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Asociación de Clínicas y Hospitales de Venezuela

Gobierno solo liquidó 11,3% de las exigencias de divisas del sector salud

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«Este año ha sido terrible para la operatividad de las clínicas privadas. Ha desmejorado la calidad del servicio, la atención a los pacientes, la eficacia y la eficiencia por cuatro factores que siguen mermando el funcionamiento», aseguró Cristino García, director de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales.

El primer factor tiene que ver con la liquidación de solo 11,3% del requerimiento de divisas del sector salud. Este año se hizo una liquidación de divisas por 113 millones de dólares, en octubre. Sin embargo, se necesita un millardo para funcionar.

La prolongada demora del gobierno en la liquidación de divisas generó el cierre de las líneas de crédito y la suspensión de los despachos. García señaló que la situación es la causa de la escasez de materiales. Advirtió que 92,3% de los insumos que se requieren para prestar los servicios de salud son importados, de allí que esté comprometida la eficiente atención a los pacientes.

Aclaró que al agotarse los inventarios indispensables para algunas áreas han tenido que recurrir a importaciones a dólar libre para continuar prestando los servicios. Precisó que la deuda con los proveedores extranjeros este año totaliza 363 millones de dólares por concepto de adquisición de insumos, materiales y equipos.

El segundo factor que afecta el desempeño de los centros de salud es la regulación de las tarifas. Garcia dijo que por disposición de la Providencia 294, desde 2013 se mantienen los mismos precios de los servicios de hospitalización, área quirúrgica, emergencia y terapia intensiva sin que se considere la cambiante estructura de costos en un país altamente inflacionario. “No reconocen que la inflación y la devaluación impactan en la operatividad del sector”.

El tercer factor que ha incidido en la merma de la calidad de la atención es la Ley Orgánica del Trabajo, afirmó García. La legislación establece la obligatoriedad de otorgar dos días libres consecutivos a los trabajadores, lo que ocasionó que las clínicas tuvieran que contratar otro turno para seguir trabajando las 24 horas del día durante los 365 días del año.

El directivo señaló que se encareció la prestación del servicio y esto no se reconoce porque los precios están regulados y las clínicas no cuentan con los recursos para asumir los pasivos laborales de estos trabajadores.

Sin embargo, no hay suficientes profesionales de la enfermería para complementar el cuarto turno en las 273 clínicas que funcionan en el país. Así, una enfermera graduada pasó de atender a 4 pacientes a 10. En estas circunstancias la calidad de la atención no puede ser la misma, aseveró.

El cuarto factor es la deuda del sector público y las aseguradoras privadas. García detallo que los organismos públicos le deben a los centros privados de salud 2,3 millardos de bolívares. A lo que se suma 830 millones que les adeudan los seguros privados. “De las 236 clínicas afiliadas al gremio, 190 tienen sus balances contables en cero o en rojo”.

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El Gobierno de Venezuela estrecha el cerco sobre las empresas privadas

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El doctor Carlos Rosales, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Venezuela, alertó en una entrevista en un canal de televisión local sobre la poca disponibilidad de insumos y equipos médicos. “Hay entre un 60% y un 70% de escasez de medicamentos y la mitad de los equipos están paralizados por falta de repuestos. Los pacientes con enfermedades crónicas no están cumpliendo con el tratamiento prescrito y corren el riesgo de presentar complicaciones”, advirtió el miércoles pasado. Dos días después, fue detenido por elServicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en su residencia de Valencia, en el centro del país, para que explicara sus declaraciones. La policía política venezolana le pidió que no usara expresiones “que pudieran causar alarma entre la población”. Más tarde fue liberado.

En algún momento se temió que Rosales corriera la misma suerte que Pedro Luis Angarita, presidente ejecutivo de Farmatodo, la empresa de farmacias más conocida del país, con más de 160 establecimientos, y de Manuel Morales, director de los supermercados Día a Día, que fue detenido por la policía política a las puertas del palacio presidencial de Miraflores, después de salir de una reunión con el ministro de Alimentación Carlos Osorio. Ambos se enfrentan a cargos por boicot y desestabilización de la economía. Según la Ley Orgánica de Precios Justos, podrían ser condenados a dos años de cárcel.

Los tres casos confirman que el régimen venezolano está trasladando a la empresa privada la responsabilidad de la escasez y la carestía, que acogota desde hace año y medio a todos los venezolanos. “Los empresarios ahora engrosarán la lista de presos políticos de este Gobierno», afirmó Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, la federación que agrupa a los gremios de patronos en Venezuela, en su cuenta de Twitter.

Después de un inicio de año crítico, el Gobierno está decidido a atacar no las causas, sino a las consecuencias del modelo económico. Lo más visible son las enormes filas que se forman fuera de los locales en los que se venden productos subsidiados que se importan o producen cada vez en menor cantidad. La batida iniciada por la Administración del sucesor de Chávez pretende eliminar las colas acusando a los comercios de generarlas con el objetivo último de derrocarlo.

El chavismo no solo elabora leyes sobre la marcha para castigar a lo que llama “la burguesía apátrida”, encarnada por el empresariado que busca maximizar sus ganancias. Para tratar de mantener el menguado valor del bolívar, la moneda venezolana, quiere obligar al empresariado a vender a precios regulados sin tomar en cuenta la inflación, que en un año alcanzó el 63%.

En ese afán de encontrar a un responsable le ha tocado el turno al Supermercado Día a Día, una cadena de 35 pequeñas tiendas en 16 ciudades y siete provincias de Venezuela, que atiende desde 2005 a los sectores populares del país vendiendo productos de la cesta básica en pequeñas presentaciones. Se trata de una poderosa idea que se desarrollaron el hoy detenido Morales y su socio José Vicente Aguerrevere durante el apogeo del chavismo, después de entender que en América Latina los canales informales de distribución dominan entre el 60% y el 70% del mercado. “El pobre siempre compra dentro de su comunidad”, afirma Aguerrevere desde Estados Unidos.

A Aguerrevere le cuesta entender cómo acusan a su socio de boicotear la economía si el Gobierno autoriza los despachos hacia sus tiendas a través del sistema SICA, un mecanismo mediante el cual el Gobierno conoce desde hace varios años en tiempo real el movimiento, las cantidades y los tipos de productos que entran y salen del almacén de la zona industrial de La Yaguara, en el oeste de Caracas. “Nuestro inventario va en consonancia con la política de reposición de productos que tenemos. Las tiendas son pequeñas y es normal que en nuestro almacén estén la mayoría de los productos. Además, ¿con qué fin vamos a acapararlos si el 70% de lo que vendemos está regulado y el precio de venta justo ya viene impreso en la presentación?”, se pregunta.

El presidente Maduro ha ordenado que la red estatal Pdval asuma el control del abastecimiento del supermercado Día a Día, sin precisar si esta ha sido expropiada u ocupada de forma temporal. La ocupación de la cadena pone nuevamente de relieve la difusa línea que existe entre acaparamiento e inventario. Para huir hacia adelante el régimen está sacando rédito de esta indefinición.