alejandro rebolledo

@arebolledo1

Las señales de alerta son la revelación o muestra de  las conductas particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan  sus operaciones, y que pueden encubrir operaciones de lavado de dinero.

Algunas  de señales de alerta son:

Señales de alerta frente al perfil del cliente

– Operaciones que no se correspondan con la capacidad económica del cliente.

– Operaciones que, aisladas o vinculadas, escapan al perfil previsible o ya definido del cliente.

– Una persona, sin fundamento ni soporte alguno, aparece como dueño de importantes negocios.

– El cliente ofrece pagar grandes comisiones, sin justificativo legal y lógico.

– Cambio de propietarios y el historial de los nuevos dueños no es consistente con la naturaleza del negocio del cliente, o los nuevos dueños están reacios a proporcionar información personal o financiera.

– Cuentas que muestran elevadas transacciones de efectivo para negocios que generalmente no manejan grandes sumas de dinero en efectivo.

– Realización de varios depósitos el mismo día en diferentes oficinas de la misma entidad financiera, en forma inusual. No se corresponde con el comportamiento habitual del cliente.

– Transferencias electrónicas, sin aparente razón comercial, ni consistencia con los negocios habituales del cliente.

Operaciones que configuran señales de alerta

– Cuentas cuya dirección para envío de correspondencia y estados de cuenta están fuera del país, o utilizan casillas de correo o son recogidos en la sede del banco.

– Constantes depósitos de grandes sumas de dinero en efectivo envueltas en bandas de papel de otros bancos.

– Depositar dinero en efectivo con billetes sucios o mohosos.

– Incrementos en la cantidad de dinero en efectivo manejado sin que se presente el incremento respectivo en el número de transacciones reportadas.

– Incrementos grandes en el uso de billetes de denominaciones pequeñas y una disminución en el uso de billetes de altas denominaciones, sin que se hayan registrado reportes de transacciones.

– Operaciones fraccionadas para eludir normas u obligaciones de reporte.

– Operaciones mediante compañías domiciliadas en los sitios denominados «paraísos fiscales» o en regiones o países calificados como «no cooperantes».

– Débitos a cuentas para efectuar transferencias a través de instituciones financieras ubicadas en países de alto riesgo.

– Depósitos y retiros de fondos de cuentas corporativas o empresariales, que se hacen principalmente en dinero en efectivo, en vez de cheques.

Señales de alerta relacionadas con la información de los clientes

– Empresas que se abstienen de proporcionar información completa sobre su actividad principal, referencias bancarias, localización, nombre de empleados y directores, entre otros datos.

– Rehusar dar información para calificación en el otorgamiento de créditos u otros servicios financieros.

– Rehusar informar sobre sus antecedentes personales, al abrir una cuenta o solicitar cualquier servicio.

– Pretender establecer una cuenta o solicitar un servicio sin referencias y dirección, sin documento de identificación (pasaporte,  cédula de identidad o licencia) o rehusar facilitar otro tipo de información que la entidad financiera solicita para la apertura de la cuenta.

– Clientes que presentan identificaciones inusuales, que la entidad no puede verificar.

– Clientes cuyo teléfono se encuentra desconectado, o el número telefónico al momento de efectuar la llamada de verificación, no concuerda con la información inicialmente suministrada.

– Solicitudes que no incluyen referencias laborales sobre empleos anteriores o actuales.

– Clientes que no incluyen referencias laborales sobre trabajos pasados o presentes, pero realizan frecuentemente grandes operaciones.

– Rehúsan facilitar la información sobre su actividad o no proporcionar los estados financieros.

Señales de alertas con empleados

– Empleados con un estilo de vida que no se corresponde con el monto de su salario.

– Empleados renuentes a disfrutar vacaciones.

– Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no continuar ejecutando las mismas actividades.

– Empleados que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora de cierre o concurren a ella por fuera del horario habitual.

– Empleados con frecuentes e injustificadas ausencias del lugar de trabajo.

– Empleados que impiden que otros compañeros de trabajo atiendan a determinados clientes.

Hay que tener en cuenta que no todas las operaciones que presentan comportamientos atípicos e inusuales son ilegales. Por esa razón, el hecho de identificar señales de alerta no significa que la operación deba ser reportada de manera inmediata y automática a las autoridades como sospechosa.

Las  señales de alerta se identifican por el conocimiento que se tiene de los métodos de legitimación de capitales. Así existen indicadores  que son comunes a todas las instituciones y otras señales particulares para algunas, dependiendo del riesgo y el negocio que manejen.

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@arebolledo1

Frecuentemente el venezolano se pregunta si es posible recuperar los bienes saqueados producto de la corrupción pública en el país. Siente impotencia, incredulidad, no consigue respuestas a infinidad de preguntas. Cómo es posible que se restrinja la adquisición de divisas, y que el ciudadano se vea impedido porque el mismo Estado no tiene la liquidez para proveerlas.

Existen mecanismos, providencias, reglamentos y organismos pero las divisas no aparecen. Y por si fuera poco, los operadores cambiarios autorizados ahora serán solo los de la banca pública. No podemos dejar de pensar en los casos del Bandes y del Banco del Tesoro que terminaron en grandes escándalos de corrupción y legitimación de capitales.

