Justicia; violando su propio mandato para declarar las faltas graves en que incurran los magistrados según lo ordena el artículo 265 Constitucional”.

Esta decisión inmoral faculta al poder Legislativo a asumir la competencia de remover a estos magistrados, por las faltas graves denunciadas.

Concluyen los especialistas citados: “La Asamblea Nacional está obligada a desconocer a la Sala Constitucional y debe acometer las designaciones de todos los magistrados cuyas designaciones han sido anuladas, y así reestructurar todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, asegurando … se respete el Estado de derecho en Venezuela”.

Jueces y Magistrados eméritos del Poder Judicial, profesores universitarios en cátedras de derecho, Presidentes de Colegios de Abogados del país así como otros profesionales del Derecho, buscan «rescatar el Estado de Derecho en Venezuela» a través de la creación del Bloque Constitucional de Venezuela.

En el primer manifiesto de este Bloque, sus integrantes  fijan posición frente a los atropellos «que en contra de la soberanía popular libremente manifestada el 6 de diciembre pasado, pretende ejecutar y ejecuta  -judicial y materialmente- un sector político ligado directamente al gobierno nacional», explican. En este sentido, el Bloque Constitucional de Venezuela, convoca a la defensa de la «representación del pueblo venezolano ante los organismos nacionales e internacionales comprometidos con la vigencia del Estado democrático de Derecho», a rechazar y denunciar toda forma autocrática del ejercicio del poder público y de la destrucción de su institucionalidad civil.

Este grupo refiere, explican en un comunicado, la urgente necesidad de restablecer la institucionalidad democrática del Estado de Derecho mediante la defensa del poder legítimo originario representado en el Poder Legislativo Nacional elegido el 6 de diciembre de 2015, rescatar el principio de la independencia de los poderes públicos, principalmente del Poder Judicial, destacar la importancia que tiene la Fuerza Armada Nacional de estar sujeta a la supremacía de la Constitución, denunciar los actos hostiles que amenacen u obstaculicen el ejercicio democrático del poder del Estado y proponer la reorganización y restructuración del sistema de justicia y la despolitización de los tribunales, del ministerio público, entre otras instituciones que integran el sistema de justicia, la renovación del poder electoral, del poder ciudadano y velar por la correcta elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.

Entre quienes integran el Bloque Constitucional de Venezuela, se encuentran  los magistrados eméritos, Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Aníbal Rueda, Jorge Rosell Senhenn, Blanca Rosa Mármol, Antonio Ramírez Jiménez, Pedro Rondón Haz, Julio Elías Mayaudón, los miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Alberto Arteaga Sánchez, Ramón Escovar León, Rafael Badell Madrid, los Magistrados de la Corte de lo Contencioso Administrativo y Juez Superior: Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Miguel Angel Martin, los presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela y la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y destacados profesores universitarios de derecho, de las distintas universidades nacionales.

*Con información de nota de prensa