Y ahora, casi a diario nos sorprende un escándalo que revela cómo se robaron el dinero de Venezuela. Aparecen cuentas en varias partes del mundo de autores, testaferros, cómplices y encubridores. El venezolano ha perdido la capacidad de asombro, con respecto a las cifras.

Cada caso de legitimación de capitales en que se ven involucrados venezolanos son fortunas incalculables. Sujetos que se pavonean por las calles del mundo, incluyendo Caracas, hacen vida en los clubes sociales luciendo sus excentricidades, como si no fuera con ellos.

Una de las primeras consideraciones a tener en cuenta en un caso de recuperación de activos es desarrollar una estrategia efectiva para la recopilación de información de inteligencia, pruebas y rastreo de activos; además de enjuiciamiento penal nacional y confiscación. Todo esto seguido de una solicitud de Asistencia Legal Mutua para hacer cumplir las órdenes en las jurisdicciones extranjeras.

Por eso es indispensable el bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias, así como la clausura preventiva de cualquier local, establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno o industria vinculada a las personas involucradas. Además, paralelamente se debe mantener comunicación e intercambio de información con las instituciones gubernamentales de otros países, a los fines de investigar y procesar casos provenientes de los delitos de delincuencia organizada.

Cabe destacar que cuando un funcionario participa de cualquier manera en la comisión de los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, además de la pena impuesta de acuerdo con su responsabilidad penal, se le aplicará como pena accesoria la destitución, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley, y quedará impedido para ejercer funciones públicas o suscribir contratos con el Estado por un período de uno a quince años después de cumplir la pena.

Nos tocó ser asesor de la comisión especial que investigó el lavado de dólares y la corrupción del sistema financiero en Venezuela  en el extinto Congreso de la República y, en esa oportunidad, trajimos para Venezuela 5 kilos de documentos del expresidente Carlos Andrés Pérez y de su compañera Cecilia Matos, quienes tenían cuentas en el BCCI de las Islas Caimán. Ese dinero fue posteriormente transferido al Chase Manhattan Bank de New York, y en ese momento se hablaba de 20 millones de dólares aproximadamente, cifra hoy día risible pero nunca justificable.

No me cabe la menor duda de que es posible lograr el objetivo de recuperar los bienes que sacaron los sujetos dedicados a lavar dinero, los testaferros y corruptos de oficio. Les explico que en el caso de Vladimiro Montesinos, asesor personal del expresidente de Perú Alberto Fujimori, fue filmado cuando sobornaba a un congresista electo de la oposición en septiembre de 2000. Se rastrearon los fondos en varias jurisdicciones, incluyendo las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza y Estados Unidos. Finalmente, más de 250 millones de dólares fueron recuperados de Suiza y de Estados Unidos, así como de bancos locales en Perú.

Otro caso resaltante es el de expresidente de Zambia Frederick Chiluba y sus socios durante el período 1991-2001. En 2002 se creó un grupo de trabajo en Zambia para investigar las acusaciones de corrupción. El Alto Tribunal de Londres encontró pruebas suficientes que revelaban la transferencia de aproximadamente 52 millones de dólares desde Zambia hacia una cuenta bancaria operativa al margen de los asuntos del gobierno, la «cuenta Zamtrop», que era mantenida en el Zambia Commercial Bank de Londres.

En el año 2005, se logró recuperar 17,7 millones de dólares de Pedro Salomón Diepreye Alamieyeseigha, exgobernador del Estado de Bayelsa, Nigeria. Se hicieron procedimientos locales y en colaboración con las autoridades de Sudáfrica y del Reino Unido.

Es posible lograrlo estamos seguros que seguirán apareciendo casos y cada detalle de ellos nos irá dando pruebas sobre los procesos venezolanos y quiénes son los responsables de los mismos.

La única soberanía que ha tocado el gobierno de EE UU es la de las cuentas de los chavistas en el exterior. Los expertos Mildred Camero, Thays Peñalver y Alejandro Rebolledo explican qué hay detrás del decreto de Barack Obama, cómo se relaciona con las intervenciones de bancos que lavaban dinero, y con la lucha contra el narcotráfico

@ronnarisquez

LA INVASIÓN YA COMENZÓ. Las “cabezas de playa” instaladas por los gringos contra Venezuela —por ahora— están en Andorra, Madrid, Panamá, Suiza y República Dominicana. No se ha disparado un solo misil, pero algunos funcionarios, empresarios y militares chavistas comienzan a sentir el desangre de sus finanzas.

La única soberanía mancillada por Estados Unidos está en las cuentas de oficialistas, celosamente resguardadas en bancos de pequeños “paraísos” fiscales, como Andorra. Allí fueron acumulando, con dedicación y constancia, grandes cantidades de patria, transformadas en dólares y euros luego de un engorroso proceso de lavado de capitales, siempre orientado a burlar la injerencia imperialista.

El objetivo del gobierno de Barack Obama, con las sanciones a 7 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y la declaración de Venezuela como “amenaza”, no es el petróleo. Ni el territorio venezolano, ni las bases militares, ni muchos menos los habitantes de esta nación suramericana que no tiene ni papel tualet. Lo que está en la mira son las cuentas de colaboradores y dirigentes de los dos gobiernos “revolucionarios” de los últimos 16 años, alimentadas con dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico.

Las razones las explican con detalle Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) y ex juez; Thays Peñalver, abogada e investigadora; y Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales. Aseguran que no existe ninguna intención bélica en el decreto de Washington, lo que intentan los norteamericanos es “proteger su sistema financiero y sus instituciones” del dinero “sucio” que sale de Venezuela. La estrategia estadounidense no es solo contra violadores de Derechos Humanos, sino también contra los corruptos.

1. ¿En qué consisten las sanciones del presidente Barack Obama contra funcionarios Venezolanos?

Las sanciones en este caso son contra 7 funcionarios del gobierno venezolano que fueron incluidos en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos). Esta lista está compuesta principalmente por nombres de personas vinculadas con la delincuencia organizada, como tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y fraudes. Estas personas no pueden entrar a Estados Unidos y sus activos en ese país fueron congelados.

“Para llegar a esa lista tienes que estar vinculado a algún delito, que permite que el gobierno de Estados Unidos tome esa medida”, explicó Mildred Camero, quien fue presidenta de la Conacuid, y está familiarizada con este tipo de sanciones frecuentemente aplicadas a los traficantes de drogas.

Thays Peñalver tipifica las formas del castigo y refiere en qué normativa se sustenta: “Obama actúa en este caso fundamentado en la Ley de Sanciones y en la Ley de Emergencia Internacional, que todos los países conocen. Las sanciones son administrativas, no son judiciales y están referidas a personas específicas. También son sanciones administrativas basadas en las leyes de emergencia financiera y antilavado de dinero”.

En este caso la sanciones afectan a quienes violen los Derechos Humanos en Venezuela. “A personalidades políticas, policiales, militares y civiles que las perpetraron, pero también a quienes ordenan o dirigen los arrestos y los juicios. Es decir, que se aplicará a policías, jueces y fiscales que emprendieron juicios relacionados con violaciones a los DD HH. Se puede sancionar empresas que vendan material de represión a Venezuela, pasando por intermediarios venezolanos, internacionales o nacionales incluidos bancos”, precisó la abogada Peñalver.

Camero no tiene dudas de que, con las sanciones, EE UU busca resguardar su economía y sus instituciones, pero no con acciones bélicas. “Esta es una medida de protección al sistema financiero que cada país puede tomar. Está basada en acuerdos y tratados internacionales que seguramente algún funcionario del gobierno venezolano firmó en su momento, y que quizás ahora no recuerda”.

2. ¿Las sanciones del gobierno de EE UU violan la soberanía venezolana?

“No. La seguridad de un país no se limita al espacio físico o a la soberanía. Ese concepto de soberanía se perdió con los delitos transnacionales, como el lavado de dinero. Este concepto ahora va más allá, y esta referido a las medidas que puedes tomar como país para evitar que utilicen tus instituciones en alguna actividad criminal”, explicó Mildred Camero, ex presidenta de Conacuid, con amplia experiencia en investigación de transacciones relacionadas con blanqueo de capitales.

3. ¿Las sanciones aplicadas a los funcionarios venezolanos por el gobierno de EE UU son solo por violación de DD HH?

“Las sanciones de Ley eran por Violaciones a los Derechos Humanos, pero Obama amplió la Ley para abarcar a los corruptos. De acuerdo a las palabras del director de la OFAC, esto les dio flexibilidad para señalar a los corruptos, sus familiares, entorno y testaferros. La estrategia de cerco estadounidense no es solo contra un grupo de violadores de Derechos Humanos, sino también contra los corruptos”, dijo Thays Peñalver, quien es columnista de El Mundo de España y El Nacional.

Camero coincide: “No son solo por violación de derechos humanos. También son por corrupción, y cuidado si no son también por lavado de dinero. Uno de los funcionarios sancionados tendría una empresa de químicos (utilizados para procesar droga) y otra persona sancionada tiene empresas a su nombre y al parecer es testaferro de otros funcionarios”.

4. ¿Qué son el Gafi, la lista OFAC y el FinCEN?

El GAFI (O FATF en Inglés) es el Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero. Se trata de una institución intergubernamental encargada de desarrollar políticas y estándares comunes que ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Gracias al GAFI, existen 40 normas o estándares comunes, y entre estas todos los países tienen como objetivo común crear sus unidades de Inteligencia Financiera, como es el caso de Venezuela o de Andorra que tienen sus “Unidad de Inteligencia Financiera” y en el caso de EE UU tiene al FinCEN que es una red enorme encargada de velar por el antilavado de dinero en la banca estadounidense, describió Thays Peñalver.

Peñalver explicó que el FinCEN, tiene una “organización hermana” llamada OFAC que significa Oficina para el Control de Activos Extranjeros”, que es la encargada de monitorear, los fondos y propiedades de extranjeros dentro del territorio estadounidense. Cuando el presidente de Estados Unidos genera unas sanciones internacionales, el FinCEN puede señalar a determinado banco extranjero que pueda ser un peligro potencial en la banca local y en el caso de que algún extranjero sea señalado, es la OFAC la encargada de colocarlo en una lista llamada lista OFAC (también apodada Lista Clinton).

5. ¿Qué implicaciones tienen las sanciones de Obama?

“Estas son medidas graves con repercusiones a nivel mundial porque permiten sancionar también a cualquier persona o institución de cualquier Estado que tenga relación con alguien que fue incluido en la lista Ofac. No permite que ningún banco se relacione con esa persona. Todo aquel que tenga relación comercial con una persona que aparezca en la lista Ofac no puede tener relación comercial o política con Estados Unidos”, dijo Mildred Camero. Esta es una forma de aislamiento para quien ingrese en esa lista “negra”.

Peñalver considera que el éxito de las sanciones debe medirse con base a las experiencias previas y a los actores. “Las sanciones no deben empeorar la situación que se supone deben corregir. En estos momentos EE UU tiene las mismas sanciones sobre los generales Hugo Carvajal, Cliver Alcalá Cordones, Henry Rangel Silva, el capitán Ramón Rodríguez Chacín y Freddy Bernal. Habría que preguntarse si han servido para que el gobierno bajara un poco su actitud o por el contrario si profundizó aún más sus posturas radicales. Entonces la gran implicación interna es precisamente la radicalización del modelo. Con un gobierno revolucionario que va a utilizar esto como excusa para avanzar y radicalizar su modelo. Hay diferencias entre sancionar a un grupo escarmentable y a otro que no lo es. Si usted sanciona a Boko Haram (el grupo extremista nigeriano) no solo se sentirá poderoso sino que atraerá a cuanto revolucionario tercermundista exista en el planeta”.

Otro aspecto que debe observarse está referido a las implicaciones legales dentro de la política interna estadounidense. “Si Venezuela es una amenaza ¿por qué seguir negociando y comprando petróleo?”, indicó Peñalver, quien agregó que no se puede perder de vista que hay dos investigaciones que van en paralelo y que no hay que descuidar: La de la DEA y la del FinCEN. “Todo indica que viene una sorpresa enorme por como el director de la OFAC explicó sobre la Ley Kingpin (ley que congela los activos de los narcotraficantes en EE UU) y eso legalmente puede tener unas implicaciones aún más serias que las actuales”, acotó la abogada.

6. ¿En qué consiste la amenaza de Venezuela a EE UU?

“La explosión del FinCEN arrastra otra serie de bancos que están teniendo negocios con Andorra. Los cuatro bancos de EE UU que actuaban como corresponsalías también son arrastrados por la investigación del FinCEN. Por eso cuando se habla de amenaza, el gobierno de Barack Obama se refiere a la amenaza que representa ese dinero que está entrando producto de la corrupción pública al sistema financiero norteamericano. Es sumamente grave, porque se dice que por el sistema de EE UU pasaron más de 50 millones de dólares”, explicó Alejandro Rebolledo.

Camero, experta en investigaciones sobre tráfico de drogas, agrega: “Por ejemplo, hay zonas consideradas de alto riesgo porque se lava dinero o se financia el terrorismo, y la ONU permite que los gobiernos se protejan de eso con una serie de leyes. En el caso de Venezuela hay operaciones que son de alto riesgo porque es un país de paso de drogas”.

7. ¿Hay alguna relación entre las sanciones aplicadas por el gobierno de EE UU a 7 funcionarios venezolanos y la intervención de la Banca Privada de Andorra (Banco de Madrid y Panamá)? ¿Es casual que ambas acciones coincidieran?

“Es evidente que no se trata de una casualidad. Sin duda que hay conexión entre una y otra actuación”, aseguró Thays Peñalver. Aunque tiene presente que no hay un nexo legal ni oficial entre ambas acciones.

La abogada recordó lo dicho en la audiencia del Senado por John Smith, director de la OFAC y representante del Departamento del Tesoro de Estados Unidos: “En todas las acciones que hemos llevado, hemos notificado con anterioridad a nuestros aliados en otros países, para que sepan que lo vamos a hacer. Se trata de una acción coordinada entre España y Estados Unidos”.

Peñalver explicó que los casos en España de Gennadi Petrov (Operación Avispa), Gai Ping (Operación Emperador) y el caso de Andrei Petrov (Operación Clotilde) ya eran investigados desde 2008, 2010 y 2012 por la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE UU. Y todos los implicados ya están en la cárcel.

La experta recordó que inclusó a María Cosan, directora del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), le pareció extraño que todos los casos que el FinCEN relaciona con BPA ya están judicializados, y que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra ya estaba actuando. “En mi opinión, el caso más importante del Fincen sobre la Banca Privada de Andorra es Venezuela y es la razón por la que el FinCEN ha intervenido justo ahora», indicó Peñalver.

Alejandro Rebolledo, abogado y experto en investigación sobre legitimación de capitales, tiene otra posición. “Las sanciones no tienen nada que ver con el tema de corrupción de Andorra. Una cosa no tiene que ver con la otra. En el caso de la Banca de Andorra y el Banco Madrid se trata de una investigación que llevaban en paralelo tanto la Superintendencia de Prevención de Lavado de Activos de España y el Fincen, sobre la mafia Rusa y la mafia China. El caso revienta en este momento porque  no se podía seguir soportando tema Andorra-Banco Madrid”.

8. ¿Cómo se llega a las conexiones y por qué salen  los nombres de personas tan poderosas?

“La primera fase en casos de corrupción y lavado es negociar para evitar ir preso. La persona investigada al ser descubierta  ayuda a desmantelar organización criminal. Ofrece testimonios y pruebas a las autoridades que permiten identificar cómo opera y quiénes integran la red de lavado. Eso a cambio de no recibir sanciones penales (no ir a prisión). Fue lo que pasó con HSBC, los directivos no van presos porque colaboran con la investigación. Solo los destituyen. Hablan y dicen quiénes hacían negocios para desmantelar la red”, explicó Rebolledo.

El abogado y experto agregó que en este caso “sale todo porque Banco Madrid y BPA Andorra sacan todo lo que tienen. Uno de los blanqueadores habla y por ahí van saliendo las conexiones”, asegura.

Thays Peñalver, agrega que EE UU descubre una red de lavado de dinero procedente de la corrupción en Venezuela, asociada con altos funcionarios. “La red de lavado involucra a residentes en España, Panamá y Andorra que establecieron compañías fantasmas de altos funcionarios de Venezuela. La BPA facilitó a estos funcionarios las movilizaciones por al menos 50 millones de dólares a través de EE UU, lo que es un Delito Federal”.

Los reguladores de Andorra, Suiza y España, optaron por intervenir bancos y enviaron circulares a los bancos para investigar los casos venezolanos. Peñalver asegura que: “Toda la banca suiza, española y andorrana, se ha declarado en alerta ante el descubrimiento del esquema de lavado de dinero venezolano”.

9. Las personas involucradas en el caso de lavado de dinero en BPA son exfuncionarios y empresarios vinculados al gobierno venezolano. ¿Las sanciones por este delito pueden alcanzar al Estado venezolano y a Pdvsa?

“No creo que se sancione al Estado venezolano, porque la responsabilidad penal es individual. Lo que ocurre es que estos escándalos afectan la reputación de los venezolanos. Ya están devolviéndole el dinero a venezolanos que tenían cuentas en bancos del exterior. Eso está pasando. Sé de algunos casos. Las instituciones bancarias en esos casos lo que tratan es de evitarse riesgos, con cuentas de funcionarios del gobierno, consideradas PEP (persona expuesta políticamente)”, aseguró Alejandro Rebolledo.

Peñalver explicó que: “Por ahora, como lo ha explicado el departamento de Estado y la OFAC, no hay intención por parte de los Estados Unidos de involucrar al Estado venezolano o (nuevamente) a Pdvsa en las sanciones, ni siquiera hay intención de hacer sanciones masivas como lo propone la ley sancionada”.

La abogada recordó que las declaraciones del Director de la OFAC y del Departamento del Tesoro, Jhon Smith fueron claras, en cuanto a que no son necesarias más sanciones sino otro tipo de medidas. En su opinión esto se debe a dos razones: evitar el impacto interno con la radicalización en el gobierno de Venezuela y el hecho de no permitir que el gobierno de Venezuela esconda o justifique el descalabro económico tras las posibles sanciones.

La experta también aclaró que “las sanciones amplias son en general una desventaja significativa para la política exterior estadounidense en la región. También porque ampliarlas puede dar lugar a que los sistemas financieros extranjeros se cuiden más de posibles futuros sancionables (…) por eso, esas sanciones amplias pueden ser contraproducentes para la política exterior estadounidense”.

Citó nuevamente al representante del Departamento del Tesoro, Jhon Smith, quien dijo que ni siquiera son sanciones “contra el gobierno de Venezuela o su gente”.

10. ¿Qué consecuencias tiene para el país que ex funcionarios del gobierno de Venezuela estén vinculados con el lavado de dinero?

“Las implicaciones son tremendas para Venezuela. En principio la primera implicación es la mala imagen financiera  de Venezuela ante el mundo, al tener un gobierno que cada vez es más señalado. Por ejemplo, hablamos de grandes dificultades a la hora de obtener nuevos préstamos o trato con la banca extranjera en el caso de Pdvsa”, dijo Thays Peñalver.

Esa mala imagen se extiende a través de todo el sistema financiero mundial con todas las empresas venezolanas e incluso personas naturales porque los bancos internacionales tienden a actuar preventivamente para evitar problemas futuros.

11. ¿El dinero congelado de esas cuentas se puede recuperar?

“El dinero se puede recuperar. La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional —convenciones suscritas por Venezuela— y la ley orgánica contra la delincuencia organizada tienen suficientes mecanismos para poner en marcha la cooperación internacional y la asistencia legal mutua”, dijo Rebolledo, experto en investigación sobre legitimación de capitales.

Un Estado puede ser considerado cómplice si no denuncia el hecho y exige que la repatriación de esos fondos provenientes de la corrupción.

12. ¿Existe alguna diferencia entre el lavado de dinero del narcotráfico y el lavado de dinero de corrupción?

“Como indica nuestra legislación, la ‘Legitimación de capitales es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas’ cualesquiera que estas sean. Es claro que la única diferencia existente es el crimen o delito que da origen al dinero que debe ser legitimado, pero en esencia no existe diferencia alguna en materia de Lavado o Legitimación de Capitales entre lavar producto del narcotráfico y lavar el producto de la corrupción”, explicó Peñalver.

13. ¿Qué es un “paraíso” fiscal?

“Un paraíso fiscal es un instrumento de competencia fiscal perjudicial… Son territorios de baja o nula tributación que, mediante normas específicas internas, garantizan la opacidad de las transacciones, con la ausencia absoluta de registros, formalidades y controles”, dice una nota publicada en el portal de economía lainformación.com.

No todos los paraísos fiscales funcionan igual. “Podemos encontrarnos con territorios especializados en fiscalidad empresarial como Jersey, Panamá o Liberia; y otros más volcados en la gestión de grandes fortunas particulares, como Mónaco, Andorra o Montserrat”, dice lainformación.com.

No existe una lista oficial de paraísos fiscales. Cada país determina mediante su legislación, qué países son considerados paraísos fiscales y cuales no.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es un ente de cooperación internacional integrado por 34 países industrializados, y su objetivo es coordinar sus políticas económicas. En 1998 publicó un  informe denominado Competencia Fiscal Perjudicial que establece 4 condiciones para considerar a una jurisdicción como paraíso fiscal: “que no recaude impuestos en su territorio, o estos tengan carácter meramente nominal; que no exista un intercambio efectivo de información con otros Estados; que sus autoridades no sean transparentes; y que se pueda ser residente en ese territorio, a efectos fiscales, sin necesariamente realizar actividades económicas en el mismo (se habla de letter-box companies, empresas que no son más que una dirección postal: por ejemplo, contaba la BBC en 2014 que un único edificio en las Islas Caimán es la sede de 18.000 empresas internacionales)”.

Familiares de un ex presidente de Pdvsa estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas para blanquear más de 4.200 millones de dólares en BPA Andorra. Fue intervenido en República Dominicana el banco Peravia, propiedad de venezolanos que tienen negocios con oficialistas; y hace un mes se conoció que Venezuela era el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, entidad etiquetada por recibir fondos de narcotraficantes, dictadores y terroristas

@ronnarisquez

En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales en las que se detectó la existencia de fondos de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, instituciones del Estado venezolano y empresarios relacionados con altos jerarcas del chavismo.

El HSBC Bank de Suiza, banco Peravia de República Dominicana y la Banca Privada de Andorra han sido el epicentro de escándalos financieros internacionales en los que figuran venezolanos, presuntamente involucrados en el blanqueo de dinero. El último caso se conoció el 10 de marzo, un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones y congelara las cuentas de importantes funcionarios del gobierno venezolano por presunta violación de derechos humanos y corrupción.

El Gobierno de Andorra intervino BPA luego de recibir un alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con base a un informe realizado por la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FitCen). La investigación concluyó que BPA -entidad que opera fuera de Estados Unidos- constituye “una preocupación primaria en el lavado dinero” proveniente del crimen organizado, corrupción, trata de personas y lavado de dinero basado en el comercio y el fraude.

En el rastreo realizado por el FinCen se detectó una red venezolana de lavado de dinero (Third-Party Money Launderers-TPML) que basó sus operaciones en BPA Andorra “para depositar el producto de la corrupción pública. Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha colaboración con los funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela, agentes residentes en Panamá, y un abogado de Andorra para establecer empresas fantasmas panameñas”, dice el informe del Departamento del Tesoro.

El documento explica que esta red de lavado de dinero es propietaria de más de un centenar de empresas ficticias “y participó en una amplia variedad de negocios con fines de lucro ilícito. Estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano y se basó en varios métodos para mover fondos, incluidos los contratos falsos, préstamos caracterizado erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas de lavado de dinero”.

Estas empresas fantasmas, en su mayoría, estaban asociadas a Petróleos de Venezuela y fueron utilizadas como fachada para desviar más de 2.000 millones de dólares de los fondos públicos de la petrolera y blanquearlos a través de BPA, con la asistencia de un ejecutivo de alto nivel de esa entidad. “La red de lavado venezolana suministró contratos falsos a un alto ejecutivo de BPA para apoyar transacciones en nombre de instituciones públicas venezolanas, entre ellas Pdvsa”, detalla la investigación del FitCen. 

Todo queda en familia

Entre los involucrados con la organización de lavado de dinero estarían algunos venezolanos que tienen vínculos familiares con un ex alto ejecutivo de estatal petrolera, quien ha desempeñado importantes cargos en los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.

Carlos Tablante, ex diputado y experto en crimen organizado, publicó en su portal Cuentas Claras contra la Delincuencia Organizada, algunos detalles y antecedentes sobre la investigación que viene desarrollando el gobierno de Estados Unidos: “Desde hace tiempo circulaban informaciones sobre las manipulaciones financieras en la principal industria venezolana. Se trata de un esquema de corrupción con bonos públicos, en el cual estarían relacionados Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, quien manejaba el área de seguros y reaseguros,  Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa  y su cuñado Baldó Sansó”.

(Foto Noticias24)

Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales coincide en que no se trata de un hallazgo repentino. “Es un tema que se viene investigando desde hace mucho tiempo. Movimientos, cuentas y transacciones. Los americanos dejan correr tiempo para que la gente vaya cayendo. Ven las transacciones y cómo operan, con qué bancos y qué broker reciben comisiones. Luego dan el zarpazo. Cuando ya tienen elementos que convierten la investigación en un caso es que congelan las cuentas”, explicó.

La investigación del FinCen revela que entre enero de 2011 y marzo de 2013, BPA facilitó el movimiento de unos 50 millones de dólares en emisión y recepción de las transacciones que circularon por el sistema financiero de Estados Unidos, con apoyo de esta red de lavado de dinero. “En 2014, el BPA siguió facilitando el movimiento de fondos relacionados con este esquema a través del sistema financiero estadounidense. En general, el BPA facilitó el movimiento de 4.200 millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de dinero venezolano”, dice el informe.

Ese dinero finalmente ingresaba al sistema financiero de Estados Unidos a través de cuatro bancos norteamericanos que fungían como bancos corresponsales (respaldo, aliados financieros) de la Banca Privada de Andorra. Se presume que para realizar operaciones se utilizó la filial del BPA en Panamá, que fue intervenida el miércoles. “La Superintendencia de Bancos de Panamá informó esta tarde que tomó el Control Administrativo y Operativo de la oficina local de la Banca Privada de Andorra (BPA)”, publicó el portal panameño Prensa.

Esta institución también tiene sucursales en Luxemburgo, Suiza, Uruguay y España, donde la máxima autoridad financiera ordenó esta semana la intervención del Banco de Madrid, perteneciente a la BPA.

Tráfico de drogas y mafias de los aliados comerciales

BPA era utilizado por redes de blanqueo de dinero ilícito que conocían sus débiles controles. Además sabían que sus transacciones podían ocultar el origen y propiedad de los fondos. Según los informes del FinCen, las redes de lavado (TPMLs) que administraron ofertas de millones de dólares “relacionados con la corrupción de Venezuela” y facilitaron las operaciones por sus conexiones con BPA, también servían de apoyo a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

“Por ejemplo, un TPML 4 que ha trabajado con el cártel de Sinaloa, facilitó la transferencia de grandes cantidades de dinero proveniente del tráfico de drogas en los Estados Unidos y ha facilitado las transacciones financieras relacionadas con el producto de otros delitos”, refiere la investigación del Departamento del Tesoro.

Además del caso de lavado de dinero proveniente de corrupción que involucra a instituciones venezolanas, el informe del FinCen también hace referencia a transacciones realizadas por jefes de mafias de China y Rusia. Casualmente, dos de los aliados comerciales más importantes del gobierno de Venezuela.

El documento menciona que un ejecutivo de BPA recibió sobornos a cambio de gestionar transferencias de dinero por Gao Ping, el supuesto cabecilla de una organización criminal cuyas transacciones estaban relacionadas con el blanqueo de dinero y el tráfico de personas. Este ciudadano chino está detenido en España por un caso conocido como Emperador.

También menciona a un ruso de nombre Andrey Petrov, perteneciente a una red de lavado de dinero “que trabaja para las organizaciones criminales rusas dedicadas a la corrupción” y que era cliente de la BPA.

En 2010 fue detenido en Andorra, el ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, comisario Norman Puerta. Poseía una cuenta con más de un millón de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico. El ex funcionario fue dejado en libertad y volvió a Venezuela. Se le vinculaba con el ex director de la policía científica, comisario Marcos Chávez, y con la organización delictiva conocida como Los Magnates.

HBSC: $ 11,7 millardos de instituciones del Estado

El pasado 8 de febrero una investigación realizada por periodistas de 45 países reveló que dos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez (Alejandro Andrade y Rodolfo Marco Torres) habían colocado más de 11,7 millardos de dólares en HBSC, con sede Ginebra, Suiza. Este banco ha sido señalado en el sistema financiero internacional por no verificar el origen de los fondos de sus clientes, promover operaciones ilícitas y recibir dinero de narcotraficantes, terroristas y dictadores.

Venezuela figura como el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, con 14,8 millardos de dólares. Entre 2005 y 2007, el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional colocaron miles de millones de dólares en la cuestionada entidad, reveló la investigación publicada en el portal Armando Info.

Las transacciones habrían sido realizadas por Rodolfo Marco Torres, actual Vicepresidente del área económica y ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública; y por ex tesorero Alejandro Andrade, ahora residenciado en Estados Unidos, y señalado por Carlos Tablante como uno de los venezolanos con cuentas en la BPA Andorra.

Marco Torres no dio detalles sobre el manejo y el destino de estos fondos de instituciones venezolanas en el HBSC y se limitó a aclarar que: “No hay cuenta a mi nombre. Eso es totalmente falso. Pueden investigar todo lo que quieran. Existió una cuenta del Banco del Tesoro en HSBC, pero no es secreta. Una institución no puede abrir una cuenta secreta”, publicó El Mundo, Economía y Negocios. El Poder Judicial tampoco inició una investigación por este caso.

En 2012, HSBC en Estados Unidos pagó una multa de 1.900 millones de dólares a las autoridades de ese país, luego de que sus directivos admitieran su responsabilidad en el lavado de dinero proveniente de narcotraficantes mexicanos. La estrambótica sanción constituye un récord y no fue objetada por el banco, pues sirvió para eximir a sus empleados de cualquier responsabilidad penal. El banco continuó sus operaciones y actualmente es una de las entidades financieras más poderosas del mundo.

Banco Peravia: $ 28,8 millones y Rafael Isea  

 La semana pasada se ordenó la captura de tres venezolanos propietarios del Banco Peravia, que fue intervenido en República Dominicana en noviembre de 2014, por fraude y lavado de 28,8 millones de dólares aproximadamente. Los directivos de solicitados por las autoridades presuntamente tendrían vinculados comercialmente con funcionarios del gobierno y nuevos empresarios de medios de comunicación.

“Las autoridades judiciales dominicanas emitieron una orden de arresto contra tres banqueros venezolanos acusados de un millonario fraude a través del recién quebrado Banco Peravia: José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, principales ejecutivos de la entidad financiera y Daniel Morales Santoro, vicepresidente del banco”, dice una información publicada en el diario El Aragueño, del estado Aragua, entidad de origen de dos de estos empresarios y donde tendrían algunos de sus negocios.

Además del desaparecido Banco Peravia, Santoro preside varias compañías en Venezuela y es accionista de medios de comunicación.

“La fiscal de Santo Domingo, Yeni Berenice Reynoso, explicó en un comunicado que se trata de un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación”. Por esta razón se ofició a Interpol para que colabora en la captura de los directivos del Banco Peravia.

El superintendente de Bancos de República Dominicana, Luis Armando Asunción Álvarez, informó que encontró: “violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de confianza, lavado de activo, falsedad material e intelectual, así como violación a otras leyes y asociación de malhechores, en el levantamiento que se hizo sobre el caso que envuelve la quiebra del Banco Peravia”, publicó Listín Diario de República Dominicana.

Fuentes vinculadas a las investigaciones por blanqueo de dinero aseguran que estos empresarios tienen negocios en sociedad con Rafael Isea, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez, ex gobernador de Aragua y ex militantes del Psuv. Isea está solicitado por las autoridades venezolanas por el delito de corrupción y actualmente se encuentra en Estado Unidos.

Desde hace dos años hay versiones de que Isea estaría suministrando información a las autoridades estadounidenses a cambio de protección. Fuentes ligadas al sistema financiero internacional afirman que fue el ex gobernador quien delató a sus socios en República Dominicana, debido a una disputa económica.

Lo que viene

“Las autoridades americanas seguirán haciendo investigaciones respecto al dinero proveniente de Venezuela y pueden estar llamando a dueños de bancos para hacerles preguntas sobre clientes que ellos tienen”, explicó Alejandro Rebolledo.

El especialista en antilavado de dinero y legitimación de capitales informó que ya se están dando casos de bancos norteamericanos que están llamando a los venezolanos para devolverles sus dinero y cerrar sus cuentas. “El objetivo de esto es cancelar la relación comercial y evitar los riesgos reputacionales, operacionales y legales”, dijo el experto, quien cree que, por otra parte, seguirán dándose sanciones contra venezolanos similares a las anunciadas el pasado 9 de marzo por el gobierno de Barack Obama.

                                                                                                               @arebolledo1

El artículo 35 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo establece que:

“Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios , a sabiendas de que proviene directa o indirectamente de una actividad ilícta, será penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido”.

Podemos destacar que la mayoría de los métodos utilizados por los lavadores de dinero en Venezuela son los siguientes:

1. Estructurar o hacer trabajo de pitufos o Trabajo de Hormiga: Múltiples transacciones con capital ilegal.
2. Complicidad de un funcionario u organización: Aceptación de grandes cantidades de dinero sin solicitar la información necesaria sobre la procedencia de los fondos.
3. Mezclar: Combinar productos ilícitos con productos legítimos de una empresa.
4. Compañías de fachada: Empresas que hacen ver que están en negocios legítimos para poder lavar dinero.
5. Contrabando de efectivo: Transporte o traslado físico de efectivo obtenido de una actividad criminal.
6. Ventas fraudulentas de bienes inmuebles: Obtención de Bienes por debajo del valor real para revenderlo por el valor real.
7. Establecimiento de compañías de portafolio o nominales: Empresas que no tienen ningún registro legal. No existen.
8. Complicidad de la banca extranjera: Se proporciona una información de los fondos que no puede ser confirmada, contribuyendo de esta manera con los legitimadores de capitales.
9. Falsas facturas de importación / exportación o doble facturación: Se sobre declara el valor de artículo o bien a exportar o importar.
10. Garantías de préstamos: El legitimador utiliza fondos provenientes de actividades criminales para solicitar créditos que sean legales y con ellos obtener bienes.
11. Prestanombre: Utilizan nombres de terceras personas para apertura y movimientos de cuentas.
12. Transferencias electrónicas: Movimiento de Fondos entre cuentas, ya sean a nivel de bancos o de empresas.
13. Cambiar la forma de productos ilícitos por medio de compras de bienes o instrumentos monetarios: Cambiar productos ilícitos de una forma a otra.
14. Venta de valores a través de falsos intermediarios: El legitimador se vende a sí mismo valores a través de un falso intermediario.
15. Compra de premios: Se usa en juegos de loterías o casinos. El legitimador le ofrece una cantidad de dinero en efectivo mayor del premio al ganador: El legitimador se queda con el cheque emitido por la empresa.
16. Y últimamente son utilizados los Couriers para traer mercancía a Venezuela donde se les deposita a estas compañías en el extranjero, éstas efectúan las compras luego envían los productos sin cumplir con las políticas antilavado de conocer al cliente y origen de los fondos.

La responsabilidad del Estado es prevenir a la población para evitar que los ciudadanos sean  víctimas de sujetos que su vida gira en torno al pillaje, al delito, al crimen como oficio. No hacerlo convierte al país en un territorio gris, vulnerable al lavado de dinero y a merced de la delincuencia organizada transnacional.